Transformacion productiva y desigualdad en Costa Rica.

Author:Arias Ram
Pages:59(37)
 
  1. Introducción 2. La desigualdad no es solo un problema de mala distribución del ingreso 3. Costa Rica en el siglo XXI 4. Evaluación de los alcances del modelo de promoción de exportaciones sobre la economía costarricense 5. El costo fiscal del modelo económico 6. Evaluación de la equidad 6.1 Evolución del gasto público social 6.2 Distribución del ingreso 6.3 Pobreza 6.4 Pobreza y Desigualdades Regionales 6.5 Pobreza y desigualdades de género, etarias y étnicas 6.6 Mercado de trabajo y desigualdad 7. Consideraciones finales Bibliografía 1. INTRODUCCIÓN

    El estudio y análisis de los factores que explican los crecientes niveles de desigualdad socioeconómica de un país son indispensables para la implementación de políticas y arreglos institucionales capaces de promover círculos virtuosos entre el crecimiento económico, la equidad social y la gobernabilidad democrática.

    La política de desarrollo del país tiene el imperativo de volver a promover el círculo virtuoso entre el crecimiento y el desarrollo humano, lo cual requiere de un esfuerzo de concertación por parte de los distintos actores económicos, sociales y políticos del país. [4] Este es un momento histórico para redefinir, con base en nuestra propia identidad y capacidades, un nuevo contrato social que nos lleve por la senda de un desarrollo humano que resulte en una sociedad costarricense con mayor bienestar. El camino costarricense del desarrollo con equidad, rasgo característico del periodo de la Segunda República, tuvo su marco referencial en las reformas constitucionales de 1949 y en el espíritu del artículo 50 de la Constitución del mismo año. Retomar el camino costarricense del ciclo virtuoso entre crecimiento y desarrollo humano implica retomar el modelo de país solidario consignado en el contrato social de 1949, al mismo tiempo que un compromiso del gobierno por diseñar e implementar políticas públicas consistentes con el mandato constitucional de "procurar el mayor bienestar de todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza" (CPR, art. 50).

    Para el caso particular de Costa Rica, en su estudio La estrategia de desarrollo de largo plazo de Costa Rica: sus fundamentos constitucionales y legales superiores (IICE, UCR, junio 2009), el doctor Meoño Segura hace aportes de gran valor para avanzar hacia una intervención pública mucho más eficiente y eficaz, que responda a las aspiraciones de la ciudadanía. Con un claro y original marco conceptual fundamentado en las categorías analíticas de dirección, planificación, organización, control y evaluación de procesos públicos y sociales, y tomando debida nota de lo que es la especificidad de toda política pública en sus dimensiones nacional, regional y sectorial, el profesor Meoño Segura proporciona un novedoso recuento de las normas constitucionales y legales con las que cuenta el país para catapultar una estrategia de desarrollo nacional que retome el camino costarricense del crecimiento con equidad social.

    Sobre todo: demuestra en dicho trabajo cómo con 277 normas constitucionales y legales debidamente jerarquizadas en lo conceptual y competencial, es posible percibir el modelo-país y la estrategia de desarrollo de plazo permanente con que el país ha contado desde 1949, y luego con la adición de leyes de gran valor como la de Planificación Nacional de 1974, la Ley General de la Administración Pública de 1978 en su régimen de dirección política, en la No. 8131 del 2001 sobre presupuestos públicos, y en varias sustantivas como la Ley Orgánica del Ambiente, el Código Nacional de Niñez y Adolescencia, la Ley FODEA del sector agropecuario, y varias otras generales en salud, educación, competitividad, etc.

    Hay que señalar que una de las causas más importantes que alimenta los crecientes vacíos de las instituciones públicas para lograr una mejor asignación y distribución de los servicios sociales y productivos tiene que ver con la ausencia de un liderazgo político comprometido con el desarrollo con equidad y con una creciente incapacidad institucional y política para gestionar dicho circulo virtuoso. La estrategia de desarrollo de los gobiernos de las últimas dos décadas no ha logrado definir una política social ampliada que contemple programas estratégicos de creación de capacidades de las personas, de las familias y de las comunidades.

