Reglamento Regulador de la Vigilancia de Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos mediante Dispositivos Tecnológicos o Técnicos, de 17 de Octubre de 2007
| Emisor | Poder Ejecutivo |
Nº 34104 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN,
POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA
En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 9, 11, 80, 12, 23, 24, 28, 140 y 146 de la Constitución Política de Costa Rica;
Considerando que:
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Realidad y percepción del problema delictivo. Los varios estudios llevados a cabo por institutos nacionales y organismos internacionales, en los últimos años, en relación al problema delictivo, confirman que en la Costa Rica contemporánea se ha instalado una cultura, profunda y extensa, de inseguridad ciudadana. A nivel inmediato,
los medios de comunicación colectiva y las múltiples conversaciones que tienen lugar cada día entre los habitantes del país, confirman los resultados de los estudios científicos mencionados. Es así que parece innecesario, y posiblemente repetitivo y oneroso, continuar con diagnósticos que al final habría simplemente de subrayar lo que ya nos es evidente. En toda la extensión geográfica nacional hay temor de ser víctima de delito o contravención. Una característica confirmada por estadísticas recientes es que se han incrementado robos, hurtos y contravenciones, calificables de costo relativamente bajo y cuyo objeto alcanza a teléfonos celulares, sistemas de reproducción musical,
joyería, radios, carteras, relojes y billeteras, sin embargo y a pesar del costo del bien sustraído, el efecto en el temor ciudadano se ha visto dramáticamente incrementado. De manera directamente proporcional a ese temor se ha visto reducida la calidad de la vida social en el país.
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Reacción institucional positiva. Las autoridades nacionales han formulado y están en proceso de implementar toda una plétora de políticas públicas tendientes a prevenir, detectar, desmotivar, investigar policialmente y perseguir en sede judicial a un amplio grupo de esas conductas reprochables y generadoras de temor y dolor ciudadano. Es así que las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales están comprometidas en la lucha contra el delito y en la prevención de la delincuencia, a todo nivel etario y de género y en toda la extensión geográfica del país. Los ministerios de Seguridad Pública,
Justicia y Salud Pública, por parte del ejecutivo central están efectivamente utilizando al máximo sus energías intelectuales, organizativas, financieras y humanas para reducir el nivel del problema y asegurar a los habitantes una mayor protección de sus integridades físicas y de sus patrimonios. El Poder Judicial, mediante la judicatura penal y principalmente mediante el constante quehacer del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial, hace su mayor esfuerzo para que, dentro de las reglas de un sistema de derechos fundamentales y de garantías constitucionales, se reduzca la impunidad, se persiga al delito y se castigue al responsable de comisión de ilícitos. Por su parte la Asamblea Legislativa, en su intento de regular todo aquello que es de necesidad nacional, inserta constantemente en sus debates y en la corriente de las reformas legales, iniciativas tendientes a fortalecer la seguridad ciudadana,
al punto que se está constituyendo una comisión especial para este efecto y de la que esperamos una reforma integral de toda aquella normativa que tenga que ver con actos ilícitos y contravenciones. Finalmente los poderes municipales dirigen sus acciones en la misma dirección, haciendo importantes aportes de naturaleza humana y financiera, tendientes a la coordinación de políticas con el resto de las autoridades nacionales, en sus propios espacios geográficos de trabajo.
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Una sociedad civil activa. La sociedad civil habitante en nuestro país, además de manifestar su gran preocupación y de solicitar a las autoridades formales^, mayor efectividad en sus esfuerzos,
también se ha tornado en activa, dentro del marco constitucional y legal permitido, con el propósito de reducir la actividad delictiva y que se logre reestablecer en Costa Rica una cultura de seguridad ciudadana y de paz social,
propiciatoria a su vez de un incremento en la calidad de vida de todas y todos los habitantes de Costa Rica. Los ciudadanos individualmente, y las empresas privadas, invierten grandes cantidades de sus recursos financieros para auto-dotarse con sistemas privados de seguridad y con mecanismos tecnológicos que pretenden hacer mucho más difícil a aquellos que ponen en amenaza sus vidas y propiedades mediante acción delincuencial. Principalmente, individuos y empresas, muestran una actitud de alerta permanente tendiente a protegerse y a proteger a otros. Asimismo los ciudadanos, dentro del marco que la ley se los permite, se organizan, se retro-alimentan y se protegen en contra de cualquier eventual victimización de que pueden ser objeto.
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El marco de las reacciones del gobierno y de la sociedad. El Estado costarricense en general, gobierno y sociedad civil,
tienen plena conciencia que el incremento de la efectividad de su lucha contra la delincuencia ha de respetar el sistema constitucional de los derechos fundamentales y las garantías procesales, por cuanto actuar de manera distinta significaría exponerse a romper el orden constitucional y posibilitar injusticias. Es así que el costarricense entiende y ha decidido que, aun cuando en ciertos momentos de dolor o temor se presente la tentación a la venganza privada, ajustará su conducta a toda aquella normativa que asegura a nivel constitucional y legal la protección de los derechos y la tutela de las garantías, propias y ajenas. Con esta fe en su sistema de seguridad y de justicia y mediante este voto colectivo de respeto a tales reglas, las autoridades nacionales y la comunidad civil consideran que existen mecanismos, tanto en la investigación policial -administrativa, judicial y municipal- como en la persecución judicial, que les permita a la víctima de delito y a la sociedad en general no sólo incrementar la prevención de tales conductas, sino incrementar la efectividad de la investigación policial y la persecución judicial, mediante reformas tanto de naturaleza legal y reglamentaria como de un mejor uso de las nuevas tecnologías.
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Derechos individuales y garantías de todos. Todo derecho implica una regla de comportamiento que a la vez que protege impone deberes y confiere facultades. Se repite que...
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