Sentencia Nº 002787 de Sala Primera de la Corte, 26-11-2020

Emisor:Sala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia:002787
20200004000120-2780582-1.rtf

*110023791027CA*

Exp. 11-002379-1027-CA

Res. 002787-A-S1-2020

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veintiuno minutos del veintiseis de noviembre de dos mil veinte .

Proceso de ejecución de sentencia establecida en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por AUTO FÁCIL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por su apoderado generalísimo sin límite de suma Mario Arana García, contra el ESTADO, representado por la procuradora Georgina Chaves Olarte. Figura como apoderado especial judicial de la actora Omar Vindas Corrales, quien presenta recurso de casación contra la resolución Nº 11-2020 dictada por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A. Calle Blancos, a las 16 horas 30 minutos del 9 de enero de 2020; y,

CONSIDERANDO

I.- El abogado de la actora pretende someter a conocimiento de esta Sala la resolución no. Nº 11-2020 dictada por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A. Calle Blancos, a las 16 horas 30 minutos del 9 de enero de 2020 que resolvió: Se rechazan el alegato de PRESCRIPCIÓN DE LAS COSTAS PERSONALES. Se acoge la LIQUIDACIÓN DE COSTAS PERSONALES, se condena a AUTO FÁCIL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA pagar por costas personales del proceso de conocimiento en favor del ESTADO, el rubro de treinta y nueve millones quinientos mil colones (¢39.500.000,00), así como los intereses legales que dicha suma genere a partir de la firmeza de la presente resolución y hasta su efectivo pago. Firme la presente resolución y conforme lo disponen los numerales 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo, proceda el obligado depositar en el término de TRES MESES en la cuenta del despacho N° 110023791027-3 la suma dispuesta.

II.- La actual legislación procesal contenciosa administrativa, prevé en su mandato 140, la posibilidad de rechazar de plano el recurso de casación cuando: a) Del escrito quede claro que la resolución recurrida no puede ser objeto de casación, b) Se haya presentado extemporáneamente, c) Carezca de total fundamentación jurídica o, teniéndola, la Sala o el Tribunal de Casación deduzcan con claridad, la improcedencia del recurso, ya sea por razones procesales o de fondo (resaltado no pertenece a su original). En este último supuesto, el legislador propuso una alternativa que en esta materia resulta innovadora y expedita, de modo que, en aras de resolver en forma pronta y cumplida los procesos judiciales, permite a quienes conocen este recurso extraordinario, determinar desde el inicio, la improcedencia del recurso aún y cuando cumpla los requisitos estrictamente formales, tales como la presentación dentro del plazo y el respeto de la técnica misma de la casación, conforme al canon 139 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Lo anterior en virtud de que, a nada conduce postergar la resolución de un recurso de esta naturaleza, si de su contenido se deduce con absoluta claridad que el reproche planteado será desestimado.

III.- En el caso en examen, lo combatido por la parte casacionista, gira en torno a la cuantificación de las costas personales liquidadas en fase de ejecución de sentencia, sin embargo, previo al análisis de la censura expuesta, es menester indicar lo siguiente: el recurso de casación es una instancia de carácter extraordinario, en la que no toda resolución judicial es pasible de tal recurso, esto porque las causales de impugnación son únicamente las preestablecidas por el ordenamiento jurídico. En este sentido y de interés para este asunto, se tiene que el artículo 134 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA) en sus incisos 1) y 2 dispone: "1) Procederá el recurso de casación contra las sentencias y los autos con carácter de sentencia que tengan efecto de cosa juzgada material, cuando sean contrarias al ordenamiento Jurídico. 2) Asimismo, por las mismas razones señaladas en el apartado anterior, será procedente el recurso de casación contra la sentencia final dictada en ejecución de sentencia, que decida sobre las prestaciones o conductas concretas que debe cumplir la parte vencida, de acuerdo con el fallo firme y precedente emitido en el proceso de conocimiento." (Lo subrayado es suplido). Por su parte, el canon 178 de la norma de referencia, en lo de interés, preceptúa: "Contra el auto que resuelva el embargo, cabrá recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, dentro del plazo de tres días hábiles. Contra el fallo final emitido en ejecución de sentencia en los términos establecidos en el artículo [134] del presente Código/ cabrá recurso de casación cuyo conocimiento corresponderá a la Sala Primera o al Tribunal de Casación de acuerdo con la distribución de competencias establecida en los artículos 135 y 136 de este mismo Código." (Lo subrayado es suplido y la corrección de la norma de referencia -134-, deviene del error material señalado desde la resolución 819-2008 de las 10 horas 45 minutos del 04 de diciembre de 2008 de esta Sala). Tales disposiciones, llevan a la conclusión de que únicamente poseen recurso de casación las sentencias que se dicten en los procesos de ejecución; ello es así, porque el recurso de casación "está previsto para resoluciones que tienen efecto trascendental en el proceso, ya sea porque deciden, en definitiva, las cuestiones debatidas mediante pronunciamiento sobre la pretensión de la demanda, o bien, respecto a excepciones o incidentes que tengan la virtud de ponerle fin al proceso (resolución 913-2009 de las 11 horas 10 minutos del 10 de setiembre de 2009 de este Órgano Colegiado). Lo anterior, coincide con la actualizada denominación de la normativa procesal civil (de aplicación supletoria conforme al precepto 220 del CPCA), que en su numeral 58.1 especifica que son sentencias, aquellas que "deciden las cuestiones debatidas, mientras que los autos "contienen juicios valorativos. De esta forma y respecto al caso en estudio, se tiene que la cuantificación de las costas generadas en la fase de ejecución, no corresponde al supuesto de las sentencias sino al de los autos, pues no se toma una decisión definitiva de lo debatido, lo que se realiza, es la constatación entre los rubros concedidos y los liquidados, valorando su pertinencia y monto; auto que no se podría circunscribir bajo la consideración de una resolución final, pues como la parte podría cancelar la obligación de forma inmediata, también existe el supuesto de que requieran varias liquidaciones hasta el cumplimiento efectivo de esta. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que el CPCA, regula de forma concreta el trámite que se debe llevar a cabo en el caso de la liquidación únicamente se refiere a la determinación de las sumas a conceder cuando existan condenas en abstracto (artículos 163 y 164 del CPCA) cuya fijación sería en realidad una sentencia, situación que lleva forzosamente a emplear las normas procesales civiles conforme a la ya referida remisión del artículo 220 del CPCA. En este sentido, el Código Procesal Civil señala en los numerales 146 Y 147, los requisitos para solicitar la liquidación y el procedimiento a seguir (con el deber de resolver inmediatamente en audiencia oral o en su defecto, dar audiencia por tres días a la parte -epígrafes 114.1 y 114.2 párrafo 3-), lo que conduce indiscutible y lógicamente, a que se aplique el régimen recursivo del mismo cuerpo normativo, sea el precepto 67.3 apartados 14 y 24, los cuales otorgan recurso de apelación a los autos que fijen honorarios, costas y liquidación de intereses; ello porque lo concedido o rechazado corresponde a derechos patrimoniales, y será una de las dos partes procesales, la que deberá cancelar o perder esas sumas. De este modo, y por su trascendencia, no podría aplicarse a estos autos la limitante del ordinal 132 incisos 2) y 3) del CPCA (conforme a la cual, los autos sólo tienen recurso de revocatoria), pues se violentaría de manera grosera el derecho de la afectada a que su reclamo sea conocido por una autoridad judicial superior, estatuido en los epígrafes 41 de la Constitución Política y 8 inciso 2) punto h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y no se podría conocer en casación, porque como se explicó, es únicamente para las sentencias.

IV.- En razón de lo expuesto, la normativa y la jurisprudencia citada, al corresponder lo presentado a un recurso en contra de un auto, del cual carece de competencia funcional esta Sala, se tendrá por interpuesto el mismo ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, autoridad a la cual se ha de remitir el expediente para que resuelva lo que en derecho corresponda. Lo anterior, con el propósito de no violentar el derecho a un debido acceso a la justicia de la persona recurrente.

V.- Voto salvado del magistrado Molinari Vílchez

Con el debido respeto, el suscrito me aparto del criterio de la mayoría de la Sala en cuanto declara inadmisible el recurso de casación y remite el expediente con reposición de plazo al Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Las razones de este voto salvado se exponen de seguido.

I. Entiende el suscrito que la posición de mayoría se sustenta en que de conformidad con el mandato 134 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), el recurso de casación procede únicamente contra las sentencias y autos con carácter de sentencia que producen cosa juzgada material. Continúa la mayoría que de conformidad con el apartado segundo del canon 134 procede el recurso de casación contra la sentencia final en ejecución de sentencia. Prosigue la mayoría, en esos mismos términos el mandato 178 establece la procedencia del recurso de casación contra el fallo final emitido en ejecución de sentencia. Hasta esa proposición el suscrito comparte lo dicho por la mayoría.

II. Ahora, de seguido la mayoría refiere que esas normas no contemplan el recurso de casación cuando la ejecución se resuelve mediante auto, sino contra el fallo final y equipara esa la hipótesis de fallo final a la de emisión de una sentencia, que -explica- se da cuando el juzgador deba debatir entre las partes y decidir en torno a la existencia y procedencia de los daños, perjuicios y costas reclamados y a su cuantía. No comparte el suscrito esa aseveración conforme se expone de seguido. La sentencia final o fallo final de la fase de ejecución no es únicamente aquella en la que se emite un pronunciamiento sobre la existencia y procedencia de los daños y perjuicios reclamados y su cuantía, como afirma la mayoría. Los cánones 134 parágrafo segundo, 178 y 183 del CPCA reconocen expresamente el recurso de casación contra la sentencia final o fallo final emitida tanto en la fase de ejecución de sentencia como en el proceso de ejecución de sentencias. Se lee precisamente el parágrafo segundo del canon 134: 2) Asimismo, por las mismas razones señaladas en el apartado anterior, será procedente el recurso de casación contra la sentencia final dictada en ejecución de sentencia, que decida sobre las prestaciones o conductas concretas que debe cumplir la parte vencida, de acuerdo con el fallo firme y precedente emitido en el proceso de conocimiento (el subrayado se añade). De esta frase final destacada, entiende el suscrito que tendrá el carácter de fallo final todo decreto relativo a las conductas que el fallo ejecutado impuso a la contraparte del sujeto ejecutante (conforme éste lo haya solicitado en su escrito inicial o demanda de ejecución, según se trate), sean estas conductas activas (formales o materiales si es que se refieren a un sujeto público) u omisivas, sean comportamientos de dar, hacer o no hacer; lo que por demás- cobija o incluye la concreción dineraria del genérico deber de sufragar las costas del proceso (que, como ocurre en este caso, impuso el fallo impugnado). Determinación esa última que difiere -claro está- de la simple liquidación o de la concreción de las costas que, de forma autónoma, pueden generarse en virtud de la fase de ejecución o del proceso de ejecución mismo, sobre los cuales la resolución ejecutoriada no habría adelantado ningún pronunciamiento.

III.- En el presente asunto, sostiene la mayoría, el pronunciamiento con efecto de cosa juzgada material es el 1696-2015-IV, dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo a las quince horas del veinticinco de setiembre de dos mil quince, confirmado por el voto 121-2015-II del Tribunal Contencioso y el auto 159-A-SI-2017 de esta Sala; así, la resolución aquí recurrida, en donde la Jueza de Ejecución se limitó a fijar las partidas liquidadas por la parte ejecutante, no reviste carácter de sentencia, ya que no decide, en definitiva, las cuestiones debatidas en el proceso (subrayado se añade); por ello no le considera pasible del recurso de casación. Tal afirmación en criterio de los abajo firmantes- es incorrecta. Véase que la resolución recurrida dispuso: SE DECLARA CON LUGAR la liquidación de costas incoada por EL ESTADO. Se condena a MIGUEL ENRIQUE ARIAS SOTO, cédula de identidad n° 2-465-185, al pago de la suma total de diecisiete millones de colones exactos (¢17,000,000.00) por concepto de costas. El pago de la suma indicada deberá ser depositado por la parte ejecutada en la cuenta del Despacho () en el plazo máximo de UN MES contado a partir de la firmeza de esta sentencia. Lo primero a resaltar, al menos de una lectura -autónoma- de la parte dispositiva, es que el fallo NO " se limitó a fijar las partidas liquidadas por la parte ejecutante como afirman los restantes magistrados. Por el contrario, en principio parece haberse accedido totalmente a la pretensión de la demanda de ejecución, sobre la cual hubo oposición. En segundo lugar, aún con esa premisa referida a la fijación de las partidas liquidadas, lo que bien podría concluirse de la lectura del considerando III y ya no solo de la parte dispositiva, a partir de la literalidad de esta última debe concluirse que esa fue la decisión del órgano juzgador ante la pretensión esgrimida en la demanda de ejecución, consistente en liquidar las costas en la suma de diecisiete millones de colones (así resumido en el considerando I.- OBJETO DE LA EJECUCIÓN.- del voto aquí impugnado). En tercer lugar, el voto de mayoría se contradice, por cuanto, en el considerando primero identifica a la resolución recurrida ante esta Sala como una sentencia, contrario a lo estimado en los numerales subsiguientes; por ejemplo, el considerando III le niega tal carácter y le califica como un auto liquidatorio, y luego, al inicio del considerando IV le considera como un simple auto. Finalmente, la decisión del voto mayoritario de rechazar el recurso es inconsecuente con los requisitos que señala para calificar la resolución impugnada ante esta sede como pasible de casación. Así, nótese la aseveración referida a que “… No contempla el recurso de casación cuando la ejecución se resuelve mediante auto, sino contra el fallo final. Por consiguiente, tal expresión es claro que se refiere a la sentencia, no al auto. Esta hipótesis -emisión de sentencia en la fase de ejecución- acontece cuando la persona juzgadora deba debatir entre las partes y decidir en torno a la existencia y procedencia de los daños, perjuicios y costas reclamados y a su cuantía. Esto por cuanto, la parte ejecutante no le bastará con hacer una liquidación de los extremos, sino que le será imprescindible establecer la existencia de los daños y perjuicios, lo que impone formular una pretensión indemnizatoria que conlleva, a su vez, a un trámite diverso al de una simple liquidación. También generará una decisión de fondo distinta, en donde se establecerá y justificará la procedencia de los daños y perjuicios reclamados y también su valor. No se trata de un simple auto, sino de una sentencia, ya que, en la que se resolvieron las pretensiones de la demanda, se condenó en abstracto, al no constar su existencia y cuantificación, pero resultaban consecuencia de la conducta administrativa o relación jurídico-administrativa objeto de la demanda; tal y como lo regula el artículo 122 inciso m apartado iii) del CPCA (resaltado se añade). Sin embargo, en la especie el Juez ejecutor claramente estableció la oposición de la parte ejecutada y respecto del punto litigioso controvertido, a saber, el Decreto de honorarios profesionales aplicable, emitió consideraciones pormenorizadas dando la razón a la tesis del Estado sobre el monto incoado por concepto de costas con base en el Decreto Ejecutivo 32493-J; a lo que resulta pertinente agregar la calificación de tal resolución, establecida por el propio ejecutor, quien al imponer el pago de la suma indicada fijó el plazo máximo de un mes contado a partir de la firmeza de la “… sentencia…” (resaltado se añade) por él dictada. Por lo anterior, la resolución recurrida sí es objeto del recurso de casación en virtud de su carácter de fallo final de este proceso de ejecución, el cual deviene o deriva, según lo requerido por el ejecutante, del pronunciamiento sobre las conductas impuestas por el fallo ejecutado (1696-2015 del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda) al señor Miguel Enrique Arias Soto, cual fue precisamente una conducta de dar, a saber: el pago de las costas causadas, las que se extrae- tuvo por demostradas (existencia) y cuantificó. En otras palabras, esa resolución decidió sobre las conductas sustentadas en las pretensiones de la demanda de ejecución, como dispuestas en el fallo ejecutoriado; es decir, decidió sobre las prestaciones o conductas concretas que debe cumplir la parte vencida, de acuerdo con el fallo firme y precedente emitido en el proceso de conocimiento (subrayado se añade) en los términos del precepto 134.2 del CPCA. De tal manera, la resolución aquí impugnada no configura un simple auto liquidatorio como le denomina el voto de mayoría. Por el contrario, asume el carácter de resolución final y en su contra procede el recurso de casación por así estatuirlo los mandatos 134 y 178 del citado cuerpo normativo.

IV.- Por demás, la referencia del voto mayoritario en el final del considerando III, al canon 58.1 del Código Procesal Civil (que aunque así no lo indica, asumimos por la numeración del precepto- se refiere a la Ley 9342 del 3 de febrero de 2016, vigente a partir del 8 de octubre de 2018), no parece tener relación alguna con la argumentación desarrollada en ese considerando y el antecedente. De esta manera, no se explica siquiera de entrada por qué razón recurre a citar dicho cuerpo normativo, cuando en tesis de principio salvo justificación- el presente asunto se rige por las disposiciones del Código Procesal Contencioso Administrativo. Resulta aún más incomprensible tal cita cuando la mayoría en su argumentación insistentemente destaca la distinción entre sentencia, auto con carácter de sentencia y auto. Si bien, de entrada, ello podía obedecer a la literalidad del CPCA (en concreto a los mandatos 132 y 134), lo cierto es que luego (en ese considerando III) reproduce parcialmente, aunque sin citarla de forma explícita, la redacción del hoy derogado artículo 153 del Código Procesal Civil, Ley 7130 del 16 de octubre de 1989. Así, señala la mayoría: “… La resolución cuestionada, en donde la Jueza de Ejecución se limitó a fijar las partidas liquidadas por la parte ejecutante, no reviste carácter de sentencia, ya que no decide, en definitiva, las cuestiones debatidas en el proceso () Tampoco es un auto con carácter de sentencia, en tanto no resuelve excepciones o incidentes con la virtud de ponerle término al proceso. Por el contrario, tipifica como auto; o más concreto auto liquidatorio (el subrayado lo añado). Como se reitera, esa definición sobre qué pronunciamiento configura un auto con carácter de sentencia, una sentencia y un auto, es inexistente en el CPCA, pero sí se corresponde con la dispuesta en el hoy derogado canon 153 del Código Procesal Civil de 1989 (el cual, en lo de interés al presente asunto, versaba: Requisitos y denominación. Las resoluciones de los tribunales deben ser claras, precisas y congruentes; deberán expresar el tribunal que las dicta, el lugar, la hora, el día, el mes y el año en el que se dicten, y se denominarán: () 4) Autos con carácter de sentencia, cuando decidan sobre excepciones o pretensiones incidentales que pongan término al proceso). No obstante, no es esa concreta norma 153 del Código Procesal Civil de 1989 la que menciona de seguido la mayoría, sino el precepto 58.1 del Código Procesal Civil de 2016; el cual por demás, advierte el suscrito- no consigna como tipo de resolución judicial los autos con carácter de sentencia (eliminó tal categoría). Reza dicho artículo: Denominación y plazos [.-] 58.1 Denominación. Las resoluciones judiciales serán orales o escritas y se denominarán providencias, autos y sentencias. Son providencias las de simple trámite; autos, las que contienen juicio valorativo y, sentencias, las que deciden las cuestiones debatidas. Así, en el voto de mayoría ni se indican las razones para acudir a otro cuerpo legal procesal, como tampoco se puntualiza claramente a cuál de las Leyes se refiere, si a la de 1989 o a la de 2016. Ello requiere hacer una suposición al respecto y no puede concluirse certeramente por la propia argumentación del voto mayoritario.

V.- Por otra parte, sostienen los magistrados, si bien contra la resolución recurrida no procede el recurso de casación, sí cabe el recurso ordinario de apelación, por cuanto: 1) el fallo sí tiene “… relevancia en cuanto a los derechos e intereses de las partes, y 2) el sistema de impugnación limitado según el precepto 132 del CPCA se circunscribe a la fase de conocimiento del proceso contencioso administrativo o civil de hacienda, para la cual está expresamente establecido, sin estarlo así para la ejecución. De esa cuenta, prosigue la mayoría, ante esa omisión y a la innegable falibilidad humana, en la especie y con arreglo al debido proceso debe concluirse en la procedencia del recurso de apelación, cuyo conocimiento atribuye al Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al que remite “… con reposición de plazos. Tampoco coinciden los suscritos con esa determinación. En primera instancia, en materia contencioso administrativa y civil de hacienda, la Sala Primera tiene limitada su competencia al conocimiento de los recursos extraordinarios de revisión y casación (cánones 54 incisos 2, 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), así como a las inconformidades (mismo artículo inciso 10 ibidem) y a los conflictos de competencia (misma norma inciso 9 ejusdem). Tratándose del recurso de casación, de conformidad con los mandatos 139 y 140 del CPCA, para decretar su admisión (para su posterior decisión sobre el fondo) o bien su rechazo de plano, en criterio de los suscritos, la Sala debe determinar exclusivamente si este: 1) se dirige contra una resolución pasible de esta impugnación, 2) fue presentado dentro del plazo de 15 hábiles a partir del día hábil siguiente a la notificación de todas las partes, y 3) denota fundamentación jurídica, que a su vez no sea abiertamente improcedente. Así las cosas, en ese primer momento, los pronunciamientos del Órgano de Casación están restringidos a la admisión (total o parcial) o al rechazo de plano del recurso según esas tres determinaciones. Por ende, establecer la procedencia del recurso de apelación contra la resolución que tasa las costas excede las competencias de la Sala y puede generar desconcierto en las partes. Una vez establecido por la mayoría que la resolución no es objeto del recurso de casación, la potestad de conocimiento de la Sala se agota y no puede de esta manera decidir sobre la competencia del Tribunal de Apelaciones, ni enviar a dicho órgano un recurso identificado como casación por quien recurre, con reposición, suspensión o supresión de plazos para su eventual conocimiento por esa instancia. Por demás, la reposición de plazos corresponde únicamente al Tribunal a quien correspondería resolver la impugnación, no a otro sin competencia funcional, y solo procede respecto de aquellos de tipo ordenatorio (artículo 30 del Código Procesal Civil de 2016, de aplicación supletoria según el mandato 220 del CPCA y por ser la normativa vigente para la fecha en la fue dictada la resolución recurrida).

