Sentencia Nº 002649 de Sala Primera de la Corte, 19-11-2020

Emisor:Sala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia:002649

*080007560185CI*

Exp. 08-000756-0185-CI

Res. 002649-A-S1-2020

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuatro minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinte .

Proceso ordinario interpuesto por JUNTA LIQUIDADORA DEL BANCO SOLIDARIO DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en el cual, esta presentó recurso de casación contra la sentencia n.° 2019-238 de las 8:46 horas del 2 de abril de 2019 emitida por el Tribunal Primero Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Extraordinaria. Francisco Chacón Bravo, Georgina Sánchez Alvarado, Mario Gómez Pacheco y José Antonio Hidalgo Marín intervienen como personas abogadas en el proceso.

CONSIDERANDO

I.- De los asuntos admisibles en casación: De conformidad con el artículo 69.7.2 del Código Procesal Civil -ley n.° 9342-, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la admisión del recurso de casación. La Sección II del Capítulo IV, Título II del Código Procesal Civil, denominada MEDIOS DE IMPUGNACIÓN establece como disposiciones generales -aplicables para la totalidad de los recursos regulados en ese cuerpo normativo- los siguientes filtros de admisibilidad: i) la regla de taxatividad de los medios de impugnación (v.g. Art. 65.1), ii) la delimitación de la legitimación para impugnar (v.g. Art. 65.2) y; iii) la obligatoriedad de motivar la impugnación (v.g. Art. 65.5). Ulteriormente, en ese mismo texto se individualizaron otros presupuestos de admisibilidad según las tipologías de recursos, a saber: revocatoria, apelación y casación. Este último cuenta con requisitos preliminares y otros que conllevan un análisis de admisibilidad de mayor complejidad (v.g. Art. 69). En lo que respecta a las condiciones mínimas del recurso, la normativa ordena que se indique la naturaleza del proceso, las partes y la identificación de la resolución recurrida (69.4.1.). Por mandato de ley se interpondrá contra las sentencias dictadas en procesos ordinarios de mayor cuantía o inestimables (69.1) y, deberá presentarse ante el Tribunal que dictó la resolución que se impugna en el plazo de 15 días (69.3.).

II.- En relación a la alegada defectuosa representación vinculada al apoderado especial judicial de la casacionista, el señor Francisco Chacón Bravo; por criterio de los apoderados de la parte demandada, los argumentos deberán ser denegados a cuenta de que el mandatario de conformidad con el cardinal 1256 del Código Civil tiene a cargo la representación y por consiguiente dirección de este proceso. Lo anterior incluye cada una de las etapas procesales que lo conforman y por consiguiente, es lógico considerar que si bajo la ejecución de ese mandato el apoderado recurrió en el año 2018 ante el Tribunal Segundo Civil de San José (v.g. recurso de apelación), no existe justificación alguna para sostener que ese mandato no abarca la facultad de presentar en el mimo proceso, un ulterior acto recursivo; en este caso, para la casación de la sentencia. Asimismo, debe tener en consideración la representación de la parte demandada que, el Código Procesal Civil concede especial salvaguardia a las partes en cuanto a los actos que las benefician. De ahí que, como puede observar, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 20.2 de ese cuerpo normativo, incluso un no apoderado que ha actuado como mero autenticante de la firma de la parte; cuenta con las facultades de actuar en nombre de la parte para todo lo que le beneficie, siempre y cuando no se requiera poder especial judicial…” (v.g. la conciliación). Consecuentemente, no puede esta Sala apuntar que el recurso de casación podría haberlo presentado un autenticante, pero no el apoderado especial judicial expresamente designado por la parte actora para que lo represente en este proceso. En todo caso, se remite al folio 203 del expediente en el cuál consta en el escrito de la demanda, la autenticación de la firma del representante legal de la parte actora, realizada por el Lic. Chacón Bravo.

III.- Cuestiones preliminares del recurso: Los requisitos introductorios han sido cumplidos por los casacionistas, pues la sentencia impugnada corresponde al proceso ordinario de mayor cuantía n.° 08-000756-0185-CI. Por otro lado, el recurso se presentó dentro del plazo enunciado anteriormente por las siguientes razones: i) La comunicación de la resolución dicha fue trasmitida por última vez al común de las partes -de conformidad con el ordinal 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales- el día 12 de abril de 2019 (Escritorio Virtual, acta de notificación documento ingresado el 22/04/2019 a las 12:17:28 horas) y correspondió al día 22 de abril de 2019 a la fecha de la notificación; ii) El plazo recursivo venció el 14 de mayo de 2019 y; iii) El recurso fue presentado el 9 de mayo de ese año (Escritorio Virtual, documento ingresado el 9/05/2019 a las 16:01:04). Las anteriores corresponden a exigencias preliminares de admisibilidad; los demás requerimientos se conocen de seguido.

