PROYECTOS DE LEY LEY PARA FACILITAR EL INICIO DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS
| Fecha de publicación | 14 Julio 2022 |
| Número de registro | IN2022660413 |
| Emisor | Poder Legislativo |
PROYECTOS DE LEY
LEY PARA FACILITAR EL INICIO
DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS
Expediente N.° 23.191
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Los datos de la Encuesta Trimestral de Empleos realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), muestran que 325.050 ciudadanos se encuentran sin trabajo para el segundo trimestre de 2022, lo que representa un 13,3% de la fuerza laboral.
Estas cifras deben hacer pensar respecto a qué es lo impide una pronta generación de empleos estables y de calidad. Una de las principales explicaciones de esta problemática descansa en la dificultad de crear nuevas actividades productivas, debido, sobre todo, a la entramada tramitología que encarece los emprendimientos y desestimula a quien quiere iniciarlos.
De acuerdo con el Informe Doing Business 2020, Costa Rica ocupa el lugar 144 entre 190 países en la categoría “Facilidad para abrir un negocio”, en la cual se indica que se requiere un promedio de 23 días para iniciar la actividad productiva en el país, a pesar que en los países de la Organización para la Cooperación y el Crecimiento Económico (OCDE) es de 9.2. El número de procedimientos a cumplir para tal fin es de 10, mientras que los pares de dicha entidad tienen la mitad. Finalmente, se estima que cumplir con esos trámites implica un costo de 9,6% del ingreso per cápita de las personas, cuando en el resto de países de la OCDE representa un 3%..[1]
Ahora bien, como las personas requieren trabajar para llevar el alimento a sus casas, terminan operando fuera de la legalidad. De ahí que la informalidad se ha convertido en uno de los principales problemas socioeconómicos, pues las actividades productivas que se desarrollan en este marco conllevan muchas veces violaciones a los derechos de los trabajadores, la falta de cotización para una pensión a futuro y la dificultad para acceder a créditos que permitan potenciar los emprendimientos. Frente a la realidad que vive nuestro país no es de extrañar que el 43,03% de la fuerza laboral costarricense opere en la informalidad, según datos del primer trimestre de 2022 de la Encuesta Continua de Empleo del INEC. [2]
¿Por qué se presenta este fenómeno de la informalidad? Enrique Ghersi, uno de los máximos exponentes de la teoría del análisis económico del Derecho, explica que (…) Cuando el costo de la legalidad se eleva a un punto tal que es insufragable por la mayoría de la población, no reduce sino que encarece las transacciones. Es más difícil entrar al mercado y seguir dentro de él, por cuanto cada una de las operaciones que se realice incorpora cargas proporcionales a la incidencia de las leyes.
La existencia de una legalidad excesivamente onerosa no necesariamente supone que las actividades dejen de llevarse a cabo sino que se trasladan de un mercado a otro: de la formalidad a la informalidad. Dado el carácter instrumental de la ley, ésta no es más que mecanismo de información por el cual los individuos pueden advertir la cantidad de recursos que les representaría gozar de la protección del Estado para el desarrollo de su actividad. Por consiguiente, como la gente tiende por naturaleza a hacer lo más barato y evitar lo más caro, el cumplimiento de la ley está sujeto a que ella tenga menores costos que beneficios; puesto que las personas al evaluarla persiguen cumplir sus propios objetivos y no los del Estado ni mucho menos los de las autoridades. Entonces, si el costo de la legalidad es tal que resulta insufragable o bien supera los beneficios de las transacciones, la gente opta por quedarse fuera, es decir, en la informalidad. Igualmente, si los costos de la legalidad se elevan por encima de sus beneficios, la gente opta por escapar de su ámbito a pesar de haber ingresado en él, es decir, deserta hacia la informalidad.[3]
Todas estas cargas que implica la formalización del trabajo afectan fundamentalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, por cuanto poseen un capital inicial limitado y destinado a la adquisición de bienes y equipos necesarios para desarrollar su actividad, por lo que deben sacrificar parte de ellos para cubrir con los costos de los trámites para formalización. Sobre el particular, el Estado de la Nación explica:
Las cargas institucionales (relacionadas con permisos de operación, trámites de registro, regulaciones gubernamentales, corrupción, entre otros) afectan significativamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs), porque representan costos fijos importantes y desproporcionados, que las empresas grandes, por el contrario, pueden absorber con mayor facilidad. Desde la perspectiva empresarial, el efecto acumulativo de numerosas regulaciones y cargas administrativas generadas en múltiples instituciones y niveles de gobierno consiste en frenar la capacidad de respuesta de los negocios, desviar recursos de inversiones productivas, reducir la transparencia y la rendición de cuentas, afectar la entrada a los mercados, reducir la innovación y la creación de empleo, y desestimular el empresarialismo.[4]
Es cierto que en los últimos años se han hecho importantes esfuerzos para enfrentar el problema de la tramitología, que van desde la promulgación de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos en 2002, con su posterior reforma en 2011, hasta la digitalización de procedimientos y eliminación de requisitos para realizar gestiones en instituciones, pero aún queda mucho camino por recorrer en aras de mejorar la competitividad del país.
Por ello, esta iniciativa de ley pretende incidir sobre tres elementos fundamentales que afectan el nacimiento de un emprendimiento, con el objetivo de facilitar los trámites y gestiones que debe realizar la persona interesada en comenzar un proyecto productivo, lo cual le permitirá ahorrar costos y resguardar su capital para poder invertirlo en los insumos que requiere su actividad. Se trata de las patentes municipales, el permiso de funcionamiento de salud y los requerimientos de uso de suelo para desarrollar emprendimientos.
1- Patentes municipales: un cambio de paradigma
Las patentes municipales constituyen uno de los requisitos que más impacto tiene en el nacimiento y formalización de las actividades productivas. De acuerdo con el artículo 78 del Código Municipal, esa licencia es condición indispensable para ejercer cualquier actividad lucrativa y su obtención debe hacerse mediante el pago de un impuesto antes de iniciar operaciones.
El problema que este requisito acarrea es que el pago debe realizarse de previo al inicio de la actividad económica, justamente cuando el emprendedor lo tiene más difícil, pues el capital que ha logrado reunir –sea por medio del ahorro, de la asociación con otros inversionistas o del endeudamiento– está destinado a adquirir equipo, materiales y los demás insumos necesarios para echar a andar su idea productiva y no para el pago de trámites, licencias y requisitos.
De tal forma, al tener que destinar sus escasos recursos para cubrir los costos que implica la formalidad de su actividad, pierde la oportunidad de utilizarlos en su negocio y, por tanto, comienza una carrera cuesta arriba que, aunado a otra serie de dificultades como el acceso al crédito, termina muchas veces por enterrar el emprendimiento. Por ello, mediante esta iniciativa se busca implementar un cambio en el trámite de forma tal que se pase de un esquema donde la patente es requisito previo para operar a uno donde se le permita al emprendedor iniciar su negocio sin tener que pagar la patente por un periodo de seis meses, siempre que se inscriba ante la Municipalidad correspondiente.
Esto no solo posibilitará que las personas comiencen a ganar dinero con su actividad e invertirlo en su negocio para crecer, mantenerse en pie y generar empleos, sino que también le ayudará a la municipalidad tener más información sobre los emprendimientos al fomentar su formalización. Aunque podría haber una negativa inicial de los gobiernos locales porque pensarían que están perdiendo recursos, lo cierto es que hay que verlo como una inversión, en el sentido de que más negocios se podrán formalizar y, vencido el plazo de gracia, comenzarán a pagar la respectiva patente.
2- Inscripción de negocios virtuales
Estamos en plena era digital y la forma en realizar negocios ha cambiado. Se ha pasado de la operación física, con rótulos publicitarios y locales para atender al público a las actividades...
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