Sentencia Nº 1-98 de Sala Constitucional, 09-08-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha09 Agosto 2019
Número de sentencia1-98
20190007014032-18807328-1.rtf

*190139600007CO*

EXPEDIENTE N° 19-013960-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2019015018

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del nueve de agosto de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo interpuesto por ERICKA DE LOS ÁNGELES CORDERO ARIAS, cédula de identidad 0109970810, contra AERIS HOLDING COSTA RICA, S.A., EL CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CETAC) Y EL CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO (CTP).

Resultando:

1.- Por escrito recibido a las 22:35 horas del 5 de agosto de 2019, la recurrente interpone recurso de amparo contra AERIS HOLDING COSTA RICA, S.A., EL CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL Y EL CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO, y manifiesta lo siguiente: que es concesionaria de taxis del Aeropuerto Juan Santamaría, placa N° 21, y acciona en esta sede debido a un montón de obstáculos y requisitos engorrosos no le han permitido trabajar como debería, por lo que ha planteado todas las denuncias respectivas ante los diferentes órganos que, se supone, rigen su actividad, sin recibir respuesta de ninguno, por lo que no le ha quedado otra alternativa que recurrir a esta vía, pues le están negando derechos constitucionales como lo son el derecho al trabajo, el amparo como mujer jefa de hogar, y el derecho a respuesta, a justicia pronta y cumplida, entre otros. Aduce haber tenido que enfrentar actuaciones arbitrarias por parte de Aeris Holding, gestionante del Aeropuerto, encargado de su Administración, y de la empresa TaxiCab RL, a la que por disposición del gestionante —o imposición, pues se les obliga a agruparse en empresas— tuvo que afiliarse, aunque existe en el contrato una clausula (artículo XIII. Clausula Condicionante de la Ejecución Contractual) que dice que se les dará una autorización para poder ocupar uno de los campos proporcionales necesarios, para ofrecer el único transporte legal de pasajeros que debería existir en la terminal aeroportuaria supra mencionada. Como es conocido nítidamente, las concesiones son individuales y personalísimas y ya con el solo hecho de contar con una, obviamente en regla, debería bastar para poder trabajar libremente, pero antojadizamente se imponen distintas trabas que no le permiten llevar el sustento económico a su hogar. Aduce, asimismo, haber solicitado desde hace más de un año de manera verbal, al señor Luis Benavente, Gerente Comercial de Aeris Holding, un espacio en la terminal para poder explotar legalmente su concesión, pero no obtuvo respuesta, por lo que luego lo hizo mediante correo electrónico y de igual forma no recibió ninguna respuesta, con lo que optó en marzo de este año, por solicitarlo nuevamente, pero esta vez de manera formal, mediante escrito autenticado por abogado y lastimosamente para ella, hasta el momento sigue sin que se le resuelva nada. Ante tanta negativa o silencio acudió al Tribunal Administrativo de Transporte, para que se le asesora al respecto, pero el mismo se declaró incompetente y procedió a notificar el asunto al CETAC (órgano fiscalizador de Aviación Civil), al Consejo de Transporte Público y a Aeris Holding para que fueran ellos los que se refirieran al caso. Ante este Tribunal denunció no solo el tema de la negativa a brindarle el espacio necesario para poder trabajar, sino un sin número de anomalías más, que la han afectado desde que inició labores en el Aeropuerto, pero todos estos órganos la dejan una vez más, sin recibir una resolución en donde se le aclaren tantas dudas e irregularidades que se presentan con la administración de Aeris Holding S.A. Por ello, se siente en total indefensión pues al no definírsele nada, no sabe cuál es su situación legal en ese lugar como concesionaria en regla ni en qué vía se le podrá resolver en definitiva. Ahora intentan imponer nuevamente otro estilo de trabajo, en primera instancia, el mismo Gerente Comercial, el señor Luis Benavente, les informó que de no ser aceptado por la totalidad de los concesionarios no se podría llevar a cabo; pretendían que entrara a regir esa modalidad desde el primero de julio, pero no se han atrevido a hacerlo pues son muchos los concesionarios que no estuvieron de acuerdo, hay muchos intereses involucrados en esas maneras extrañas de organizarse que, a la postre, lo que demuestran es una desigualdad enorme de condiciones laborales, lo que obviamente es ilegal. Interpone este recurso de amparo pues ha sido víctima en reiteradas ocasiones y por diferentes órganos de omisión y falta de un acto administrativo eficaz, en donde se le informe cual es su situación real como concesionaria de una placa de taxi del Aeropuerto y hasta donde llegan las potestades de Aeris Holding S.A. en el manejo antojadizo que hace con sus concesiones ya que prácticamente les obliga a cederlas para que sean administradas por terceros, lo que no está amparado en ninguna ley. Solicita la recurrente que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,

Considerando:

I.- ACERCA DE AERIS HOLDING COSTA RICA, S.A. Vistos los alegatos de la recurrente, se le hace ver que debido a la realización de la Licitación Pública Internacional No. 1-98 para la Contratación de la Gestión Interesada de los Servicios Aeroportuarios prestados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el Estado delegó en Aeris Holding Costa Rica, S.A., la prestación de servicios para la operación, administración, mantenimiento, rehabilitación, financiamiento, construcción y promoción del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Por ese motivo, en lo tocante a las decisiones de dicha empresa, en el pronunciamiento N° 2016006213 de las 14:30 horas del 10 de mayo de 2016, la Sala declaró lo siguiente:

El recurrente señala que es permisionario temporal del servicio de taxi, en la base especial del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Refiere que Taxis Unidos del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, es la sociedad anónima que ha venido, en calidad precaria, dando la asistencia operativa a los taxis que brindan servicios en esa base. Dice que esa empresa ha promovido un elevado costo para todos los permisionarios, pues solicita el pago de servicios ajenos a la actividad de taxi. Acota que esa empresa ejecuta acciones de acoso sistemático en su contra, entre ellas, no permitirme ingresar con su automotor a ciertas zonas del aeropuerto, valiéndose para ello de los personeros del Ministerio de Seguridad Pública, del Consejo de Transporte Público y de la empresa administradora de esa terminal aérea —Aeris Holding Costa Rica Sociedad Anónima—, en lesión al permiso de operación que tiene para ejercer la actividad de transporte público. Agrega que el nueve de marzo de dos mil dieciséis, denunció esas situaciones ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y el Consejo de Transporte Público. No obstante, acusa que no ha obtenido resolución a dichas denuncias. Estima lesionados sus derechos fundamentales.

II.- EL CASO CONCRETO. Lo cuestionado responde a criterios normativos que fundamentan la existencia de la organización del servicio de taxi en el citado aeropuerto. A partir de ese hecho, a esta Sala no le corresponde verificar si el petente cumple con dichos preceptos, o bien, determinar si tiene los requisitos para brindar un servicio público de transporte en los términos en que él pretende, pues ello hace referencia a aspectos de legalidad ordinaria, propios de conocerse en la vía común. En mérito de las consideraciones expuestas, lo consecuente rechazar el recurso de amparo respecto a este extremo”. (El resaltado y subrayado no es del original).

A lo anterior puede añadírsele lo dicho por este Tribunal sobre los concesionarios de servicios de taxi, más recientemente, en el fallo N° 2019004110 de las 09:30 horas del 8 de marzo de 2019, a saber:

El recurrente señala que las personas interesadas en brindar servicios de transporte público -modalidad taxi- en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, deben formar un consorcio y suscribir un contrato para la asignación de espacio y gestión comercial con la empresa Aeris Holding Costa Rica, Sociedad Anónima. A partir de los términos de ese contrato, deben pagar a esa empresa la suma de cuatrocientos dólares americanos, lo que estima es improcedente. Solicita que se anule el contrato comercial a que hace referencia, y se le ordene al Consejo accionado girar instrucciones para reintegrar a los concesionarios los montos pagados en virtud de ese contrato, o bien, se disponga la entrega de un subsidio.

II.- EL CASO CONCRETO. Lo expuesto es un conflicto contractual, referente a la procedencia o no del cobro efectuado de conformidad con el contrato para la asignación de espacio para taxis con la empresa accionada, que no procede ser ventilado y resuelto en esta jurisdicción. En ese sentido, no le corresponde a este Tribunal resolver sobre la determinación de subsidios a concesionarios, la procedencia del permiso de funcionamiento del operador aeroportuario, ni anular lo que se desea del contrato de concesión. Si el petente considera que es improcedente determinado pago, ello es un asunto que puede reclamar, si a bien lo tiene, ante los propios recurridos, o en su defecto, ante la jurisdicción ordinaria correspondiente, pues se refiere a los conflictos atinentes a la correcta interpretación de las cláusulas de las respectivas en un contrato, de sus alcances y de las obligaciones que de ellas se derivan para las partes, en atención a las condiciones que hayan sido pactadas y lo dispuesto por la normativa que rige la materia, aspectos que como tal, son propios de conocerse en la sede común. Por lo expuesto, el presente recurso de amparo es inadmisible y así se declara”. (El resaltado y subrayado no es del original).

Así las cosas, las presuntas actuaciones irregulares de Aeris Holding Costa Rica, S.A. a la hora de intervenir en la organización del servicio de taxi, no constituyen cuestiones que deban ser ventiladas aquí, porque demandan analizar aspectos de mera legalidad, incluso de orden contractual. Por lo tanto, no le corresponde a la Sala determinar si a la amparada debe o no otorgársele un espacio en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, y en qué condiciones. Dado lo anterior, la recurrente deberá plantear sus reclamos, si a bien lo tiene, ante las vías de legalidad competentes.

II.- SOBRE LA FALTA DE RESPUESTA A LAS GESTIONES PLANTEADAS POR LA TUTELADA: NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.

III.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a la gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

IV.- EL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ PONE NOTA ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO SOBRE EL ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia, pues las controversias jurídico-constitucionales que atañen a menores de edad, al ambiente, pago de salario, al pago de las prestaciones cuando la persona se jubila, a las pensiones del régimen no contributivo y los casos de parálisis cerebral profunda, discapacitados, extranjeros que se encuentran fuera del país, servicio de agua potable, adultos mayores cuando no se refiere a cuestiones de su pensión, denuncias de corrupción, derecho de los indígenas, reclamos por la falta de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social y de licencias de maternidad son de conocimiento de esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo. En los demás casos, y por las razones que se dan en esta sentencia, los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota únicamente en relación con lo dispuesto sobre el artículo 41 constitucional, conforme lo indica en el penúltimo considerando de esta sentencia.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Mauricio Chacón J.

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 19-013960-0007-CO

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