Admisión por motivos de fondo

IV.- Primeros agravios. La manera en que ha sido estructurado el recurso genera difícil comprensión. Este inicia con una sección de fundamentación del mismo, cuando en realidad más que una fundamentación jurídica contiene el despliegue y desarrollo de 3 agravios distintos entre sí. Esas 3 infracciones revelan la intención de que se case la sentencia por motivos de fondo (v.g. Art. 69.2); cada uno enunciado por la promovente de manera separada; empero, confusamente, una sección siguiente del recurso presenta otros agravios -planteados de manera ajena a los leídos en la sección B- que también son de naturaleza sustantiva, pero que, por algún motivo, la casacionista los presenta como una CASACIÓN POR EL FONDO. La contradicción en la estructura del recurso es evidente ya que, lo expuesto en la sección B -por su contenido- es también la exposición de agravios de casación por el fondo, empero la promovente introdujo un acápite separado para referirse a otros agravios/infracciones de normas sustantivas como si esto tratara de una naturaleza distinta de los agravios previamente presentados en la sección B. En este último acápite, identificado como C se presentan -separados por párrafos- otros nuevos agravios que esta Sala identifica como violaciones distintas entre sí pues sobre ellas se leen exposiciones de motivos diferentes (v.g. Art. 69.4.3). Estas aclaraciones se presentan para hacer ver a la parte recurrente que la estructuración del recurso debe ser ordenada, en aras de borrar cualquier duda que pueda tener este órgano jurisdiccional sobre las intenciones que tuvo la casacionista por la manera en que presentó sus reclamos. En otras palabras, del documento no se extraen inferencias sobre cómo debe ser entendido el recurso. Lo anterior, por cuanto, el acto de impugnación no puede ser analizado a través de especulaciones de qué es lo que la parte pretendió trasmitir pero que finalmente no pudo; o bien, sobre cómo quiso que se entendieran sus agravios, pero que por la manera en que fueron presentados generó un resultado distinto. Se le hace ver a la recurrente que la Sala actúa por competencia funcional, y en razón de ello, únicamente conoce de lo que se le planteó a gestión de parte tal y como fue presentado, lo que a su vez conlleva, que no está dentro de las labores de este órgano colegiado determinar cuáles argumentos o fundamentos jurídicos obedecen a una u otra causal en aras de enmendar la estructura o la claridad del recurso. Por el contrario, la normativa propia del recurso de casación compele al interesado a establecer las pautas claras y delimitadas que deben ser analizadas para casar la sentencia; y así será analizado este recurso. Dicho lo anterior, en este Considerando se analizan de manera acumulada las 3 infracciones enumeradas bajo el acápite B, FUNDAMENTOS DEL RECURSO. A partir de la imagen 7 del recurso la recurrente alegó la existencia de un error en la apreciación de la prueba por cuanto, estima que el Tribunal leyó únicamente la cláusula 3.04 del contrato, suprimiendo una parte del mismo. Expresó que el error se basa en interpretar la adjudicación como si fuera una adjudicación en un juicio hipotecario, en donde el adjudicado se ha dueño del bien rematado y se cancelan todos los gravámenes y anotaciones, lo cual lleva a una errónea valoración de la prueba [Sic]. Un segundo reclamo contra la sentencia impugnada versa sobre error en la valoración de la prueba. Al respecto afirmó que se le otorgó al tercer Addendum del contrato un valor que no le corresponde, porque esa frase se refiere a cuando la adjudicación se hace a un tercero, no a un fideicomisario…” (imagen 9 del recurso). Ahondó sobre esta temática en las imágenes 9, 10 y 11 del recurso. Finalmente en la sección iii.- del acápite B del recurso (imagen 11 del escrito), la promovente adujo error en la Valoración de las Cartas enviadas por Banco Improsa con posterioridad a la Adjudicación del 13 de junio del 2002. Sobre ese particular acusó violación en la valoración de la prueba al no darle el Tribunal a esas cartas el valor que le corresponde en donde Banco Improsa con posterioridad a su adjudicación reconoce su obligación de poner a disposición de Banco Solidario los lotes fiduciarios para que se pagara lo adeudado (imagen 12 del recurso). Concluyó que Todos estos error en la apreciación y valoración de la prueba hizo caer al Tribunal en violación al artículo 41.5 que ordena que las pruebas se apreciarán en su totalidad, conforme a criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano [Sic]. Los agravios no se admiten. La razón de inadmisión obedece a que el requisito del ordinal 69.4.2 no fue cumplido satisfactoriamente. En las 3 infracciones puntualizadas en el acápite B del recurso hay omisión sobre las normas sustantivas infringidas o erróneamente aplicadas (v.g. Art. 69.5.5 Ibídem). En este caso, si bien el casacionista no precisa el artículo que prevé la causal de casación que habilita la entrada de las infracciones descritas, la enunciación de las frases error en la apreciación de la prueba y error en la valoración de la prueba revela -sin lugar a dudas- que lo agraviado se subsume en la siguiente causal de casación por el fondo: Violación de las normas sustantivas aplicables al caso concreto. Esta causal comprende la infracción a las normas legales sobre valoración de la prueba y error en la interpretación de la prueba (v.g. Art. 69.2.a). La estructura de esa causal de casación puede entenderse mediante la subdivisión de los presupuestos contenidos en la norma; lo anterior facilita la comprensión de las distintas situaciones que una misma causal de casación prevé: i) Violación de las normas sustantivas aplicables al caso concreto (por aplicar la ley a casos que no están subsumidos en ella; por dejar de aplicar la ley al supuesto que la norma abarca debiendo haberla aplicado; o, por aplicar la ley al caso que corresponde pero con sentido y alcance que esta no tiene). Presupone que el recurrente acepta el elenco de hechos probados y no probados en la sentencia; pero no la aplicación de las normas sustantivas en las que el órgano jurisdiccional