PROYECTO DE LEY REFORMA DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY N° 8422, LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA LA DETECCIÓN DE CASOS DE CORRUPCIÓN EN LA POLICÍA JUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y PENITENCIARIA

Fecha de publicación22 Abril 2024
Número de registroIN2024854612
EmisorPoder Legislativo

PROYECTO DE LEY

REFORMA DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY N° 8422, LEY CONTRA

LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA LA DETECCIÓN DE CASOS

DE CORRUPCIÓN EN LA POLICÍA JUDICIAL,

ADMINISTRATIVA Y PENITENCIARIA

Expediente N° 24.235

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La corrupción es uno de los fenómenos que corroe con mayor gravedad los cimientos del Estado democrático de derecho, razón por la cual los sistemas de prevención se convierten en una de las herramientas esenciales para proteger a las instituciones públicas de eventuales situaciones en las que los funcionarios utilicen su investidura para incrementar de manera ilícita su patrimonio.

El deber de probidad abrazado, por el artículo 3 de la Ley N° 8422, del 29 de octubre de 2004, contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública ofrece los elementos básicos que deben observarse en el ejercicio de las potestades de imperio que son confiadas a todas aquellas personas depositarias de la ley en virtud de un acto de investidura oficial, tal como reza el principio de legalidad. Sobresale de este enunciado que uno de los elementos integradores del deber de probidad lo constituye la buena fe, axioma básico para garantizar la honestidad, honradez y la integridad.

Seguidamente, la satisfacción del interés colectivo como fin último de la función pública debe prevalecer por encima de cualquier otro que aspire intersecarse para privilegiar a particulares o autocomplacer las apetencias de crecimiento patrimonial de los propios funcionarios públicos, al margen de la rectitud a la que son llamados a observar.

En la Guía básica para ejercer con probidad la función pública, la Procuraduría General de la Ética Pública nos recuerda que: “La probidad en el ejercicio de la función pública exige del servidor no sólo el cumplimiento estricto y riguroso de sus deberes y funciones (legalidad) sino, además, la convicción plena de hacerlo con apego a los principios y valores que demanda la sociedad, el servicio público y la investidura (ética).” (p.1)

Explica la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción que: “El ciclo anticorrupción está compuesto por tres eslabones principales: prevención, detección y sanción” (p.17) Esta clasificación nos favorece para que en el marco del desarrollo del andamiaje institucional se verifiquen medidas atinentes a cada etapa hasta alcanzar una sólida amalgama que proscriba el fenómeno corruptivo de las oficinas públicas.

Expone Rodríguez (2021) que: “la corrupción, como fenómeno generalizado, provoca efectos económicos, sociales, políticos, institucionales y jurídicos graves, desencadenando una suerte de lesividad ampliada. La consecuencia general de la misma es la de comprometer el desarrollo de los países y la plena vigencia en ellos de los derechos humanos, provocando graves desigualdades entre las personas y un doble castigo de los más desfavorecidos y necesitados.” (p.95)[1]

Sobresale de lo expuesto por el autor que la corrupción malogra la satisfacción del interés público en el tanto reconduce a desigualdades perniciosas que terminan atentando contra el sostén de la configuración democrática de un Estado, al punto de comprometer o colocar en riesgo los derechos humanos, mismos que por su esencialidad para la armonía social deben defenderse, preservarse y garantizarse a todas las personas habitantes de un territorio.

En línea con lo anterior, cabe recordar que el auxilio que provee el Organismo de Investigación Judicial a la administración de justicia es invaluable para reprimir las conductas delictivas cuyos desenlaces lesivos terminan socavando los bienes jurídicos tutelados, de igual forma ocurre con la labor de la Fuerza Pública, así como de la Policía Penitenciaria. A raíz de lo anterior, deviene imprescindible apostar porque el personal de estos cuerpos policiales preserve rigurosos estándares de confiabilidad.

