Sentencia Nº 000315 de Sala Primera de la Corte, 02-04-2024

Fecha02 Abril 2024
Número de sentencia000315
EmisorSala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)

Exp21-000030-0004-CA

Res. 000315-F-S1-2024

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J.éa las nueve horas cincuenta y un minutos del dos de abril de dos mil veinticuatro

Demanda de revisión interpuesta por MARÍA DEL ROCÍO DELGADO AÍZA contra la sentencia número 142-F-TC-2020, dictada por el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda a las 9:56 horas del 20 de agosto de 2020 dentro del expediente 12-004187-1027-CA, donde figuraron, como parte actora: la señora Delgado Aíza, hoy revisionista, y como demandada: la Caja Costarricense del Seguro Social, representada en este proceso por su Apoderada General Judicial, licenciada A.M.ía C.R.íguez. El licenciado J.C.B.R. figura como abogado director en la demanda de revisión.

Redacta el Magistrado Zamora Campos

CONSIDERANDO

I.- Según los hechos expuestos en la demanda de revisión, la señora María del R.ío Delgado Aíza accionó en sede contenciosa-administrativa contra la Caja Costarricense del Seguro Social a efecto de anular su despido de esa institución. Así, alegó la violación en su perjuicio del debido proceso en el trámite del procedimiento administrativo; sin embargo, la demanda fue declarada sin lugar por el Tribunal Contencioso Administrativo en sentencia 92-2016 de las 13:00 horas del 30 de agosto de 2016. Inconforme, interpuso recurso de casación con 3 alegatos de violación a normas sustantivas fundamentada en los incisos a) y d) del artículo 138 del Código Procesal Contencioso Administrativo: a) vulneración en la interpretación de las garantías del debido proceso; b) indebida lectura de la prueba documental, y c) incumplimiento de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba; recurso rechazado en el voto del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda número 142-F-TC-2020 de las 9:56 horas del 20 de agosto de 2020. De esa forma, expone, el rechazo de plano de los vicios sustanciales determinó que el Tribunal de Casación omitiera pronunciamiento por el fondo al interpretar que, el recurso no se ajustaba a los requisitos del CPCA. Lo anterior, con el voto razonado de la magistrada R.ío R.M., quien consideró la aplicación de exceso de formalismo en el rechazo de plano de los vicios procesales. En su criterio, el citado voto 142-F-TC-2020 afecta su derecho al debido proceso, específicamente referido a su derecho al recurrir la sentencia al imponer un excesivo formalismo al recurso de casación en materia contenciosa carente de sustento en el ordenamiento jurídico aplicable, a partir de lo cual, se rechazó la impugnación de la interpretación de las garantías del debido proceso, así como de los análisis probatorios del Tribunal de Primera Instancia, lo que impidió una verdadera revisión de la integralidad de la sentencia que denegó la totalidad de pretensiones de la demanda. Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social se opuso a los hechos de la revisión alegando la inexistencia del vicio de falta de fundamentación endilgado, por cuanto, se resolvió que, del hecho probado no. 8 se evidencian las normas jurídicas sustentadoras de la intimación, una de las cuales es el cardinal 2 del Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades y Licencias a los beneficiarios del Seguro Social, y además de ello se valoró integralmente la prueba traída al proceso; asimismo, se consideró que el A Quo motivó su omisión de analizar la norma fundante de la intimación, señalando que, si estaba inconforme con ello debió incoar causales sustanciales que al efecto prevé el CPCA; seguidamente, la Sala reiteró que la casual procesal de falta de fundamentación no es un mecanismo para cuestionar la aplicación del derecho o la valoración de la prueba, sino, funciona ante la ausencia o confusa fundamentación, y en la especie, la discrepancia se dio con la forma de resolver el asunto; luego, en cuanto a las causales sustanciales. Además, las causales sustanciales fueron correctamente rechazadas porque carecían de una adecuada técnica casacional que impedía analizarlas por el fondo. Por ello, colige, el rechazo por el fondo de los vicios procesales, y el rechazo de plano de los agravios sustantivos se ajusta a derecho. En cuanto a las causales de nulidad invocadas en la demanda revisora, recuerda el requisito señalado en el numeral 139 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo, relacionado con la fundamentación fáctica y jurídica de la casación, sumado a la línea jurisprudencial de esta Sala sobre la necesidad, en aquellos casos donde se alegue quebranto directo de ley, de señalar la disposición indebidamente interpretada o inaplicada y el embate jurídico contra la sentencia impugnada, lo que, dice, en la especie se echó de menos. En ese sentido, los cánones 139 y 140 de la ley ibid son valorados a la luz de lo que es razonable y proporcional, sin ser de recibo la admisión de agravios mal interpuestos e inobservantes de esos requisitos.

II.- A fin de comprender adecuadamente los planteamientos de la parte revisionista, resulta imprescindible incluir, de previo, los antecedentes de su demanda. El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, S.ón Octava, integrado por la Jueza y Jueces: R.M.ía C.és M., J.án C.H.ández y P.A.é A.S. dictó la sentencia número 92-2016 de las 13:00 horas del 30 de agosto de 2016, por la cual: acogió la excepción de falta de derecho y desestimó en todos sus extremos la demanda de María del R.ío D.A. contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Asimismo, impuso a la actora el pago de ambas costas de la acción, y dispuso que, una vez firme la sentencia se levantara la medida cautelar concedida por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, por resolución oral N 05-2013 las diez horas y veintidós minutos del diez de enero de dos mil trece. Inconforme, la actora interpuso recurso de casación, el cual fue rechazado por la mayoría del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en su voto número 000142-F-TC-2020 de las 9:56 horas del 20 de agosto de 2020; cámara integrada por los Magistrados y Magistrada: L.G.R. Loáiciga, R.án Solís Z. y R.ío R.M. quien salvó el voto. Así, se resolvióPOR TANTO Por mayoría, los cargos procesales se rechazan por el fondo. Los sustanciales se rechazan de plano por carecer de los requisitos de formalidad. Salva el voto la M.R.M... Contra dicha resolución, la parte actora formula demanda de revisión, cuyos planteamientos admitidos en resolución dictada por esta Sala a las ocho horas treinta y cuatro minutos del veintiocho de setiembre de dos mil veintiuno son resumidos a continuación.

