Sentencia Nº 002775 de Sala Primera de la Corte, 24-11-2020

Emisor:Sala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia:002775
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*150001460930CI*

Exp. 15-000146-0930-CI

Res. 002775-A-S1-2020

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte .

Pronunciamiento sobre el recurso de revocatoria interpuesto por la parte actora, el señor Alejandro Ramírez Córdoba, en contra de la resolución dictada por esta Sala a las 14:56 horas del 18 de julio de 2019 (documento ingresado al Escritorio Virtual en fecha 16/08/19 a las 9:00:04 horas). Belzerth Espinoza Cruz, Jonatán Picado León y Carlos Roberto Galva Brizuela intervienen como personas abogadas en el proceso.

CONSIDERANDO

I.- Sobre la admisibilidad del recurso de revocatoria. De conformidad con el cardinal 66.1 del Código Procesal Civil - ley n.° 9342-, el recurso de revocatoria procede contra los autos y debe interponerse ante el tribunal que lo dictó, dentro del tercer día, si el auto es escrito. Adicionalmente, la Sección II del Capítulo IV, Título II del Código Procesal Civil, denominada MEDIOS DE IMPUGNACIÓN establece como disposiciones generales -aplicables para la totalidad de los recursos regulados en ese cuerpo normativo- los siguientes filtros de admisibilidad: i) la regla de taxatividad de los medios de impugnación (v.g. Art. 65.1), ii) la delimitación de la legitimación para impugnar (v.g. Art. 65.2) y; iii) la obligatoriedad de motivar la impugnación (v.g. Art. 65.5). Los anteriores requerimientos han sido cumplidos por la parte recurrente. En primer lugar, la inadmisibilidad decretada por esta Sala en relación al recurso de casación presentado contra la sentencia n.° 193-2018 (de las 9:49 horas del 13 de diciembre de 2018 emitida por el Tribunal de Apelación Civil del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica) concede legitimación al accionante para impugnar esa decisión. En segundo lugar, la resolución recurrida corresponde a un auto por lo que el recurso de revocatoria es procedente de conformidad con el cardinal 66.1 Ibídem. En tercer lugar, el recurso se presentó dentro del plazo enunciado anteriormente por las siguientes razones: i) La comunicación del auto fue trasmitida por última vez al común de las partes -de conformidad con el ordinal 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales- el día 9 de agosto de 2019 (Escritorio Virtual, acta de notificación documento ingresado el 12/08/2019 a las 11:33:10 horas) y correspondió al día 12 de agosto de 2019 a la fecha de la notificación; ii) El plazo recursivo venció el 16 de agosto de 2019 y; iii) El recurso de revocatoria fue presentado el día 14 de agosto de 2019 ante la Sala Primera (Escritorio Virtual, documento ingresado el 16/08/2019 a las 9:00:04 horas).

II.- Sobre los agravios en el recurso de revocatoria: Explicó el gestionante que el presente proceso es uno ordinario de ejecución forzosa -como pretensión principal-, en el cual, en razón de un recurso de apelación, el Tribunal de Apelación Civil y Laboral del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica dictó la sentencia n.° 193-2018 de las 9:49 horas del 13 de diciembre de 2018. Adujo que conforme a la normativa procesal civil que entró a regir el 8 de octubre de 2018; el artículo 69.3 establece el plazo de 15 días para interponer el recurso ante el Tribunal que dictó la resolución recurrida. Agregó que el plazo para interponer el recurso de casación vencía el 18 de enero de 2019; y que, lo presentó en fecha 17 de enero ante el Tribunal de Apelaciones quién, a su vez, otorgó el emplazamiento debido al recurso. Sostuvo que la presentación del recurso se hizo conforme a la norma procesal vigente para la fecha de interposición, tanto dentro de los 15 días de plazo como ante el Tribunal que dictó la resolución recurrida. Objetó que se utilizó como fundamento del rechazo el cardinal 596 del Código Procesal Civil; norma derogada por la Ley 9342 que entró en vigencia el 8 de octubre de 2018. Afirmó que, en esas circunstancias; no existe una debida fundamentación por parte de la Sala. Agregó que a pesar de que el recurso fue ingresado inicialmente al Sistema de Gestión en Línea a la carpeta del Tribunal, también lo envió por fax a la Sala Primera y fue corroborado por teléfono. Finalmente, solicitó que se revoque el auto impugnado y que se tenga por presentado en tiempo y forma el recurso de casación (documento ingresado al Escritorio Virtual en fecha 16/08/19 a las 9:00:04 horas).