subsume el caso concreto. Se le conoce en la doctrina como violación directa de ley. ii) Violación de las normas sustantivas por infracción a las normas sobre valoración de la prueba. iii) Violación de las normas sustantivas por error en la interpretación de la prueba. En cuanto a estos dos últimos presupuestos, la violación de las normas sustantivas se diferencia del primer presupuesto porque involucra la comisión de errores de corte probatorio; se trata de dos tipos de yerro que ocurren por razones distintas pero que comparten la misma naturaleza (nacen en el análisis probatorio de la persona juzgadora): i. Sobre la valoración o ii. Sobre la interpretación de la prueba (Art. 69.2.a Ibídem). Entonces, la razón por la que estos dos últimos presupuestos (por infracción a las normas sobre valoración y por error en la interpretación) están acumulados en la misma causal de casación del Art. 69.2.a Ibídem que trata sobre violación a las normas sustantivas, obedece a que la infracción a la ley de fondo ocurre de manera mediata, refleja, indirecta; generada por el error en la valoración o en la interpretación de la prueba (porque a ella se llega previa demostración de alguno de esos dos errores probatorios). Anteriormente se dijo que los dos yerros de naturaleza probatoria que provocan la violación de las normas sustantivas ocurren por razones distintas; esto debe entenderse de la siguiente manera: La infracción a las normas legales sobre la valoración de la prueba (v.g. Art. 69.2.a del Código Procesal Civil), también conocido como error de derecho, ocurre cuando la persona juzgadora otorga a las pruebas un valor que no tienen, o bien, deja de concederles el valor que la ley les atribuye (el yerro ocurre en un plano jurídico). Cuando se alega este tipo de vicio, es necesario indicar tanto las normas sustantivas infringidas de manera mediata como la norma legal infringida sobre el valor de los elementos probatorios, que, en el Código Procesal Civil (v.g. Art. 69.4.2 y 69.5.5) vigente corresponde al cardinal 41.5, que reza: Las pruebas se apreciarán en su totalidad, conforme a criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa…”. Este precepto legal determina el sistema de valoración probatoria establecido por el legislador y aplicable a los procesos que se tramitan con base en las reglas procesales de ese cuerpo normativo (sin perjuicio de las reglas de valoración probatoria que existan en las leyes especiales). Por otro lado, el error en la interpretación de la prueba alude concretamente a la existencia de un yerro que se concreta cuando la persona juzgadora no contempla la prueba de manera objetiva; es un desacierto que ocurre en el plano material. Se trata de un elemento probatorio que se dice que existe cuando no y viceversa; también cuando se ha puesto en boca de los declarantes afirmaciones que no han hecho, o se afirma que en un documento hay información que no contiene. Por tanto, como puede verse, ambos errores nacen por razones distintas; la causal del cardinal 69.2.a Ibídem representa un cúmulo de supuestos cuyo entendimiento se hace necesario para invocar y motivar la situación correcta. De ahí que, dicho lo anterior, cuando afirmó esta Sala que no se cumplió con la mención de las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas; se refería a la mención de las normas sustantivas que se infringen indirectamente a partir del yerro de naturaleza probatoria. Por consiguiente, la mención del artículo 41.5 del Código Procesal Civil, si bien colabora con el deber de fundamentar jurídica del recurso, específicamente para el caso de la infracción a la norma legal que establece las reglas de valoración; este no es suficiente para cumplir los requisitos de entrada a casación (v.g. Art. 69.4.2) en relación a la causal del cardinal 69.2.a Ibídem. Se reitera, el presupuesto objetivo de casación previsto en esta norma involucra siempre y en todos los supuestos antes analizados la violación a las normas sustantivas; de manera directa o indirecta, pero afectación al Derecho Material en definitiva. Entonces, según se explicó, este agravio no puede pasar el filtro de admisibilidad por la falta de motivación en cuanto a la norma sustantiva infringida o erróneamente aplicada (v.g. Art. 69.5.5). En otro orden de ideas, en razón de la estructura dada a la impugnación que aquí se analiza; se le hace ver a la gestionante la importancia de que en el recurso de casación los agravios se desarrollen uno por uno con base en la causal de casación que prevé cada una de las infracciones invocadas. De esta manera, la causal de casación se repetirá en el recurso tantas veces como infracciones existan al amparo de un mismo presupuesto objetivo de casación (v.g. Art. 69.2 que prevé 6 causales de casación por razones procesales y 2 causales de casación por motivos de fondo). En ese orden, deben -necesariamente- individualizarse las razones que apoyan la casación por cada uno de los agravios/infracciones y las normas de derecho violentadas o erróneamente aplicadas (v.g. Art. 69.4). De lo contrario, una acumulación de infracciones bajo una misma prosa; con una motivación en común para cada una de ellas, es una técnica de casación que genera problemas a la parte promotora del recurso. La razón de esto descansa en que no es posible identificar cuál parte de la redacción trata sobre qué infracción en particular; además, la Sala no tendría claridad de cuál es el planteamiento que la parte casacionista ha hecho sobre cada una ellas. Dicha situación genera que en realidad no exista una expresión de los motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación, expuestos de forma ordenada, clara y concisa tal y como lo exige el cardinal 69.4.3 del Código Procesal Civil. En definitiva, una redacción así presentada no es ordenada y tampoco aporta claridad. El incumplimiento de ese requisito conlleva un rechazo de plano de conformidad con el artículo 69.5.4 del Código Procesal Civil: El recurso de casación será rechazado de plano cuando: () 4. No se expresen con claridad y precisión las infracciones acusadas. De ahí la importancia de una estructuración ordenada del recurso.