III. Con fundamento en el artículo 72.1.11 del Código Procesal Civil la demandante formula como causal de revisión una grave y trascendente violación al debido proceso, con referencia a las garantías contenidas en instrumentos internacionales. Así, cita el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el inciso 151 de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo CorteIDH) en el caso R.T. y otros contra El Salvador; el inciso 124 de la sentencia dictada por el mismo Tribunal en el caso R.B. contra Panamá; un extracto de la sentencia dictada por la misma Corte en el caso de O.A.M. contra Argentina y el inciso 99 de la misma sentencia; el inciso 158 de la sentencia dictada por el Tribunal supranacional en el caso H.U. contra Costa Rica y un extracto de la sentencia proferida en el caso A. y otros contra Costa Rica, y el inciso 124 de la sentencia dictada en el caso A.A. contra Chile. Lo anterior, referido al marco normativo internacional de las garantías judiciales; el concepto y alcance del debido proceso legal, y específicamente como derecho básico aplicable en la determinación de obligaciones civiles, laborales y administrativas; el derecho a recurrir, su vinculación al debido proceso y su análisis en casos tramitados contra el Estado costarricense; asimismo, los alcances de un recurso accesible, el cual se incumple cuando se encuentra sujeto a excesivas restricciones. Luego, señala la aplicación de los anteriores contenidos por vía del artículo 7 constitucional y cita los numerales 39 y 41 de la misma Constitución Política como sustento del derecho fundamental al debido proceso; preceptos desarrollados en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, de la cual cita los votos 1739-1992 y 14715-2004 relacionados con la vinculación directa entre el respeto de los derechos consagrados en los citados artículos 39 y 41 ibidem y la imposición de excesivos formalismos en instrumentos procesales, así como la doble instancia como elemento integrante del debido proceso, con referencia incluso a la sentencia de la CorteIDH en el caso H.U. contra Costa Rica. Asegura, el ordenamiento jurídico desarrollado es de aplicación al estimar el derecho a recurrir en los procesos contenciosos administrativos, cuya sentencia tiene regulado como único requisito al recurso de casación con su procedencia regulada en el canon 134 del CPCA, el cual cita. Luego, señala, el recurso contempla como motivos: la violación de normas procesales y de normas sustantivas, estas últimas, señaladas en el artículo 138 de la ley ibid, y que son discutidas en este proceso de revisión, con sus requisitos señalados en el numeral 139 ibidem. Agrega, el requisito de claridad y precisión en la fundamentación del recurso no se asocia a requerimientos específicos en la norma procesal contencioso administrativa, y por el contrario, dispensa de la obligación de citar preceptos jurídicos como un componente de la referida fundamentación. Seguidamente, cita los artículos 140 y 142 sobre las causales de rechazo del recurso, y señala, el primero de ellos no es numerus apertus que faculte al órgano casacional para aplicar la misma por estimar el incumplimiento de cualquiera de los requisitos definidos para el recurso. Además, para el supuesto de la fundamentación jurídica, el rechazo de plano procede solamente cuando del todo la misma no se encuentre presente, siendo improcedente esa sanción procesal cuando se interprete la fundamentación como incompleta o confusa, y finalmente, estima factible el rechazo de plano de un recurso fundamentado cuando el órgano de casación deduzca su improcedencia; sin embargo, en este supuesto se impone un análisis por el fondo de los vicios alegados. Añade, del ordinal 142 del CPCA procede la admisión a trámite del recurso cuando el rechazo es descartado. En el caso concreto, la revisionista asegura que la resolución 142-F-TC-2020 ha generado en su perjuicio una grave afectación a su derecho a recurrir por los siguientes motivos: a) se aplicó el rechazo regulado en el canon 140 del CPCA, no por la causal expresamente establecida en su inciso c), sino por asimilar, a partir del artículo 139 inciso 3) del mismo cuerpo normativo, que la fundamentación que no es clara ni precisa conlleva la misma sanción, aspecto no permitido por el precepto 140 citado al no ser equiparable una inexistencia total de fundamentación jurídica, con fundamentación interpretada como carente de claridad y precisión, máxime cuando la normativa procesal de cita no especifica ningún parámetro para determinar la claridad y precisión de la fundamentación de un recurso de casación.b) la consideración de la ausencia de una fundamentación clara y precisa es asociada por el Tribunal de Casación en la omisión de citar normas específicas, requerimiento expresamente prohibido por el artículo 139 del CPCA. A continuación, cita el inciso VI de la resolución 142-F-TC-2020 objeto de este proceso de revisión, del cual colige, el Tribunal combate la forma de argumentación brindada en los motivos sustanciales del recurso de casación al estimar la existencia de un alegato disconforme con la técnica del recurso. Sin embargo, aduce, para los efectos del artículo 140 ibid esto implica la existencia de una fundamentación, y por ende, resulta improcedente aplicar la sanción del rechazo de plano regulada para la inexistencia de fundamentación. Asimismo, reprocha, dos de los tres motivos sustanciales alegados fueron rechazados por no efectuarse una cita de normas, requisito expresamente dispensado en los incisos 3) y 4) del canon 139 CPCA. Luego, refiere el voto salvado de la M.R.M., quien se sustentó en el exceso de formalismo del recurso de casación aplicado en el caso concreto con un rechazo improcedente. Concluye, las lesiones al debido proceso por aplicación de un exceso de formalismo al recurso de casación le ha ocasionado un grave perjuicio al utilizar una sanción improcedente como el rechazo de plano como mecanismo para omitir el pronunciamiento de fondo de cuestionamientos relevantes formulados sobre la aplicación brindada por el Tribunal de Primera Instancia a las garantías del debido proceso en sede administrativa, así como de la valoración efectuada de la prueba y, con ello, se impide una verdadera revisión de la sentencia propia del derecho a recurrir.. A continuación, en su apartado titulado: RESERVA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL., cita jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia sobre el rechazo de plano al recurso de casación por falta de precisión y claridad. Así, cita los votos: 1289-A-SI-2019, 1141-A-SI-2019, y 193-A-SI-2018. De ahí, colige, el rechazo de plano de un recurso o motivo implica que, el órgano casacional omita criterio sobre el fondo con la imposibilidad para el recurrente de obtener una revisión de la sentencia en sus puntos de inconformidad. Asevera, el criterio de la Sala Primera de asimilar aspectos de precisión y claridad del recurso de casación con el rechazo de plano presenta vicios de constitucionalidad, por cuanto, de los artículos 39 y 41 constitucionales se derivan los derechos fundamentales de defensa y al debido proceso, ambos desarrollados por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, de la cual, cita el voto 6805-2011. Añade, la confrontación de la jurisprudencia de la Sala Primera que asimila los requerimientos de claridad y precisión del recurso casacional a un rechazo de plano, con los criterios de racionalidad y proporcionalidad desarrollados por la Sala Constitucional, permite establecer un vicio de inconstitucionalidad al generar una afectación excesiva del derecho a recurrir contemplado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual cita nuevamente junto a las sentencias dictadas por la CorteIDH en los casos: R.B. contra Panamá y O.A.M. contra Argentina. Asimismo, considera, el derecho a recurrir como parte del debido proceso se ve afectado con la interpretación de la Sala Primera de una causal de rechazo de plano del recurso de casación no contemplada en el ordenamiento de este recurso en la sede contencioso-administrativa. Cita nuevamente los artículos 139 y 140 del CPCA de donde deduce, si bien la claridad y precisión constituye un requisito del recurso de casación, la misma consiste básicamente un requerimiento de fundamentación fáctica y jurídica del recurso, de la cual no se regula ningún parámetro para determinar la existencia de una debida fundamentación en el recurso, siendo por tanto la consecuencia de rechazo de plano limitada para el supuesto de ausencia total de esta fundamentación. Por ello, es la interpretación de la Sala Primera la que sujeta la fundamentación jurídica a condiciones no reguladas en el CPCA y asimila el rechazo de plano para el supuesto que se considere el recurso disconforme con los requerimientos señalados por el órgano jurisdiccional sobre claridad y precisión. En ese sentido, al constituir la casación el medio para la revisión integral de la sentencia y el mecanismo procesal para asegurar el derecho a recurrir contemplado en el artículo 8 de la Convención Americana, la aplicación del rechazo de plano cuando se interpreta judicialmente que el recurso no se ajusta requisitos específicos de fundamentación representa una limitación a este recurso. Seguidamente, estima, al amparo de los principios de razonabilidad y proporcionalidad debe aplicarse la consecuencia menos lesiva al derecho tutelado, ergo, la preservación del derecho a recurrir, el cual, implica la posibilidad de ampliar o bien subsanar el recurso de casación en los términos del artículo 143 del CPCA. Concluye, la jurisprudencia de la Sala Primera sobre el rechazo de plano del recurso de casación es directamente aplicable al presente proceso de revisión, y formula reserva de constitucionalidad con base en los elementos expuestos y fundamento en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

IV.- Cuestión preliminar. Sobre la reserva de inconstitucionalidad. En relación con el referido alegato de reserva de inconstitucionalidad, observa esta Cámara, por medio de resolución número 10559 - 2022 de las nueve horas cuarenta minutos del once de mayo de dos mil veintidós, la Sala Constitucional rechazó de plano la acción de inconstitucionalidad promovida por el abogado J.C.B.R. contra el criterio jurisprudencial de la Sala Primera en relación con los requisitos aplicables para la interposición del recurso de casación en los procesos contenciosos administrativos establecidos en el artículo 139 del Código Procesal Contencioso Administrativo y la aplicación del rechazo de plano del recurso dispuesto en el numeral 140, inciso c), del citado código; acción donde se citó como fundamentos de su legitimación: el expediente 12-004187-1027-CA, dentro del cual se dictó la sentencia cuya revisión se solicita en esta sede, así como el expediente 21-00030-0004-CA que documenta este recurso de revisión (puede consultarse en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1091016). En consecuencia, esta Sala se encuentra habilitada para pronunciarse sobre la demanda de revisión, para lo cual, se procede de la siguiente manera.

V.-Análisis del planteamiento recursivo. En relación con el punto expresamente impugnado, se estima necesario transcribir lo considerado por el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en la sentencia aquí revisada, utilizado como fundamento para rechazar el recurso de casación en lo referido a los motivos sustantivos: VI.- En este caso por las razones que se explicarán, observa este Tribunal que los reparos de tipo sustancial carecen de los requisitos antes mencionados. En cuanto al primer agravio la objetante acusa quebrantos de normas constitucionales y de rango supra constitucional en el fallo, cuando el Tribunal aborda temas de principio de imparcialidad en el procedimiento administrativo. Si bien se expresa cuál es la inconformidad, se echa de menos el combate de los argumentos expresados por las personas juzgadoras en cuanto al tema; dado que no basta con transcribir parte del fallo. Por otra parte, no existe una referencia expresa entre los sustentos que dan base a la resolución, con las normas y principios que se alegan vulnerados. No es posible extraer cuál es el vicio que se acusa, de qué manera éste se genera o bien cómo fueron transgredidos los postulados de cita y porqué tienen la virtud de quebrar el fallo. En la segunda censura, alega un error de hecho en la valoración de la prueba. Al respecto debe recordarse que ese vicio se presenta cuando la persona juzgadora incurre en equivocaciones materiales al valorar la prueba donde se desprenden de ella afirmaciones que no corresponden a lo que realmente determinan. (ver resolución de Sala Primera no.724-2009 del 9 de julio de 2009). La recurrente lo que alega es más bien una incorrecta valoración probatoria de cuatro elementos. Si bien es posible que esta Cámara pueda readecuar el agravio al concepto correcto, lo cierto es que aún así la casacionista incumple con requisitos formales que impiden la revisión del reparo. Alega un incorrecto análisis de las pruebas sin puntualizar en qué consistió el vicio y su incidencia en el dispositivo del fallo. Tampoco refiere al quebranto de una norma de fondo que sustancie la fundamentación que se exige. En esa línea, corresponden también su desestimación. El tercer agravio carece también de la fundamentación necesaria. Refiere a una incorrecta valoración probatoria sin precisar la norma de fondo que se estima conculcada. Redunda en la necesidad que había de valorar determinados elementos probatorios sin ofrecer la fundamentación técnica que se precisa en este tipo de impugnación. En lo términos expuestos, corresponde el rechazo de los agravios sustanciales por carecer de la fundamentación debida.. Contrario a lo alegado por la recurrente, para esta Sala es claro que los reparos casacionales de orden sustantivo fueron rechazados por carecer de la fundamentación necesaria para su abordaje en sentencia, lo que hacía improcedente su admisión. Nótese cómo el Tribunal de Casación advierte la deficiencia consistente en la omisión de atacar en el recurso los fundamentos propios del Tribunal Contencioso, así como la carencia de una referencia expresa entre esos sustentos con las normas y principios alegados como conculcados. Cualquier recurso, y por ende la Casación, conllevan un embate contra los argumentos centrales de la resolución que se cuestiona, y claramente, esas deficiencias advertidas por el Tribunal aquí recurrido dan sustento al rechazo, por lo que, entiende esta Cámara, una ausencia de fundamentación, no una fundamentación confusa como pretende hacerlo ver la representación-revisionista. Asimismo, se observa que el Tribunal de Casación argumenta su posibilidad de readecuar el segundo agravio, lo que evidencia una apertura hacia el control casacional que se desprende de los rigorismos que caracterizaron a la casación contenciosa administrativa según el Código Procesal Civil, Ley 7130. Sin embargo, igualmente echa de menos el Tribunal una deficiencia argumentativa insubsanable, consistente en la alegación de la casacionista de un incorrecto análisis probatorio, pero sin puntualizar en qué consistió el vicio y su incidencia en el dispositivo del fallo, lo que se equipara a una ausencia de fundamentación para la revisión casacional. Seguidamente, el abordaje del tercer agravio evidencia, al igual que el anterior, la carencia de la necesaria fundamentación, en tanto, sumado a la omisión de mencionar la ley de fondo advierte el argumento redundante de valorar determinados elementos probatorios, pero sin ofrecer la fundamentación técnica que se precisa en ese tipo de impugnación, y ello es igual a decir que no se fundamentó el reclamo. Luego, el requisito de mencionar fundadamente una disposición de orden sustantivo obedece a que, la valoración probatoria tiene incidencia directa en los hechos probados, y estos son la base de la aplicación de la ley de fondo. Por ello, no se trata de que se esté imponiendo un requisito inexistente en la normativa, sino de la interposición de un recurso con una técnica adecuada. Aceptar la tesis del casacionista equivaldría a olvidar la copiosa jurisprudencia que ha declarado con lugar recursos por el fondo con la consecuencia de casar los fallos impugnados emanados del Tribunal Contencioso Administrativo. Además, si bien es cierto, el CPCA dispensa la mención de normativa, esto no equivale a permitir un recurso carente de fundamentación jurídica, requisito impuesto en el inciso tercero del numeral 139 del CPCA. Igualmente, el inciso cuarto de ese numeral establece que no es indispensable citar la normativa infringida en la sentencia recurrida. No obstante, ello no equivale a un recurso que omita citarla cuando sea necesario, como ocurría en la especie donde, según el Tribunal de Casación, el alegato de valoración probatoria, sin fundamento técnico, adolecía además de la referencia a una disposición de orden sustantivo que diera sustento a ese reclamo. La omisión de este presupuesto, como parte de una adecuada fundamentación jurídica, implicaría que, al dictar sentencia, el Tribunal recurrido no pudiera establecer, en los distintos fundamentos de la sentencia impugnada, aquel aspecto jurídico concreto que debiera ser quebrado, cuya reclamación concierne única y exclusivamente a la parte recurrente. De esa cuenta, no se advierte la vulneración al derecho a recurrir como parte del debido proceso que importa a la actora, sino, se confirma la existencia de un fundamento emitido por el Tribunal de Casación que constata la carencia de fundamentación debida en el planteamiento recursivo sometido a su conocimiento. A. la omisión de citar disposiciones normativas en el recurso, el Tribunal de casación estableció el rechazo de los agravios sustantivos por carecer de la fundamentación debida.

VI.- Así las cosas y conforme a todo lo señalado, los argumentos de revisión habrán de denegarse. Según dispone el artículo 72.7 del Código Procesal Civil, la parte promovente de este proceso correrá con sus costas, daños y perjuicios.

POR TANTO

Se declara sin lugar la demanda de revisión. La parte promovente sufragará las costas, daños y perjuicios causados con su planteamiento.JRODRIGUEZBAR



E6QH6WV4Z2K61
G.J.S.G. - MAGISTRADO/A



T5UNVWPTRJM61
J.L.P. - MAGISTRADO/A



Z79KHXP8UII61
Y.L.C. - MAGISTRADO/A



XK8ETVRA1BU61
C.G.Z. CAMPOS - MAGISTRADO/A



9ZIB33FPG7W61
D.V.V. - MAGISTRADO/A

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