Sentencia Nº 001035-F-S1-18 de Sala Primera de la Corte, 28-11-2018

Fecha de Resolución:28 de Noviembre de 2018
Emisor:Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia
 
CONTENIDO
20150004000394-1591484-1.rtf

*101007680297CI*

Exp. 10-100768-0297-CI

Res. 001035-F-S1-18

              SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cincuenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho.

              Proceso de conocimiento establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por la sucesión de EULALIA ROJAS DÍAZ, ANALIVE DEL CARMEN, LINO OLIVIER GERARDO, MARÍA VIRGINIA, MARÍA CRISTINA, MELIDA, MARÍA ROSA, IDALIE FRANCISCA, JUAN RAFAEL, SALOMÉ, EFRAIN GERARDO, LUCÍA FLORIBETH, VÍCTOR MANUEL, HERIBERTO GERARDO, JOSÉ ALBERTO Y RIGOBERTO todos de apellido GAMBOA ROJAS; contra el CONSORCIO DE COOPERATIVAS DEL SECTOR SALUD (CONSALUD), representado por su apoderado Eliécer Baltodano Suárez, contador público, FIDUCIARIA DE INVERSIÓN DE AHORRO (FIACOOCIQUE S.A.) representada por su Berny Calderón Fonseca y el INSTITUTO DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP) representado por su apoderado generalísimo sin límite de suma Martín Robles Robles. Figura además, como apoderado especial judicial de la parte actora Cristian Vargas Araya y Francisco Bolaños Montero y por los codemadados, (CONSALUD), representado por su apoderado especial judicial Alejandro Marín Pacheco, (FIACOOCIQUE S.A.) representada por su apoderado especial judicial José Ramón Quesada Acuña, (INFOCOOP) representado por su apoderado especial judicial Mauricio Pazos Fernández. Todos son mayores de edad y con las excepciones dichas, casados, abogados y vecinos de San José.

RESULTANDO

              1.- Con base en los hechos que expusieron y disposiciones legales que citaron los coactores establecieron proceso de conocimiento, ajustando las pretensiones en audiencia preliminar, a fin de que en sentencia se declare:“1) Que al ocurrir los hechos con fecha 24 de marzo de 2009, cuando se precipitó el ascensor en mal estado instalado en la finca partido de Alajuela matrícula número 277805-000 que es terreno con un edificio donde opera el Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo, ello causó los daños y perjuicios aquí reclamados, tanto deberá responder CONSALUD, el INFOCOOP y Fiduciaria de Inversiones de Ahorro solidariamente, en el evento de una sentencia estimatoria. 2) Que existe una responsabilidad civil extracontractual de los demandados por los daños y perjuicios reclamados. Por consiguiente, solicita que se condene a la parte demandada a pagar a cada uno de los actores (sucesión y personas físicas), lo siguiente: a) Por daño moral causado a casa uno de los actores personas físicas, hijos de doña Eulalia Rojas Díaz, la suma de cuarenta y ocho millones distribuidos en partes iguales a cada uno de los doce hijos, y en cuanto al monto pretendido por Heriberto y Analive, ambos de apellido Rojas, la suma de doce millones distribuidos en partes iguales. b) Por daño moral causado en vida a doña Eulalia Rojas Díaz, que reclama la sucesión, la suma de treinta millones de colones. c) Los intereses legales sobre los montos que se concedan en sentencia. d) Los daños consistentes en atender a doña Eulalia porque al quedar inválida demandaba mayores cuidados personales durante las veinticuatro horas del día, así como alimentación especial, entre ellas, ensure, gerber y vitaminas, gastos de pañales, gastos de traslados a citas médicas, acondicionamiento de una habitación más amplia y más ventilada, como una cama y un colchón especial, gastos de remodelación del baño para que fuera más espacioso, gastos de medicamentos que no suministraba el Seguro Social, mayores atenciones de su hijo Efraín quien tuvo que desatender su taller de ebanistería para atender muchas veces a su madre, etc. Esos daños serán concedidos en abstracto y se ejecutarán en la etapa de ejecución de sentencia. e) Ambas costas del proceso”. 

              2.- Los codemandados contestaron negativamente. Por su parte, Consalud, opuso falta de legitimación activa y pasiva, falta de derecho, de interés la expresión genérica de sine actione agit. Fiacoocique S.A., falta de derecho, falta de interés actual, de legitimación ad causam pasiva y Infocoop interpuso, incompetencia por la materia, falta de derecho y falta de legitimación en su doble modalidad.

