Sentencia Nº 0772-2018 de Sala Tercera de la Corte, 11-01-2019

Fecha de Resolución:11 de Enero de 2019
Emisor:Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia
 
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*170000850619PE*

Exp: 17-000085-0619-PE

Res: 2019-00004

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y veinticinco minutos del once de enero del dos mil diecinueve.

Recursos de Casación, interpuestos en la presente causa seguida en contra de Emma Isabel Carballo Medina, ciudadana nicaragüense, cédula de residencia 135-067686, nacida en Nicaragua 13 de febrero de 1966, hija de Manuel Salvador Medina y de Socorro Carballo; y Karla Lissete Carranza Jalinas, ciudadana nicaragüense, cédula de residencia 155809202318, nacida en Nicaragua el 30 de mayo de 1981, hija de José Carranza Guzmán y de Marian Jalinas Centeno; por el delito de venta de drogas, en perjuicio de La Salud Pública. Intervienen en la decisión del recurso, las Magistradas y Magistrados Jesús Alberto Ramírez Quirós, Patria Solano Castro, Jaime Robleto Gutiérrez, Jorge Enrique Desanti Henderson y María Elena Gómez Cortés, estos últimos tres en su condición de Magistrados Suplentes. También participa en esta instancia el licenciado Jorge Enrique Gonzalo Villalobos en su condición de defensor particular de la encartada Carballo Medina y el licenciado Luis Eduardo Venegas Mora en su condición de defensor particular de la sentenciada Carranza Jalinas. Se apersonó el licenciado Manuel Gómez Delgado, como representante del Ministerio Público.

Resultando:

1. Mediante sentencia N° 0772-2018, dictada a las nueve horas veinticinco minutos del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: POR TANTO: Se declaran sin lugar los recursos de apelación que ha sido interpuesto por los licenciados Jorge Enrique Gonzalo Villalobos y Luis Eduardo Venegas Mora. NOTIFÍQUESE.- Jorge Luis Arce Víquez Edwin Salinas Dúran Iris Valverde Usaga. Jueces y Jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. (sic)".

2. Contra el anterior pronunciamiento, los licenciados Jorge Enrique Gonzalo Villalobos y Luis Eduardo Venegas Mora en sus condiciones de abogados particulares, interpusieron Recursos de Casación.

3. Verificada la deliberación respectiva, la Sala se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.

4. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Informa el Magistrado Robleto Gutiérrez; y,

Considerando:

I. Mediante fallo N° 2018-00670, de las 10:35 horas, de 21 de setiembre de 2018, la Sala de Casación Penal admitió para estudio las impugnaciones de las defensas particulares de Emma Isabel Carballo Medina y Karla Lisette Carranza Jalinas, contra la sentencia N° 2018-0772, de las 9:25 horas, de 18 de junio de 2018, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, que declaró sin lugar los recursos de apelación formulados por los licenciados Jorge E. Gonzalo Villalobos y Luis E. Venegas Mora, contra la sentencia N° 1047-2017, de las 11:54 horas, de 19 de diciembre de 2017, del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, que declaró a dichas imputadas autoras responsables del delito de venta de drogas, en perjuicio de la Salud Pública, imponiéndoseles a cada una la pena de ocho años de prisión por la ilicitud de venta de droga (cfr. folios 406 a 407 y 343 a 348).