VI.- En segundo término, según lo supra indicado, la mayoría alega una omisión legislativa en el CPCA sobre el tema recursivo ordinario en la ejecución de sentencia. En parecer del suscrito, ese razonamiento contiene un contrasentido. Al respecto, se observa que el CPCA tiene los siguientes títulos: I La Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda; II Partes; III Medidas Cautelares; IV Objeto y Pretensiones; V Actividad Procesal; VI Terminación del Proceso; VII Recursos; VIII Ejecución de Sentencias; IX Procesos Especiales; X Efectos Económicos del Proceso; y XI Disposiciones Derogatorias y de Reforma. Como puede observarse, el título VII sobre Recursos no fue previsto únicamente para la fase de conocimiento (como tampoco lo fue, por ejemplo, el título III de medidas cautelares); así no fue consignado ni podría deducirse de esa estructura del Código. Según lo señalado por la Sala en reiteradas ocasiones y reiterado por la mayoría de integrantes en esta oportunidad, el sistema recursivo ordinario en el Código de rito es limitado: contra los autos sólo cabe el recurso de revocatoria, salvo concesión expresa del vertical contra los autos que: 1) resuelven sobre la caución o contracautela, 2) se pronuncian sobre la medida cautelar, 3) ordenan el archivo de la demanda por falta de subsanación, 4) resuelven la integración de la litis y 5) deciden sobre el embargo. En ese sentido, según esa línea de la Sala, utilizada ahora por la mayoría para sustentar su decisión, la posibilidad de recurrir en apelación el último de los autos enlistados se toma del precepto 178 del CPCA, norma precisamente inmersa en el Título VIII sobre Ejecución de Sentencias. De este modo, el propio razonamiento de mayoría enumera un supuesto de apelación previsto para la ejecución de sentencia como salvedad del sistema impugnaticio limitado, el cual asevera está exclusivamente referido a la fase de conocimiento, y que por tanto excluye de la ejecución de sentencia.

VII.- En mérito de las razones expuestas, estimamo que la resolución recurrida en el presente asunto asume el carácter de resolución final del proceso de ejecución de sentencia sobre liquidación de costas, y por lo tanto, sí es pasible del recurso de casación; razón por la cual nos apartamos de la decisión de la mayoría en cuanto lo declara inadmisible y además remite el expediente con reposición de plazos al Tribunal de Apelaciones. En su lugar, acorde con el criterio vertido en este voto disidente, pasaríamos de seguido a determinar la admisibilidad del recurso de casación formulado en atención al requisito de fundamentación fáctica y jurídica que estatuye el canon 139.3 del CPCA. No obstante, proseguir con dicho análisis resulta inútil dado el carácter minoritario de este voto; por tal razón, omitimo su ejercicio.

POR TANTO

Por mayoría, al corresponder lo presentado a un recurso en contra de un auto, del cual carece de competencia funcional esta Sala, téngase por interpuesto el mismo ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con reposición de plazos, autoridad a la cual se remite el expediente para que resuelva lo que en derecho corresponda. Lo anterior con el propósito de no violentar el derecho a un debido acceso a la justicia de la persona recurrente. Salva el voto el Magistrado Molinari Vílchez. GCASAFONT

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Román Solís Zelaya

Rocío Rojas Morales

William Molinari Vilchez

Damaris Vargas Vásquez

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*43QYSJI7BBSG61*

43QYSJI7BBSG61