              3.- En audiencia de juicio del día 02 de febrero de 2015, la demandada CONSALUD, formuló la defensa de incompetencia. En ese mismo acto y mediante resolución no. 11-2015 de las 10 horas 39 minutos se dispuso: Se rechaza la excepción de incompetencia formulada por la representación de Consorcio de Cooperativas de Salud.

              4.- El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta, integrada por la jueza Ileana Sánchez Navarro y los jueces Sergio Mena García y Juan Luis Giusti, con redacción del último, en sentencia no. 021-2015-V de las 09 horas 34 minutos del 24 de febrero de 2015, resolvió: Se rechazan las defensas de falta de legitimación activa y pasiva. Falta de interés, la genérica sine actione agit y la Falta de derecho planteadas por Consalud en lo tocante a las pretensiones a favor de las personas físicas. Asimismo, en lo referido a las defensas de Consalud respecto a las pretensiones de la sucesión, se rechazan las de Falta de interés, la genérica sin (sic) actione agit y Falta de Derecho. En cuanto a las defensas de las codemandadas Fiacoocique e Infocoop, se rechazan la falta de interés actual, la falta de legitimación activa y se acogen las de Falta de legitimación pasiva y la Falta de Derecho. Se declara Con lugar la demanda únicamente contra el Consorcio de Cooperativas del Sector de Salud  (Consalud), tanto en la pretensión de reconocimiento de daño moral subjetivo para cada uno de los actores hijos de doña Eulalia Rojas Díaz, condenando a Consalud al pago por ese concepto de UN MILLÓN de colones a favor de cada una de las siguientes personas: Lino Olivier Gerardo, María Virginia, María Cristina, Melida, María Rosa, Idalie Francisca, Juan Rafael, Salomé, Efraín Gerardo, Lucía Floribeth, Analive del Carmen, Víctor Manuel, José Alberto, Rigoberto y Heriberto Gerardo (todos de apellido Gamboa Rojas).  Asimismo, en la parte incoada por la sucesión de Eulalia Rojas Díaz, se condena a Consalud al pago de la suma de DIEZ MILLONES de colones por el daño moral subjetivo sufrido en vida por la señora Rojas. Sobre los montos de dinero condenados se condena al reconocimiento de intereses a partir de la firmeza de este (sic) sentencia de conformidad con el artículo 1163 del Código Civil. Además, siempre a favor de la sucesión de Eulalia Rojas Díaz, se condena en abstracto únicamente al co-demandado Consalud, al pago de todos los daños materiales que la parte actora logre probar en la etapa de ejecución de sentencia, siempre que los mismos estén vinculados con las atenciones especiales que debieron incurrir los parientes de doña Eulalia luego de la fecha del accidente, sea el 24 de marzo de 2009 y hasta su muerte del día 05 de agosto de 2009, ligados a los efectos de la fractura de su columna vertebral T12, daño en la médula espinal, problemas urinarios y de movilidad. Se condena únicamente a Consalud al pago de ambas costas del proceso por la parte acogida de la demanda, y sin especial condenatoria en costas a la parte actora en lo tocante a los codemandados Fiacoocique S.A. e Infocoop.”

              5.- El apoderado especial judicial del los coactores formula recurso de casación.