V.- Ulteriores agravios. Partiendo de lo desarrollado en el considerando anterior sobre la estructura del recurso de casación bajo examen, en la sección C.- del documento (a partir de la imagen 13) se identifican distintas infracciones acumuladas bajo un mismo acápite. Se trata de 5 violaciones distintas entre sí (todas por motivos de fondo), divididas en párrafos por la propia gestionante, a saber: 1. Adujo la parte gestionante que el Tribunal violó por interpretación errónea y falta de aplicación el artículo 633 del Código de Comercio, al interpretar que adjudicado un fideicomisario privilegiado de la propiedad dada en fideicomiso, el fideicomisario no privilegiado, perdía el derecho sobre los bienes fiduciarios que sobraron una vez pagado el fideicomisario privilegiado, y viola también por falta de aplicación el artículo 659 del mismo cuerpo legal, que establece que el fideicomiso se extingue por la realización del fin. Por las razones explicadas en el considerando anterior sobre la composición de la causal de casación del artículo 69.2.a Ibídem, estima esta Sala que el agravio es admisible para estudio por subsumirse en el presupuesto objetivo de la norma, específicamente como una violación directa de ley, pues, lo agraviado carece de referencias expresas a errores de tipo probatorio. Al respecto, la casacionista cumplió con la indicación de la norma sustantiva infringida (exigencia del Art. 69.4.2). En segundo lugar, el fragmento transcrito anteriormente cumple con la mención concreta de los motivos que fundamentan la casación (exigencia del Art. 69.4.3). 2. Violación por falta de aplicación del cardinal 411 del Código de Comercio por cuanto no se le dio valor a las cartas en que Banco Solidario reconocía su obligación de poner a disposición los lotes fiduciarios sobrantes. El agravio no se admite; por cuanto trae a colación un caso de violación indirecta de la norma sustantiva citada pero sin dar los motivos constitutivos de la casación (v.g. Art. 69.4.3 y 69.5.4) y sin referirse a la norma de valoración violentada (v.g. Art. 69.4.3 y 69.5.5). Obsérvese que no se llegó a analizar las pautas de valoración que establece el artículo 41.5 Ibídem; en otras palabras, el recurso es omiso en considerar cómo ocurre la valoración de cara a los criterios de ponderación que debe utilizar el Tribunal para otorgar o no valor a los elementos probatorios, a saber: i) los criterios de lógica, ii) la experiencia, iii) la ciencia y iv) el correcto entendimiento humano. Todos estos representan lineamientos diferentes entre sí, que regulan la actividad de valoración de las personas juzgadoras y las compele a que la misma no sea libre y antojadiza. De haber un yerro vinculado a esas reglas de valoración, la recurrente estaba en la obligación de decirlo y explicarlo; labor que solo puede realizarse satisfactoriamente si se ejecuta a partir del ordinal 41.5 Ibídem en conexión con las normas sustantivas que se infringen indirectamente a partir del yerro valorativo. Esta es la lógica detrás de un agravio por infracción a las normas legales sobre valoración de la prueba (Art. 69.4.2, 69.4.3, 69.5.4 y 69.5.5). 3. Violación del artículo 659 del Código de Comercio por interpretación errónea de la frase con la adjudicación se dio por terminado el contrato de fideicomiso (imagen 13 del recurso). Al respecto, la promovente motivó que es un error haber considerado terminado el contrato de fideicomiso sin haber este realizado su fin. El agravio se admite. La interpretación errónea a la que alude la gestionante representa una violación indirecta de la norma sustantiva que deviene del yerro en la contemplación objetiva de la prueba; en este caso, el contrato de fideicomiso. Y al respecto, la gestionante ha expuesto por qué estima que el negocio jurídico no ha cumplido su fin. Por consiguiente, su planteamiento será analizado por el fondo en razón de haber cumplido con los requerimientos del cardinal 69.4 Ibídem. 4. Violación del artículo 1022 del Código Civil por falta de aplicación, estima que no se ha cumplido que en caso de remate o subasta debe pagársele lo adeudado al Banco Improsa como fideicomisario privilegiado y a Banco Solidario como fideicomisario no privilegiado, y esto último no se cumplió. El agravio se admite bajo la causal del numeral 69.2.a como una violación directa de ley. 5. Violación del cardinal 1023 del Código Civil por cuanto el Tribunal interpretó que los lotes sobrantes fiduciarios -que estaban destinados a pagar al Banco Solidario-, pertenecían al Banco Improsa. El agravio se admite bajo la causal del numeral 69.2.a como una violación directa de ley.