II. En atención a los principios de celeridad y economía procesal, por tratarse de similares reclamos en lo que respecta a la fundamentación de la sentencia del Tribunal de Apelación, se resolverán de manera conjunta el primer motivo de casación que formula el licenciado Jorge Enrique Gonzalo Villalobos, y el único alegato del licenciado Luis Eduardo Venegas Mora. Primer motivo del recurso de casación a favor de Emma Isabel Carballo Medina, el licenciado Jorge E. Gonzalo Villalobos, de acuerdo con los artículos 468 inciso b) y 142, del Código Procesal Penal, reprocha falta de fundamentación del fallo, ante la omisión del ad quem sobre el pronunciamiento de aspectos dilucidados en el recurso de apelación. Proceder irregular que se limita a remisiones de lo precisado en la decisión del Tribunal de Juicio. Expone que el fallo recurrido dirime de manera conjunta la autoría de las dos mujeres acriminadas, a pesar de tratarse de diferentes situaciones, actuar que para el defensor encierra falta de fundamento. Asimismo, cuestiona que la escasa motivación resulta muy genérica, al imposibilitar vincular con certeza a su defendida con las pruebas existentes. Agrega, que en el voto confirmatorio del ad quem, se dejó de analizar que la responsabilidad penal que pesa contra su patrocinada, radicaba en presunciones derivadas de la versión de un policía del Organismo de Investigación Judicial, versión descartada por su persona. Concluye que, no hay prueba fehaciente que incrimine a Carballo Medina, por lo que surge un agravio irreparable. Solicita declarar con lugar la gestión (cfr. folios 354 vuelto a 359 vuelto y 406 frente y vuelto). El licenciado Luis E. Venegas Mora, presenta recurso de casación a favor de Karla L. Carranza Jalinas, bajo un único reclamo de aplicación errónea de los ordinales 142 y 143 en relación con el artículo 184 y 469 inciso 2) del Código Procesal Penal, lo anterior al señalar ausencia de fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva de la resolución decretada por el ad quem. Agrega que el Tribunal de Apelación de Sentencia, se circunscribió a llevar a cabo solo un resumen, sin proceder en el estudio de fondo, cuyos cuestionamientos se dirigen contra la tesis de que una única compra, es suficiente para tener por demostrada la delincuencia incriminada por la Fiscalía, apreciación que cataloga como subjetiva y carente de fundamentación analítica y jurídica. Puntualiza que la sentencia se dictó al margen del ordenamiento jurídico, circunstancia que provoca un perjuicio al obligar a su defendida a descontar una sanción privativa de libertad. Solicita la admisión del recurso (cfr. folios 371 a 376 y 406 vuelto a 407 frente). Los motivos no son de recibo. En virtud de la lectura completa al libelo impugnaticio frente al análisis objetivo de la resolución N° 2018-0772, de las 9:25 horas, de 18 de junio de 2018, se colige que contrario a lo alegado por la defensa técnica, el Tribunal de Apelación de Sentencia, conformado por la Jueza Iris Valverde Usaga y por los Jueces Jorge Luis Arce Víquez y Edwin Salinas Durán, ejerció con base en los artículos 458, 462 y 464 del Código Procesal Penal, el ineludible control de legalidad sobre la sentencia oral condenatoria N° 1047-2017, de las 11:54 horas, de 19 de diciembre de 2017, del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, que declaró a las dos justiciables, autoras responsables del delito de venta de drogas en perjuicio de la salud pública, imponiéndoles a cada una la pena de ocho años de prisión. Se colige a partir del III considerando del fallo, de la existencia de una fundamentación armónica y suficiente sobre la determinación de los hechos acusados por el Ministerio Público (cfr. folios 137 vuelto a 139), los cuales fueron tenidos por probados por el a quo: “… 1. En el espacio temporal comprendido entre el veinte de febrero y el once de mayo del año dos mil diecisiete, la acusada Karla Lissette Carranza Salinas, en asocio con la co-acusada Emma Isabel Carballo y otros sujetos no identificados plenamente a la fecha, se dedicaron al tráfico de drogas de uso no autorizado, específicamente poseyeron, almacenaron, suministraron y comercializaron clorhidrato de cocaína a diferentes adictos, actividad desplegada en San José, cantón central, distrito Merced, calle 6, avenidas 3 y 5 dentro del local comercial bar y soda El Vergel. 1.1El modelo operativo que ejecutaron la (sic) acusadas Karla Lissette Carranza Salinas y Emma Isabel Carballo para el desarrollo de la narco-actividad, consistió en que la acusada Karla Lissette Carranza Salinas almacenaba la droga en el interior de su establecimiento comercial denominado El Vergel y así proveía de la misma a varios sujetos, entre ellos Emma Isabel Carballo, para que estos realizaran las ventas de manera directa a los diferentes adictos. 