III.- Esta Sala resolvió lo siguiente en el auto recurrido: De conformidad con el artículo 596 del Código Procesal Civil el recurso debe presentarse ante la Sala de Casación dentro de los quince días siguientes a la notificación de la sentencia o de la resolución que se pronuncia sobre su adición o aclaración. El fallo que aquí se recurre, quedó notificado al actor por E-Mail el 13 de diciembre de 2018 y a la sociedad demandada vía fax el 13 de diciembre de 2018, según se desprende de las actas de notificaciones emitidas por el Tribunal que corren a folio 7, 8, 9 y 10, lo que implica que el plazo para recurrir ante la Sala venció el 18 de enero de 2019. Según se obtiene del expediente electrónico que al efecto lleva el Despacho y al que la Sala tiene acceso por medio del escritorio virtual, el recurso fue presentado el 17 de enero de 2019 pero ante el Tribunal de Apelación, quien ordenó remitirlo a ésta Sala vía correo electrónico e ingresó a esta Sede el 22 de febrero de 2019, lo que dice de su extemporaneidad y así debe declararse.

IV.- En la carpeta electrónica de la Sala Primera no consta que el recurso de casación que impugnó la sentencia n.° 193-2018 se haya presentado ante esta Sala tal y como la parte actora lo afirmó en el recurso de revocatoria; y, sobre ese hecho no hay prueba aportada por el interesado. Por consiguiente, no atiende la Sala a este argumento de la revocatoria. En otro orden de ideas, el recurso de casación -objeto de esta impugnación- sí consta en la carpeta electrónica del Tribunal de Apelación de la Zona Atlántica, con fecha de ingreso del día 17 de enero de 2019 sobre lo cual no hay objeción por parte del gestionante. Por consiguiente, es la aplicación del artículo 596 del Código Procesal Civil, ley n.° 7130, el punto rebatido y sobre el cuál; la parte actora pide revocar el auto que se pronunció sobre la admisibilidad de la casación. Al respecto de lo anterior, no lleva razón el promovente al afirmar que no existe una debida fundamentación por parte de la Sala cuando aplicó la norma derogada para decretar la extemporaneidad del recurso de casación, mucho menos, si el sentido de la manifestación implica infracción al Ordenamiento Jurídico. Veamos: 1. El artículo 183.1 del Código Procesal Civil vigente - ley n.° 9342- ordena lo siguiente: Se derogan las siguientes disposiciones: 1. La Ley N.º 7130, denominada Código Procesal Civil, de 16 de agosto de 1989, con las siguientes excepciones que se mantienen vigentes, mientras no se publiquen las normas que las sustituyan: los artículos 709 a 818; 825 a 870 y 877 a 885…”. 2. El cardinal 8 del Código Civil consigna que Las leyes sólo se derogan por otras posteriores y contra su observancia no puede alegarse desuso ni costumbre o práctica en contrario. La derogatoria tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá también a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior (El resaltado no es original). 3. El Código Procesal Civil -ley n.° 9342- dispone que el recurso de casación se interpondrá contra las sentencias dictadas en procesos ordinarios de mayor cuantía como el presente (v.g. Art. 69.1), no obstante, la aplicación de las normas procesales de la Sección II del Capítulo IV, Título II del Código Procesal Civil -ley n.° 9342-, denominada MEDIOS DE IMPUGNACIÓN fue perfilada por normas especiales que determinaron los casos en los que resulta aplicable ese nuevo régimen recursivo. Justamente, la propia ley n.° 9342 dispone en el Transitorio II que; Contra las resoluciones que estuvieran dictadas al entrar en vigencia este Código cabrán los recursos autorizados por las disposiciones procesales vigentes al momento en que se dictaron (El resaltado no es original). 4. El Código Procesal Civil -ley n.° 9342- entró en vigencia el día 8 de octubre de 2018 (Diario Oficial la Gaceta, alcance n.° 54, Año CXXXVIII, 8 de abril de 2016). 5. En lo que respecta al recurso de casación presentado por la actora, este impugna una resolución cuya emisión es posterior a la fecha mencionada; se trata de la sentencia de segunda instancia dictada el día 13 de diciembre de 2018, no obstante, es el pronunciamiento de primera instancia (de las 11:29 horas del 11 de mayo de 2018) que precede al 8 de octubre de 2018; el que marcó el régimen recursivo por el cual la sentencia subsiguiente se sostiene. Como puede verse, la lógica del recurrente por la cual aseveró que el auto de esta Sala no cuenta con una debida fundamentación por basarse en el cardinal 596 del Código Procesal Civil, ley n.