Sentencia Nº 002642 de Sala Primera de la Corte, 17-11-2020

EmisorSala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha17 Noviembre 2020
Número de sentencia002642
Revisión del Documento

*190004411028CA*

Exp. 19-000441-1028-CA

Res. 002642-S1-2020

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cero minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte .

Proceso de ejecución de sentencia tramitado en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, interpuesto por GLENDA ZAMORA GÓMEZ, casada, abogada, cédula de identidad 1-1182-0608, no indica domicilio, y VIRGINIA ARROYO OREAMUNO, divorciada, comerciante, cédula de identidad 2-0327-0840, vecina de Alajuela, en contra de MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, representada por la alcaldesa, LAURA MARÍA CHAVES QUIRÓS, casada, máster en Administración Educativa, cédula 1-0775-0883, vecina de Alajuela. Interviene como apoderada especial judicial de Virginia Arroyo Oreamuno, la Licenciada Glenda Zamora Gómez. Todas las personas físicas son mayores de edad.

CONSIDERANDO

I. Se califica la casación como una instancia de carácter extraordinario, básicamente por dos razones. En primer término, porque no toda resolución judicial es pasible de tal recurso, sino tan sólo las contempladas en la ley. Y, en segundo lugar, porque las causales de impugnación en esa etapa revisora no son abiertas, sino preestablecidas, de igual modo, por el ordenamiento jurídico. El artículo 140, inciso c) del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA), permite el rechazo de plano de la casación, en aquellos supuestos que sea evidente su improcedencia, tanto por razones de forma como de fondo. Esto permite la atención célere del recurso y, por ende, una pronta solución del conflicto, con las ventajas que ello implica en términos de seguridad jurídica con respecto a las situaciones jurídicas involucradas. En estos casos, no es necesario el otorgamiento de la audiencia prevista en el numeral 142 del CPCA y, en virtud del rechazo de plano, no se impone la condenatoria en costas al recurrente, como si ocurre cuando el recurso es declarado sin lugar por el fondo, luego de otorgar traslado a la contra parte, viéndose incluso beneficiada la parte vencida en ese sentido. Ya esta Sala se ha manifestado reiteradamente, sobre la procedencia del rechazo de plano por el fondo, incluso en aquellos casos en los que el recurso cumple con los requisitos de admisibilidad, cuando es evidente que el mismo debe ser declarado sin lugar. En este mismo sentido, se pueden consultar, entre otros, los votos de esta cámara No. 444-F-S1-2014 de las 8 horas 45 minutos del 27 de marzo de 2014, 774-F-S1-2019 de las 11 horas 29 minutos del 13 de junio de 2019 y más recientemente, el voto No. 1117-A-S1-2020 las 09 horas 36 minutos del 31 de marzo de 2020.

II.-En un primer orden, a pesar de que la recurrente Ana Patricia Guillén Campos señaló en su escrito de casación que es parte de este proceso y que presentó en su nombre y a nombre de su clienta la liquidación para que se aprueben las costas personales de una sentencia constitucional, de la revisión efectuada por este Órgano Decisor se determinó que la señora Guillén no figuró en la representación letrada de la señora Virginia Arroyo en dicho proceso y tampoco consta poder especial judicial al respecto, siendo la única autorizada para la ejecución de sentencia, la Licenciada Glenda Zamora Gómez (Según Demanda Inicial y Poder Especial Judicial archivados en el expediente electrónico correspondiente). Se constató, además, que la participación de la recurrente fue en el amparo, quien, haciendo uso de la legitimación vicaria dispuesta por la Ley de la Jurisdicción Constitucional, interpuso dicho recurso en favor de la señora Arroyo Oreamuno, el cual se declaró con lugar y condenó a la Municipalidad de Alajuela al pago de costas, daños y perjuicios, mediante voto de la Sala Constitucional No. 18669-2018 del 09 de noviembre de 2018. Posteriormente, figuró en un documento presentado en el proceso de ejecución con la intención de que le fuesen cedidos los derechos litigiosos del Amparo, y ésta a su vez cederlo en el mismo acto a la Licda. Zamora, dicha solicitud de cesión fue rechazada por falta de requisitos mediante auto No 2188-2019 a las 13 horas 51 minutos del 10 de diciembre de 2019 y notificada a las partes el 16 de diciembre de 2019, sin que mediara oposición al respecto. Finalmente se dictó la sentencia No. 140-2020 a las 08 horas 24 minutos del 27 de enero de 2020 del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la cual dispuso: (…) Se condena a la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA a pagarle a VIRGINIA ARROYO OREAMUNO la suma de ciento sesenta y cinco mil colones (¢165.000) por concepto de costas personales por la presentación y tramitación del recurso de amparo. Sobre el monto anterior, se confieren intereses legales contados a partir de la firmeza de esta sentencia y hasta el efectivo pago (artículo 1163 del Código Civil). Se falla este asunto sin especial condenatoria en costas.