2. Durante el período indicado las acusadas Karla Lissette Carranza Salinas y Emma Isabel Carballo ejecutaron las siguientes acciones delictivas: 2.1. El 20 de febrero de 2017, en horas de la tarde, en el sitio indicado, propiamente la soda y el bar El Vergel, la acusada Karla Lissette Carranza Salinas, poseyó y almacenó con fines de tráfico al menos una dosis de clorhidrato de cocaína, droga que procedió en ese mismo momento, a través de una tercera persona identificada como Saskia, a vender a un adicto, a cambio de una suma no precisada de dinero. De seguido y de la misma manera, la acusada Karla Lissette Carranza Salinas, poseyó con fines de tráfico al menos tres dosis más de clorhidrato de cocaína, droga que procedió en ese mismo momento, a través de una tercera persona identificada como Saskia, para que ésta vendiera esa droga a un colaborador confidencial de la policía judicial, por la suma de tres mil colones, como en efecto ocurrió. 2.2 Ese mismo día, también en horas de la tarde, en el sitio indicado, la acusada Karla Lissette Carranza Salinas, poseyó y almacenó con fines de tráfico al menos tres dosis de clorhidrato de cocaína, droga que procedió en ese mismo momento, a suministrar a la co-acusada Emma Isabel Carballo, para que ésta la vendiera a los adictos de la zona, a cambio de una suma no precisada de dinero. Fue así como la acusada Emma Isabel Carballo vendió dos dosis de clorhidrato de cocaína a un colaborador confidencial de la policía judicial, por la suma de dos mil colones, así como también vendió clorhidrato de cocaína a adictos de la zona. 2.3 El 3 de marzo de 2017, al ser aproximadamente las catorce horas con treinta minutos, en el mismo lugar, la acusada Karla Lissette Carranza Salinas, poseyó y almacenó con fines de tráfico al menos cinco dosis de clorhidrato de cocaína, droga que procedió en ese mismo momento, a través de una tercera persona identificada como Saskia, a vender a adictos de la zona, uno de ellos identificado como Ennio Silva García, a cambio de una suma no precisada de dinero, lo cual efectivamente ocurrió. 2.4 El 17 de abril de 2017, en horas de la tarde, en el mismo lugar, propiamente el interior de la soda y bar El Vergel, la acusada Karla Lissette Carranza Salinas, poseyó y almacenó con fines de tráfico al menos tres dosis de clorhidrato de cocaína, droga que procedió, en ese mismo momento, a vender a un colaborador confidencial de la policía en la suma de mil colones, así como también a dos adictos de la zona. 2.5 El 5 de mayo de 2017, en horas de la tarde, la acusada Karla Lissette Carranza Salinas, poseyó y almacenó con fines de tráfico al menos seis dosis de clorhidrato de cocaína, droga que procedió en ese mismo momento, a suministrar a la co-acusada Emma Isabel Carballo, para que ésta la vendiera a los adictos de la zona. Fue así como la acusada Emma Isabel Carballo vendió seis dosis de clorhidrato de cocaína a un colaborador confidencial de la policía judicial, por la suma de seis mil colones. 3 El 10 de mayo de 2017, al ser las diecisiete horas aproximadamente, se ejecutó operativo final y allanamiento en el establecimiento comercial El Vergel, situado en San José, cantón central, distrito Merced, calle 6, avenidas 3 y 5, sitio que era utilizado por las acusadas para el almacenamiento y posesión de la droga comercializada. 3.1 Fue así como ese día la acusada Karla Lissette Carranza Salinas, poseyó y almacenó con fines de tráfico al menos dos dosis de clorhidrato de cocaína, droga que procedió, en ese mismo momento, a vender a un colaborador confidencial de la policía en la suma de dos mil colones. 3.2 Posteriormente, tras la revisión del negocio, se ubicó en el primer estante de la barra la cartera de la acusada Karla Lissette Carranza Salinas, la cual contenía dos billetes de mil colones previamente identificados series A006451210 y A0015222890, así como la suma de veintiséis mil colones y dos dólares. 4. Las drogas de uso no autorizado poseídas, suministradas, almacenadas y comercializadas sin autorización legal por las acusadas Karla Lissette Carranza Salinas y Emma Isabel Carballo durante el período de investigación, eran poseídas por ambas con fines de tráfico, comercialización y suministro. Asimismo, el dinero incautado era producto del giro comercial del narcotráfico al cual se dedicaban las acusadas” (ver Sentencia oral de 0040:10 a 01:11:20). Hechos descritos que fueron confirmados por el ad quem a la luz de las reglas de la sana crítica y en estricto apego a los preceptos 39 y 41 de la Constitución Política. Tiene claro esta Cámara, que el objetivo litigioso central de las defensas privadas estriba en modificar el cuadro fáctico referente, al cuestionar la demostración de culpabilidad, que sin duda fue atinadamente ponderada por el Tribunal de Apelación, al imponerse del conocimiento de los motivos instaurados contra la resolución de primera instancia, a saber: la aparente colusión o pacto entre ambas imputadas, para la venta al menudeo de drogas a personas adictas; la falta de pruebas contundentes para acreditar tal delito; la no demostración del menoscabo al bien jurídico tutelado, porque la conducta de Carballo se limitó a la venta al colaborador, no a consumidores, siendo imposible la puesta en peligro del