Registro de accionistas: un nuevo capítulo en la novela
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Registro de accionistas: un nuevo capítulo en la novela
Esta semana el Ministerio de Hacienda anunció que la Ley 9416 Registro de Transparencia y Beneficiarios
Finales, publicada en diciembre de 2016, no entrará en vigor hasta setiembre de este año, y no en marzo
como se había establecido anteriormente.
Hacienda indica que el objetivo de dicho cambio es “facilitar el cumplimiento de la obligación que tienen
las empresas de suministrar la composición de su capital social, así como la identificación de sus
beneficiarios finales”. Ahora las personas jurídicas deberán remitir esta información hasta setiembre.
Tomemos en consideración que actualmente no se cuenta tan siquiera con el formulario requerido para
cumplir con este requisito, lo que en definitiva hubiese atrasado el proceso si éste daba inicio en marzo,
como originalmente se estableció.
El Ministerio de Hacienda ha sido reincidente en no cumplir los plazos que la ley o ellos mismos establecen
para cumplir con cambios o requisitos nuevos para algún trámite. Ya sea por la presión de sectores
diversos o presiones internas, Hacienda ha demostrado que no es capaz de mantenerse al día, aunque a
los usuarios y público, se les exige cumplir en tiempo y forma.
Lo cierto es que este cambio en la fecha límite representa un alivio para las personas jurídicas, ya que el
2019 está lleno de ajustes y otros retos a enfrentar, que están volviendo locos a los administradores,
abogados y contadores. La verdad es que, en medio del tema de facturación electrónica, el cambio al IVA
y los ajustes al impuesto de Renta, la posibilidad de atender este otro requisito en otra fecha, aliviana las
responsabilidades.
De todas maneras, Costa Rica ya es un país complejo en términos de negocio, por lo que el incumplimiento
de los plazos por parte de la autoridad es un respiro en este primer semestre.
Sin embargo, no hay que dormirse en los laureles. El Registro de Transparencia y Beneficiaros Finales viene
porque es ley de la República y porque al final de cuentas el cambio se dio y hay que enfrentarlo. Entonces,
los llamados a cumplir con estos requisitos tienen que prepararse, asesorarse adecuadamente con
profesionales que realmente sepan cómo va a funcionar, particularmente si recordamos que las multas
por no cumplir con este requisito podrían llegar hasta los 100 salarios base.
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