Sentencia Nº 000889-F-S1-2018 de Sala Primera de la Corte, 11-10-2018

Fecha de Resolución:11 de Octubre de 2018
Emisor:Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia
 
CONTENIDO
20130004000354-1570861-1.rtf

*120015201027CA*

Exp. 12-001520-1027-CA

Res. 000889-F-S1-2018

              SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas quince minutos del once de octubre de dos mil dieciocho.

              Proceso de lesividad declarado de fallo directo establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por el ESTADO, representado por la procuradora Sandra Sánchez Hernández, soltera, vecina de Heredia; contra CITI LEASING DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por sus apoderados generalísimos sin límite de suma, Luis Filipe Dinis Monteiro Bento Coutola, no indica calidades ni domicilio, Marcelo Atilio Gorrini, de nacionalidad argentina, banquero, Claudia Zambrano Tovar, de nacionalidad colombiana, ingeniera industrial. Figuran como apoderados especiales judiciales de la demandada, Rafael González Saborío, Silvia González Castro. Las personas físicas son mayores de edad, y con las salvedades hechas, casados, abogado y vecinos de San José.

RESULTANDO

              1.- Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la apoderada estatal estableció proceso de conocimiento, a fin de que en sentencia se declare: "1. Que la resolución N° 097-S-2010 de las 9:00 horas del 27 de abril de 2010, emitida por la Sala Segunda del Tribunal Fiscal Administrativo, es contraria a Derecho, lesiona los intereses fiscales y económicos del Estado, y en razón de ello, carece de valor legal y es absolutamente nula. De ello que resulta contrario a Derecho la decisión de revocar las resoluciones de la Administración Tributaria de Grandes Contribuyentes N° AU-10-25-09 y AU-10-37-09. 2. Que debe mantenerse, y declararse conforme a Derecho, lo resuelto por la Administración Tributaria de Grandes Contribuyentes por medio de las resoluciones N° AU-10-25-09 dictada a las 9:00 horas del 22 de junio de 2009 y N° AU-10-37-09 emitida a las 15:00 horas del 27 de octubre de 2009, por medio de las cuales se determinó la obligación de Citi Leasing Costa Rica, S.A. de pagar los impuestos sobre la propiedad de los vehículos placas 438134 y 506541, así como los recargos de ley. 3. Adicionalmente, solicito se condene al pago, por parte de la demandada, de los respectivos intereses legales (art. 57 CNPT), desde la firmeza de la resolución N° AU-10-37-09 y hasta la fecha en que se haga efectivo el pago. Subsidiariamente, en caso de que no se considere procedente lo indicado anteriormente, ruego se condene al pago de intereses desde la firmeza de la sentencia resultante del presente proceso y hasta el efectivo pago de la suma adeudada. 4. Que en caso de oposición a la demanda, se condene a la demandada al pago de ambas costas del proceso. Y que, en caso de atraso en la cancelación de estas costas, se fije el reconocimiento de intereses por la mora.

              2.- El representante de la parte demandada contestó negativamente e interpuso las excepciones de demanda defectuosa, falta de derecho y la expresión genérica de sine actione agit.

3.- La Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, integrada por la Jueza Cynthia Abarca Gómez y los Jueces Christian Hess Araya y Pablo Zeledón Hernández, en sentencia número 026-2013-VI de las 8 horas del 14 de febrero de 2013, resolvió: Se rechazan la defensa previa de existencia de defectos no subsanados en el escrito de demanda que impiden verter pronunciamiento sobre el fondo, la expresión genérica sine actione y la excepción de falta de derecho opuestas por la sociedad accionada. Se declara con lugar la demanda. En consecuencia: 1) Se declara la nulidad absoluta de la resolución No. 097-S1-2010, dictada a las 9 horas del 27 de abril de 2010 por la Sala Segunda del Tribunal Fiscal Administrativo. Esta declaratoria tiene efecto declarativo y retroactivo al momento del dictado del acto anulado. 2) Se resuelve este asunto sin especial condena en costas.

              4.- Los apoderados de la parte demandada formulan recurso de casación indicando las razones en que se apoyan para refutar la tesis del Tribunal.

              5.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley. Participa en la decisión de este asunto la magistrada suplente Aragón Cambronero.

