Prólogo
| Autor | Dr. Javier Llobet Rodríguez |
| Cargo del Autor | Director de Posgrados en Derecho de la UCR Coordinador de la Maestría en Ciencias Penales de la UCR Catedrático de la UCR |
| Páginas | 9-12 |
9
Prólogo
José Joaquín Ureña Salazar se dedica actualmente al ejer-
cicio liberal de la profesión de abogado, luego de haber traba-
jado largo tiempo en el Poder Judicial como defensor público y
como letrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
Él se ha ocupado desde hace varios años del derecho a recurrir
la sentencia condenatoria, el tema sobre el que Costa Rica ha
tenido mayores dicultades desde mediados de la década de los
ochenta del siglo pasado. Precisamente sobre el mismo hizo su
trabajo de graduación en la Maestría en Ciencias Penales de la
Universidad de Costa Rica, que posteriormente fue publicado en
2006 bajo el título “Casación Penal y Derechos Humanos”.
La presente obra, al igual que la que anterior, tiene como
antecedente la sentencia dictada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos el 2 de julio de 2004 en el caso de Mauri-
cio Herrera contra Costa Rica, que declaró que Costa Rica no
solamente había quebrantado el derecho a recurrir en el caso
concreto, sino que el problema de la falta de garantía del dere-
cho recursivo era consubstancial al proceso penal costarricense,
de modo que debía reformarse en un plazo razonable la legis-
lación costarricense, para adecuarla a la normativa de la Con-
vención Americana de Derechos Humanos. La Corte Interame-
ricana aunque restó importancia a la denominación del recurso
que se puede interponer en contra de la sentencia condenatoria
enfatizó que el mismo debe garantizar “un examen integral de la
decisión recurrida” (No. 165), señalando luego que este análisis
debe ser “comprensivo e integral de todas las cuestiones debati-
das y analizadas en el tribunal inferior” (No. 167). Indicó que en
el caso concreto el recurso de casación no permitió “un examen
integral sino limitado” (167). Dijo que los Estados “(…) tienen un
margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso
(...)”, siempre que el recurso que se establezca sea ecaz para
la corrección de las resoluciones contrarias a derecho (No. 161).
El problema no se solucionó con la “Ley de Apertura de la
Casación Penal”, ya que si bien desformalizó el recurso de ca-
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