LEY DE IMPULSO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO. REFORMA DEL TRANSITORIO IX DE LA LEY 9635, FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha de publicación03 Junio 2022
Número de registroIN2022649351
EmisorPoder Legislativo

LEY DE IMPULSO A LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO.

REFORMA DEL TRANSITORIO IX DE LA

LEY 9635, FORTALECIMIENTO DE

LAS FINANZAS PÚBLICAS, DE 3

DE DICIEMBRE DE 2018

Expediente N° 23.128

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Poder Ejecutivo mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S, de 16 de marzo de 2020, declaró estado de emergencia nacional debido a la situación sanitaria provocada por el covid-19, decretando una serie de medidas restrictivas, generando una severa afectación a todo el sector productivo.

Esta situación desencadenó una serie de medidas sanitarias restrictivas que paralizaron por completo la actividad turística en el país, siendo este el sector más afectado, 10 veces más que el promedio nacional, así reflejado por los datos del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE).

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur), previo a la pandemia, proporcionaba datos en los que el sector turístico empleaba a más de 245 mil personas de forma directa y más de 600 mil de forma indirecta, en promedio, tres empleos indirectos, por cada directo, representando así el 10,5% de participación de empleados del país.

La Organización de Naciones Unidas asegura que el 40% de las mujeres empleadas pertenecen a los sectores más golpeados por la pandemia, donde destaca al sector turismo como uno de los principales empleadores de mujeres. El 54% de la fuerza laboral destacado en turismo son mujeres.

De acuerdo con esta realidad, resulta fundamental establecer mecanismos que le permitan al sector tener una verdadera reactivación económica, posterior al difícil periodo de estancamiento como consecuencia de la pandemia por covid-19.

Para marzo de 2020, en Costa Rica la cancelación de reservaciones aumentó en un 600% y las líneas aéreas reportaron una caída de un 75% en las reservaciones. La Organización Mundial de Turismo estimó que la caída del sector costó la pérdida de $4 billones, en el PIB global entre 2020-2021, lo cual, claramente significa una paralización completa del sector, y con ello un incremento masivo en el desempleo de las zonas turísticas.

La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) declaró en su momento: “nos encontramos ante una temporada cero por primera vez en la historia de nuestro país, que significa el cese total del ingreso de la materia prima (turistas), para el sector, por ende, el cese total de ingresos financieros para afrontar sus obligaciones”.

La recuperación ha sido lenta. Según los datos de crecimiento económico del 2021, del Banco Central de Costa Rica (BCCR), considerando únicamente hoteles y restaurantes, el crecimiento bruto, respecto al año 2019 fue de un -31.1%, lo que evidencia que los actores más consolidados del sector, fueron golpeados contundentemente, generando desempleo, e incluso cierre de negocios.

En cuanto a llegadas internacionales, en el año 2021 se recibieron 1,3 millones de visitantes, mientras que previo a la pandemia se recibían 3,3 millones de visitas, para un -57,1% de variación en 2 años.

Hay que recordar que, en nuestro país el 85% de las empresas turísticas son pymes, lo que los hace más vulnerables al impacto de la pandemia, con efectos catastróficos en términos económicos, y de calidad de vida de los habitantes de las zonas turísticas.

Dado lo anterior, y a raíz de múltiples esfuerzos y presión de los diferentes actores del sector turístico, el Poder Ejecutivo, después de casi dos años de inactividad, inició una flexibilización progresiva de las medidas sanitarias establecidas por la pandemia. Esto ha contribuido para que el número de turistas aumente y con ello la economía tenga una leve recuperación, aún insuficiente.

Como respuesta a dicha afectación, el ICT diseñó una hoja de ruta consensuada con diferentes actores del sector, para atender las graves consecuencias de la pandemia; sin embargo, después de analizar su avance, las acciones resultan insuficientes, y el sector continúa un proceso de recuperación muy lento, considerando la importancia que tiene para la economía nacional.

A nivel legislativo también se han hecho esfuerzos importantes, como la Ley 9882, la cual permitió extender un año más la exoneración del impuesto al valor agregado (IVA), y así alivianar las cargas del sector. Este respiro financiero, según lo afirmó el ICT, le permite al sector mantener la competitividad de los precios, así como que las actividades debidamente registradas ante el ICT mantengan una estabilidad en los precios, lo cual es clave en una situación de recuperación de una pandemia.

Todos estos esfuerzos tienen como justificación que el turismo es uno de los principales motores de la economía y del desarrollo de Costa Rica, considerando que, en el año 2019, previo a la pandemia, el turismo generó cerca de $4.000 millones de dólares por concepto de divisas, y en el año 2021, la cifra fue de apenas $1.533 millones de dólares, una variación del -38,5%.

Adicionalmente, es prioritario considerar que el turismo es la principal, y en la mayoría de ocasiones el único ingreso para miles de familias de la periferia del país, zonas que además presentan los índices de desarrollo más bajos de Costa Rica, y una empleabilidad con mucha inestabilidad, producto de la incertidumbre sobre la evolución y proyección de los efectos por la pandemia.

La misma Organización Mundial de Turismo subraya que cualquier estimación económica debe tratarse con cautela debido a la evolución inestable e incierta del brote, que podría dar lugar a nuevas olas de contagio, así como revisiones periódicas de las estimaciones.

Posterior a la revisión de los datos del 2021, si la situación no empeora nuevamente, se estima un periodo de recuperación total al año 2024, situación que nos obliga a realizar ajustes que permitan una reactivación económica real del sector.

Como ya se indicó anteriormente, el sector turístico tuvo una caída en más de un 30%, y a marzo de 2022, analizando los datos de Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), se observa una leve recuperación; sin embargo, se visualiza una diferencia importante con respecto al total de la economía nacional, donde incluso ya hay sectores por encima de los niveles pre pandemia, pero el sector turístico, con la importancia que representa para la economía nacional, continúa rezagado.

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El sector turístico es el tercer grupo con menor recuperación, al lado de obra pública y pequeños comercios. Lo anterior resulta muy preocupante debido a que nos encontramos muy lejos aún de los números que se reflejaban para el año 2019, con afectación importante, de forma principal en los pequeños empresarios turísticos.

Estos datos reflejan únicamente los resultados en cuanto a hoteles y restaurantes; sin embargo, es importante recordar que el sector turístico es aún más grande, considerando todos los encadenamientos productivos del sector, y que, al incorporar a todos los actores, los números son aún más negativos, y definitivamente se hace impostergable retomar medidas que permitan dar un impulso a la reactivación económica del turismo, y así propiciar el crecimiento económico nacional.

Es por lo anterior que la presente iniciativa de ley pretende modificar nuevamente el transitorio IX de la Ley 9365, el cual establece la tarifa diferenciada y escalonada para el pago del impuesto al valor agregado, específicamente para el sector turístico, cuya modificación sería de la siguiente manera:

Según la legislación vigente, el 1° de julio del presente año (2022), la actividad turística debería pasar de un 4%, a pagar el 8% del impuesto al valor agregado; y lo que se pretende es ampliar dos años más el cobro de la tarifa al 4%, y que el 8% empiece a regir a partir del 1° de julio de 2024, fecha en que las organizaciones del sector estiman la recuperación total de su actividad económica.

Por consecuencia, el pago de la tarifa ordinaria del impuesto al valor agregado (13%), empezaría a regir a partir del 1° de julio del año 2025.

De esta manera, como legisladores estaríamos cumpliendo con una obligación impostergable, de tender la mano a zonas vulnerables de nuestro país, que han sido fuertemente golpeadas, y a uno de los sectores más productivos para la ...

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