Una visión general sobre la regulación en los mercados de telefonía móvil.
| Autor | Castro Monge, Edgar |
| Páginas | 147(27) |
CONTENIDO Resumen Abstract INTRODUCCIÓN Regulación en los mercados de Telecomunicaciones El Mercado de Telefonía Móvil La competencia en el mercado de telefonía móvil La Regulación en los mercados de telefonía móvil Regulación en interconexión y acceso a redes móviles Regulación en Servicio Universal Regulación en materia de calidad Regulación para la protección de la salud Regulación en portabilidad del número Regulación en precios El Establecimiento de llamada Los precios de terminación de llamadas (precios mayoristas) Los precios minoristas CONCLUSIONES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS INTRODUCCIÓN
Con respecto a la regulación, se puede decir que hay hechos incuestionables que afectan directamente el desarrollo de las organizaciones y uno de ellos son las políticas públicas, las cuales se convierten en un factor clave y fundamental del medio ambiente en que se desarrollan las empresas. Al liberalizar y privatizar, se introducen en el mercado factores determinantes de tensiones, oscilaciones y riesgos, que hay que mantener bajo control como son el control del nivel de precios, garantía del suministro y la inversión. En la mayoría de los casos, el equilibrio espontáneo del mercado determina este control; pero, en otros, cuando la competencia es insuficiente o en períodos de transición del monopolio al mercado, la regulación toma el relevo formando un nuevo modelo que debe hacer posible, por un lado la competencia, que es la mejor garantía de eficiencia y, por otro lado, la satisfacción de las necesidades públicas de forma universal, regular y continua (Ariño, 2005).
Regulación en los mercados de Telecomunicaciones
En la Constitución de muchos países se reconoce el derecho a la libertad de empresa en un marco de economía de libre mercado y la posibilidad de intervención de los poderes públicos, detrayendo sectores o recursos del ámbito de la economía de libre mercado sobre la base del interés general. Con estos preceptos, la intervención de la Administración se legitima constitucionalmente en sus más amplios términos, sin más límites que el sometimiento al resto del ordenamiento jurídico y la necesaria motivación de interés público que en cada caso debe concurrir. Y ello tanto si se trata de actos de autoridad como de actuaciones empresariales sometidas a derecho privado.
Las medidas liberalizadoras en los países se completan con la atribución a los poderes públicos de la misión de corregir los posibles fallos del mercado en la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Además, la intervención de la Administración debe aplicar el principio de proporcionalidad en virtud del cual las posibles restricciones de la competencia no pueden exceder de lo necesario para garantizar el cumplimiento eficaz de la misión de interés general (CMT, 2005).
El acercamiento producido por la tecnología digital, de la informática y las comunicaciones, junto con la microelectrónica y la fibra óptica, así como la fragmentación y compresión de datos, entre otras innovaciones, han conducido a importantes cambios de los parámetros que justificaban de forma tradicional las estructuras organizativas unificadas en la provisión de infraestructuras de redes y servicios básicos de telecomunicaciones (Guarnido y Jaén, 2004). Las economías de alcance y de escala que surgían en los grandes sistemas de telecomunicaciones constituían uno de los argumentos centrales para el mantenimiento del monopolista. Por ello, las nuevas técnicas han producido una alteración de dichas economías de alcance y de escala en el sector, las cuales sin dejar de estar presentes, ya no justifican un monopolio natural para su conjunto (Jordana, 1998).
Por consiguiente, la normativa de telecomunicaciones exige que la actuación de la administración se dirija al cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley para hacer respetar los principios en ella recogidos, entre los que se encuentran:
--Fomentar la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones.
--Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público.
--Promover el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, así como la utilización de nuevos servicios y el despliegue de redes, y el acceso a éstos en condiciones de igualdad, e impulsar la cohesión territorial, económica y social.
--Fomentar la neutralidad tecnológica en la regulación.
De esta forma, dado el interés público que justifica la intervención de la Administración, ésta habrá de tomar en consideración que su intervención no distorsione la competencia y fomente la neutralidad tecnológica y ello, tanto cuando se trata de intervenir como administración garante de los servicios de interés público, como cuando la propia Administración actúa como un operador más en el mercado (CMT, 2005).
