Reforma anticorrupción elevaría multas y penas de cárcel por soborno a funcionarios públicos

 
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Avanzó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que eleva las multas para las empresas que cometan delitos de soborno doméstico y trasnacional, además de que aumenta nuevamente las penas de cárcel para los funcionarios públicos que reciban dádivas o favores por sus funciones.Ya en el 2016, los diputados habían ampliado el concepto de soborno trasnacional, con el fin de salir de la lista de países no cooperantes en el combate contra la corrupción. En esa época, los legisladores habían elevado las penas para empleados públicos que aceptaran o pidieran sobornos hasta los 10 años.Ahora, avanza una nueva iniciativa, en el seno de la comisión especial que tramita los proyectos requeridos para ingresar en la Organizción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo objetivo es sancionar duramente a las empresas que prometan o den sobornos a empleados para que cometan actos o dejen de hacer gestiones, con tal de favorecerse.De esa forma, las multas a las empresas oscilarían, ya aprobada la iniciativa legal, entre los ¢446 millones y los ¢4.462 millones.Se trata del proyecto de ley N.° 21. 248, Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno trasnacional y otros delitos, que reforma varios artículos del Código Penal y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.Para sancionar a una persona jurídica con tales multas, tendría que haber cometido delitos de enriquecimiento ilícito, soborno trasnacional o doméstico, administración en provecho propio, sobreprecio irregular, falsedad en recepción de bienes o servicios contratados, pago irregular de contratos administrativos, tráfico de influencias o influencia contra la hacienda pública.Hoy, las multas que se cobran a las personas jurídica que incurren en esas infraccion son mucho menores, pues van de los 20 a los 100 salarios base, es decir, de ¢8,9 millones a ¢446 millones.Tal como explicó la diputada Ivonne Acuña, coordinadora de la subcomisión encargada de estudiar el proyecto, la idea no solo es castigar duramente a los funcionarios que delincan, sino también ir detrás de las empresas que promuevan esas prácticas irregulares."Va tras las empresas que pretengan sobornar. Es un proyecto muy riguroso y trae penas cuantiosas. También es muy específico sobre las penas", indicó Acuña.En ese sentido, la legisladora alegó que se le brinda un instrumento muy específico al juez, para que pueda determinar cuál pena debe...

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