              6.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada Rojas Morales

CONSIDERANDO

I.- La Sucesión de quien en vida fue Eulalia Rojas Díaz, así como, los señores: Lino Olivier Gerardo, Analive del Carmen, María Virginia, María Cristina, Melida, María Rosa, Idalie Francisca, Juan Rafael, Salomé Efraín Gerardo, Lucía Floribeth, Víctor Manuel, Heriberto Gerardo, José Alberto y Rigoberto, todos de apellidos Gamboa Rojas (hijos de doña Eulalia), en fecha 24 de agosto de 2010, demandaron al Consorcio de Cooperativas del Sector Salud (Consalud), a Fiduciaria de Inversión de Ahorro Coocique Sociedad Anónima (Fiacoocique) y, al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop). Según refirieron en el escrito inicial, desde el año de 2007 el terreno donde se ubica el Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo fue dado en garantía de un contrato de fideicomiso, suscrito entre Consalud (fideicomitente, administrador del bien), Infocoop (fideicomisario) y Fiacoocique (fiduciaria, titular del inmueble para el cumplimiento del objeto contractual). Relataron, el 24 de marzo de 2009 doña Eulalia en compañía de sus hijos Heriberto Gerardo y Analive del Carmen sufrieron un accidente, al desplomarse desde el tercer piso el elevador que opera en ese centro hospitalario privado (encontrándose ellos adentro). Adujeron, al precipitarse el ascensor sufrieron diversas lesiones y complicaciones en la salud, principalmente la señora Rojas Díaz, a quien se le fracturó la columna vertebral a nivel de T12, motivo por lo cual fue sometida a una intervención quirúrgica el 31 de marzo de 2009. Expresaron, posterior al accidente la condición de salud de su madre se deterioro de forma acelerada, al punto de quedar en estado de total invalidez, postrada en una cama, sin poder caminar ni estar sentada. Relataron, producto de las lesiones sufridas por doña Eulalia y de una serie de llagas que se le hicieron en la pierna izquierda (dada su inmovilización), el 8 de junio de 2009 le fue amputada dicha extremidad en el Hospital de San Carlos. Manifestaron, la condición de salud de su madre continúo decayendo, siendo que el 5 de agosto siguiente falleció (poco más de cuatro meses después del accidente). Al estimar que los co-accionados son responsables solidarios por lo sucedido, dada la negligencia en mantener en buen estado el elevador del Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo (inmueble sujeto a fideicomiso de garantía), interpusieron la demanda objeto de este proceso. Solicitaron en sentencia (pretensiones ajustadas en la audiencia preliminar): el pago del daño moral subjetivo ocasionado, en los siguientes términos: ¢12.000.000,00 a favor de don Heriberto y doña Analive (distribuidos en partes iguales), ¢48.000.000,00 para los restantes co-actores hijos de la señora Rojas Díaz (a repartir en igual proporción) y ¢30.000.000,00 para doña Eulalia (sucesión actora). Sobre las sumas concedidas requirieron la cancelación de intereses legales. Peticionaron se condene en abstracto, al pago de los gastos incurridos al atender a la señora Rojas Díaz, después de quedar inválida. Por último, pidieron ambas costas del proceso. Los co-demandados contestaron de forma negativa. Opusieron excepciones, en términos generales las de falta de: legitimación ad causam activa y pasiva, derecho e interés actual, incompetencia por razón de la materia (rechazada en lo interlocutorio) y la genérica sine actione agit. El Tribunal únicamente acogió, en cuanto a las excepciones planteadas por Fiacoocique y el Infocoop, la falta de: legitimación pasiva y derecho. Respecto a Consalud declaró con lugar la demanda. Condenó a ese Consorcio a pagar: el daño material causado, a liquidar en ejecución de sentencia; ¢1.000.000,00, a favor de cada uno de los co-accionantes hijos de doña Eulalia y, ¢10.000.000,00 para la sucesión de la señora Rojas Díaz, ambos a título de daño moral subjetivo. Sobre los montos otorgados reconoció intereses, contados a partir de la firmeza del fallo. Impuso ambas costas a cargo de Consalud. Por último, resolvió sin condenatoria en ese extremo en lo tocante a los co-accionados Fiacoocique e Infocoop. Inconformes la vencida y la parte actora formulan recursos de casación por violación de normas sustantivas. Por auto 000702-A-S1-2015 de las 9 horas 30 minutos del 18 de junio de 2015, esta Sala rechazó de plano el recurso de la perdidosa, así como, la primera censura invocada por la accionante. En torno a ésta última resta por examinar los demás motivos de fondo endilgados.

II.- Como primer agravio admisible, acusan, violación de los principios de razonabilidad, proporcional, igualdad y seguridad jurídica, en cuanto al monto otorgado a título de daño moral subjetivo para cada uno co-actores hijos de la señora Rojas Díaz (¢1.000.000,00). Critican que la indemnización fijada por el Tribunal resulta ínfima e insignificante ante la pérdida de un ser querido. Afirman, la cifra concedida no resarce el daño moral ocasionado al ver que su madre, quien a los 83 años gozaba de un estado de salud aceptable, con enfermedades propias de la edad respecto a las cuales recibía tratamiento médico, quedó invalida producto del desplome del ascensor situado en Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo, al punto de no poder valerse por sí misma ni para las necesidades básicas. Invalidez, señalan, la cual trajo aparejado un deterioro acelerado en la condición de salud de doña Eulalia, infecciones urinarias, padecimientos derivados de la afectación en la medula espinal con fractura de una vértebra de la columna, amputación de la pierna izquierda y su posterior fallecimiento. Dicen, existe prueba contundente que permite concluir que la amputación de la pierna y la muerte de la señora Rojas Díaz, surgieron como consecuencia directa de la invalidez causada al precipitarse el elevador, situación que debieron valorar los Juzgadores al cuantificar el extremo en disputa. Aunado a lo anterior, reprochan, el fallo impugnado quebranta el principio de igualdad, al conceder el mismo monto indemnizatorio a todos los hijos de la señora Eulalia. Aseveran, don Heriberto y doña Analive no solo sufrieron por los hechos indicados, sino, además, vivieron momentos de terror, angustia, temor y desesperación al caer junto con su madre del ascensor, así como, al verla quedar inválida frente a sus ojos. Aluden a los testimonios rendidos por la señora Mercedes Gamboa Varela y por el señor Roger Uriel Jiménez Villalobos, quienes declararon sobre la buena relación que doña Eulalia mantenía con sus hijos y con la familia en general. Solicitan, aumentar la suma otorgada en sentencia por concepto de daño moral subjetivo (entiéndase a favor de todos los co-actores) y en particular, respecto a Heriberto y a Analive piden que el monto de la indemnización sea superior al de los hermanos.