III.- Esta Sala ha reiterado su criterio en cuanto a que el derecho y la legitimación para cobrar las costas, daños y perjuicios que se causen con ocasión del trámite de un recurso de amparo, corresponden a la persona amparada y no a quien la representó o asesoró en el curso de este. Así, en la sentencia no. 992-F-S1-2019 de las 15 horas 45 minutos del 27 de junio de 2019, haciendo a su vez, remisión a precedentes que muestran una línea jurisprudencial consistente y repetida, señaló: “Según jurisprudencia de esta Sala, dicha condenatoria beneficia a la parte sobre quien recaen los efectos de ese fallo, es decir, el amparado. (Al respecto se pueden consultar los votos No. 615 de las 09 horas y 10 minutos del 23 de mayo de 2012, No. 1462 de las 15 horas 25 minutos del 27 de noviembre de 2017 y No. 508 de las 10 horas 45 minutos del 30 de mayo de 2018). En este caso, el amparo fue interpuesto por el señor Hernández Mussio, a favor de don José Humberto. Así, es este último el destinatario de las pretensiones formuladas en dicho recurso y, consecuentemente, el legitimado para ejecutarlas en caso de haber sido concedidas. En otras palabras, el titular de los derechos otorgados en el fallo constitucional es el amparado, no el profesional o cualquier otra persona que hubiese incoado el amparo. A efectos de lo que aquí se discute, se torna irrelevante si el señor Hernández Mussio interpuso el recurso de amparo por su condición de abogado o, como indica el Juzgado, “como ser humano”. Lo único que comporta analizar es que don Humberto fue el amparado y, por lo tanto, quien ostenta la legitimación para ejecutar los rubros otorgados en la sentencia constitucional, aún y cuando haya sido otra persona quien formuló el proceso de amparo.” En similar sentido, en la sentencia no. 001-S1-F-2019 de las 14 horas 05 minutos del 9 de enero de 2019, esta Cámara, indicó: “Así, se ha explicado que la condena al pago de daños perjuicios y costas proviene de un quebranto a una garantía constitucional que tiene la persona amparada, es por ello que es aquella quien detenta el derecho subjetivo de reclamarlos. En la especie, como bien lo expone el objetante, fue una tercera persona quien formuló un recurso de amparo a favor de la aquí ejecutante, por lo tanto, lo que la primera ostenta es una legitimación vicaria (únicamente para interponer a favor de otra persona un recurso según lo postula el numeral 33 de la LJC). Cabe decir que quien acude en un recurso de amparo a favor de un tercero, no está relacionado en nada con la condena que se genere con la lesión al derecho fundamental de la persona amparada; razón por la cual resultaría improcedente que éste acuda a efectuar un reclamo en atención a una eventual condenatoria.”

IV. En consecuencia, el fallo recurrido al haber dispuesto la condenatoria a favor de quien figuró como beneficiaria en el proceso de amparo, fue conforme con lo resuelto del mismo modo en múltiples antecedentes de esta Sala. Aunado a ello, la señora Guillén Campos no fue parte en el proceso de ejecución ni presentó poder especial judicial para la representación de la señora Arroyo Oreamuno, por lo que tampoco ostenta legitimación para pretender casar la sentencia, según lo dispuesto en los artículos 10 del CPCA y 1256 del Código Civil. En virtud de lo anterior, se rechaza de plano el presente recurso, conforme al artículo 140, inciso c) del CPCA.

POR TANTO

Se rechaza de plano el recurso interpuesto.jcheung

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Román Solís Zelaya

Rocío Rojas Morales

William Molinari Vilchez

Damaris Vargas Vásquez

Documento Firmado Digitalmente

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