Privacidad de los registros de accionistas

Uno de los temas sensibles de la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal es la forma en que se va a proteger la información sobre los socios, accionistas y beneficiarios finales de sociedades comerciales y otras estructuras jurídicas. No se trata solamente de una preocupación en cuanto a la seguridad en el plano tecnológico, pensando en intrusiones informáticas o eventuales 'fugas' de los datos, con lo cual la información podría ser vendida o eventualmente publicitada (algo parecido a los 'Panamá Papers', guardando las distancias).

Pero también preocupa la seguridad en un sentido jurídico, pensando en la posibilidad de que esos datos puedan ser obtenidos y utilizados legalmente para fines distintos de los originalmente previstos por la misma ley. Queda claro que tanto la información bancaria o financiera, como también el registro de accionistas y beneficiarios, se utilizarán para fines tributarios y adicionalmente para mejorar la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Pero, ¿puede pedirse y utilizarse dicha información para otros casos o para otros intereses? Pensemos en el cobro de deudas comerciales, en las fijaciones de pensiones alimentarias y en la determinación de bienes gananciales, para citar casos que son legión en los tribunales.

Es preciso mencionar que en realidad la ley...

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