° 7130 (régimen recursivo de ese cuerpo normativo) no es correcta en el tanto, si bien la norma fue expresamente derogada en la ley n.° 9342; los alcances de esa derogación fueron establecidos en ese mismo cuerpo normativo; y es, precisamente, lo que el recurrente ha obviado en su argumentación. En cuanto a la temática de la vigencia de las normas jurídicas, el principio general es que ellas rigen a partir de la fecha que designen o a partir de su publicación y hasta que sean derogadas, tácita o expresamente. Y sucede que, aún cuando esa derogatoria equivale a la extinción de su validez, de su vigencia, e incluso de su eficacia; también debe tenerse en consideración que, así como lo previó el numeral 8 del Código Civil (los alcances de una derogatoria son los que expresamente se disponga); una norma derogada, aunque en principio resulte inaplicable a cualquier situación jurídica nacida con posterioridad a la derogación, sí es de aplicación cuando sigue amparando las situaciones jurídicas consolidadas durante su vigencia, las que, no han sido afectadas por la ley derogante porque esta así lo ordena (principio de irretroactividad legal). Entonces, lo desarrollado significa que el propio Código Procesal Civil -ley n.° 9342- anticipó el resguardo del régimen recursivo del Código que derogó para que esas normas en particular fueran aplicadas -en el futuro- a las resoluciones que ya estuvieran dictadas al entrar en vigencia la nueva normativa procesal el 8 de octubre de 2018. En el presente caso, la situación jurídica consolidada se concreta con el dictado de la sentencia de primera instancia, la cuál, en razón de la aplicación de las normas recursivas del Código Procesal Civil: ley n.° 7130 podía ser recurrida a través de un recurso de apelación; cuya resolución en segunda instancia por parte del Tribunal de Apelaciones, también fue autorizada por los alcances propios de la derogatoria, y así, este segundo pronunciamiento se dictó válidamente en una fecha posterior al 8 de octubre de 2018. Por consiguiente, es válido afirmar que; todos los actos jurisdiccionales relacionados con la impugnación de la sentencia de primera instancia, en relación al presente proceso, y que se han fundado en las normas procesales que intervienen en el régimen recursivo del Código Procesal Civil -ley n.° 7130- se encuentran legalmente habilitados por orden expresa del Transitorio II del Código Procesal Civil vigente - ley n.° 9342; incluido el auto dictado por esta Sala a las 14:56 horas del 18 de julio de 2019. En otro orden de ideas, cuando el recurrente expresó que la presentación del recurso de casación la hizo ante el Tribunal de Apelación de conformidad con el artículo 69.3 del Código Procesal en vigor; esta Sala estima el recurso debe tenerse por presentado en tiempo por las siguientes razones: A pesar de que ya se ha precisado el contenido del Transitorio II lo cual, presupone que, el recurrente debió presentar el recurso de casación directamente ante esta Sala -numeral 596 de la ley n.° 7130-; lo cierto es que, a partir del contenido del Transitorio I, el gestionante bien puedo haber entendido que el lugar de presentación del recurso de casación ante el Tribunal que dictó la resolución recurrida -v.g. Art. 69.3-; en este caso: el Tribunal de Apelaciones resultaba una disposición adaptable al caso concreto. Al respecto, téngase en consideración que este Transitorio I indica que Los procesos que estuvieran pendientes a la entrada en vigencia de este Código se tramitarán, en cuanto sea posible, ajustándolos a la nueva legislación, procurando aplicar las nuevas disposiciones y armonizándolas, en cuanto cupiera, con las actuaciones ya practicadas (El destacado no es original). Por tanto, esta Sala encuentra que las características especiales de la situación: el hecho de que el presente proceso ha transcurrido en un momento de cambio de la normativa procesal y esa coyuntura suscita a su vez; el acontecimiento de interrogantes sobre la aplicación de los Transitorios indicados y cómo estos deben ser entendidos, el fundamento de la parte actora para pedir la revocatoria del auto de admisión con base en el numeral 69.3 es procedente. Se tendrá por revocado el auto de las 14:56 horas del 18 de julio de 2019 emitido por esta Sala y en su lugar se tiene por presentado en tiempo el recurso de casación el día 17 de enero de 2019 ante el Tribunal de Apelación Civil y Laboral del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