bien jurídico salud pública; el quebranto al principio de in dubio pro reo, a raíz que la prueba de cargo no descartó las pruebas contrapuestas, generándose una duda de la participación activa de su cliente en los hechos indagados, en el tema de la aplicación de la ley sustantiva, se reclamó que la conducta desplegada por Carballo Medina, era de complicidad y no como coautora (cfr. folio 344). Aunado a la falta de fundamento descriptivo e intelectivo en la responsabilidad penal de Karla Lissette Carranza Jalinas. Entendida la sentencia como una unidad lógico jurídica, se aprecia que la exposición de motivos que hace el ad quem, fue conjunta, visible a partir de folio 347 vuelto del expediente, desvirtuándose cualquier estado dubitativo, siendo que la culpabilidad derivada de ambas imputadas se asienta en plena certeza. Véase que en lo atinente a la precisión del hecho probado, el Tribunal de Apelación de Sentencia, corroboró la evaluación integral dada por el Tribunal de Juicio, donde advierte que: “ …..la investigación estuvo orientada a la constatación de si era cierta o falsa la información confidencial recibida por la Policía, en el sentido de que ambas imputadas (y otras personas) estaban cometiendo el delito de vender cocaína en el Bar El Vergel, y a eso se limitó la intervención del agente encubierto, a producir la prueba sobre una conducta delictiva ya consumada con anterioridad a su intervención […..] En el caso de doña Emma, le vendió seis dosis de droga a un colaborador de la policía y en cuanto a doña Karla, también se observó que unas veces vendió directamente droga a consumidores y otras al colaborador policial, otras a través de doña Emma o de una tercera persona llamada “ Saskia”, esto así a lo largo de una observación policial que se desarrolló entre el 20 de febrero y el 11 de mayo del año 2017, descrita en la acusación, en los informes Policiales y confirmada de viva voz por los oficiales Marvin Murillo Brenes, Marco A. Rodríguez Darcia y Roberto Loría Tose, por lo que considera esta cámara que el hecho tenido por acreditado se deriva razonablemente de la prueba y que esta es legítima e idónea para sustentar las conclusiones del Tribunal de Juicio…..” (cfr. folio 348 frente). Juicios de valor que complementan la construcción intelectiva originada con base a la prueba idónea, fehaciente como la testimonial evacuada e incorporada al contradictorio, según disco digital, archivo de Windows Media 170000850619PE-1912217115253-2 (wmv), de Marvin Murillo Brenes (cfr. desde las 00:12:05 hasta las 00:21:44) y Roberto Loría Tosi (cfr. desde las 00:26:34 hasta las 00:36:41), miembros del Organismo de Investigación Judicial y Marco A. Rodríguez Darcia, Policía Municipal de San José (cfr. desde las 00:21:44 hasta las 00:26:34); aunado a la prueba documental y material (cfr. desde las 00:36:41 hasta las 00:40:02); todo lo anterior en razón de una labor de inteligencia suscitada en información confidencial número 080-EN-17, por venta de estupefacientes en el bar y Soda El Vergel, localizado en la provincia San José, Distrito Merced, calle 06, avenidas 03 y 05, a cargo del Organismo de Investigación Judicial, cuyos funcionarios en coadyuvancia con la Policía Municipal de San José, tuvieron claro desde el inicio del proceso investigativo, la intervención activa y preponderante de Karla Carranza Jalinas y de Emma Isabel Carballo Medina, en los hechos, precisando funciones relevantes para la delincuencia de venta a terceras personas de cocaína (cfr. folios 1 a 11 Informe IP-065-EN-17 Sección de Estupefacientes, 12 a 13 actas de secuestro números 768132 y 768133, 14 a 18 Informe IP-100-EN-17, 19 acta de secuestro número OIJ 768139, 20, 21 acta de secuestro número OIJ N° 130350 y parte policial N° 83552 de la Policía Municipal, sobre el decomiso a un tercero de droga vendida el 3 de marzo de 2017, 24 a 30 Informe IP-179-EN-17, Sección de Estupefacientes OIJ, folio 31 acta de secuestro N° 751778, 32 a 38, 56 a 59, Informes IP-185-EN-17 e IP-2017-EN-17, de la Sección de Estupefacientes OIJ, 69 a 75 Orden de Allanamiento, registro, secuestro y marcación de billetes, 76 acta de requisa y entrega de billetes marcados y acta de recibo de droga, 77 a 79 Informe N° IP-210-EN-17 de vigilancias y compras controladas, 80 acta de decomiso N° 768108 de OIJ, 81 a 82 actas de notificación y acta de allanamiento, registro y secuestro, 85 a 93 Informe CI-020-EN-17, Sección de Estupefacientes OIJ, 94 acta de secuestro N° 768391 OIJ, se acredita secuestro de billetes marcados y el dinero producto de la venta de droga, 105 a 114, Dictámenes criminalísticos números 2017-1268-QUI, 2017-1464-QUI, 2017-2247-QUI, 2017-2676-QUI y 2017-2680-QUI, de la Sección de Química Analítica del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial), aspectos todos que, de igual manera se constatan en la resolución condenatoria. A modo de ilustración, el Tribunal Penal, en la voz de la cojueza Bustillo Piedra, adujo en relación con la fundamentación intelectiva de las pruebas y acerca de la responsabilidad