Cabe destacar que cuerpos normativos como la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, en su artículo 12, reivindica que todas las personas que laboren en esa institución deberán guardar una conducta intachable.

Según González (2018): “El elemento de policía debe transmitir a la comunidad confianza y credibilidad, debe ser coherente en el pensar y actuar e incluso en el sentir…” (p.74) [2] Es fundamental para el quehacer policial infundir confianza en la prestación de sus servicios, ya que sobre la base de esta es que se alimenta una adecuada investigación principalmente por la sensibilidad que revisten innumerables crímenes que tienen lugar.

Por tales motivos, la vigilancia constante constituye una buena práctica para fortalecer los sistemas de detección de irregularidades en aras de comprobar a tiempo cualquier tipo de situaciones que puedan minar esa confianza, como por ejemplo los incrementos patrimoniales sin causa de aquellas personas funcionarias que puedan estar ligadas con redes de corrupción.

Ahora bien, procede explicar que el motivo por el cual se pretende que sea la totalidad del personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y la Policía Penitenciaria, la que deba rendir la declaración patrimonial, obedece a que esta metodología se considera que debe ser estructural en virtud de que cuando una persona funcionaria incurre en actos de corrupción, indistintamente del puesto que ostentaba, incide de manera negativa en todas estas organizaciones policiales. De toda suerte que el propósito estriba en proteger el prestigio y preservar la confianza que las personas costarricenses han depositado en el OIJ, la Fuerza Pública y la Policía Penitenciaria, con una medida uniforme que no solo alcance a las jerarquías, ya que el fenómeno de la corrupción es capaz de introducirse por cualquier área de trabajo.

Así pues, se tiene el convencimiento de que es positivo que todo el personal del Organismo de Investigación Judicial, de la Fuerza Pública y de la Policía Penitenciaria quede contemplado en el catálogo de puestos de quienes deben rendir la declaración de bienes prevista en el artículo 21 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, ya que abonaría para redituar la confianza que alberga dicha institución de ser pilar fundamental en el combate de las acciones que deprimen el Estado democrático de derecho.

El objetivo es que esta herramienta se añada como método anticorrupción en la Policía Judicial, la Policía Administrativa y la Policía Penitenciaria. El mecanismo permitirá que, al detectarse irregularidades, las autoridades administrativas de cada cuerpo policial intervengan e investiguen de una forma más expedita que en la actualidad, si un funcionario ha construido un vínculo con sujetos que aspiran a incidir en las investigaciones policiales por sus actuaciones criminales, con el fin de favorecerlos en dichas pesquisas policiales.

Por los motivos aquí expuestos de manera abundante y clara es que solicitamos la aprobación del siguiente proyecto de ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY N° 8422, LEY CONTRA

LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA LA DETECCIÓN DE CASOS

DE CORRUPCIÓN EN LA POLICÍA JUDICIAL,

ADMINISTRATIVAY PENITENCIARIA

ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el artículo 21 de la Ley N° 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

Artículo 21- Funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial

Deberán declarar la situación patrimonial, ante la Contraloría General de la República, según lo señalan la presente ley y su reglamento, los diputados a la Asamblea Legislativa, el presidente y los vicepresidentes de la República; los ministros, con cartera o sin ella, o los funcionarios nombrados con ese rango y los viceministros; los magistrados propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones; los jueces y las juezas de la República, tanto interinos como en propiedad; el contralor y el subcontralor generales de la República; el defensor y el defensor adjunto de los habitantes; el procurador general y el procurador general adjunto de la República; el fiscal general de la República; los fiscales adjuntos, los fiscales y los fiscales auxiliares del Ministerio Público; todo el personal del Organismo de Investigación Judicial, todo el personal de la Fuerza Pública, todo el personal de la Policía Penitenciaria, los rectores, los contralores y los subcontralores de los centros estatales de enseñanza superior; el regulador general de la República; los superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, así como los re...

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