Admisibilidad por el fondo

V.- Resta continuar con el análisis de admisibilidad del recurso de casación en relación a los demás requisitos de entrada ante esta instancia. Lo anterior por cuanto, en este auto se determinó acoger el recurso de revocatoria y tener por presentado en tiempo el recurso de casación; no obstante, con respecto a la forma, se procede a revisar el primer agravio por motivos de fondo. Asimismo, con base en el Transitorio I del Código Procesal Civil -antes mencionado- se establece de antemano que el análisis de los requisitos del recurso de casación se hará con base en los plasmados en la ley n.° 9342. Lo anterior se dispone así aún cuando de conformidad con el Transitorio II de ese mismo Código, el régimen recursivo que corresponde al caso concreto es el que dispone el Código Procesal Civil ley n.° 7130 (se remite al Considerando IV de esta resolución). Esta decisión de la Sala obedece a que el gestionante presentó un recurso de casación fundado en los preceptos legales del Código Procesal Civil ley n.° 9342. Así las cosas, en aras de no generar confusión aplicando la normativa casacional de la ley n.° 7130 a un recurso redactado con base en otras normas, se aplicará ley n.° 9342 en el examen de admisibilidad pues; fue la propia parte quién optó por fundarse en las reglas procesales vigentes.

VI.- Primer agravio. Adujo el casacionista que el Tribunal de Apelación incurrió en violación de las normas sustantivas y en una inadecuada valoración de la prueba. Las normas infringidas son las contenidas en los artículos: 59, 324, 692, 1045 y 1046 del Código Civil. Explicó que no se le concede derecho a mi representado como le corresponde ya que dentro del proceso se demostró que el demandado a través de su actuar antijurídico le ocasionó un daño y un perjuicio económico a Don Alejandro, daños y perjuicios que fueron debidamente constatados y concretizados dentro del proceso…”. Afirmó que los daños debían haberle sido reconocidos y sobre ellos expuso que se trata de ¢2.670.000 que corresponde a los dineros dejados de percibir por los 167 litros; ¢2.000.000 por concepto de daño moral y ¢2.000.000 de perjuicio ante la falta de utilización oportuna de la cantidad de cilindros reclamados. Ulteriormente, de la imagen 3 a la 6 del recurso puede leerse una motivación a cargo del recurrente sobre por qué -bajo su criterio- esas sumas de dinero deben concedérsele. El agravio no se admite por las razones que se presentan de seguido: el agravio bajo examen refirió a la violación de la norma sustantiva y a la inadecuada valoración de la prueba como la infracción cometida por el Tribunal; lo cual, se refiere a la causal de casación establecida en el artículo 69.2.a del Código Procesal Civil. Este presupuesto de casación establece motivos para casar la sentencia cuando ocurra Violación de las normas sustantivas aplicables al caso concreto. Esta causal comprende la infracción a las normas legales sobre valoración de la prueba y error en la interpretación de la prueba (v.g. Art. 69.2.a). La estructura de esa causal puede entenderse mediante la subdivisión de los presupuestos contenidos en la norma; lo anterior facilita la comprensión de las distintas situaciones que una misma causal de casación prevé: i) Violación de las normas sustantivas aplicables al caso concreto (por aplicar la ley a casos que no están subsumidos en ella; por dejar de aplicar la ley al supuesto que la norma abarca debiendo haberla aplicado; o, por aplicar la ley al caso que corresponde pero con sentido y alcance que esta no tiene). Presupone que el recurrente acepta el elenco de hechos probados y no probados en la sentencia; pero no la aplicación de las normas sustantivas en las que el órgano jurisdiccional subsume el caso concreto. Se le conoce en la doctrina como violación directa de ley. ii) Violación de las normas sustantivas por infracción a las normas sobre valoración de la prueba. iii) Violación de las normas sustantivas por error en la interpretación de la prueba. En cuanto a estos dos últimos presupuestos, la violación de las normas sustantivas se diferencia del primer presupuesto porque involucra la comisión de errores de corte probatorio; se trata de dos tipos de yerro que ocurren por razones distintas pero que comparten la misma naturaleza (nacen en el análisis probatorio de la persona juzgadora): i. Sobre la valoración o ii. Sobre la interpretación de la prueba (Art. 69.2.a Ibídem). Entonces, la razón por la que estos dos últimos presupuestos (por infracción a las normas sobre valoración y por error en la interpretación) están acumulados en la misma causal de casación del Art. 69.2.a Ibídem que trata sobre violación a las normas sustantivas, obedece a que, la infracción a la ley de fondo ocurre de manera mediata, refleja, indirecta; generada por el error en la valoración o en la interpretación de la prueba (porque a ella se llega previa