VI.- Finalmente, en relación al escrito presentado ante esta Sala por el señor Manuel Enrique Vargas Lizano el día 20 de diciembre de 2019, en el cual, dice actuar en representación de Construservicios S.A. e Implementos Técnicos de Oficina S.A. (Escritorio Virtual, 6 documentos ingresados el 6/01/2020); se hacen las siguientes consideraciones: 1. En el documento invocó el interesado lo siguiente: Se cita en esta incubación y adición en representación de mis sociedades antes descritas en formal denuncia la presentación de esta contrademanda a la demanda presentada por la Junta Liquidadora del Banco Solidario S.A. contra el Banco Improsa S.A., ante esa Sala Primera, para que sea conocido por los hechos verdaderos que serán narrados a través de este escrito de marras…”; 2. Las empresas representadas por Manuel Enrique Vargas Lizano no son parte en este proceso; 3. La contrademanda que se pretende a la demanda no encuentra amparo en la normativa procesal civil. Asimismo, la intervención de terceros en el proceso se regulada en los numerales 22.3 y 22.4 del Código Procesal Civil (v.g. intervención excluyente e intervención adhesiva) no tiene relación alguna con la actuación que el señor Vargas Lizano pretende. Por consiguiente, no se atenderá a la gestión planteada. Deberá acudir a la vía procesal pertinente para que se conozcan los hechos narrados.

POR TANTO

Se deniegan los argumentos sobre la defectuosa representación interpuestos por la parte demandada. No se atiende a la gestión planteada por Manuel Enrique Vargas Lizano en representación de Construservicios S.A. e Implementos Técnicos de Oficina S.A.. Por mayoría se admite parcialmente el recurso únicamente sobre las infracciones 1, 3, 4 y 5 analizadas en el considerando V de esta resolución. En lo demás se rechaza de plano el recurso. JMONTEALEGRE

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Román Solís Zelaya

Rocío Rojas Morales

William Molinari Vilchez

Damaris Vargas Vásquez

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