III.- En resumen, tuvo acreditado el Tribunal que el accidente sufrido por la señora Rojas Díaz (caída del elevador) desmejoró su salud y deterioró su calidad de vida, al fracturarse la columna vertebral a nivel de T12, lo que trajo aparejado afectaciones en la medula espinal, vejiga (infecciones urinarias) e inmovilización por disminución de la capacidad orgánica (90% al inicio de las afecciones y casi el 100% luego de las complicaciones sobrevenidas). Aunado al decaimiento anímico. Lo anterior, conforme a los registros médicos constantes en autos, las declaraciones rendidas por los médicos Marco Antonio Mora Aguilar (en calidad de perito) y Nicolás Peña Peters (médico tratante de doña Eulalia), así como, de los testimonios de los señores Gamboa Varela y Jiménez Villalobos (nieta de la señora Rojas Díaz y esposo de una sobrina de don Efraín-hijo de doña Eulalia-, respectivamente). Además, tuvieron por demostrado los Juzgadores, el referido accidente aconteció por la falta de un mantenimiento técnico profesional adecuado del elevador en cuestión. Imputaron la responsabilidad por lo ocurrido a la empresa Consalud, administradora del inmueble donde opera el referido ascensor. Al tener claro lo anterior, se abocaron al análisis de los extremos petitorios de la demanda. En lo de interés, consideraron procedente indemnizar, en la suma de ¢1.000.000,00, el daño moral subjetivo causado a cada uno de los co-actores hijos de la señora Rojas Díaz. Sobre el particular razonaron: Según explicación dada en la audiencia de juicio, el daño moral se trata del subjetivo, por el dolor causado en el fuero interno a cada uno de esas personas, provocado al ver la condición en que quedó su madre luego del accidente. Para la determinación del daño moral subjetivo, (…) deben aflorar necesariamente indicios de la vinculatoriedad de los solicitantes con el daño, siendo que en este asunto, tres de los testigos se refirieron al respecto, como lo fueron Mercedes Gamboa Varela (…), la que mencionó que su familia es muy unida, que los tíos visitaron a la abuela en todo momento y que los había visto muy decaídos por el accidente sufrido. Por otra parte, el testigo Róger Jiménez Villalobos (…), esposo de una nieta de la señora Rojas, manifestó, igualmente que la familia era unida, que visitaban a doña Eulalia, e incluso él y su familia acostumbraba ir a quedarse en la casa de ella por varios días, y además, indicó que los había visto muy dolidos a los hijos en el funeral. (…), este Tribunal en uso de reglas de valoración de la lógica y la experiencia, ha podido determinar que se trata de una familia rural que al decir de los testigos mencionados eran muy unidos en torno a la figura de la madre, por lo cual la visitaban periódicamente, y que precisamente, atendiendo a esa unión familiar, el accidente sufrido por su madre les afectó en su estado anímico, ya que incluso, como lo narró la testigo Gamboa Varela, su abuela luego de la fractura había quedado en cama, sin poder moverse, a tal extremo que para poder llevarla a posteriores citas al hospital, debieron acondicionar el vehículo de su tío Efraín a los efectos de transportar a la señora con todo y su cama, situación que denota el apego a la madre, lo que también se ve reflejado cuando el testigo Rodrigo Gutiérrez Hernández (…), quien era vecino de la señora Rojas, el día del accidente él llevó a doña Eulalia al Hospital Cooperativo, junto a sus dos hijos Analive y Heriberto, situación que denota para este Tribunal que los hijos en realidad estaban apegados a su madre. Por ello, el hecho de ver a una madre en esas condiciones puede ocasionar a los hijos cercanos se aflijan y sientan dolor por su condición de salud. Este dolor lo analiza el Tribunal a la luz de que, si bien doña Eulalia ya tenía padecimientos propios de su edad e incluso el evento cerebro vascular que le había dejado algunos efectos en sus movimientos, no fue de igual magnitud al provocado con la fractura vertebral sufrida por la caída del ascensor, que es el hecho que nos ocupa en este proceso, lo que evidentemente dejó abruptamente en un estado de mayor deterioro a la víctima. Todas estas consideraciones dan pie para que este Colegio valorando in re ipsa la situación, determine que efectivamente los hijos de doña Eulalia deben ser indemnizados por el dolor que les provocó verla fracturada y sin movilidad, razón por la cual se dispone condenar por el concepto pedido a Consalud a pagar la suma de UN MILLÓN de colones para cada uno de los reclamantes”. En relación a los hijos que acompañaban a doña Eulalia el día que se desplomó el elevador, sea: don Heriberto Gerardo y doña Analive del Carmen, estimaron los Juzgadores: “Llama la atención en este sentido que la posición asumida por la representación legal de la parte actora siempre estuvo encaminada a demostrar daños acaecidos a la señora Eulalia, pero respecto de los dos hijos que la acompañaban el día de los hechos, tan solo se indicó que habían sufrido daños en sus tobillos y que por ello los habían enyesado, sin que se aportara prueba al respecto, salvo dos expediente clínicos en los que solo aparecen reportes escritos a mano con tipos de letras que no ha podido entender este Tribunal y que al respecto no se ofreció prueba pericial alguna o documentos legibles mediante los cuales se probaran sus lesiones físicas. Además, lo que se pide es un daño moral subjetivo, el cual, si lo que se pretende es que se determinara su daño moral específico (directo), se reitera que al respecto no se hizo alusión alguna en las argumentaciones, ni se probó relación con lo que les aconteció, en lo personal a Analive y a Heriberto (ambos Gamboa Rojas), con lo cual, este Tribunal no tienen ningún elemento de convicción que lo haga inclinarse a reconocer el daño moral subjetivo personal. No obstante, este Tribunal, considera que sí debe reconocer el daño moral subjetivo como hijos de la víctima, en los mismos términos que se indicaron en el apartado anterior, sea que por el sufrimiento o dolor al ver a su madre en la condición de inmovilidad y fracturada en que quedó luego del accidente con el elevador, merece ordenarse, al igual que a sus otros hermanos, que les sea pagado también a ellos el monto de UN MILLÓN de colones a cada uno, condena que recae contra Consalud”.

