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Procuraduría descarta violación a derechos adquiridos en proyecto sobre empleo público

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Vincent

El procurador general de la República, Julio Jurado, descartó esta semana que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público constituya una violación a los derechos adquiridos de los funcionarios públicos, durante una audiencia en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa."No hemos visto que haya violación de derechos adquiridos en este proyecto de ley, dentro de la concepción que tiene la Procuraduría como derechos adquiridos y que hemos elaborado en diferentes dictámenes", respondió Jurado ante una pregunta del diputado David Gourzong, de Liberación Nacional.El jerarca acudió a rendir criterio sobre el proyecto de empleo público junto con Guillermo Bonilla, el procurador encargado de analizar el impacto y los alcances de la iniciativa legal para los empleados del sector público.Ante la pregunta de Gourzong, Bonilla añadió que hay jurisprudencia de la Sala Constitucional, que ha tenido efectos en la jurisdicción contenciosa y laboral, y frente al marco regulatorio de la función pública "no hay un derecho adquirido a la permanencia de las regulaciones"."La modificación del régimen de empleo público no causa un estado insustituible, inmejorable o inmodificable", apuntó Bonilla.La Procuraduría General de la República (PGR), además, solicitó a los legisladores hacer una revisión a fondo, antes de avanzar en el trámite de la iniciativa legal, aunque Julio Jurado evitó decir si considera que la iniciativa legal debe sufrir un cambio total, a través de una moción de texto sustitutivo.El caso de las anualidadesEntre las bondades de la iniciativa legal, la PGR determinó que el proyecto permite resolver un efecto de la reforma fiscal (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ley 9635), que es la derogatoria del arrastre de anualidades cuando un empleado público pasa de una institución a otra.Hasta antes de la aprobación del plan fiscal, a los funcionarios públicos se les reconocían las anualidades que habían obtenido en una entidad pública, cuando pasaban a trabajar en una institución diferente. Eso se conocía como arrastre de anualidades."Era un incentivo porque les mantenía, al menos de forma equitativa, el salario que ganaban en una y otra institución", comentó Bonilla. La Procuraduría ya había advertido, en el dictamen 160-2019, que la ley fiscal...

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