Sentencia Nº 002772 de Sala Primera de la Corte, 24-11-2020

Emisor:Sala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia:002772
Revisión del Documento

*130000280390CI*

Exp. 13-000028-0390-CI

Res. 002772-A-S1-2020

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte .

Proceso de conocimiento interpuesto por Adriana Matarrita García contra Francisca Baltodano Cano, y la Municipalidad de Nicoya (en adelante la Municipalidad), representada por Marco Antonio Jiménez Muñoz. La señora Baltodano Cano reconvino a la señora Matarrita García. Actúan como apoderados especiales judiciales de la actora los Licenciados Angela Aurora Leal Gómez, y Steven González Agüero, y por la Municipalidad, Susana María Peña Duarte. El representante de la Municipalidad formula recurso de casación contra la sentencia no. 75-2019 dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, Segundo Circuito Judicial de San José, a las 16 horas 30 minutos del 29 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO

I.- La actual legislación procesal contenciosa administrativa, prevé en su mandato 140, la posibilidad de rechazar de plano el recurso de casación cuando: a) Del escrito quede claro que la resolución recurrida no puede ser objeto de casación, b) Se haya presentado extemporáneamente, c) Carezca de total fundamentación jurídica o, teniéndola, la Sala o el Tribunal de Casación deduzcan con claridad, la improcedencia del recurso, ya sea por razones procesales o de fondo (resaltado no pertenece a su original). En este último supuesto, el legislador propuso una alternativa que en esta materia resulta innovadora y expedita, de modo que, en aras de resolver en forma pronta y cumplida los procesos judiciales, permite a quienes conocen este recurso extraordinario, determinar desde el inicio, la improcedencia del recurso aún y cuando cumpla los requisitos estrictamente formales, tales como la presentación dentro del plazo y el respeto de la técnica misma de la casación, conforme al canon 139 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Lo anterior en virtud de que, a nada conduce postergar la resolución de un recurso de esta naturaleza, si de su contenido se deduce con absoluta claridad que el reproche planteado será desestimado. -

II.-El Alcalde de la Municipalidad recurrente en el primer apartado por la forma manifiesta, el Tribunal en la parte denominada "hechos probados" evidencia que el presente proceso desde sus inicios ha sido y es de derecho privado. Indica que no es de recibo que, como resultado de un conflicto de carácter privado, la Municipalidad deba resolver un problema habitacional, que la parte actora puede solventar. En su segundo agravio alega lo resuelto viola el principio de legalidad. Arguye el Tribunal ha olvidado que la esencia de los proyectos habitacionales ha de ser brindar apoyo aquellas familias que definitivamente no pueden obtener una vivienda digna y éste no sería el caso, pues tales competencias corresponden a otros entes públicos y escapan al quehacer municipal en atención al principio de legalidad resguardado por el artículo 11 constitucional y el numeral 11 de la Ley General de la Administración Pública. En su tercer argumento aduce la sentencia recurrida otorga más de lo pretendido por la parte accionante en el caso que nos ocupa la sección octava del tribunal contencioso administrativo ha otorgado más de lo pedido por la actora al condenar a la Municipalidad para que le resuelva un problema habitacional producto de un conflicto claramente comprobado que es de derecho privado, además el pago de la casa en la que residieron durante años y las mejoras

indexadas.