IV.- En términos generales, el daño moral subjetivo se asocia a estados de angustia, desánimo, frustración, impotencia, inseguridad, desesperación, zozobra, ansiedad, pena, intranquilidad, desilusión, entre otros. Su común denominador es el sufrimiento o la aflicción emocional, pues se verifica cuando se lesiona la esfera de interés extrapatrimonial del individuo. Su determinación es in re ipsa, es decir, supone que partiendo del evento lesivo, y de las condiciones que rodeaban al damnificado, aplicando presunciones humanas, el juzgador puede inferir, aún sin prueba directa que lo corrobore, aflicciones tales como preocupación, angustia, tristeza, dolor o estrés. Se trata de determinar una compensación monetaria al daño, único mecanismo del cual puede hacer uso el derecho, para repararlo. Lo anterior, a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, donde se hace necesario considerar la posición de las partes, naturaleza, objeto y finalidad del resarcimiento, sin llegar a constituir situaciones absurdas, dañinas o gravemente injustas. La fijación del quántum depende de la valoración del juez. En esa dirección, se reitera, debe atenderse a las circunstancias especiales del caso, las presunciones humanas, así como, a los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. Tomando como marco de referencia lo indicado, considera esta Cámara, en la especie resulta evidente la lesión extrapatrimonial cuya indemnización fue otorgada, sin embargo, no coincide con el monto dispuesto en tal concepto, en tanto se estima insuficiente de acuerdo a las particularidades del caso. Consta en autos, la parte actora centró el pedimento del daño moral subjetivo en la: “(…) angustia, desesperación, incertidumbre, aflicción, desesperanza, ansiedad, etc, al ver y saber que su madre estaba viviendo en carne propia sufrimientos, dolores (físicos y psicológicos), angustias, temores y una serie de sentimientos y estados de ánimo de angustia, ansiedad, etcétera, paralelos a todos los sufrimientos y al estado de invalidez provocada por el referido accidente (…). Los actores hijos de doña Eulalia también sufrieron mucho y se les causó un importante daño moral y daño psicológico, al ver y saber que su madre quedó postrada en una cama desde ese accidente y por el resto de su vida, sin poder valerse por sí misma, sino que dependía totalmente de terceras personas para solventar todas sus necesidades, desde las necesidades fisiológicas más elementales, había que bañarla, mudarla, asearla, etc. Además, en el caso particular de Analive y Heriberto el daño moral y afectación psicológica sufrida es aún mayor que la del resto de hermanos, porque al haberse precipitado el ascensor con ellos adentro cuando acompañaban a su madre el día de los hechos, sin duda sufrieron la angustia, el temor al momento de los hechos, así como el dolor físico de las lesiones en sus extremidades inferiores, y también sufrieron y se angustiaron mucho al ver a su madre que había sufrido con serias lesiones producto del accidente que la dejaron inválida. Luego de ese percance, ambos han quedado sumamente afectados, y cuando deban subirse a un ascensor sienten angustia, temor, estrés y desconfianza de que vuelva a ocurrir algo similar al relato accidente”. Tiene claro este Órgano Decisor, el hecho de que a la señora Rojas Díaz, a raíz del accidente suscitado dentro del ascensor que opera en el Hospital Cooperativo San Carlos Borromero, se le haya fracturado la columna vertebral a nivel de T12, con las consecuentes afecciones en la médula espinal, vejiga y capacidad orgánica (inmovilización), generó una carga o un daño emocional, tanto a la propia víctima como a sus hijos, el cual no estaban obligados a soportar. Ahora bien, para traducir esas afecciones en términos monetarios es primordial, no solo hacer énfasis en la lesión que debe ser tutelada, sino también, en cuál pudo ser el impacto real causado. En el subjúdice, es dable presumir el desgaste emocional que sufrieron los co-actores hijos de doña Eulalia, como consecuencia directa e inmediata de la condición de salud que presentó su madre después del evento acontecido en ese centro hospitalario (la cual la acompañó hasta el día de su fallecimiento). Resulta innegable, ver a un tan querido y pilar fundamental dentro del núcleo familiar, como es la madre, sufrir múltiples heridas (traumatismo vertebro medular y síndrome de inmovilización, según consta en el informe pericial rendido por el médico Mora Aguilar), con el consecuente deterioro en la condición de salud, provocó en los hijos dolor, aflicción, angustia, desesperación y ansiedad. Máxime al valorar la forma como acaeció tal situación, producto del desplome del elevador cuando doña Eulalia se trasladaba hacía una cita médica (dada la falta de un mantenimiento adecuado). Aunado a lo expuesto, consta en autos prueba adicional de la cual se infiere la angustia, sufrimiento, temor, aflicción y depresión que vivieron los co-actores, a raíz de los problemas de salud que afrontó la madre después del accidente del 24 de marzo de 2009. En ese sentido, la señora Gamboa Varela, nieta de doña Eulalia, declaró en el juicio oral y público que antes del incidente su abuela era una mujer activa, alegre, con padecimientos propios de un adulto mayor, quien atendía por sí misma sus necesidades, le gustaba bailar, además, conservaba una relación buena, cercana y afectiva con sus hijos, con quienes solía celebrar fechas especiales. El accidente de su abuela, se desprende de la declaración, representó un duro golpe emocional para los hijos (frustración, dolor, angustia, tristeza), al verla invalida, postrada en una cama, con sufrimientos físicos, decaída anímicamente y dependiente de terceras personas para toda necesidad. Por su parte el señor Jiménez Villalobos narró sobre la relación unida que mantenía doña Eulalia con sus hijos, el apego que ellos tenían con su madre, así como, del deterioro en la salud y en el estado ánimo que padeció la señora Rojas Díaz a partir de lo sucedido en el Hospital Cooperativo San Carlos Borromero, lo cual, sin duda, causó en sus seres más cercanos una alteración del equilibrio existencial dentro de su ámbito más íntimo. Valga insistir, el daño moral puede ser reconocido sin prueba directa de su existencia, por corresponder a daños inmateriales que afectan la esfera intima del perjudicado y que, en un caso como el de examen puede deducirse a partir de presunciones humanas (juicio lógico del juzgador). A saber, que la condición de salud que presentó doña Eulalia, posterior al accidente del 24 de marzo de 2009, generó en los hijos dolor, pena, angustia, desesperación, desánimo, sufrimiento y en general afectación anímica. Tomando en cuenta las particularidades descritas, estima esta Sala, la suma ¢1.000.000,00 otorgada por el Tribunal a cada uno de los co-accionantes hijos de doña Eulalia, por concepto de daño moral subjetivo, quebranta los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pues tal cifra no compensa el desgaste emocional causado. En consecuencia, deberá aumentarse el monto a ¢2.000.000,00 para cada uno, con la siguiente excepción. Respecto a los co-actores Heriberto Gerardo y Analive del Carmen, reconoce esta Cámara, la afectación anímica ocasionada es de mayor magnitud a la de sus hermanos, como bien argumentaron en el escrito de la demanda. El impacto emocional de vivir en carne propia la caída del ascensor, la impresión de dicho desplome, la angustia de ver a la madre lesionada después de ocurrido el accidente y, la conmoción de tener que prestarle los primeros auxilios, permiten presumir la existencia de un daño moral de mayor intensidad al padecido por los restantes hermanos, lo cual no fue valorado por los Juzgadores. Por consiguiente, en cuanto a don Heriberto Gerardo y doña Analive, lo procedente será aumentar la indemnización otorgada en la suma de ¢3.000.000,00 para cada uno. En criterio de este Órgano Decisor, los montos concedidos se consideran justos, proporcionados, racionales, acordes al ordenamiento jurídico, ello como mecanismo de compensación del daño infringido en la esfera interna emocional de los familiares directos de doña Eulalia. En los términos expuestos, habrá de acogerse el agravio invocado.

