Sentencia Nº 002779 de Sala Primera de la Corte, 24-11-2020

Emisor:Sala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia:002779
Revisión del Documento

Exp. 17-000241-0638-CI

Res. 002779-C-S1-2020

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuarenta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte .-

En proceso ordinario civil de la empresa SFG DULCE S.A, representada por el Licenciado Mauricio Rapso Henríquez, Abogado, colegiado número 26451, en calidad de apoderado especial judicial de la parte actora, contra el señor GERARDO OTILIO CORDOBA NUÑEZ, empresario representado por el Licenciado Juan José León Núñez, Abogado y Notario, colegiado número 2908, y contra la empresa TRANSPORTES CORDOBA DE OROTINA S.A, representada por el señor Gerardo Otilio Córdoba Núñez, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa demandada, el Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela de oficio, se declaró incompetente por razón de la materia, y lo remitió al Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela, la parte actora apeló de lo resuelto por lo que se envió en consulta ante esta Sala.

CONSIDERANDO

I.- La sociedad SFG DULCE S.A., es una empresa agraria exportadora de frutas, principalmente cultiva melón y mango en Orotina. En octubre del año 2014, celebró un contrato de arrendamiento de bodega de 1820 metros cuadrados con la empresa Transportes Córdoba de Orotina S.A. representada por el señor Gerardo Otilio Córdoba Núñez, ambos aquí demandados. Según escrito de demanda dicha bodega era utilizada para el almacenamiento de productos que luego sería exportados y el contrato sería por un año prorrogable por un plazo igual y el contrato concluía siempre que alguna de las partes con tres meses de anticipación le comunicara la decisión a la otra parte. En junio de 2016, la parte actora le comunicó al demandado la decisión de finalizar el contrato, sin embargo, la parte demandada no estuvo de acuerdo ya que exigía se le pagara un año más de alquiler. El 13 de julio del 2016, la parte promovente se disponía a realizar la mudanza de varias tarimas y esquineros de su propiedad, los cuales utilizaba para realizar su actividad de agraria, sin embargo, la parte demandada impidió la salida de los camiones obstaculizando en paso, razón por la que parte actora interpuso proceso ordinario civil, para que en sentencia se declare: "1. ...que los demandados son responsables por la obstaculización voluntaria e ilegítima de la mudanza programada y planificada por mi representada para el 13 de julio de 2016, al colocar tres vehículos que impidieron la entrada y la salida de los camiones de mi representada. 2. Que producto de tales actuaciones y de la frustración de la mudanza, mi representada sufrió un menoscabo económico, derivado de la inversión realizada para la frustrada mudanza del 13 de julio de 2016, así como demás acciones para poder materializar la mudanza en una fecha posterior, que alcanzó las sumas de US$ 5.070.30 (cinco mil setenta dólares americanos con treinta centavos); y (ii) c. 340.386.00 (trescientos cuarenta mil trescientos ochenta y seis colones); para un total en colones de c. 3.267.926.52 (tres millones doscientos sesenta y siete novecientos veintiséis colones con cincuenta y dos céntimos). 3. Se condene a los demandados al pago de la suma mencionada por concepto de daños generados a mi representada producto de sus actuaciones, los cuales consisten en el menoscabo económico descrito. 4. Se condene a los demandados al pago de los intereses legales a mi representada, generados desde la fecha en la cual se dio el menoscabo patrimonial, sea el 13 de julio de 2016. 5. Se condene a los demandados al pago de ambas costas del presente". (Según expediente electrónico: "23/06/2017 17:59:19 -Demanda inicial/Escrito inicial de demanda).

II.- Mediante resolución de las 13 horas 16 minutos del 08 de junio de 2018 del Juzgado Civil de Alajuela, de oficio se declaró incompetente por razón de la materia, consideró; "De un estudio de los hechos de la demanda, afirma la parte actora en el hecho primero, que la sociedad que representa es una empresa agraria exportadora de frutas frescas, en especial melón y mango, que cultiva en conjunto con pequeños productores de las zonas de Orotina, Atenas y Puntarenas. La competencia en razón de la materia es descrita por ley, por lo cual la misma no se prorroga automáticamente, pudiendo ser declarada aún de oficio, según lo dispone el artículo 13 del Código Procesal Civil. El artículo 2 de la Ley número 6734, Ley de Jurisdicción Agraria dispone que corresponde a los Tribunales Agrarios conocer de todo lo relativo a los actos y contratos en que sea parte un empresario agrícola, originados en el ejercicio de las actividades de producción, transformación, industrialización y enajenación de productos agrícolas. Así las cosas, el suscrito juzgador considera que no resulta competente en razón de la materia para conocer el presente asunto, siendo el competente el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela.", por lo que remitió el asunto al Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela. La parte actora, apeló de lo resuelto, fundamentó: al tratarse de un reclamo por responsabilidad civil extracontractual, el mismo tiene naturaleza civil. Además, alegó lo siguiente (refiriéndose al artículo 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria) "La norma, al indicar todo lo relativo a actos o contractos, hace referencia a un negocio jurídico en general, la existencia de una relación previa donde participe la empresa agraria. En el caso concreto, SFG Dulce. S.A. reclama el pago de daños originados de una responsabilidad civil extracontractual de los demandados, por obstaculizar voluntaria e ilegítimamente una mudanza debidamente programada y mientras se realizaba. Si bien se mencionó que entre uno de los demandados y mi representada mediaba un contrato de arrendamiento, la controversia no tiene relación alguna con dicho negocio jurídico...". Concluyó; "(...) la controversia no se origina en el ejercicio de las actividades de transformación, industrialización ni enajenación de productos agrícolas. Si bien mi representada realiza este tipo de actividades, la controversia no está relacionada a ellas, pues simplemente fue víctima de una actuación ilegítima e injustificada, generadora de daños, cuando no se encontraba realizando actividad agraria alguna...". (Según documento electrónico de 13 de junio 2018), por lo que se envió el asunto en consulta ante esta Sala.

III.- La discusión aquí suscitada, tiende a determinar si el conflicto es de orden civil o agrario. En este caso, al analizar las pretensiones que realiza el representante de la empresa exportadora de frutas, van dirigidas a que se condene a los demandados por una responsabilidad civil extracontractual derivada de la obstaculización voluntaria realizada por el demandado, que según dice, impidió una mudanza programada, en la que se pretendía transportar a una nueva bodega en Guanacaste una serie de tarimas, esquineros y otros bienes utilizados en su propia actividad agraria, lo que le provocó pérdidas y gastos los cuales desea sean resarcidos por los aquí demandados en sentencia. Al ser la parte actora una empresa que se dedica a la producción agraria de melón y mango, que supuestamente tuvo pérdidas producto del impedimento de la mudanza de sus bienes con vocación agraria y de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria y artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se declara que el conocimiento de este asunto en razón de materia y territorio le corresponde al Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela.

POR TANTO

Se declara que el conocimiento del presente proceso le corresponde al Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela. jorozco

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Román Solís Zelaya

Rocío Rojas Morales

William Molinari Vilchez

Damaris Vargas Vásquez

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