Sentencia Nº 000737 de Sala Primera de la Corte, 28-03-2022

EmisorSala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha28 Marzo 2022
Número de sentencia000737



Exp. 17-000972-1027-CA

Res. 000737-A-S1-2022

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J.é, a las ocho horas del veintiocho de marzo de dos mil veintidós.

Dentro del proceso de ejecución de sentencia de amparo de legalidad, establecido por J.G.F.O., representado por A.ón J.U.M., en contra del ESTADO, representado por la Procuradora María del R.ío S.R., se conoce el recurso de casación interpuesto por la parte ejecutante contra la resolución Nro. 961-2019-I de las 16 horas del 27 de junio de 2019, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, y;

CONSIDERANDO

I.- En proceso de amparo de legalidad incoado por el señor F.O. contra la Dirección Nacional de Pensiones (Estado), el Tribunal mediante resolución número 0362-2018 de las 08 horas con 25 minutos del día 29 de enero de 2018, resolvió: Se declara con lugar la demanda y se ordena al Director Nacional de Pensiones, resolver dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir de la comunicación de la sentencia, la tramitación de su solicitud de fecha 18 de octubre de 2016, solicitó actualización y pago de diferencias adeudadas de su monto de pensión, en la forma en que legalmente proceda, y siempre y cuando las mismas no hayan sido incluidas o atendidas previamente o mediante alguna gestión administrativa posterior. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que dan base a esta declaratoria, así como a la cancelación de ambas costas de esta acción. Se advierte al funcionario aquí obligado, que de conformidad con el artículo 159 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el incumplimiento de la conducta impuesta acarrea responsabilidad tanto pecuniaria como penal, y si no se acata lo dispuesto en esta resolución, se le podrá seguir causa por desobediencia a la autoridad ().. Posteriormente, el accionante presentó ejecución de sentencia de esa resolución, y peticionó el pago de ¢200.000.00 por concepto de daño moral, y ¢200.000.00 por concepto de costas personales, tanto del amparo de legalidad como de la ejecución de sentencia. La representación estatal se opuso a la liquidación planteada. El Juez Ejecutor tuvo por cumplida la conducta acusada de omitida. Declaró parcialmente con lugar la ejecución de sentencia, y condenó al Estado a pagar ¢50.000,00 por concepto de daño moral subjetivo y ¢10.000,00 por las costas del proceso de amparo. Inconforme la parte ejecutante plantea recurso de casación. -

II.- El casacionista argumenta en su recurso, que lo manifestado por el Tribunal Contencioso Administrativo, referente a las costas personales de la ejecución de sentencia, son una premisa mayor falsa, ya que el amparo de legalidad es un asunto de legalidad ordinaria. Estima que la Sala Constitucional nunca ha hecho afirmaciones tendientes a equiparar el amparo de legalidad, con un ordinario contencioso administrativo, citando para ello, el voto nro. 2009-013463 del Tribunal Constitucional. Considera que el amparo de legalidad, si bien podría equipararse a un proceso ordinario, las costas deban ser regidas bajo la figura del recurso de Amparo Constitucional. Posteriormente alega violación al artículo 16 inciso a) del Arancel de Profesionales en Derecho para fijar las costas personales. Estima, el juez denigra la labor realizada por el abogado, considerando que, para los procesos de amparo de legalidad no se requiere patrocinio letrado. Añade, el amparo de legalidad es de cuantía inestimable, por lo que considera, estos procesos no pueden ser de cuantía determinable, y no podría el juez ejecutor afirmar la existencia de un monto por cuantía, debiendo aplicar el numeral 19 del Decreto Ejecutivo número 39078-JP, es decir, la determinación de un monto mínimo de ¢220.000,00 por estipendios profesionales, para este tipo de procesos de cuantía inestimable. Agrega, siendo que amparo de legalidad tiene una similitud con el recurso de amparo, es viable utilizar como parámetro lo dispuesto en el canon 46 ídem, el cual establece honorarios mínimos de ¢165.000,00. -

