Proyectos tributarios del Gobierno se derivan del fallido plan de Solidaridad Fiscal

En el ámbito fiscal todo parece estar inventado.

La administración del presidente Luis Guillermo Solís dejó de lado cualquier intento de creatividad en la propuesta de reforma fiscal que dio a conocer la semana pasada y prefirió basar sus expectativas de recaudación en la Ley de solidaridad tributaria.

La iniciativa fue aprobada durante el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla (2010-2014).

Pero el proyecto no prosperó pues la Sala Constitucional detectó vicios de procedimiento cometidos durante su trámite legislativo.

Los magistrados, empero, no cuestionaron el fondo de la propuesta, por lo que sus contenidos eran rescatables.

El otro insumo que utilizó el Gobierno para montar los borradores de las propuestas para reformar los impuestos de renta y ventas, para transformarlo en el IVA, fue el proceso de consolidación fiscal, comandado por el exministro de Hacienda de Chinchilla, Edgar Ayales.

A diferencia de ambas iniciativas, que sugerían modificar múltiples impuestos, el gobierno de Solís decidió focalizar su propuesta en los tributos de renta y ventas, que son los pilares que sostienen los ingresos del Estado

Panorama crítico

Las reformas a ventas y renta buscan una recaudación adicional por año de 2% del PIB, tal como lo proyectó el gobierno pasado en el proyecto de solidaridad tributaria.

En el plan de Consolidación, el Gobierno pasado calculó un ajuste fiscal de un 3,49% del PIB con acciones conjuntas en ingresos y contención del gasto público.

Si bien los proyectos actuales son menos ambiciosos en cuanto a recaudación, el viceministro de Ingresos de Hacienda, Fernando Rodríguez, considera que un 2% del PIB adicional por año en recaudación (cerca de ¢600.000 millones) sería suficiente para traer estabilidad a las finanzas públicas.

El déficit fiscal proyectado para este año sería equivalente a un 6,6% del PIB, 0,6 puntos porcentuales más que en el 2014.

Novedades en la propuesta

¿Cómo pretende Hacienda traer a sus arcas recursos frescos para financiarse?

Las novedades son pocas y se concentran, fundamentalmente, en un IVA agresivo.

La propuesta es que la tasa pase a un 15%, 2 puntos porcentuales más que en el actual impuesto de ventas.

Todos los bienes y servicios que se vendan en el país, y en todos los eslabones de su producción, hasta llegar a la venta al consumidor final, quedarían gravados, con algunas excepciones.

El proyecto únicamente exonera las consultas en los servicios de salud privados y la educación que imparten...

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