Redacta el magistrado Molinari Vílchez

CONSIDERANDO

I.- La representación estatal formula este proceso de lesividad para que se anule la resolución 97-S-2010 de las 9 horas del 27 de abril de 2010, emitida por el Tribunal Fiscal Administrativo. En ella se revocó la decisión de la Administración Tributaria de Grandes Contribuyentes que denegó la exoneración del impuesto sobre la propiedad de vehículos, solicitada por Citileasing Costa Rica S.A. (en adelante referido como Citileasing) respecto de dos automóviles que habían sido declarados con pérdida total. A ese efecto, el jerarca impropio, considerando que existía una propiedad imperfecta, acogió la gestión que liberaba a Citileasing del pago del citado tributo. El Estado pide, además, se condene al pago de intereses desde la firmeza de la resolución de la Administración Tributaria de Grandes Contribuyentes hasta el efectivo pago; en forma subsidiaria, a partir de la firmeza de la sentencia. Requirió, adicionalmente, el reconocimiento de costas. La sociedad se opuso y formuló la defensa previa de demanda defectuosa así como la excepción de falta de derecho. El Tribunal rechazó esta última, anuló la resolución impugnada y exoneró de costas a la demandada, la cual, inconforme, acudió ante esta instancia extraordinaria.

II.- El recurso se compone de cinco agravios, de los cuales, los cuatro primeros se dirigen a cuestionar el criterio de los juzgadores de instancia, según el cual la decisión cuya anulación se solicita es contraria a la definición del hecho generador del impuesto a la propiedad vehicular. En este sentido, si bien los dos primeros cargos no contienen una referencia expresa a una norma jurídica que se estime conculcada, lo cierto es que presentan una unidad tal con los restantes, en donde se desarrollan violaciones directas, que a pesar de la separación realizada por el recurrente  se puede entender como un único motivo de inconformidad, y así se analizará.

III.- En su primer reproche aduce preterición de las certificaciones de desinscripción de los vehículos placas no. 438134 y 506541 que se encuentran agregadas en el expediente judicial. Señala, este trámite desinscripción- se realizó en el 2009, por lo que critica la afirmación del Tribunal de que esto constituye un hecho no probado. Expone, se trata de un documento público que en ningún momento fue cuestionado por la representación estatal. Reprocha que supuestamente se haya considerado únicamente el expediente administrativo sin valorar la prueba aportada junto con la contestación. Destaca, en el proceso se acreditó que la empresa cumplió con todos los requisitos formales para llevar a cabo la desinscripción correspondiente, de manera que la no sujeción solicitada era procedente, tal y como lo resolvió el Tribunal Fiscal Administrativo. En su segunda censura arguye, se tuvo por indemostrada la desinscripción de los vehículos en contradicción con la prueba. Indica, si bien al momento cuando se presentó el trámite ésta no se había producido, debido a las anotaciones existentes de la colisión, sí se realizó durante el 2009. Esto implica, añade, que para cuando resolvió el Tribunal Fiscal Administrativo ya se había configurado el derecho al no pago, al no concretarse el hecho generador. Aclara, los vehículos no podían ser desinscritos si se tenía alguna deuda con el fisco. El Tribunal, acusa, ignora que los procesos judiciales por el accidente de tránsito limitaban la posibilidad de proceder a la desinscripción, por lo que no existe perjuicio para el fisco. En su tercer motivo reprocha incorrecta aplicación de los artículos 6 y 155 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (en adelante CNPT). Cuestiona al Tribunal desconocer la posibilidad y el mandato legal que tiene el órgano resolutor de acudir como norma supletoria al Código Civil, en lo atinente a la regulación del derecho de propiedad. Esto al encontrarse, dice, un vacío en la legislación en cuanto al goce y disfrute de la propiedad de los vehículos, ya que el artículo 9 de la Ley 7088, al definir el hecho generador, lo hace de una forma general que no permite determinar excepciones o condiciones adicionales para definir la propiedad que grava el impuesto. Aduce, la Ley no prevé situaciones como la presente, donde la propiedad es imperfecta debido a que los vehículos se categorizaron como chatarra, sin que sea posible su uso o el ejercicio del derecho de posesión. Cuestiona el argumento contenido en la sentencia impugnada en el sentido de que la Ley es clara cuando indica que basta la inscripción para que se configure el hecho generador del impuesto. Dice tal fundamentación jurídica no es ni aplicable al caso concreto ni fue el razonamiento jurídico expuesto por esta representación en la contestación de la demanda. La resolución que se solicita anular por considerarse lesiva a los intereses del Estado, arguye, resulta conforme con los artículos 6 y 155 del CNPT, según los cuales, las normas tributarias debe interpretarse con arreglo a todos los métodos admitidos por el Derecho Común. El acto impugnado, apunta, realizó esa interpretación según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto y la realidad económica de los hechos acaecidos. Plantea, la titularidad del bien implica la posibilidad de uso y goce, pero el hecho generador es omiso en cuanto a estos factores, por lo que, en opinión del recurrente, el Tribunal Fiscal Administrativo actuó de manera correcta al integrar la normativa tributaria con lo dispuesto sobre la propiedad en el Código Civil. Esto, agrega, debido a que no se posee ninguno de los derechos que integran el dominio. Según su interpretación del hecho generador, la anotación en el Registro Público no es suficiente, ya que se grava la propiedad sobre los vehículos. En su cuarto agravio afirma, en la sentencia se ignora la realidad económica de los hechos, lo cual condujo a la desaplicación del ordinal octavo del CNPT, ya que se desconoce el estado de los vehículos y la imposibilidad de proceder con su desinscripción hasta que finalizaran los procesos sumarios en sede judicial. Expone, previniendo la característica imperfecta de la legislación tributaria, esta norma dispone que ante los supuestos relativos al hecho generador, que por su naturaleza sobrepasen la legislación fiscal, se debe recurrir a las definiciones que establezcan las distintas ramas del derecho. Al rechazar la aplicación del Código Civil, acota, los juzgadores de instancia antepusieron el formalismo jurídico a la realidad económica, sin considerar las condiciones particulares que presentaban los vehículos y que la interesada se encontraba en imposibilidad de culminar la desinscripción. Endilga al Tribunal no haber analizado el acta de aceptación de ajuste de la pérdida del seguro voluntario de automóviles, situación que motivó la gestión de no pago del impuesto a la propiedad.