III.- Según dispuso la Sala Constitucional, cierto tipo de asuntos (así, por ejemplo, la resolución de reclamos administrativos dentro de los plazos establecidos por ley, incluyendo la fase recursiva), no deben ser cubiertos por el amparo constitucional común, sino que, por tratarse de aspectos de estricta legalidad, deben ser conocidos en la jurisdicción contencioso administrativa, en atención a los principios de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Al respecto estimó: En cuanto a este aspecto debe tenerse presente que, con anterioridad a la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, este Tribunal había utilizado criterios amplios de admisibilidad para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución, verbigracia, la inobservancia de los plazos legales o reglamentarias para resolver las gestiones y reclamos planteados a conocimiento de la Administración. No obstante, ante la promulgación de la normativa indicada, los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación. De este modo, la verificación de si la administración pública (en este caso, la Caja Costarricense de Seguro Social) cumple o no con los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para resolver el reclamo planteado, es una cuestión de legalidad ordinaria que puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional (a modo de ejemplo puede verse el voto N.º 16837-2008 de las 12 horas 54 minutos del 7 de noviembre de 2008). De igual manera, estableció con posterioridad sobre el mismo tema lo siguiente: NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CELERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. Finalmente, sobre el agravio que expresa el amparado, en relación con el atraso que ha sufrido el trámite de su gestión, debe tener en cuenta que la Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o amparo de legalidad, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria. (). Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no con los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para el recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle al gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. (Sentencia 18553-2008, de las 14 horas 33 minutos del 17 de diciembre del 2008).

IV.- De lo anterior se desprende con facilidad, que por construcción jurisprudencial (de rango constitucional), se transfirió a la jurisdicción ordinaria (en este caso al contencioso administrativo), el conocimiento de una serie de asuntos en los que el aspecto de fondo no atenta, al menos en forma directa, contra un derecho o principio constitucional, pues se mantiene en el estricto marco de la legalidad común. De más está decir, que esta atribución competencial, no puede ser rehuida por la circunstancia de que no exista previsión legal al respecto, o procedimiento especial para ejercerla; es a la luz del principio de plenitud hermética del ordenamiento que debe en todo caso ser ejercida. Por este motivo, se optó por adecuar este tipo de gestión, a la figura de impugnación de conducta omisiva contenida en el artículo 35.2 Código Procesal Contencioso Administrativo, habida cuenta de que el administrado acusa en este tipo de asuntos una inactividad administrativa. Esta disposición es el fundamento jurídico de los jueces contenciosos para compeler a la Administración a que en el plazo de 15 días cese la omisión. Si dentro de ese plazo se cumple con la conducta y comunica a la parte actora lo resuelto, el proceso se tiene por terminado sin especial condenatoria en costas. Caso contrario, vencido este y, sin necesidad de que se dicte una nueva resolución, se otorgan de nuevo a la parte accionada, 15 días hábiles para que proceda a contestar la demanda, trascurrido el segundo periodo de 15 días, se dictará sentencia. Así se ha venido resolviendo en la Jurisdicción Contenciosa. -

V.- Ahora bien, para lo no dispuesto en el Código de rito, la integración normativa debe hacerse conforme las disposiciones y principios de la Ley de Jurisdicción Constitucional, en lo que fuere aplicable y no exista norma expresa en contrario, ya que, en dicha jurisdicción, estaba sustentada inicialmente la tramitación y conocimiento de estas gestiones. No sobra decir que el proceso para conocer asuntos como este, no estará sujeto a mayores formalidades, como tampoco lo están los amparos que conoce la Sala Constitucional. Sin embargo, debe quedar claro, es un proceso de conocimiento puro y simple por inactividad, al cual, por la procedencia del origen de su tramitación en sede constitucional y mandato de la Sala Constitucional, debe aplicársele supletoriamente la Ley de Jurisdicción Constitucional. Como corolario de lo anterior, el artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional señala que las sentencias, autos y providencias de la Sala no tienen recurso alguno, norma de aplicación, por cuanto, se reitera, este tipo de gestión, es tramitada y resuelta conforme a las disposiciones y principios de la jurisdicción constitucional en caso de laguna. De ello se desprende que la simple inconformidad con la resolución no justifica su reconsideración. Al respecto, la Sala Constitucional ha resuelto que, en el tanto el fallo final sea dictado por un órgano colegiado, se brinda una mayor garantía de justicia (sentencia de la Sala Constitucional no. 125-92 de las 16 horas 30 minutos del 21 de enero de 1992). Conforme lo dicho, lo resuelto por sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo lo es en única y última instancia, lo cual no significa otra cosa, que carece de ulterior recurso y particularmente de casación. -