penal de las acriminadas, que la investigación del Organismo de Investigación Judicial en apoyo con la Policía Municipal de San José, no fue al azar, al conocer que en ese bar y restaurante el Vergel, se vendían drogas tanto a personas adictas, como al colaborador confidencial del OIJ (cfr. desde 00:49:15 a 56:40), individualizaron que Karla Lissette Carranza Jalinas, en asocio con su pareja sentimental, Juan Bautista López, se dedicaban a la venta de estupefacientes dentro del restaurante el Vergel. Enfatizan tanto el ad quem (Sentencia de Apelación, folio 347 vuelto y siguiente) como el a quo (cfr: desde las 00:49:46 a 59:50) que Karla Carranza Jalinas, suministraba dentro del citado inmueble, drogas a mujeres –entre ellas, Emma Isabel Carballo Medina-, para que la vendieran a terceros y al colaborador confidencial del O.I.J. En cada una de las vigilancias controladas –según el testigo presencial, oficial Roberto Loría Tosí-, Karla Lissette Carranza Jalinas, siempre permanecía en el mostrador y era ella quien suministraba a través de Emma Carballo Medina y de una mujer llamada Saskia, las dosis de cocaína en pajillas a terceros o al colaborador confidencial (que efectivamente participó en la investigación). Las autoridades jurisdiccionales reconocen el control policial adecuado de la policía, que permitió descubrir la verdad real de los hechos delictivos, pues el investigador Roberto Loría Tosí, tenía asignado el ingresar y permanecer en bar, observaba todos los movimientos ilícitos y en el exterior, su compañero Marvin Murillo Brenes, supervisaba la investigación, controlaba, requisaba al colaborador y recibía la droga adquirida por éste debido a la participación ilícita de Karla y de Emma, quienes de forma conjunta realizaban las transacciones de droga, como se ha dicho, a personas adictos, como al colaborador policial del Organismo de Investigación Judicial (cfr. desde las 01:05:12 a 01:06:59). A su vez, se detalla del fallo de primera instancia, que el oficial del Organismo de Investigación Policial, Roberto Loría Tosí, permanecía en el interior del local comercial (01:07:50), visualizó que luego de un pasón o intercambio de manos entre Saskia (una de las mujeres que expendía estupefacientes en ese bar) y un sujeto desconocido, éste logró obtener una pajilla de droga y de seguido ingresó al baño a consumirla (00:56:21 a 00:56:39, 01:08:32). En lo que atañe a las ventas controladas, el ad quem puntualizó: “… el número de ventas controladas de clorhidrato de cocaína observadas con motivo de la investigación, ya sea a consumidores o a colaboradores de la policía, no determina diferencia alguna en la tipicidad, antijuridicidad (formal y material) y culpabilidad de la conducta que constituye un solo delito consumado desde antes de que la policía intervenga para producir prueba por la vía de las compras controladas, con agentes encubiertos o colaboradores confidenciales, que autoriza expresamente la Ley N° 8240 […]Finalmente, carece de asidero la tesis de que doña Emma solamente actuó como cómplice de doña Karla, tal como lo explica el Tribunal de Juicio, se nota claramente que ambas actuaban conjuntamente, conforme a una distribución de funciones, pues se observó que ambas vendieron directamente, notándose que doña Karla era quien custodiaba las dosis que doña Emma o a una tercera persona (“Saskia”) entregaban a los compradores …..” (cfr. folio 349 vuelto). En resumen, los vicios pretendidos por el patrocinio letrado, en aras de alcanzar la ineficacia de la resolución N° 2018-0772, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José, carecen de esencialidad, es decir el fallo recursivo no ocasiona agravio en detrimento de los derechos fundamentales de las personas imputadas. Las personas integrantes de dicho órgano colegiado se impusieron de las quejas incoadas por los dos patrocinios letrados, verificando la legalidad de la decisión del Tribunal de Juicio. Los impugnantes no aluden a un perjuicio específico, se omite plantear de qué forma el yerro que señalan pudo afectar los derechos e intereses de las sentenciadas y incidencia concretamente en la decisión final del caso (Sentencia N° 2014-1915, de las 11:42 horas, de 10 de diciembre de 2014, integración: Magistrado Ramírez Quirós, Mag. Desanti Henderson, Magistrada María Elena Gómez y ex Magistrado Sanabria Rojas y 2014-648, de las 9:53 horas, de 4 de abril de 2014, integración: Mag. Ramírez Quirós, Mag. María Elena Gómez, y ex Magistrados Chinchilla Sandí, Arroyo Gutiérrez y ex Magistrada Arias Madrigal, ambas de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). La sentencia se encuentra motivada, quedó claramente establecida de forma certera la participación y la responsabilidad de Carballo Medina y de Carranza Jalinas, como autoras responsables de un delito de venta de drogas, en perjuicio de la salud pública, lo anterior bajo prueba abrumadora, totalmente valida al tenor de los artículos 180, 181, 182 y 184 del Código Procesal Penal. Así las cosas, el motivo debe declararse sin lugar.