IV.- Al  resolver sobre la nulidad de la resolución emitida por el jerarca impropio en materia tributaria, el Tribunal consideró que la decisión administrativa en cuestión contraría la correcta interpretación del ordinal noveno de la Ley no. 7088. En sustento de lo anterior, en la sentencia se indicó: Nótese que la norma indica claramente que el impuesto se establece para gravar la propiedad de vehículos inscritos en el Registro Nacional y condiciona la realización del hecho generador mientras no se cancele su inscripción registral. Por ello, estimamos que la interpretación que realiza el jerarca impropio se excede y desconoce los términos en que el legislador reguló el presupuesto de hecho en este tributo. Lo anterior por cuanto establece una condición que no se previó en la norma. [] En rigor, el hecho generador que establece la norma en estudio solo requiere que se verifique un elemento, sea, la titularidad registral del bien. Reiteramos que, el hecho generador del tributo en cuestión es la propiedad registral porque así lo estableció el legislador, quien no estableció la existencia de dos condiciones para la verificación del hecho generador ni distinguió entre propiedad perfecta e imperfecta, como equivocadamente parece entender el TFA. Más bien, el legislador dispone, expresamente, que hay propiedad hasta la cancelación del asiento registral del vehículo. Aunado a lo anterior, puntualizó: Una interpretación de esa naturaleza es contraria al Principio de Legalidad y de Reserva de Ley que priva en esta materia que exige que el hecho generador sea creado por el legislador y no vía interpretaciones de órganos administrativos. Distinto a lo que señala la parte demandada, el artículo 9 es lo suficientemente claro y preciso respecto de los alcances del hecho generador, razón por la cual deviene en innecesario e improcedente integrar con normas del Derecho Civil. Insistimos que esa norma establece cuando debe entenderse que ocurre el hecho generador y lo liga, exclusivamente a la inscripción del vehículo en el Registro Nacional. En lo medular, la inconformidad del recurrente se sustenta en que, en su criterio, dada la condición en que se encuentran los vehículos, no se produce el hecho generador del impuesto, toda vez que no se tiene el uso y disfrute el bien. De igual forma aduce, se incurrió en una preterición debido a que no se consideraron las certificaciones que demuestran que la desinscripción se produjo en el mismo período fiscal (2009). En los considerandos siguientes se analizarán estos aspectos, iniciando con los reproches donde se endilga un error en la apreciación de la prueba.

