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Reforma laboral marcó debate histórico sobre veto presidencial

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Vincent

Ya ningún veto volverá a ser igual. El que congeló la Reforma Procesal Laboral (RPL), en el 2012, alcanzó dimensiones que nadie imaginó y que explican el largo y complejo fallo de la Sala Constitucional que devolvió todo al punto original.

Lo sabían los magistrados antes de cerrar este 7 de agosto la votación, compleja y dividida, con la cual evitaron que la RPL entrara a regir en mayo del 2016, como pretendía el gobierno de Luis Guillermo Solís.

Estaban tomando una decisión sobre una ley trascendental - y sobre el viejo caso de la calle josefina 13 bis para comerciantes de artesanías-, pero en el fondo trataban de dejar claros los límites de un presidente para echar atrás con un veto.

Desde 1949 ha habido unos 450 vetos y, de ellos, 11 han sido retirados por el mismo Gobierno, pero nunca alguno generó tanta controversia política.

Por eso, el magistrado Fernando Castillo se fue a los archivos con su lápiz de grafito a repasar cada veto desde ese año y, por eso, la sentencia 2015-012251 ocupa 161 páginas que recogen las posiciones de los siete jueces, algunos que votaron igual, pero por razones distintas.

Aunque no se expresa en la sentencia, la discusión sobre el veto, o sobre el levantamiento del veto, gana importancia frente a la tendencia política de los costarricenses de elegir a un partido para que gobierne, pero no para que controle la Asamblea Legislativa.

Esto podría aumentar la posibilidad de vetos y retiros de estos, pero, para entonces, será obligatorio recordar la sentencia de la RPL y los criterios tan distintos entre los magistrados.

La decisión de anular la ley se adoptó en una votación con el rechazo de cuatro magistrados: Ernesto Jinesta, Nancy Hernández, Paul Rueda y Luis Fernando Salazar y la aprobación de los otros tres; es decir, Fernando Cruz, Gilberth Armijo y Fernando Castillo.

Debate. De acuerdo con la sentencia del expediente 14-019542-0007-CO, hubo una posición más tajante que el resto. Fue la del magistrado Jinesta, quien opina que el veto se puede emitir basado en el artículo 125 de la Constitución Política, pero nunca revertir, pues no se señala en ninguna parte. Es decir, para él, el veto es como una lápida, sin importar si se dictó...

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