VI.- En el caso en estudio, lo combatido por la parte casacionista gira en torno a la cuantificación de las costas personales liquidadas en fase de ejecución; sin embargo, previo al análisis de la censura expuesta, es menester indicar lo siguiente: el recurso de casación es una instancia de carácter extraordinario, en la que no toda resolución judicial tiene tal recurso, esto porque las causales de impugnación son únicamente las preestablecidas por el ordenamiento jurídico. En este sentido y de interés para este asunto, se tiene que el artículo 134 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA) en sus incisos 1) y 2) dispone: 1) Procederá el recurso de casación contra las sentencias y los autos con carácter de sentencia que tengan efecto de cosa juzgada material, cuando sean contrarias al ordenamiento jurídico. 2) Asimismo, por las mismas razones señaladas en el apartado anterior, será procedente el recurso de casación contra la sentencia final dictada en ejecución de sentencia, que decida sobre las prestaciones o conductas concretas que debe cumplir la parte vencida, de acuerdo con el fallo firme y precedente emitido en el proceso de conocimiento.. Por su parte, el canon 178 de la norma de referencia, en lo de interés, preceptúa: Contra el auto que resuelva el embargo, cabrá recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, dentro del plazo de tres días hábiles. Contra el fallo final emitido en ejecución de sentencia en los términos establecidos en el artículo [134] del presente Código, cabrá recurso de casación, cuyo conocimiento corresponderá a la Sala Primera o al Tribunal de Casación, de acuerdo con la distribución de competencias establecida en los artículos 135 y 136 de este mismo Código. (la corrección de la norma de referencia -134-, deviene del error material señalado desde la resolución 819-2008 de las 10 horas 45 minutos del 04 de diciembre de 2008 de esta Sala). Tales disposiciones, llevan a la conclusión de que únicamente poseen recurso de casación las sentencias que se dicten en los procesos de ejecución, y ello es así, porque el recurso de casación está previsto para resoluciones que tienen efecto trascendental en el proceso, ya sea porque deciden, en definitiva, las cuestiones debatidas mediante pronunciamiento sobre la pretensión de la demanda, o bien, respecto a excepciones o incidentes que tengan la virtud de ponerle fin al proceso (resolución 913-2009 de las 11 horas 10 minutos del 10 de setiembre de 2009 de este Órgano Colegiado). Lo anterior, coincide con la actualizada denominación de la normativa procesal civil (de aplicación supletoria conforme al precepto 220 del CPCA), que en su numeral 58.1 especifica que son sentencias, aquellas que deciden las cuestiones debatidas, mientras que los autos contienen juicios valorativos. De esta forma y respecto al caso en estudio, se tiene que la cuantificación de las costas, no corresponde al supuesto de las sentencias sino al de los autos, pues no se toma una decisión definitiva de lo debatido, pues lo que se realiza, es la constatación entre los rubros concedidos y los liquidados, valorando su pertinencia y monto, auto que no se podría circunscribir bajo la consideración de una resolución final, pues así como la parte podría cancelar la obligación de forma inmediata, también existe el supuesto de que requieran varias liquidaciones hasta el cumplimiento efectivo de esta. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que el CPCA, no regula de forma concreta el trámite que se debe llevar a cabo en el caso de la liquidación, únicamente se refiere a la determinación de las sumas a conceder cuando existan condenas en abstracto (artículos 163 y 164 del CPCA) cuya fijación sería en realidad una sentencia, situación que lleva forzosamente a emplear las normas procesales civiles conforme a la ya referida remisión del artículo 220 del CPCA. En este sentido, el Código Procesal Civil señala en los numerales 146 y 147, los requisitos para solicitar la liquidación y el procedimiento a seguir (con el deber de resolver inmediatamente en audiencia oral o en su defecto, dar audiencia por tres días a la parte -epígrafes 114.1 y 114.2 párrafo 3-), lo que conduce indiscutible y lógicamente, a que se aplique el régimen recursivo del mismo cuerpo normativo, sea el precepto 67.3 apartados 14 y 24, los cuales otorgan recurso de apelación a los autos que fijen honorarios, costas y liquidación de intereses, ello porque lo concedido o rechazado corresponde a derechos patrimoniales, y será una de las dos partes procesales, la que deberá cancelar o perder esas sumas. De este modo, y por su trascendencia, no podría aplicarse a estos autos la limitante del ordinal 132 incisos 2) y 3) del CPCA (conforme a la cual, los autos sólo tienen recurso de revocatoria), pues se violentaría de manera grosera el derecho de la afectada a que su reclamo sea conocido por una autoridad judicial superior, ello según lo estatuido en los epígrafes 41 de la Constitución Política y 8 inciso 2) punto h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y no se podría conocer en casación, porque según se explicó, ese recurso es únicamente para las sentencias.

VII.- En razón de lo expuesto, la normativa y la jurisprudencia citada, al corresponder lo presentado a un recurso en contra de un auto, del cual carece de competencia funcional esta Sala, se tendrá por interpuesto el mismo ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, autoridad a la cual se ha de remitir el expediente para que resuelva lo que en derecho corresponda. Lo anterior, con el propósito de no violentar el derecho a un debido acceso a la justicia de la persona recurrente.

POR TANTO

Al corresponder lo presentado a un recurso en contra de un auto, y al carecer de competencia funcional esta Sala para resolver, téngase por interpuesto el mismo ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con reposición de plazos, autoridad a la cual se remite el expediente para que resuelva lo que en derecho corresponda.JSANCHEZC



RIFRUZNLDYE61
LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A

Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico sala_primera@poder-judicial.go.cr

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR