Sentencia Nº 002780 de Sala Primera de la Corte, 24-11-2020

Emisor:Sala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia:002780
Revisión del Documento

*170004720638CI*

Exp. 17-000472-0638-CI

Res. 002780-A-S1-2020

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte .

En proceso ordinario civil establecido por ASESORÍA Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INDEPENDIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA contra la ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE TIENDA LA GLORIA Y AFINES, la representante de la Asociación demandada formula recurso de casación contra la sentencia no. 2019000055, dictada por el TRIBUNAL COLEGIADO PRIMERA INSTANCIA CIVIL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, de las 13 horas 36 minutos del 28 de febrero de 2019.

CONSIDERANDO

I.- De previo al análisis de admisibilidad de los agravios, conviene precisar, el precepto 69.4.3 del CPC, señala que el recurso de casación deberá indicar la expresión de los motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación, expuestos de manera ordenada, clara y concisa. De igual manera, el canon 69.5.4 íbid indica que se rechazará de plano el recurso de casación cuando no se expresen con claridad y precisión las infracciones acusadas. Por su parte, el artículo 69.4.2 preceptúa que el recurso deberá indicar la mención de las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas. En igual sentido, el numeral 69.5.5 dispone que el recurso de casación será rechazado de plano cuando se omita fundamentarlo jurídicamente. Al amparo de dichas normas se determina que la motivación del recurso se yergue como un requisito material necesario no solo para la admisibilidad del recurso de casación; sino, también, para su valoración por el fondo. Ha de ser, clara, precisa y concisa y contener la fundamentación jurídica. Esta Cámara ha definido la fundamentación jurídica como aquella argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de normas de derecho entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con la sentencia atacada. En la medida en que se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Al respecto, consúltese, mutatis mutandis, entre otras, la resolución no. 927-A-S1-2018 de las 11 horas 25 minutos del 25 de octubre de 2018. Deben explicarse las razones en las cuales sustenta la gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia recurrida. La fundamentación jurídica es, ha señalado, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos. A la mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso; o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia recurrida, sin respaldo en normas o criterios jurídicos. Por ello, si el recurso omite esa relación técnico-normativa, o la efectuada, resulta impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, carece de fundamentación jurídica. Por tanto, incumple el requisito previsto en la legislación procesal, imponiéndose su rechazo de plazo ordinal 69.5 del CPC-. Para que un recurso pase el control de admisión, se precisa, además de la suficiente exposición de motivos, la correspondiente mención y vinculación con la sentencia cuestionada de las normas aplicables que se estimen infringidas. En este sentido, puede consultarse, mutatis mutandis, entre muchas otras, además de la indicada resolución, la no. 2268-S1-2019 de las 14 horas 9 minutos del 3 de setiembre de 2019.

II.- La recurrente acusa la sentencia recurrida contiene violaciones de normas sustantivas, aduce como antecedente: El Tribunal que dicta la sentencia, indica en hechos no probados y análisis de cuestiones debatidas que la Asociación demandada no emitió alguna observación o recomendación verbal o escrita sobre las funciones que llevaban a cabo los oficiales de seguridad. Lo anterior no resulta cierto y por tanto en un error de valoración de prueba, en tanto, la Junta Directiva a través del señor Valenciano Rojas y la suscrita, hicimos de conocimiento al representante de la parte actora, el inconveniente de no presentar facturas timbradas, además de todos los conflictos que se dieron entre el representante de la parte actora y los demás colaboradores de la Asociación solidarista, entre ellos el señor Sergio Briceño, la señora de la Soda y Damián, conocido como "Quequito", que evidentemente vinieron a incidir en la imagen del Club Campestre la Gloria. Además debe resaltarse que el servicio brindado por la parte actora nunca se realizó en óptimas condiciones.. En el apartado que titula PRIMERO, referente al no otorgamiento de facturas timbradas, señala que con la prueba documental y testimonial se demuestra que la falta de la facturación era un problema, sin embargo, el Tribunal señaló que existió un margen de tolerancia, a pesar, de que si bien es cierto, ello no consta en la carta de rescisión contractual, esto es un requisito esencial para poder dar el servicio legalmente. Con esa falta de requisito, evidentemente se lesionó el interés de las partes. Lo anterior sin ampliar ni relacionar lo dicho con el contenido de la sentencia y el vicio que se reprocha. En su segundo motivo arguye sobre la cláusula sétima del contrato que habla sobre la responsabilidad del contratista sobre los oficiales de seguridad a su cargo. De lo anterior, indica que el buen desempeño de las funciones de los guardas de seguridad, debieron ir encaminadas a una relación de respeto, cordialidad con los demás trabajadores de ASOGLORIA, cosa que no sucedió en la ejecución del contrato que fue resuelto, lo que expone en el tercer motivo. Como tercer punto refiere sobre los conflictos entre el guarda de seguridad y representantes de la empresa actora y colaboradores de la Asociación Solidarista de Tiendas la Gloria, en el cual relata hechos sobre un incidente ocurrido entre ambas partes y de lo que dan testimonio en el presente proceso. Concluye manifestando con lo anterior se infringen los numerales 692 y 836 del Código Civil por incorrecta valoración probatoria. Sobre las costas indica no es procedente la condena a su representada tal como lo establece el ordinal 73.2 del Código Procesal Civil.

III.- Del análisis general del presente recurso, se hace imprescindible acotar de acuerdo a lo señalado en el considerando no. I, que en la formulación del recurso de casación se debe exponer censuras concretas, claras y precisas, para poder resolverlo. Es indispensable que lo impugnado combata el respectivo pronunciamiento. Por ende, expresiones referentes a la síntesis de lo acontecido en un proceso, a la situación fáctica que lo genera, entre otras generalidades, no representan técnicamente, agravios en contra de la resolución cuestionada. El recurrente acusa de forma general violación de normas sustantivas por errónea valoración e interpretación de la prueba y lo desarrolla en tres agravios o motivos en los cuales solamente relata lo sucedido en el caso, sin embargo no explica cómo se ha mencionado, cómo se da el reproche señalado y su relación con el fallo impugnado. En este asunto lo que se acusa aquí es una violación indirecta por error de derecho, en cuyo caso si bien el recurrente cita la prueba indebidamente valorada y mencionar la norma sustantiva que estima conculcada, lo cierto es que no cita las de valor probatorio, ni explica cómo se violentan las normas de fondo, lo que es esencial cuando se alegan este tipo de reparos las que se echan de menos, por lo que se impone su rechazo.

IV.- En cuanto a las costas no basta con hacer referencia a una norma conculcada, es necesario indicar, como se ha dicho, de manera clara y precisa cómo se da el reproche, sin embargo el casacionista se limita a mencionar la supuesta improcedencia de la condena, sin decir más allá. En éstos casos, mayor abundamiento, ya la Sala ha dicho: De conformidad con el canon 73.1 del CPC, el pronunciamiento sobre las costas del proceso debe hacerse de oficio, condenando al vencido a su pago. Por consiguiente, la condenatoria se impone al perdidoso por el hecho de serlo, según procedió el Tribunal en el caso de examen. Es decir, por perder el litigio, sin que ello signifique no haya tenido motivo bastante para litigar ni se le considere litigante temerario o de mala fe. Por su parte, dicho numeral, en el punto segundo, dispone los supuestos por los cuales podrá eximirse su pago. Al respecto, aunque se trate de una facultad, es lo cierto que no se encuentra inmune al control casacional, pues tanto en su ejercicio como en su inaplicación, puede operar una violación de ley y, en esa medida, la indebida omisión no es ni debe ser sinónimo de arbitrariedad, en tal caso, cometida por la propia persona juzgadora. Máxime si se trata de un apoderamiento al juez otorgado con supuestos específicos que limitan su poder discrecional en esta materia. En consecuencia, sobre este particular, se estima, con la sola aplicación de la regla general del numeral 73.1 íbid (condenatoria al vencido al pago de ambas costas) no se cierran las puertas al recurso de casación, pues, por el contrario, el asunto es admisible para su examen de fondo (siempre y cuando se cumplan los requisitos de ley) ante un eventual vicio omisivo en la aplicación de las disposiciones legales que autorizan la exoneración de dichas costas. Entonces, según las circunstancias del caso, puede resultar procedente un recurso de casación. En el caso concreto de examen, como se señaló, no hay siquiera argumentos para variar lo dispuesto, en consecuencia, también este agravio, se rechaza de plano.

V.- De las costas del recurso. Las costas corresponden a la repercusión económica que implica para las partes su participación en la contienda judicial. Según lo establecido en el artículo 73.1 del CPC, su pronunciamiento debe realizarse de oficio en toda resolución que ponga fin al proceso, debiendo imponerse cargo de la parte vencida, salvo aquellos casos en los que concurra uno o más de los supuestos de exención previstos en la ley (numeral 73.2). Por ende, su resolución requiere de un criterio valorativo por parte de la autoridad jurisdiccional. El recurso de casación, es una de esas resoluciones, ya que con esta se decide definitivamente el contradictorio y responde a un juicio de utilidad y necesidad. Además, su sola presentación implica un emplazamiento a la contraparte, lo que impedirá la firmeza de la sentencia recurrida, le sujetará a continuar la discusión del asunto ante una instancia superior, mantendrá abierta la discusión de los puntos en controversia, y de igual forma, le implicará incurrir en gastos adicionales por tener que apersonarse y gestionar ante dicha autoridad. De este modo, es que resulta procedente su pronunciamiento y en ese tanto, por no superar la fase de admisibilidad, se condena a la parte casacionista al pago de las costas generadas en esta fase, las cuales deberá liquidar la parte beneficiada en la etapa procesal correspondiente.

POR TANTO

Se rechaza de plano el recurso. Son las costas del recurso a cargo de la parte recurrente vencida, las que deberá liquidar la parte beneficiada en ejecución de sentencia. GCASAFONT

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Román Solís Zelaya

Rocío Rojas Morales

William Molinari Vilchez

Damaris Vargas Vásquez

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