Revisiones de bultos buscan evitar tragedias

El asesinato de Juan Pablo Salazar Calderón, de 18 años, en julio del 2011, llevó a que un año más tarde (2012), el Ministerio de Educación Pública (MEP) creara un protocolo.

Los lineamientos indican que nadie puede entrar armado a un centro educativo, excepto la Fuerza Pública.

Lilliana Rojas, jefa del Departamento de Convivencia de Vida Estudiantil del MEP, explicó que se hace una revisión de bultos sin violentar los derechos de los estudiantes.

Desde ese año (2012), se han encontrado 1.790 armas.

Cuando se detecta a algún estudiante armado, se le lleva con dos testigos a un aula. Si es un menor, se llama a los padres.

Si el objeto es un arma de fuego, se informa al Servicio de Emergencias 9-1-1, para que se presente la Policía.

El estudiante deberá poner su bulto o el arma en una mesa o superficie horizontal, mientras llegan los oficiales.

En todos los casos, se levanta un acta y...

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