Resolución Nº 0591-E-2002 de Tribunal Supremo Electoral, 2002

EmisorTribunal Supremo de Elecciones

TSE, 0591-E-2002

N°. 0591-E-2002 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. S.J., a las nueve horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de abril del dos mil dos.

DETERMINACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE APORTE ESTATAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON DERECHO A ELLO SEGÚN LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DEL 3 DE FEBRERO DEL 2002 .

RESULTANDO:

1. De conformidad con los artículos 96 de la Constitución Política y 187 del Código Electoral, tan pronto se produzca la declaratoria de elección de diputados, el Tribunal Supremo de Elecciones dispondrá, por resolución fundada, la distribución del aporte estatal entre los partidos que tengan derecho a él, según el siguiente procedimiento: a) se determinará el costo individual del voto; para ello, se dividirá el monto de la contribución estatal entre el resultado de la suma de los votos obtenidos por todos los partidos políticos con derecho a contribución, en la elección de P. y V. de la República y Diputados; b) cada partido podrá recibir, como máximo, el monto que resulte de multiplicar el costo individual del voto por el resultado de la suma de los votos que obtuvo en la elección de P. y V. de la República y Diputados o por lo que obtuvo en una u otra elección, si solo participó en una de ellas.

2. Mediante la resolución N°. 2718-E-2001 de las ocho horas del diecisiete de diciembre del dos mil uno, este Tribunal fijó la contribución total del Estado para el gasto de los partidos políticos en la suma de ¢4.915.089.100,00 (cuatro mil novecientos quince millones ochenta y nueve mil cien colones con cero céntimos), con base en lo dispuesto en el Transitorio I al artículo 187 del Código Electoral.

3. En la resolución N°. 217-E-2002 de las dieciséis horas del quince de febrero del dos mil dos, este Tribunal determinó el resultado de la votación para los cargos de P. y V. de la República.

4. Por medio de la resolución N°. 432-E de las diez horas del diecinueve de marzo del dos mil dos, este Tribunal determinó el resultado de la votación para Diputados.

5. En los procedimientos se han seguido las prescripciones de ley.

CONSIDERANDO:

I. La suma de los votos válidos obtenidos en las elecciones para P. y V. y Diputados a la Asamblea Legislativa por los partidos políticos con candidaturas inscritas a nivel nacional y provincial arroja el siguiente resultado:

Partido Independiente Obrero: 8.845 votos (801 presidenciales, 8.044 diputadiles).

Partido Unión Agrícola Cartaginés: 6.974 votos (6.974 diputadiles).

Partido Movimiento Libertario: 167.967 votos (25.815 presidenciales, 142.152 diputadiles).

Partido Rescate Nacional: 5.842 votos (905 presidenciales, 4.937 diputadiles).

Partido Convergencia Nacional: 1.348 votos (1.348 diputadiles).

Partido Agrario Nacional: 2.595 votos (2.595 diputadiles).

Partido Renovación Costarricense: 71.103 votos (16.404 presidenciales, 54.699 diputadiles).

Partido Acción Laborista Agrícola: 10.890 votos (10.890 diputadiles).

Partido Coalición Cambio 2000: votos 16.962 (3.970 presidenciales, 12.992 diputadiles).

Partido Alianza Nacional Cristiana: 8.096 votos (1.271 presidenciales, 6.825 diputadiles).

Partido Integración Nacional: 32.319 votos (6.235 presidenciales, 26.084 diputadiles).

Partido Unidad Social Cristiana: 1.043.478 votos (590.277 presidenciales, 453.201 diputadiles).

Partido Acción Ciudadana: 734.843 votos (400.681 presidenciales, 334.162 diputadiles).

Partido Patriótico Nacional: 8.803 votos (1.680 presidenciales, 7.123 diputadiles).

Partido Fuerza Democrática: 34.293 votos (4.121 presidenciales, 30.172 diputadiles).

Partido Fuerza Agraria de los Cartagineses: 1.390 votos (1.390 diputadiles).

Partido Unión General: 8.538 votos (2.655 presidenciales, 5.883 diputadiles).

Partido Liberación Nacional: 887.413 votos (475.030 presidenciales, 412.383 diputadiles).

II. El artículo 96 inciso segundo de la Constitución Política dispone lo siguiente:

Tendrán derecho a contribución estatal, los partidos que participaren en los procesos electorales señalados en este artículo [para la elección de P. y V. y Diputados a la Asamblea Legislativa] y alcanzaren al menos un cuatro por ciento (4%) de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o los inscritos a escala provincial, que obtuvieren como mínimo ese porcentaje en la provincia o eligieren, por los menos, un Diputado .”.

Para el dictado de la presente resolución resulta esencial determinar si la excepción creada por la frase final de este precepto constitucional (“ o eligieren, por los menos, un Diputado ”) se aplica únicamente a los partidos inscritos a escala provincial o si se extiende también a los de carácter nacional.

El Tribunal Supremo de Elecciones, por decisión de mayoría adoptada en sesión n°. 11369 del 1° de abril de 1998, se inclinó por la primera alternativa, entendiendo entonces que los partidos inscritos a escala nacional que no obtuvieron aquel cuatro por ciento de los votos válidos en todo el país quedan excluidos de la contribución estatal, aunque hayan elegido uno o más diputados.

El organismo electoral, en su nueva integración, considera que esa interpretación resulta inaceptable desde el punto de vista lógico, sistemático y finalista, que son criterios básicos que han de presidir la interpretación de las normas del ordenamiento jurídico público, con una triple consecuencia hermenéutica: se ha de rechazar cualquier entendimiento de los preceptos que conduzca a resultados absurdos; por otra parte, el sentido de la norma debe dilucidarse sin aislar a la norma en su contexto normativo y, además, prefiriendo aquella lectura que mejor garantice el fin público a que se dirige. Tratándose de normas constitucionales, debe asimismo comprendérseles en armonía con los valores y principios que resultan del Derecho de la Constitución.

La doctrina jurídica ha elaborado lo que se denominan “argumentos que permiten interpretar los textos en función de la intención que se atribuye al legislador”, entre los cuales destaca “ El argumento apagógico o de reducción al absurdo” que “supone que el legislador es razonable y que no hubiera podido admitir una interpretación de la ley que conduzca a consecuencias...

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