demostración de alguno de esos dos errores probatorios). Anteriormente se dijo que los dos yerros de naturaleza probatoria que provocan la violación de las normas sustantivas ocurren por razones distintas; por consiguiente, sobre el particular de la infracción a las normas legales sobre la valoración de la prueba (v.g. Art. 69.2.a del Código Procesal Civil), también conocido como error de derecho, debe entenderse que este ocurre cuando la persona juzgadora otorga a las pruebas un valor que no tienen, o bien, deja de concederles el valor que la ley les atribuye (el yerro ocurre en un plano jurídico). Cuando se alega este tipo de vicio, es necesario indicar tanto las normas sustantivas infringidas de manera mediata como la norma legal infringida sobre el valor de los elementos probatorios, que, en el Código Procesal Civil (v.g. Art. 69.4.2 y 69.5.5) vigente corresponde al cardinal 41.5, que reza: Las pruebas se apreciarán en su totalidad, conforme a criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa…”. Este precepto legal determina el sistema de valoración probatoria establecido por el legislador y aplicable a los procesos que se tramitan con base en las reglas procesales de ese cuerpo normativo (sin perjuicio de las reglas de valoración probatoria que existan en las leyes especiales). No obstante, en el recurso no hay ninguna explicación con base en las reglas de valoración probatoria de por qué el Tribunal incurrió en una inadecuada valoración de la prueba. De ahí que, no hay argumentación lógica sobre cuál es la norma de valoración infringida (tal y como expone la letra del cardinal 69.2.a Ibídem y lo exige el numeral 69.4.2). De igual manera, tampoco hay cumplimiento de la expresión de los motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación, expuestos de forma ordenada, clara y concisa (v.g. Art. 69.4.3) porque el recurso es completamente omiso en explicar las razones de por qué la prueba está valorada inadecuadamente, y cuál era el valor que debía dársele. Es más, se desconoce a cuáles medios probatorios se refiere la parte promovente. De ahí que el recurso de casación carece de motivación y es simplemente una manifestación de disconformidad pero sin contenido. Dichas características no habilitan un pronunciamiento por el fondo. Por otro lado, se le hace ver al interesado que el objeto de la impugnación es revisar la sentencia recurrida (v.g. Art. 69.1), en este caso la sentencia emitida por el Tribunal de Apelación. Ese pronunciamiento no fue objetado por el gestionante quien se limitó a motivar por qué las indemnizaciones deben pagársele pero nunca con miras a referirse al criterio externado por el Tribunal, lo cual, conduce a que la casación finalmente resulta inútil en el tanto los motivos desarrollados por el órgano jurisdiccional se mantienen incuestionados, a saber: En cuanto al daño moral el apelante indica que estedebió ser concedido en atención al principio de In re ipsa, es cierto que el daño moral tiene particularidades como que no puede ser fijado pericialmente, siendo el Juez perito de perito. Además que en su auxilio puede apoyarse en presunciones humanas, para determinar ese sufrimiento y fijar un daño moral. Lo anterior a pesar de ser cierto, no releva al actor de la carga probatoria de acreditar ese sufrimiento, afectación en la psique o pesar causado por el accionar del demandado. El recurrente hace énfasis a trastornos de salud que le pueden causar una afectación moral, que puede estar vinculada con la actuación del demandado, sin embargo, no acredita que los esté padeciendo, no hay prueba más allá de su dicho.Por lo que efectivamente no existe prueba alguna para conceder el daño moral. Con respecto al daño económico y los perjuicios, el confunde ambos términos, el daño es ese menoscabo patrimonial que ha sufrido, es una pérdida, disminución de su patrimonio, que en este caso sería el valor de los cilindros como tales, es decir, el valor del recipiente metálico que contiene el gas, no lo que hubiera ganado teniendo los cilindros para comerciar, por que eso sería un perjuicio, no un daño. No hay prueba alguna que indique cuanto es el valor de esos recipientesmetálicos, para poder estimar cual sería la pérdida o daño patrimonial. Tampoco existe medio para determinar si producto de la venta de esos cilindros ya cargados, el actor hubiese percibido la suma que asigna como equivalente a los perjuicios. En ambos casos, es necesario prueba técnica o pericial que determina en forma cierta, cuanto es el valor de esos recipientesmetálicos y cuanto generaría el productos de esas ventas. Dichas pruebas era deber del actor traerla al proceso, su omisión implica que su pretensión carece de sustento probatorio y debe rechazarse (sentencia n.° 193-2018 de las 9:49 horas del 13 de diciembre de 2018, Tribunal de Apelación Civil y Laboral del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica).