V.- La segunda censura admisible la titulan: “Sobre la responsabilidad solidaria de los codemandados”. Afirman, el ascensor donde se accidentó la señora Rojas Díaz es parte del inmueble dado en garantía del fideicomiso suscrito entre los co-accionados, por lo cual, en su criterio, todos han de responder por lo sucedido, independientemente de lo que hayan acordado en ese contrato. Al tenor de los numerales 254 y 255 del Código Civil (CC), indican, el elevador constituye un inmueble por disposición de ley, de manera que, al margen de las condiciones de la propiedad o quien sea su dueño registral, ese bien debe responder por los daños y perjuicios causados a terceros. Dicen, la Sociedad Consalud no posee bienes inscritos a su nombre, de manera que, existe el riesgo no llegar a obtener la indemnización concedida en sentencia. Apuntan, la responsabilidad  establecida por el Tribunal no se debe limitar a dicha empresa (Consalud), sino que debe extenderse, solidariamente, a todos los co-accionados, tal y como fue requerido en el escrito de demanda (por ocurrir el accidente dentro del inmueble dado en garantía del fideicomiso). Acusan, conforme a los preceptos 1045 y 1048 del CC en el caso de estudio se da una culpa in vigilando atribuible a la parte demanda, al no vigilar, supervisar ni darle mantenimiento al ascensor en cuestión.

