Sentencia nº Exp: de Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, de 4 de Julio de 2019

Fecha de Resolución: 4 de Julio de 2019
Emisor:Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda

*180006801027CA*

Exp: 18-000680-1027-CA

Res. Nº 000096-A-TC-2019

TRIBUNAL DE CASACIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. S.J., a las once horas diez minutos del cuatro de julio de dos mil diecinueve.

Proceso de ejecución de acto administrativo firme y favorable establecido por S.M.A.R. contra la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, se conoce recurso de casación interpuesto por la parte ejecutada contra lo expresado en la sentencia no. 179-2018 de las 14 horas 50 minutos del 16 de julio de 2018, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

CONSIDERANDO

I. Lo objetado por la casacionista es la nulidad de la sentencia no. 179-2018 de las 14 horas 50 minutos del 16 de julio de 2018, dictada por el juez de ejecución dentro del proceso de ejecución de acto administrativo firme y favorable de S.M.A.R. contra la Municipalidad de Quepos. Esta Cámara ha admitido en distintas ocasiones, el recurso de casación presentado contra la decisión que dirime la ejecución de acto administrativo firme y favorable. Sin embargo, su actual integración y, luego de un análisis profundo del tema en resolución 540-2015, de las 9 horas 42 minutos del 14 de mayo de 2015, ha estimado, carece del recurso de casación; acorde a las razones que de seguido se exponen.

II. La casación se califica como una instancia de carácter extraordinaria, básicamente por dos razones: 1) porque no toda resolución judicial es pasible de tal recurso, sino solo las contempladas en la ley; 2) porque las causales de impugnación en esa etapa revisora no son abiertas, sino preestablecidas por el ordenamiento jurídico. Tocante a la resolución pasible del recurso extraordinario emitida en la etapa de ejecución de sentencia, el precepto 134 del Código Procesal Contencioso Administrativo -en adelante CPCA-, en sus incisos 1) y 2) dispone: “1) Procederá el recurso de casación contra las sentencias y los autos con carácter de sentencia que tengan efecto de cosa juzgada material, cuando sean contrarias al ordenamiento jurídico. 2) Asimismo, por las mismas razones señaladas en el apartado anterior, será procedente el recurso de casación contra la sentencia final dictada en ejecución de sentencia, que decida sobre las prestaciones o conductas concretas que debe cumplir la parte vencida, de acuerdo con el fallo firme y precedente emitido en el proceso de conocimiento.” (Lo subrayado es suplido). Por su parte, el canon 178 íbidem, en lo de interés, preceptúa: “(…) Contra el auto que resuelva el embargo, cabrá recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo, dentro del plazo de tres días hábiles. Contra el fallo final emitido en ejecución de sentencia en los términos establecidos en el artículo 137 del presente Código, cabrá recurso de casación, cuyo conocimiento corresponderá a la Sala Primera o al Tribunal de Casación, de acuerdo con la distribución de competencias establecida en los artículos 135 y 136 de este mismo Código.” (el subrayado no es del original). Del análisis integral de ambas normas (con la aclaración de que la referencia al numeral 137 ejúsdem contenida en el precepto 178 obedece a un error material, pues, en realidad, el artículo ahí aludido es el 134 ibídem -en este sentido, puede consultarse la resolución de esta Sala número 819-A-S1-08 de las 10 horas 45 minutos del 4 de diciembre de 2008-), se determina, con absoluta claridad, las resoluciones pasibles del recurso de casación, emitidas en la etapa de ejecución de sentencia, son las sentencias y los autos con carácter de sentencia. No otra cosa puede interpretarse cuando el precepto 134 inciso 2) señala “ (…) será procedente el recurso de casación contra la sentencia final dictada en ejecución de sentencia (…)” y, luego, el canon 178, “(…) Contra el fallo final emitido en ejecución de sentencia (…)”. Ello por cuanto, el inciso 1) del artículo 134 de reciente cita, es diáfano al indicar que “Procederá el recurso de casación contra las sentencias y los autos con carácter de sentencia (…)”. Esa es la doctrina emanada del ordinal 591 del Código Procesal Civil; es decir, las resoluciones contra las que cabe el recurso de casación son las sentencias y los autos con carácter de sentencia.

III. Por demás, no se debe pasar por alto lo establecido en el canon 228 de la Ley General de Administración Pública, el cual a la letra expresa: “(…) La Administración deberá dar cumplimiento a los actos administrativos firmes, a cuyo efecto serán aplicables las disposiciones del capítulo de ejecución de sentencias del Código Procesal Contencioso Administrativo”. A su vez, el ordinal 176 CPCA, señala: “Cuando la Administración Pública no cumpla sus actos firmes y favorables para el administrado, este podrá hacerlos ejecutar, de conformidad con el presente capítulo.” Con arreglo a lo anterior, y al estar el numeral de cita, vinculado al Título VIII, Capítulo I, de Ejecución de Sentencias, es preciso reflexionar en lo siguiente. El proceso de ejecución de sentencia está concebido para plasmar la condena impuesta en sede judicial. Lo fundamental, radica en que el obligado se opone a la materialización de esa condena previamente dispuesta, de modo que el proceso procura dar espacio al ejercicio de las garantías constitucionales del perdidoso, tales como audiencia, defensa y contradicción, pues lo que se decida, tendrá eficacia de cosa juzgada. Ahora bien, interesa definir la estructura propia del procedimiento de ejecución de actos administrativos firmes y favorables. Estos, sin duda, tienen otro matiz, pues, no poseen como postulado el ejercicio de la potestad judicial que permite determinar a quién le asiste el derecho, sino que se encamina a ser un instrumento a favor del administrado, a fin de conformar sus propias declaraciones de voluntad firmes y favorables, cuya decisión final está orientada a la...

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