Sentencia Nº 000172-F-TC-2020 de Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 24-09-2020

EmisorTribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda
Número de expediente19-003453-1027-CA
Fecha24 Septiembre 2020
Número de sentencia000172-F-TC-2020

*190034531027CA*

Exp. 19-003453-1027-CA

Res. 000172-F-TC-2020

TRIBUNAL DE CASACIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. San José, a las diez horas treinta y dos minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil veinte.

En proceso de conocimiento interpuesto en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por Mariel Suzani Brack Green, educadora, portadora de la cédula de identidad 7-077-806, contra el Estado, presentado por la procuradora Angie Lucia Azofeifa Rojas, casada, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad 2-534-580; la parte actora presenta recurso de casación contra la Resolución 1041-2019 de las diez horas y veinte minutos del diecinueve de junio de dos mil diecinueve, mediante la cual declara la caducidad de la acción formulada por la representación del Estado.

Redacta la magistrada Vargas Vásquez; y,

CONSIDERANDO

  1. La actora, el 17 de mayo de 2019, presentó demanda contra el Estado, en la cual alegó que desde 2013, prestaba sus servicios para el Ministerio de Educación Pública, en el CTP de Zarcero. Indicó, todo el periodo laboral transcurrió sin ninguna sanción, obtuvo siempre calificación de excelente, incluido el periodo de evaluación del 2017. Explicó, el 5 de diciembre de 2017, se inició en su contra proceso disciplinario por irregularidades en la asistencia durante los días 23, 24, 27 y 28 de noviembre de 2017, a pesar de haber dado aviso oportuno y habiendo solicitando permiso con antelación, el cual fue recibido y aprobado; para lo cual se presentó el formulario de justificación, todo lo cual consta en el expediente administrativo. Acusa, en resolución 5863-2017, de las siete horas con cuarenta y nueve minutos del trece de diciembre de dos mil diecisiete, se determinó iniciar causa la causa disciplinaria 837-2017 en su contra, violentando sus derechos constitucionales porque, adujo, en ningún momento se tomó en cuenta el Reglamento del Cumplimiento de Obligaciones y Prohibiciones de los Servidores Docentes, en su artículo 8 inciso b, Reglamento de Carrera Docente, ni las pruebas aportadas. Peticionó: 1-Se declare la nulidad absoluta del procedimiento disciplinario llevado por el Ministerio de Educación Pública contra Mariel Suzani Brack Green y se declare la nulidad absoluta de la resolución N°900- 2018, de las 14:33 horas del 13 de marzo del 2018, emitida por la señora Ministra de Educación Pública, tramitado bajo el expediente administrativo N°837-2017. 2-Se declare la responsabilidad del Estado por la revocación de mi nombramiento como educadora del Ministerio de Educación Pública, pues la revocación del nombramiento es disconforme con el ordenamiento jurídico.3-Que se ordene la restitución de mi puesto como docente técnico, con la condena al pago de los salarios caídos desde la revocatoria del nombramiento.(según resolución 900-2018, del 13 de marzo de 2018, en el folio 000048) hasta la efectiva restitución en mi puesto, que se cuantificarán en ejecución de sentencia.4-Daño moral subjetivo que lo estimo prudencialmente en la suma de veinte millones de colones. 5-Ordenarse a la Dirección General del Servicio Civil, para que me levante cualquier limitación o impedimento para efectos de selección y nombramiento.6-Que se condene al Estado al pago de los daños y perjuicios por haber revocado mi nombramiento como docente técnico sin justa causa. 7-Daño Moral subjetivo.8-Daño Moral Objetivo. 9-Que se ordene al Ministerio de Educación Pública se quite y desaparezca cualquier documentación que aparezca en mi expediente personal que lleva Ministerio en mi causa.10-Ambas costas de este proceso, así como los intereses e indexación desde la fecha de la revocatoria de mi nombramiento en la Ministerio de Educación Pública, hasta el efectivo pago de todo lo concedido." La jueza tramitadora, por considerar que se estaba en presencia de una eventual inadmisibilidad de la demanda, mediante resolución de las dieciocho horas y cuarenta y uno minutos del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, de oficio, confirió audiencia a las partes por el plazo de tres días para que se refieran al respecto. La parte actora contestó oponiéndose a la caducidad. La representación estatal, contestó negativamente la demanda e interpuso la defensa previa de caducidad. El Tribunal, declaró con lugar la defensa previa de caducidad y en consecuencia la inadmisibilidad de la demanda y condenó a la parte actora al pago de las costas. La parte actora disconforme, presenta recurso de casación.
  2. Sin importar la denominación que la casacionista da a sus agravios, atiende esta Sala a la naturaleza jurídica de estos.

Motivos de forma

  1. El primer reproche de este tipo, si bien la casacionista lo titula como violación a normas sustantivas, y lo fundamenta en el numeral 138 inciso c) del CPCA, del desarrollo de su reproche se evidencia que lo que acusa es falta de fundamentación. Explica, el A-quo, señaló que la caducidad era evidente y manifiesta, sin exponer el fundamento y motivo por el cual consideró que la caducidad era evidente y manifiesta. Acusa, el juzgador no logró explicar por qué llegó a esa conclusión, no dio ningún argumento válido. Reprocha, de una lectura simple del apartado VI de la sentencia, se evidencia que la sentencia señaló que según el artículo 39.1, a) CPCA, el plazo máximo para incoar el proceso es de un año, y, explica la vía administrativa en forma expresa fue agotada el 08 de noviembre del 2019, entonces la suscrita tiene hasta el 08-11-2019, para interponer el proceso de Empleo Público ante el Tribunal Contencioso Administrativo, por lo que señala, de allí, es que se infiere el quebranto por falta de fundamentación y motivación de la sentencia del A-quo a cargo del juez Urbina, máximo que, acusa, se le está dejando en indefensión. Cita jurisprudencia de la Sala Constitucional respecto a la fundamentación. Indica, en su criterio el juzgador utilizó frases rutinarias, pero sin hacer la debida fundamentación de lo resuelto.
  2. En la sentencia impugnada, el juez tramitador al resolver la defensa de caducidad señaló: “…la parte actora pretende invocar la nulidad, de una actuación formal de la Administración a saber, la disconformidad con el ordenamiento jurídico del acto oficio número 900-2018, de las catorce horas treinta y tres minutos del trece de marzo del año dos mil dieciocho, que le fue notificado a las dieciséis horas del veinte de marzo del año dos mil dieciocho, siendo que al impugnase una actuación formal de la Administración como se indicó se debe aplicar lo establecido en el artículo 39 del CPCA "1) El plazo máximo para incoar el proceso será de un año el cual se contará: a) Cuando el acto impugnado deba notificarse, desde el día siguiente al de la notificación.", como en efecto lo señalan los demandados. Por otra parte, según lo indicado en los hechos y las pretensiones de la demanda los daños y perjuicios que se reclaman son accesorios de esta actuación que se pretende se declare ilegal, de manera que se encuentran sujetos a la declaratoria de ilegalidad del acto, cuyo plazo para impugnase como se indicó es de un año. Ahora bien, respecto al conteo de este plazo, tomando en cuenta lo que la parte actora fue notificada a las dieciséis horas del veinte de marzo del año dos mil dieciocho del acto sobre el que pretende la nulidad. Por lo tanto, partiendo de que la comunicación se dio en esta última fecha, ha iniciado el conteo del año a partir del veintiuno de marzo de 2018, la demanda se debía de interponer a mas tardar el veintiuno de marzo de 2019, sin embargo, se interpuso el 17 de mayo del año 2019. En consecuencia, es evidente y manifiesto que ha transcurrido sobradamente el plazo de un año, verificándose la caducidad de la acción.
  3. En relación con la falta de motivación como causal procesal, esta Cámara se ha manifestado en reiteradas ocasiones explicando que, surge cuando el fallo es omiso en cuanto a ese elemento, ya sea porque se encuentra totalmente ausente, o bien, por cuanto el desarrollo resulta en extremo confuso o contradictorio, de forma tal que se impida tener claridad en cuanto a los razonamientos que derivaron en la decisión adoptada en la parte dispositiva de la sentencia, lo que vulneraría los derechos procesales de las partes, en particular, del debido proceso. Asimismo, se ha explicado que es un motivo de índole procesal, lo que implica que es atinente a eventuales incumplimientos de las disposiciones adjetivas que regulan el procesal o la sentencia, así como la relación jurídica que vincula a las partes y al juez en el marco de un proceso judicial, y de la cual derivan derechos y obligaciones, por lo que no debe confundirse esta causal con un mecanismo para entrar a discutir la aplicación del Derecho o la valoración de la prueba realizada por el A quo en la parte considerativa de la sentencia, para lo cual la legislación establece causales autónomas. Es decir, se trata de determinar que el fallo cuente con los fundamentos sobre los cuales se adoptó la decisión correspondiente.
  4. En el caso en cuestión, no observa esta Cámara que exista una omisión de fundamento. En el fallo, el Tribunal explica con claridad que en aplicación del numeral 39 del CPCA, al haberse notificado el acto final del procedimiento a las dieciséis horas del veinte de marzo del año dos mil dieciocho he interpuesto la demanda el 17 de mayo del año 2019, transcurrió sobradamente el plazo de un año, y por consiguiente verificándose la caducidad de la acción. Es decir, la decisión del juzgado está debidamente fundamentada y carece de contradicción alguna. Por lo anterior, el reparo debe rechazarse.

Motivos de fondo

VII. En su primer agravio de este tipo (tercero del recurso) acusa violación a normas sustantivas, asienta su motivo en el artículo 138 inciso b) del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Aduce preterición de prueba, específicamente omisión de la valoración del expediente administrativo. En resumen, acusa, el Tribunal tomó como punto de partida para el cómputo...

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