VI.-  Por las razones que se apuntarán, los argumentos expuestos por la casacionista resultan inútiles a efectos de quebrar el fallo. Tómese en cuenta, al dilucidar sobre quién debe recaer la responsabilidad objetiva por los daños sufridos por doña Eulalia, dada la caída del elevador en el edificio del Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo, analizó el Tribunal la cuestión suscitada respecto de la legitimación pasiva en este proceso.  Señaló, desde el año 2007 Consalud obtuvo un crédito de parte del Infocoop y para garantizar el mismo se optó por la figura del fideicomiso de garantía, el cual se estableció sobre el inmueble en donde funciona el centro hospitalario de cita. Suscrito el contrato de fideicomiso, indicó, ese bien fue trasladado al fiduciario (Fiacoocique). Razonaron los Juzgadores: “(…) Consalud en su carácter de Fideicomitente, ha sido el único poseedor del bien inmueble y por ende asumió la administración de lo que en ella se encontraba, como lo es el edificio del Hospital Cooperativo, no así las figuras del Fiduciario ni el Fideicomisario, pues estos no debían, por el contrato suscrito, desarrollar actividad de administración alguna en cuanto al edificio asentado en el bien, situación que no se ha demostrado en la especie que correspondiera a ellos. Además, (…), el contrato claramente liberó de toda responsabilidad a Fiacoocique S.A. y a Infocoop. Por ello, tomando en cuenta la naturaleza especial del fideicomiso, tal y como se ha mencionado, no existe en la especie necesidad alguna de haber tenido como sujetos pasivos a Fiacoocique S.A, ni el Infocoop, ya que, no sólo estaban excluidos de asumir como tales responsabilidad objetiva alguna, sino que no tenían injerencia en la administración del edificio, ni se probó en autos que ejercieran actos de esa naturaleza, como para que pueda darse un nexo con los daños sufridos con la caída del elevador, pues como se indicó líneas arriba, la supervisión del elevador existente en el bien inmueble dado en garantía, era exclusivo de Consalud, quien para los efectos de este caso, debe ser tomada como la única responsable de los daños ocasionados con el desplome del elevador, toda vez que, la omisión de dar un mantenimiento técnico especializado al ascensor, indicada en el considerando anterior, solo tendría vinculación con el administrador del edificio que es Consalud”. Técnicamente lo resuelto por los Jueces fue la falta de legitimación pasiva de las co-accionadas Fiacoocique y el Infocoop, así dispuesto en el “Por Tanto” del fallo, sin embargo, tal consideración no fue atacada por la casacionista como en derecho correspondía, quien se limita a exponer diversos argumentos con base en los cuales pretende que esta Sala, obviando esa falta de legitimación, analice su teoría del caso (desaplicación de los numerales 254, 255, 1045 y 1048 del CC). La recurrente lejos de cuestionar el fundamento por el cual el Tribunal dispuso la falta de legitimación pasiva de cita (naturaleza del fideicomiso suscrito y lo pactado en ese contrato), insiste en los argumentos expuestos a lo largo del proceso, es decir, en la presunta existencia de responsabilidad solidaria, dado el vínculo entre los tres co-demandados con el inmueble donde opera el ascensor generador de los daños y perjuicios pretendidos (al margen de lo acordado en el fideicomiso). Consecuentemente, al resultar fútil lo reclamado a efecto de casar la sentencia impugnada, se impondrá el rechazo del agravio de mérito. A mayor abundamiento de razones, recrimina la casacionista que la responsabilidad por lo sucedido no debe atribuirse solamente a la empresa Consalud, sino, debe extenderse de forma solidaria a Fiacoocique y al Infocoop. Cabe destacar, la responsabilidad solidaridad es reserva de ley, por ende, deviene improcedente establecerla sin que exista norma expresa habilitante (como acontece en este asunto). Las disposiciones jurídicas indicadas por la recurrente, sea: los preceptos 254,  255, 1045 y 1048 del CC, no establecen la solidaridad requerida. Aunado a lo anterior, no lleva razón la casacionista al desconocer la naturaleza y lo acordado en el referido fideicomiso, pues ese contrato tiene fuerza de ley entre las partes (ordinal 1022 del CC), se mantiene vigente y no ha sido objeto de impugnación. En el caso de examen, expresamente se pactó en el fideicomiso, la única responsable por la administración del inmueble donde se ubica el cuestionado elevador es la empresa Consalud, como bien analizaron los Jueces. Así las cosas, los daños causados ante la falta de mantenimiento adecuado de ese aparato le son imputables, exclusivamente, a dicha Sociedad. Por los motivos indicados, la censura invocada deberá ser rechazada.