    En este sentido, Meoño Segura (2007) nos ha demostrado de manera persistente a través de sus múltiples obras e investigaciones de más de tres décadas, cómo y por qué hemos fallado en hacer funcionar ese excelente modelo país y de institucionalidad que está planteado en nuestra Constitución y en nuestras leyes superiores; lo cual ha tenido efectos adversos sobre la realización de los derechos de la ciudadanía en todos los ámbitos. Aparte de nuestra cultura política de origen colonial, el autor señala que existen, al menos, tres factores determinantes para dicho fracaso: primero, la errática constitucionalidad y fiscalización de las decisiones gubernativas; segundo, la errática e improvisada conducción gubernativa sobre los procesos de desarrollo; y tres, la errática aplicabilidad y garantía de los derechos constitucionales, los cuales no son vistos en su unidad sistémica en cuanto a las interrelaciones entre producción, distribución, protección del ambiente y el desarrollo social con equidad.

    Al contrario del estilo de desarrollo anterior a la reforma económica, que se caracterizó por el logro simultáneo de crecimiento económico con equidad social, el nuevo estilo de desarrollo se definió sobre el enfoque convencional del "efecto derrame", el cual parte de la premisa de que para financiar la inversión social primero hay que optimizar la asignación de los recursos hacia los sectores productivos capaces de generar crecimiento económico. Esto explica la política deliberada por parte del Estado costarricense de reasignación de los ingresos y recursos productivos hacia la promoción del sector exportador (bienes transables con el exterior) en detrimento de la producción y el consumo locales (bienes no transables con el exterior).

    De esta manera, los avances logrados en desarrollo humano se empezaron a ver frenados por la crisis de la década de los 1980s y por la naturaleza de la nueva política económica y esquema de desarrollo implementados. Asimismo, la capacidad del Estado como promotor y proveedor de bienestar se vio severamente afectada por las políticas fiscales y monetarias restrictivas, las cuales limitaron la inversión en infraestructura social y física necesaria para mejorar los niveles de bienestar y la capacidad competitiva del país.

    La mayor dificultad de la economía costarricense es que el modelo prevaleciente, aparte de los problemas estructurales que ha acarreado, se ha concentrado prioritariamente en el crecimiento. Se requiere de una estrategia de transformación productiva que promueva núcleos dinámicos de la producción nacional, la cual genere creación de empleos productivos y permita que los frutos obtenidos del desarrollo productivo se distribuyan de una forma más equitativa. Para ello es necesario el reconocimiento de que los beneficios sociales no se derivan en forma espontánea del crecimiento económico y que, por consiguiente, se hace imprescindible la eficiente participación del Estado en la generación de los vínculos entre crecimiento económico y desarrollo humano.

    De tal forma, el cometido del buen gobierno es impulsar las políticas de desarrollo y mecanismos institucionales necesarios para dotar a su población de mejores condiciones de vida, pero sobre todo de propiciar las condiciones para el desarrollo de las capacidades de las personas, familias y comunidades. Este es el imperativo que nos propone Amartya Sen (2001): la política del gobierno debe ser una que fortalezca la libertad en un marco de justicia y equidad. En esta misma dirección, en su propuesta para un excelente gobierno Meoño Segura plantea cómo la Constitución Política ya dilucidó desde 1949 una visión y fórmula de extraordinario alcance para lograr el tan ansiado salto al Primer Mundo de los países desarrollados, y en una vertiente como la que propone hoy día, en cierta forma tardíamente, la CEPAL en cuanto a articular el factor productividad con el de equidad.

    Es así como Meoño Segura enuncia desde hace años, y reafirma hoy (La Nación, página 15, Productividad y equidad, 4 de setiembre 2010) y como confirmación de lo planteado en el trabajo referido del IICE del 2009, que teniendo el país dicho marco normativo superior en su artículo 50 de obligado acatamiento por todos, gobernantes en particular, desde 1949, el cual establece con claridad cómo "...el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes... organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza", hay una muy "mala noticia": este precepto sustancial ha sido inobservado, como tantos otros de primer mundo en nuestro ordenamiento jurídico superior, por todo profesional y legislador en el diseño de políticas o leyes, por no aplicar alguna elemental fórmula conexiva, como ésta: 1) que toda política o ley de "estímulo a la producción" simultáneamente contemple el promover, o el no perjudicar, el "más adecuado reparto de la riqueza", y 2) que toda política o ley de índole distributiva simultáneamente contemple el promover el "mejor estímulo--o evitar cualquier desestímulo evidente--a la producción".

    Estamos ante una receta de naturaleza filosófica pero también instrumental para contextualizar los contenidos técnicos o sustantivos de semejante enunciación constitucional que, como ha reiterado Meoño Segura, en efecto nos metía en la lucha por un desarrollo equitativo y productivo desde 1949 si sólo hubieran gobernantes, técnicos y planificadores, o universidades que es lo mismo pues estos son producto de la formación superior recibida antes y ahora en éstas, aprendido a leer e instrumentar o ejercitar correctamente ese artículo...

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