V.- El Tribunal tuvo como hecho indemostrado que para el período fiscal 2009 Citileasing hubiera desinscrito los vehículos; afirmación que fue cuestionada por el recurrente con base en las certificaciones emitidas por el Registro Nacional,  consistentes en la copia de microfilm de las respectivas solicitudes de desinscripción aportadas al expediente judicial. Con base en estas, dichas gestiones quedaron inscritas el 11 de noviembre de 2009, en el caso del vehículo placas 506.541, y el otro un mes después, es decir, el 11 de diciembre. Ahora bien, el que estos movimientos registrales se hayan inscrito en el 2009 no implica un yerro en cuanto a lo señalado por parte del Tribunal. En primer término, conviene destacar que la norma que define el hecho generador dispone que el tributo recae sobre la propiedad de un vehículo inscrito en el Registro Nacional. En este punto, un aspecto fundamental que debe considerarse es el elemento temporal del tributo en cuestión. El artículo 9 de la Ley no. 7088, no regula expresamente el tema, sin embargo, sí contiene suficientes elementos para concluir que se trata de un impuesto anual, en donde la obligación tributaria se vuelve exigible desde el primer día del año (en el caso de los vehículos ya inscritos). En cuanto al primer punto carácter anual-, el primer inciso de la norma es claro y expreso. Respecto del segundo, lo indicado se puede extraer de los incisos d) y f). Este último, estipula: Las tarifas establecidas son progresivas. El impuesto se pagará sobre el valor que tengan, en el mercado interno, en enero de cada año, los vehículos, las aeronaves o las embarcaciones de recreo, según la lista que el Poder Ejecutivo emitirá, por decreto para cada marca, año, carrocería y estilo. Por su parte, el inciso d) establece: Aunque se produzcan varias transacciones del bien objeto del impuesto, este se pagará una sola vez en el período, y su monto no será deducible del impuesto sobre la Renta. Además de confirmar el carácter real del impuesto que ya se colige de la definición del hecho generador, según la cual, la condición para el surgimiento del tributo es la propiedad de ciertos vehículos automotores inscritos en el Registro Nacional, con total independencia de aspectos subjetivos como el titular, de la relación de estas normas se logra desprender que basta que para enero de cada año el vehículo cumpla con las condiciones descritas en el hecho generador para que surja la obligación tributaria. Dicho de otra forma, el pago no se realiza por año vencido, sino que éste se debe producir al inicio del mismo período. Esta conclusión viene a ser confirmada cuando la norma además indica que el hecho generador ocurre desde el momento de la adquisición y se mantiene hasta su cancelación. Aplicado esto al caso concreto, la cuota tributaria correspondiente al 2009 debía pagarse en enero de ese año, y por ende, el que se hayan desinscrito los bienes en noviembre y diciembre de ese año, no solo no altera la afirmación del Tribunal que se cuestiona, sino que incluso permite afirmar que en realidad se pudo tener como demostrado que, al momento cuando se produjo el hecho generador, los vehículos no estaban desinscritos -a la luz de misma prueba que aportó la sociedad demandada-.

VI.- El segundo eje central de argumentación del recurrente se refiere a la interpretación del Tribunal en cuanto al hecho generador del impuesto en cuestión. Basta recordar que, en lo medular, en la sentencia se consideró innecesario recurrir a las normas del Código Civil para determinar el hecho generador, toda vez que éste se encuentra claramente definido, siendo lo relevante la condición de inscrito en el Registro Nacional. Esta Sala concuerda con lo resuelto por los juzgadores de instancia. En primer término, contra el reproche en que se acusa al Tribunal de desconocer las reglas de interpretación admitidas en el derecho tributario, y por tanto caer en un formalismo interpretativo, debe señalarse que en la sentencia se encuentra diáfano el reconocimiento sobre la posibilidad de acudir a cualquier método interpretativo, excepto para la creación de tributos o exenciones, tal y como lo preceptúa el CNPT. Aclarado lo anterior, el punto en realidad debe analizarse desde la óptica de si la integración normativa realizada en sede administrativa resulta viable en virtud de la forma como se encuentra redactado el pluricitado artículo 9 de la Ley no. 7088. En este sentido, es imprescindible analizar cómo definió el legislador el hecho generador. La norma en cuestión señala: Se establece un impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves, que se regirá por las siguientes disposiciones: a) Objeto del tributo. Se establece un impuesto anual sobre la propiedad de los vehículos inscritos en el Registro Público de la Propiedad de Vehículos, sobre las aeronaves inscritas en el Registro de Aviación Civil y sobre las embarcaciones de recreo o pesca deportiva inscrita en la Dirección General de Transporte Marítimo. / b) Hecho generador. El hecho generador del impuesto es la propiedad de los vehículos automotores, aeronaves o embarcaciones de recreo o pesca deportiva, ocurre inicialmente en el momento de su adquisición y se mantiene hasta la cancelación de la inscripción. (el subrayado es suplido). Lo primero que debe resaltarse es que este impuesto se encuentra innegablemente ligado a la vigencia de la inscripción, según se desprende de las frases destacadas. El surgimiento de la obligación tributaria está condicionado por la norma a la inscripción. Dicho precepto coloca el énfasis en esta situación, no en la condición de propietario. Dos argumentos permiten sostener este criterio. En primer lugar, un cambio de titularidad dentro de la periodicidad del impuesto no genera una nueva obligación, dado el carácter real ya comentado. En segundo término, la referencia al concepto de propiedad es una consecuencia de la inscripción, dado que en los registros citados, además de las características del bien, se detalla el propietario. Pero debe insistirse en el carácter preponderante de la inscripción para efectos del hecho generador, la cual además se evidencia en la reiteración que se hace para los distintos bienes afectos al tributo. Esto hace que, a la luz de la norma en cuestión, las consideraciones en cuanto a si el titular del bien ostenta una propiedad perfecta o imperfecta devengan intrascendentes. Ciertamente, como los indicaron los juzgadores de instancia, el precepto analizado resulta suficientemente claro, sin que sea dable realizar distinciones a partir de un elemento que no es determinante para efectos de gravar la manifestación de renta específica. Esto descarta a su vez que se haya desaplicado el principio de realidad económica, en tanto la situación fáctica apuntada no ha sido considerada por el ordenamiento jurídico. Lo mismo debe indicarse en cuanto al argumento de que existía una imposibilidad de proceder a la desinscripción, toda vez que dicha situación no impide la configuración del hecho generador dispuesto por la norma. Lo expuesto hasta este punto torna improcedente el cargo aducido, siendo que, según se analizó, la interpretación realizada por el Tribunal Fiscal Administrativo crea una exención por la vía de la interpretación, en contraposición con la correcta interpretación del cardinal 9 de la Ley no. 7088.

VII.- En el último motivo (quinto) del recurso, aduce falta de aplicación de los numerales 140, 167 y 176 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), por la falta de manifestación expresa en cuanto a la suspensión de intereses mientras existió un acto administrativo eficaz. Lo mismo respecto de los artículos 40 y 57 del CNPT, respecto a la posible liquidación de intereses y recargos sobre la obligación tributaria, y el 34.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Critica al Tribunal por remitir la determinación de los intereses a la sede administrativa, considerando que lo procedente era delimitar la facultad de la Administración ya que su cómputo no procedería sobre todo el período, considerando que el Tribunal Fiscal Administrativo acogió la gestión de no sujeción. Expone, de conformidad con los preceptos 40 y 146 del CNPT, el pago de la deuda se realiza dentro de los 15 días siguientes a que el sujeto pasivo sea notificado de su obligación, a lo cual debe agregarse las interrupciones en el cómputo de los intereses por atrasos en la resolución de las impugnaciones. Considera que los 15 días previamente mencionados correrían a partir de la resolución administrativa que liquide un eventual fallo desfavorable en sede judicial y no a partir de la que se emitió en abril de 2009. Lo correcto, explica, era que el Tribunal dispusiera que no están corriendo intereses. La resolución del Tribunal Fiscal Administrativo, acota, constituyó un acto administrativo que se mantiene vigente y eficaz desde que fue notificado hasta la fecha. Aduce, la presentación de este proceso de lesividad confirma que aquel acto (del 2009) no se encontraba firme. Arguye, en el caso de una nulidad relativa, como en el presente asunto, el acto viciado se presume legítimo hasta que no se declare lo contrario, según el numeral 176 de la LGAP. Menciona el artículo 34.1 del CPCA, del cual destaca la frase referida a la inaplicación futura, que considera aplicable a la especie.