VII.- En mérito de lo expuesto, procederá declarar parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia, se anulará el fallo impugnado, solo, en cuanto otorgó ¢1.000.000,00 por concepto de daño moral subjetivo a favor de cada uno de los co-actores hijos de quien en vida fue Eulalia Rojas Díaz. En su lugar, fallando por el fondo, se fijará dicho extremo en la suma de ¢2.000.000,00 para cada uno, excepto en cuanto a los señores Heriberto Gerardo y Analive del Carmen a favor de quienes se concederá el monto de ¢3.000.000,00 para cada uno. En lo demás se mantendrá incólume la sentencia.

POR TANTO

              Se declara parcialmente con lugar el recurso de casación. Se anula el fallo impugnado, solo, en cuanto otorgó ¢1.000.000,00 por concepto de daño moral subjetivo a favor de cada uno de los co-actores hijos de quien en vida fue Eulalia Rojas Díaz. En su lugar, fallando por el fondo, se fija dicho extremo en la suma de ¢2.000.000,00 para cada uno, excepto en cuanto a los señores Heriberto Gerardo y Analive del Carmen a favor de quienes se concede el monto de ¢3.000.000,00 para cada uno. En lo demás se mantiene incólume la sentencia.

 

 

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

 

 

 

Román Solís Zelaya                                                                                        Rocío Rojas Morales   

 

 

José Rodolfo León Díaz                                                                           Yazmín Aragón Cambronero                                                         

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