Reforma laboral da músculo a sindicatos desgastados

Un polémico cambio incluido en la reforma procesal laboral para permitir las huelgas en los servicios públicos esenciales es uno de los nutrientes que aumentarían en el mediano y largo plazo el músculo de los sindicatos, hoy en debilidad, después de más de dos décadas de ver caer su prestigio y representatividad entre los trabajadores del país.

Según datos recopilados por EF, con base en los anuarios estadísticos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en los últimos 23 años los sindicatos representan a cada vez menos porción de la clase trabajadora

En 1990 había 15 sindicalizados por cada 100 personas. Para el 2013, esa tasa bajó a 10.

En 23 años, la caída es de un 33% en representatividad.

El otro nutriente es la disminución del porcentaje de trabajadores que se requiere para la declaratoria y apoyo de la huelga que se reduce de un 60% a un 51%, lo cual facilita la posibilidad de ir a una huelga.

Quien recetó tales vitaminas fue el mandatario Luis Guillermo Solís Rivera, al dejar sin efecto el veto que la presidenta Laura Chinchilla Miranda puso en 2012 a la reforma procesal laboral, precisamente, por permitir las huelgas en servicios relacionados con la vida, la salud y la seguridad de los ciudadanos.

Pese a la inyección de fuerzas que la medida implica para los sindicatos, sus representantes niegan que la reforma al Código de Trabajo, que regirá en 2016, signifique un repunte inmediato en sus afiliaciones o en sus posibilidades de presionar mediante la huelga.

Esto, dicen, a causa de la satanización de la que han sido víctimas en 'campañas del miedo' organizadas por sus detractores, cruzadas en las que han perdido militantes y peso social.

Desde la acera empresarial, en tanto, dan por segura la amenaza del fortalecimiento sindical desde la reforma procesal laboral.

Los voceros patronales ven cercana la consecuente ruptura del balance de fuerzas sociales, inclinadas hacia los representantes de los trabajadores.

El sector productivo asegura que ese crecimiento en la musculatura sindical va en detrimento de la economía costarricense, que perderá la seguridad jurídica que hoy ofrece al inversionista nacional y extranjero para generar empleo y riqueza.

Y van más allá, al acusar al gobierno de Luis Guillermo Solís de de dispararse en el pie, al arriesgarse a incumplir su promesa de crear más de 200.000 nuevos empleos, para lo cual, señalan los empresarios, necesita irremediablemente del crecimiento de la inversión privada, el...

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