VIII.- En lo atinente a los intereses legales sobre la deuda tributaria, el Tribunal resolvió: () no es procedente a esta altura ni en esta sede, en tanto se trata de un extremo petitorio que excede el objeto del proceso de lesividad, a saber la declaratoria de nulidad de un acto propio y favorable. No obstante, al haberse invalidado en forma absoluta la resolución impugnada y, por ende, confirmarse lo actuado por la Administración Tributaria, no cabe duda que surge para la sociedad demandada, la obligación al pago del IPV correspondiente al período fiscal 2009, recargos e intereses, si éstos fueren procedentes en los términos que señalan los artículos 40 y 47 del CNPT, los que deberán ser fijados por la propia Administración Tributaria al momento de que se determine el quatum de la obligación tributaria. Siendo que fue anulada la resolución 97-S-2010 de la Sala Segunda del Tribunal Fiscal Administrativo, la consecuencia inmediata de esa declaratoria es que adquiere firmeza lo resuelto por la Administración Tributaria de Grandes Contribuyentes en sus resoluciones AU-10-25-09 y AU-10-37-09, donde determinó la obligación de la demandada al pago del IPV, correspondiente al período fiscal 2009, por los vehículos placas 438134 y 506541, más los recargos de ley. En esa virtud, como bien lo señaló el Tribunal, la condena pretendida al pago de intereses legales excede el objeto de este proceso, donde lo que se dilucida es la eventual nulidad de un acto favorable al administrado por considerarlo lesivo a los intereses fiscales y económicos del Estado. Por ende, no podría en esta sede modificarse el contenido de los actos que adquieren firmeza a partir de la nulidad decretada en sentencia, para incluir en ellos una condena o pronunciamiento que, en todo caso, resultarían prematuros. Es lo cierto que por disposición legal de los preceptos 40 y 57 del CNPT, eventualmente la obligación tributaria podría generar intereses a cargo de la sociedad accionada, pero no cabe imponer una condena por ese concepto en este proceso, como bien lo resolvió el Tribunal. Estima conveniente esta Sala aclarar que, de conformidad con el artículo 40 ibídem (vigente durante el período fiscalizado): ()Todos los demás pagos por concepto de tributos resultantes de resoluciones dictadas por la Administración Tributaria, conforme al artículo 146 de este Código, deben efectuarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que el sujeto pasivo quede legalmente notificado de su obligación (). Notificación que debe entenderse ocurre cuando se comunica al contribuyente la resolución determinativa de su obligación tributaria, donde se pone en su conocimiento el quantum por pagar al Fisco. De ello se sigue que, en caso de incumplimiento de la cancelación del tributo dentro del plazo antes señalado, procedería el pago de intereses legales (canon 57 ibídem), cuya liquidación le corresponde en exclusiva a la Administración Tributaria, entendiéndose que corren a partir del vencimiento del plazo de pago, según la precisión comentada en relación al ordinal 40 del Código de cita. Aún cuando se haya declarado lesiva y absolutamente nula la resolución del TFA que dispone la no sujeción de la demandada-, no cabe considerar que el cargo por concepto de intereses surge con el dictado de la resolución de la Administración Tributaria de Grandes Contribuyentes no. AU-10-37-09 o con la firmeza de esta sentencia, porque, aunque si bien se está reconociendo la sujeción de la demandada al tributo en cuestión y su obligación al pago del período fiscal 2009, lo cierto es que ésta aún no ha sido fijada en términos dinerarios ni comunicada al contribuyente, de manera que no podría considerarse en mora. Además, contaba con un acto administrativo favorable que le eximía del pago del impuesto, y cuya validez ha estado en discusión durante varios años, en la vía administrativa y judicial, siendo que es en esta sede donde en definitiva se confirma su lesividad y nulidad absoluta, de manera que no podría condenársele a un pago de intereses retroactivos por una obligación tributaria que no había nacido a la vida jurídica, sino que se torna exigible en los términos antes indicados (canon 131 inciso 1 del CPCA y 40 del CNPT). En ese sentido, bien hizo el Tribunal al denegar tanto la pretensión principal como subsidiaria relativa a la condena en intereses legales a cargo de la accionada.     

IX.- Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.3 del CPCA, imponer las costas a la recurrente. Deberá el Estado tomar nota de lo indicado en el Considerando VIII de esta resolución.

POR TANTO

              Se declara sin lugar el recurso, cuyas costas corren por cuenta de su promovente. Tome nota el demandado de lo indicado en el Considerando VIII de esta sentencia.

 

 

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

 

 

Román Solís Zelaya                                              Carmenmaría Escoto Fernández

 

 

William Molinari Vílchez                                            Yazmín Aragón Cambronero

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