III. En el segundo motivo, promueve la causal de precedentes contradictorios, de conformidad con el artículo 468 inciso a) del Código Procesal Penal, entre la resolución 2018-0772 del Tribunal de Apelación de Goicoechea y la sentencia N° 2014-425, del 19 de setiembre de 2014, del Tribunal de Apelación de Sentencia del Primer Circuito Judicial de Cartago, en lo que versa sobre si las ventas controladas de estupefacientes reflejan por sí solas amenazas al bien jurídico de la salud pública. Estima que tal como lo apunta ese precedente, si la venta de drogas fue controlada, no se logró materializar la amenaza al bien jurídico protegido. Por otra parte, afirma que la sentencia de apelación es contradictoria con los pronunciamientos 7079-1997, de las 18:30 horas, de 28 de octubre de 1997, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la resolución N° 900-1999, de las 9:47 horas, de 19 de julio de 1999, de la Sala de Casación Penal, en lo que respecta a la facultad de admitirse a través del relato en juicio del encargado de la investigación, sobre la introducción de manifestaciones del colaborador en el operativo final. Recalca que al obviarse los precedentes invocados se gesta un perjuicio pues“… no podría darse una sentencia condenatoria en contra de doña Emma Carballo por haberse incorporado prueba que a todas luces resulta ilegal y contraviene no sólo la jurisprudencia de tribunales comunes sino también de nuestra Sala Constitucional …..”. Pide acoger la gestión y se declare ineficaz la sentencia y el juicio que le precedió, para una nueva discusión (cfr. folios 359 vuelto a 361 vuelto y 407 frente y vuelto). Los alegatos se declaran sin lugar. A-) En el primer cuestionamiento del presente motivo, luego de un detenido estudio de fondo, se desprende que no existe identidad fáctica para lograr sostener la existencia de precedentes contradictorios, por cuanto el licenciado Jorge E. Gonzalo Villalobos, parte de una premisa errada, cual es que en el caso específico las ventas (controladas) de drogas no violentaron el bien jurídico tutelado - salud pública-, porque fueron realizadas a colaboradores o a policías, generándose (en su opinión) la imposibilidad de que el estupefaciente incautado hubiese sido consumido por terceros o ingresado al tráfico ilícito de drogas. Empero, olvida o deja al margen la relación de hechos probados, la acreditación con el acervo probatorio legalmente incorporado, que las encartadas Carballo Medina y Carranza Jalinas, vendieron estupefacientes, concretamente clorhidrato de cocaína, tanto a terceros, adictos de la zona como al colaborador confidencial del Organismo de Investigación Judicial (cfr. desde las 01:07:50 hasta las 01:12:09), situación avalada por el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José. Distinto es el tema del precedente N°2014-425, de las 10:15 horas, de 19 de setiembre de 2014, del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, donde no se demostró que alguna de las personas acusadas hubiesen vendido estupefacientes a un tercero en posibilidad de consumirla. En todo caso, sobre el tema que expone el abogado defensor, ya esta Sala se ha pronunciado al descartar dicha tesis. En sentencia N° 000010-00, de las 14:45 horas, de 7 de enero de 1999, con la integración del Magistrado Jesús Ramírez Quirós, y de los exmagistrados Daniel González A, Mario A. Houed V., Rodrigo Castro M., y Alfonso Chaves R., en lo que interesa se transcribe: “….. Es posible distinguir, con la doctrina, entre delitos de peligro concreto y de peligro abstracto, tomando como punto de partida para la distinción la mayor o menor probabilidad de producción de un resultado lesivo. En los delitos de peligro abstracto, como los que están incluidos en la Ley de Psicotrópicos, se considera que el peligro se presenta con la realización de la conducta delictiva descripta en el tipo, y de ahí que, en estos casos, no sea necesario acudir a un análisis acerca de si en el caso concreto hubo o no peligro de lesión al bien jurídico tutelado, pues en tales hipótesis el riesgo está implícito en la acción desplegada. En cambio, en los delitos de peligro concreto, resulta necesario analizar en cada caso, y, por supuesto, probar fehacientemente, si la acción desplegada fue idónea para causar un determinado peligro. Tanto en los delitos de peligro concreto como en los de peligro abstracto existe una tendencia legislativa a producir una reacción penal