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Sala IV revisa beneficios laborales en 33 instituciones públicas

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Vincent

Las convenciones colectivas firmadas en 33 instituciones públicas están bajo el análisis de legalidad de la Sala IV.Los magistrados estudian si los sobresueldos salariales, subsidios a trabajadores y beneficios económicos a sindicalistas transgreden la Constitución Política.En específico, el Tribunal Constitucional analiza los acuerdos laborales en 18 municipalidades, 14 entidades descentralizadas y la del Ministerio de Educación Pública (MEP).En las últimas dos semanas, la Sala declaró inconstitucionales artículos en siete convenciones de entidades estatales.El común denominador en los recientes fallos es la eliminación del privilegio de cesantía cuando supera el tope de 12 años, según las decisiones de los magistrados desde junio del año anterior.Así lo hizo en las municipalidades de Abangares, Carrillo, Coronado y Santa Cruz. Así como en la Universidad Nacional.Mientras que en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) se suprimieron 11 beneficios otorgados a los trabajadores de la institución, entre estos los que otorgan subsidios económicos a sus empleados."Un beneficio otorgado por una convención colectiva se convierte en un abuso cuando quebranta los principios de proporcionalidad y razonabilidad, es decir que cuando se compara con el mismo sector público o privado y resulta desproporcionado. O cuando no está en función del servicio público prestado", explicó Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional.Castillo enfatizó que las convenciones deben respetar el principio del uso racional de recursos públicos.El jerarca aceptó que la nueva conformación del Tribunal ha permitido modificar tesis jurídicas establecidas en años anteriores, con el objetivo de hacer un uso más adecuado de recursos estatales.El caso más reciente fue el tope de cesantía, pues en el 2006 se estableció en 20 años, pero en junio del año pasado se bajó a 12 años."La Sala ha venido racionalizando los beneficios porque es la forma de garantizar que lo que se paga en impuestos o servicios son lo más racionables posibles", afirmó el alto juez.Principales objecionesLa Sala IV tiene pendiente de resolver un total de 40 acciones de inconstitucionalidad contra convenciones colectivas.Poco más de la mitad las presentó el entonces diputado libertario Otto Guevara. De hecho, las recientes sentencias contra Recope y municipalidades las impulsó el exlegislador."Hay una mayor conciencia en los magistrados del impacto que las convenciones tienen en las finanzas...

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