III.- De la lectura del recurso, en sus dos primeros agravios, esta Sala no logra desprender a cuál causal hace referencia el casacionista, ni tampoco logra interpretar los motivos de su inconformidad, los que a todas luces son imprecisos. En primer lugar, véase que el accionante fundamenta que el objeto de su demanda se enmarca en el derecho privado. Se limita a realizar un resumen de los hechos y transcribir las pretensiones de la demanda, pero no indica el quebranto que violenta la resolución recurrida. En su segundo agravio alega lo resuelto viola el principio de legalidad, si bien aduce la vulneración del ordinal 11 constitucional y el numeral 11 de la Ley General de la Administración Pública por exceder las facultades legales de la Municipalidad, de igual manera que en el reproche anterior, solamente indica cual es, según su criterio, la esencia de los proyectos habitacionales, sin precisar cómo se violenta el principio de legalidad y tampoco lo relaciona con la sentencia impugnada. Sobre ello el Tribunal dispuso: VIII. DE LOS DEBERES DE LA MUNICIPALIDAD DE NICOYA: Como se indicó anteriormente, pese a que no es posible entrar a conocer la legalidad del acuerdo de donación, lo cierto es que el mismo es un acto unilateral de la Municipalidad, quien estaba en la obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos. Resulta ambivalente la posición de la Municipalidad, pues achaca a las partes de este asunto, aspectos que únicamente le pueden ser imputados al mismo ente, siendo que inclusive se ha reconocido que se cometieron errores, tanto en el acuerdo de donación, como en el acuerdo que acogió el recurso de revisión e inclusive se ha reconocido la posesión decenal de la actora dentro del inmueble en cuestión. Las municipalidades, por mandato constitucional, están obligadas a promover el bienestar dentro de sus respectivos cantones. La dotación de vivienda es uno de los aspectos más sensibles para cualquier persona o núcleo familiar Como se logra observar, el casacionista no presenta reproches ante lo resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo, sino expresa únicamente, no estar de acuerdo con lo resuelto. No combate la sentencia que es el objeto del recurso de casación, antes bien, se limita a manifestar su inconformidad con lo resuelto. Esta misma Sala ha reiterado en cuanto a la naturaleza del recurso de casación, lo siguiente: no resulta suficiente para la procedencia del recurso, la manifestación de disconformidades generales y meramente argumentativas, sino que es indispensable a los efectos, mostrar el contraste de lo decidido con la infracción que, en su criterio, tuvo lugar" (voto 1042-2013 de las 08 horas con 50 minutos del 14 de agosto de 2013). Es claro para esta Sala que el recurrente no ataca los razonamientos jurídicos utilizados por los juzgadores, sino se limitó a reiterar su teoría del caso en el recurso de casación, sin abonar ningún elemento que permitiera confrontar las conclusiones de la sentencia impugnada.

IV.- El recurrente en su tercer motivo, aduce, el Tribunal Contencioso Administrativo ha otorgado más de lo pedido por la actora al condenar a la Municipalidad para que le resuelva un problema habitacional producto de un conflicto claramente comprobado que es de Derecho privado, ya que además el pago de la casa en la que residieron durante años y las mejoras indexadas, provee sobre más de lo pedido, incurriendo en extra petita. Referente al vicio de incongruencia, en repetidas ocasiones se ha dicho que este se produce cuando existe una contradicción entre lo que solicitan las partes al momento de formular su pretensión (en las etapas que el CPCA lo permite) y lo que en definitiva es resuelto por el órgano jurisdiccional en el dispositivo del fallo. Las consideraciones realizadas para fundamentar la sentencia pasan a un segundo plano, sin que den lugar a la patología que se comenta. En esencia, esta se puede presentar cuando se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate (mínima petita), se otorga más de lo rogado (ultra petita), lo resuelto no guarda correspondencia con lo peticionado (extra petita), o bien, porque contiene disposiciones contradictorias. Lo anterior no ocurre en este caso, pues, lo alegado por el casacionista, no es más que la pretensión subsidiaria de la parte actora, que solicitó: PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: Que se me reconozcan las mejoras existentes en el área que he poseído, en caso que se reubique mi derecho en un lugar distinto al que se ha venido poseyendo. (ver imágenes 22-26 del expediente electrónico judicial) y el Tribunal acogió dicha pretensión.

V.- Con base en las consideraciones expuestas, esta Cámara aprecia que el recurso resulta improcedente, lo que obliga, por celeridad procesal, a su rechazo de plano (ordinal 140 inciso c) del CPCA).

POR TANTO

Se rechaza de plano el recurso. GCASAFONT

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Román Solís Zelaya

Rocío Rojas Morales

William Molinari Vilchez

Damaris Vargas Vásquez

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