en un área contingente a la lesión efectiva del bien jurídico, la cual se explica por razones de una “política criminal del riesgo” que ha permeado profundamente la reforma penal de la posguerra, caracterizada por una tendencia a producir tutela penal en aquellas áreas donde se generan riesgos importantes a la convivencia, como en el caso de los modernos desarrollos del así llamado “derecho penal ecológico”. El legislador costarricense ha seguido en la legislación contra el tráfico de estupefacientes las líneas generales de esta política criminal, y ha decidido que estos delitos se castiguen aún en aquellos casos en que no se ha producido un efectivo o concreto peligro para la Salud Pública, bastando la realización de alguno de los verbos -incluidos también en las frecuentes descripciones de tipos penales mixtos-alternativos del derecho comparado- para que se tenga por configurada la conducta típica. Esto es así, por cuanto no se ha aceptado admitir que se tengan que producir efectivas lesiones a la Salud Pública para castigar este tipo de conductas humanas cuya trascendencia social es insoslayable por los efectos que tienen …..”. Nótese que si bien es cierto por la naturaleza de los hechos (en un supuesto como el planteado por el recurrente), no se requiere de un examen del peligro al bien jurídico, la relación del hecho delictivo se circunstancia en relación a la finalidad de la acción y a la afectación potencial al bien jurídico de la salud pública de personas adictas. Tal peligro abstracto según el principio de lesividad, no puede concebirse como un riesgo “presunto”, sino que realmente debe prevalecer una potencialidad de daño, al fijarse el respectivo reproche por el hecho ilícito cometido (En sentido similar: Sentencias N° 2013-372, de las 11:45 horas de 31 de julio de 2013, Tribunal de Apelación de Cartago, integrado por la Jueza Rosibel López Madrigal y los Jueces Rafael Segura Bonilla y Rafael Gullock y 2008-1182, de las 10:35 horas, de 21 de noviembre de 2008, Tribunal de Casación Penal, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, con la integración de la Jueza Rosaura Chinchilla Calderón, y los Jueces Ulises Zuñiga Morales y Edwin Salinas Durán). A manera de conclusión, la ilicitud de venta de droga es de peligro, en virtud de la estructura de tutela normativa no necesita de una lesión real, efectiva al bien jurídico la salud pública, sino que el legislador anticipó la sanción, al criminalizarse el riesgo de previo a eventuales y serias afectaciones a la salud o su acreditación, al considerarse suficiente estipular “el desarrollo de la actividad y su potencial riesgoso, para que la conducta sea punible …”. (Sentencia 2009-01451, de las 14:40 horas, de 16 de octubre de 2009, Sala Tercera Corte Suprema de Justicia, integración Mag. Pereira Villalobos, Mag. García Vargas, Carlos M. Estrada y Erick Gatgens G.). Precedente que como ya se dijo no aplica al caso concreto, al haberse comprobado según el estudio de fondo que, Karla Lissette Carranza Jalinas y Emma Isabel Carballo Medina, vendieron clorhidrato de cocaína a personas ajenas a la policía (cfr. desde las 01:05:12 hasta 01:12:09). B-) En relación con el otro reclamo, arguye la defensa técnica de Carballo Medina, que el fallo objetado es contradictorio con las resoluciones números 7079-1997, de las 18:30 horas, de 28 de octubre de 1997, de la Sala Constitucional y N° 900-1999, de las 9:47 horas, de 19 de julio de 1999, de la Sala Tercera, en lo que concierne a la potestad de reconocer por medio del relato en debate de la persona encargada de la investigación, de la posibilidad de introducir manifestaciones del colaborador que participó en el operativo final. El motivo no puede prosperar. Aduce la defensa que la fundamentación del fallo del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, es ilegítima al oponerse a las resoluciones de la Sala Constitucional N° 7079-M-97, de las 18:30 horas, de 28 de octubre de 1997 y 900-99, de las 9:47 horas, de 19 de julio de 1999 de la Sala Tercera, que establecen como regla, la imposibilidad de que la declaración del colaborador sea introducida por medio de lo manifestado en juicio por un oficial de la policía. Alegato que resulta desacertado. De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, la existencia de precedentes contradictorios gira en torno únicamente entre resoluciones emitidas por los tribunales de apelación de sentencia, o de