Es importante reconocer que la liberalización no significa ni impone ausencia de regulación. Actividades como la de telecomunicaciones estarán siempre reguladas, al menos en algunos de sus segmentos--servicio universal--, aunque en otros la innovación tecnológica y la dinámica del mercado desarrollarán una competencia feroz que hará innecesaria cualquier regulación económica. La importancia social de las mismas, la asimetría de posiciones entre empresas y usuarios, la dificultad de crear un mercado abierto y transparente, las limitaciones técnicas y otros factores así lo exigen. Pero tiene que ser una regulación medida, bien articulada y equilibrada paras todos los operadores que incentive la entrada y vele por el cumplimiento de las reglas establecidas del Derecho de la Competencia. La actividad en los sectores regulados debe mantenerse dentro de unos parámetros determinados, por cuanto son esenciales al sostenimiento de la colectividad; el mercado y, en su defecto, la regulación debe asegurar el servicio de las comunicaciones dentro de unos parámetros señalados.
El sector de las telecomunicaciones es uno de los sectores fundamentales para el desarrollo de la economía mundial. De hecho, la drástica transformación y la continua innovación que está viviendo dicho sector en las últimas décadas ha condicionado en gran medida el desarrollo y la configuración del resto de los sectores productivos, al ser éste uno de los de mayor crecimiento global (Guarnido y Jaén, 2004).
Desde esta perspectiva general, se puede hablar de dos tipos de regulación en los mercados: social y económica. La regulación social es la que se emplea para proteger el medio ambiente, la salud y la seguridad de los trabajadores y de los consumidores, y se encamina a tratar de corregir los efectos secundarios o externalidades de la actividad económica. La regulación económica se refiere al control de los precios, la producción, las condiciones de entrada y salida del mercado y la calidad de los productos y servicios de determinadas industrias. La regulación económica puede definirse como el control continuo y concentrado del mercado por la autoridad pública, a fin de ajustar el funcionamiento del mismo a las exigencias del interés general, mediante la adaptación de las obligaciones jurídicas definidas en abstracto por el legislador a la concreta posición en el mercado de cada empresa (Montero, 2000). La experiencia internacional indica que la regulación económica debería ser a base de incentivos, motivando a las empresas a ser eficientes para obtener ventajas y ganancias, y que parte de esas ganancias puedan ser trasladadas al cliente final (Antón, 2002).
La regulación de las telecomunicaciones, como la de cualquier otro servicio, debe ser independiente tanto de los operadores del servicio como del delineamiento diario de la política de telecomunicaciones por parte de los gobiernos (Melody, 1999). En el caso del mercado de telecomunicaciones, dos son las exigencias de interés general que determinan la regulación económica. Por una parte, y debido a la liberalización del sector, es imprescindible fomentar la aparición de competencia efectiva, a fin de que las constricciones que la competencia impone sobre los operadores sean suficientes para fomentar la formación de los diferentes servicios, de la forma más eficiente y económica en beneficio de los usuarios. Por otra parte, parece necesario garantizar en todo caso a los ciudadanos la accesibilidad a los servicios públicos más básicos. Es evidente que la desaparición del monopolio no genera un mercado plenamente competitivo. La desmonopolización da paso a un período en el que la intervención pública es imprescindible para fomentar el ingreso al mercado de nuevos operadores y la aparición de competencia efectiva entre los diversos operadores (Montero, 2000). El reto para la política reguladora está en encontrar un sistema de regulación que permita un máximo de competencia en el mercado, minimizando los costos de la competencia por actividades con carácter de monopolio natural. Otro de los campos más importantes de la regulación es el mantenimiento del servicio universal con un mínimo de distorsión a la competencia (Kuhm, 1998).
Como ya se ha apuntado, desde la perspectiva teórica, la regulación tiene su justificación en la existencia de los fallos de mercado; es decir, situaciones en las que, por determinadas razones, el libre juego de la oferta y la demanda no permite lograr la asignación más eficiente de los recursos. En general, tres son los principales fallos de mercado relevantes en el ámbito de las telecomunicaciones: monopolios naturales, externalidades positivas o negativas, e información asimétrica. La regulación sectorial de las telecomunicaciones está inmersa en un intenso proceso de reforma, cuya línea principal es la aproximación a los criterios y principios que han venido guiando la defensa de la competencia. También el marco normativo de la defensa de la competencia ha vivido una profunda revisión en los últimos años. Además, ambas normas han ido adquiriendo un protagonismo creciente como instrumentos esenciales de las políticas de oferta que, en el ámbito comunitario y nacional, son vitales para la...
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