VII.- Segundo agravio. Arguyó el recurrente que existe falta de valoración de la prueba; en específico sobre unas facturas o comprobantes de compra que demostraban como el giro comercial de mi representado se vio en detrimento por cuanto GAZ TOMSA SOCIEDAD ANÓNIMA, no le realizaba la entrega de los cilindros requeridos para su actividad o giro comercial…” (imagen 6 del recurso). El agravio no se admite. En primer lugar la causal de casación no ha sido indicada por el interesado. Obsérvese que el agravio se presenta de manera informal sin ser encausado en los motivos de casación autorizador por la ley para la materia civil. Al respecto, debe tenerse en consideración que el régimen recursivo casacional del Código Procesal Civil expresamente comprende una regla de taxatividad en relación a las causales que son admisibles ante la Sala, a saber: El recurso de casación podrá interponerse () en los supuestos que la ley señale expresamente (numeral 69.1 Ibídem). Lo anterior amerita que la persona promotora del recurso de casación necesariamente haya indicado la causal bajo la cual se subsume el agravio, ya sea porque indica el precepto legal que la contiene, o porque la enuncia. Dichas causales, se encuentran reguladas en el cardinal 69.2 del mismo cuerpo normativo, clasificadas según su naturaleza en razones procesales y de fondo (v.g. Art. 69.2 párrafo primero). Ulteriormente, la misma norma enumera 6 causales procesales y 2 causales de fondo; sobre las cuales, el recurrente no llegó a concretar ninguna en los términos del cardinal 69.2 (Art. 69.5.4). Asimismo, no hay mención de la norma o de las normas infringidas (Art. 69.4.2 y 69.5.5) ni exposición de los motivos por los que se estima que hay una falta de valoración de las facturas. Debe tener presente el recurrente que la Sala actúa por competencia funcional, y en razón de ello, únicamente conoce de lo que se le planteó a gestión de parte, lo que a su vez conlleva, que no está dentro de las labores de este órgano colegiado determinar cuáles argumentos obedecen a una u otra causal. Por el contrario, la normativa propia del recurso de casación compele al interesado a establecer las pautas claras y delimitadas que deben ser analizadas. Asimismo, la claridad exigida va a aparejada de que el recurso pueda comprenderse desde las ideas y desde su estructura. Significa que lo invocado debe ir de la mano de la causal especificada: una argumentación lógica que permita entender por qué la situación se subsume en el motivo de casación. Asimismo, en razón de que se exige expresión de los motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación, expuestos de forma ordenada, clara y concisa tal y como lo exige el cardinal 69.4.3 del Código Procesal Civil; tal claridad va a aparejada de que el recurso pueda comprenderse desde las ideas y desde su estructura. Significa que lo invocado debe ir de la mano de la causal especificada: una argumentación lógica que permita entender por qué la situación se subsume en el motivo de casación. Nada de esto ha sido realizado por la parte interesada, consecuentemente, deberá rechazarse de plano el recurso.