estos con precedentes de la Sala de Casación Penal, no así con pronunciamientos de la Sala Constitucional, como aquí se hace. A su vez, no se determina la semejanza o similitud en aspectos básicos o esenciales del supuesto fáctico abordado, por cuanto el litigante parte de una premisa errada, cual es que en este asunto, la venta de drogas dependía única y exclusivamente del aporte del colaborador confidencial, olvidando que la dinámica del hecho punible contó con la particularidad de efectuarse en el interior de un aposento, es decir de un local comercial, por lo que como bien lo precisó el Tribunal de Juicio y lo complementó el Tribunal de Apelación, y como se explicó a partir del primer considerando de este fallo, las labores de inteligencia para confirmar o no la información confidencial, de que en el bar y restaurante el Vergel se vendía droga, requirió de un plan operativo estratégico, en el cual hubo un testigo presencial de las acciones típicas, antijurídicas y culpables desplegadas por Carranza Jalinas y Carballo Medina, en las transacciones de estupefacientes a personas ajenas a la policía, como fue el oficial de la Sección de Estupefacientes del Organismo de Investigación Judicial, Roberto Loría Tosí, quien siempre permaneció a lo largo de la investigación, en el interior del citado local comercial, y como lo supervisó el Tribunal de Apelación de Sentencia, percibió y relató (según cuadro fáctico probado), la dinámica de los hechos, siendo que Karla Lissette Carranza Jalinas era quien le expendía a Emma Isabel Carballo y a una mujer conocida como Saskia, las pajillas con droga, y eran éstas dos mujeres las que las vendían de forma directa a terceros (Ennio Silva García y a una persona desconocida que ingresó al baño de ese inmueble y de acuerdo con la versión de Roberto Loría Tosí, procedió a consumir la droga, por lo que avisó a su compañero Marvin Murillo Brenes, que en conjunto con el oficial de la Policía Municipal, Marco A. Rodríguez Darcia, controlarían el operativo desde las afueras, siendo que el rol del colaborador confidencial de la policía fue complementario. En resumen, la declaratoria de culpabilidad por el delito de venta de drogas, decretada contra Emma Carballo Medina y Karla Carranza Jalinas, surge del examen integral de todas las probanzas evacuadas en el proceso penal, siendo la intervención del agente colaborador un insumo más dentro del engranaje testimonial, documental y pericial recopilado en los autos. En todo caso, debe aclararse al señor defensor que en nuestro sistema no se rige o no existe prueba tasada, los informes policiales recabados en trabajos de inteligencia, permiten de acuerdo con los principios de la lógica, la psicología y la experiencia común, complementar o reproducir la versión del encubierto, al imperar un régimen de libertad probatoria, artículos 180 a 182 y 184 de la ley penal adjetiva, de modo de que la verdad real se logre demostrar indistintamente del medio de prueba, ello sin que los informes incorporados contengan vicios de ilicitud. Como se señaló a inicios de este tercer considerando, -y de ahí la (incorrecta) argumentación conjunta que hace el defensor en el motivo de precedentes contradictorios-, la venta de drogas a terceros aconteció, con ella no hay duda del menoscabo del bien jurídico salud pública, ya que las pruebas recabadas fueron obtenidas bajo el amparo de las garantías procesales. Nótese que no solo se llevaron a cabo las compras controladas y las ventas de drogas a personas adictas, sino que además el operativo final estuvo bajo el control de un juez y en el allanamiento se ubicó en poder de las mujeres endilgadas, probanzas relevantes que indudablemente justifica la responsabilidad penal de las imputadas, ante no un peligro potencial al bien jurídico tutelado, sino efectivo por la venta de drogas realizada de forma sistemática y conjunta por Carranza Jalinas y Carballo Medina, a personas ajenas a la policía (cfr. folios 347 vuelto a 348 frente y vuelto, además cfr. desde las 00:46:13 hasta las 01:41:35, fallo condenatorio oral). En consecuencia, los alegatos se deben declarar sin lugar.

Por Tanto:

Se declaran sin lugar los recursos de casación interpuestos por las defensas particulares de E.I.C.M., y K.L.C.S. Notifíquese.

Jesús Alberto Ramírez Q.

Patricia Solano C.

Jaime Robleto G.

(Mag. Suplente)

Jorge Enrique Desanti H.

(Mag. Suplente)

María Elena Gómez C.

(Mag. Suplente)