VIII.- Sobre las costas. Las costas corresponden a la repercusión económica que implica para las partes la interposición de un proceso. Según lo establecido en el artículo 73.1 del Código Procesal Civil, estas deben imponerse de oficio en toda resolución que ponga fin al proceso. Lo anterior significa que esa finalización del proceso compele a que se exponga un criterio interpretativo de la autoridad jurisdiccional sobre cuáles son esas resoluciones. El pronunciamiento de inadmisibilidad del recurso de casación es, a criterio de esta Sala, una de ellas; porque su sola presentación implica un emplazamiento a la contraparte; impide la firmeza de la sentencia recurrida; sujeta a la contraparte a continuar la discusión del asunto ante una instancia superior y mantiene abierta la discusión de los puntos en controversia. De igual forma, implica a la contraparte incurrir en gastos adicionales por tener que apersonarse y gestionar ante esta autoridad la defensa de sus derechos. De este modo es que resulta procedente el pronunciamiento sobre las costas en esta instancia y por esas razones, se condenará a la parte gestionante al pago de las costas generadas en esta fase, las cuales, deberá liquidar la parte beneficiada en la etapa procesal correspondiente.

POR TANTO

Se acoge el recurso de revocatoria interpuesto en contra de la resolución de las catorce horas cincuenta y seis minutos del dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Se revoca el auto en el tanto declaró extemporáneo el recurso de casación y en su lugar se tiene por presentado en tiempo. Se rechaza de plano el recurso de casación y se condena a Alejandro Ramírez Córdoba al pago de las costas generadas por este. JMONTEALEGRE

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Román Solís Zelaya

Rocío Rojas Morales

William Molinari Vilchez

Damaris Vargas Vásquez

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