Sentencia Nº 17-000298-627-NODE: de Tribunal Disciplinario Notarial, 27-05-2021

Número de sentencia17-000298-627-NODE:
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"Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere" Ulpiano

PROCESO DISCIPLINARIO NOTARIAL

EXPEDIENTE No. 17-000298-627-NO

DE: ARCHIVO NOTARIAL

CONTRA: GARY HERNÁNDEZ SANTANA.

VOTO No. 068-2021

TRIBUNAL DISCIPLINARIO NOTARIAL. Primer Circuito Judicial del San José, a las catorce horas del veintisiete de mayo del dos mil veintiuno.

Proceso Disciplinario establecido mediante parte oficial suscrito por la licenciada Ana Lucía Jiménez Monge, quien es mayor, casada, abogada, cédula de identidad número uno-quinientos setenta y seis-doscientos ochenta y dos, vecina de Curridabat, en su condición de Jefa del Departamento del Archivo Notarial de la Dirección General del Archivo Nacional, contra el licenciado Gary Hernández Santana, quien es mayor, abogado y notario, cédula de identidad número cinco-doscientos sesenta y ocho-cuatrocientos sesenta y cuatro, demás calidades no indicadas. Interviene por disposición legal, la Dirección Nacional de Notariado.

Redacta el Juez Echandi Salas, y

CONSIDERANDO:

I.- Antecedentes: a) Actos de alegación de parte y trámite (síntesis de las alegaciones, pretensiones y defensas). Queja: La licenciada Ana Lucía Jiménez Monge, en su condición de Jefa del Departamento del Archivo Notarial de la Dirección General del Archivo Nacional, informó al Juzgado Notarial, que el licenciado Gary Hernández Santana, depositó, ante esa entidad, el tomo primero de su protocolo, el nueve de marzo del dos mil diecisiete y señaló que el último instrumento ahí autorizado está fechado veintiséis de noviembre del dos mil dieciséis, en tanto la razón de cierre fue consignada el ocho de marzo del dos mil diecisiete. Acusó que conforme a los artículos 25 inciso a) y e), 138, 141, 143 inciso j) del Código Notarial, y 24 de la Ley 7202 y el Reglamento de Organización y Servicios del Archivo Notarial, Decreto Ejecutivo No. 40555-C, el notario acusado incumplió los deberes impuestos, relacionados con el depósito del protocolo (folio 4). Defensa: El Juzgado Notarial tuvo por infructuosos los intentos por notificar al acusado en forma personal, por lo que notificó el auto traslado al denunciado, mediante edicto publicado en el Boletín Judicial número ochenta y dos del tres de mayo del dos mil diecisiete. Como no se apersonó, se le nombró defensor público, cargo para el que fueron designados los licenciados Roberto Campos Delgado, Ana Carranza y Vásquez y posteriormente la licenciada Diana de la O Ferllini. Contestó la segunda, quien interpuso las excepciones de prescripción falta de legitimación y falta de derecho (folios 21, 23, 24 y 28). b) Resolución impugnada: La autoridad de primera instancia, Doctora Melania Suñol Ocampo, dictó la sentencia número diecinueve-dos mil veintiuno, a las diez horas del dieciocho de enero del dos mil veintiuno, mediante la cual, impuso al acusado, la corrección disciplinaria de ocho días de suspensión en el ejercicio de la función notarial (folios 25 y 26).c) Recurrente: La licenciada Diana de la O Ferllini, en la condición antes mencionada, apeló disconforme con lo así resuelto. Esa impugnación fue admitida por la autoridad de primera instancia y genera que este Tribunal conozca del recurso .

II.- Hechos Probados: Por corresponder al mérito de los autos y no haber sido aportada contraprueba que los contradiga y cuestione, se aprueba la relación de hechos demostrados realizada por la señora jueza de primera instancia.

III.- Sobre el Recurso: La señora defensora del acusado apeló la sentencia bajo estudio y alegó la falta de fundamentación de la sanción impuesta, pues a su juicio, la autoridad de primera instancia la motivó inadecuadamente, al no expresar la razón por la cual se no impuso una sanción menor. No comparte esta Cámara el agravio expuesto y estima, por el contrario, que la sanción contiene el mínimo de la fundamentación requerida. En la sentencia bajo estudio, en un aspecto no apelado, se tuvo por establecido que el acusado depositó su protocolo, fuera del plazo de ley y se señaló que ese supuesto está previsto como causante de responsabilidad disciplinaria y como falta grave, citándose el numeral 143 inciso i), lo que descarta la posibilidad de calificar como leves los hechos o de imponer una sanción que no fuera la suspensión en el modo y forma que se dirá. Luego, las razones para la imposición de una sanción, se comparte con la Defensa Pública, deben expresarse en el fallo, como exigencia del deber de fundamentación (artículo 28 del Código Procesal Civil), para su posterior control, evitando con ello cualquier asomo de arbitrariedad. Ahora, en el caso, la autoridad de primera instancia decretó la medida impuesta y la correlacionó con la demora en el cumplimiento de deber con lo que la sanción no fue arbitraria, ni hay en ella el ejercicio de una discrecionalidad contraria a derecho. Debe recordarse que el citado artículo 143 inciso i), dispone que se podrá imponer a la persona notaria infractora, una sanción de suspensión en el ejercicio de la función notarial, de hasta un mes, todo de acuerdo a la importancia y gravedad de la falta. De esta forma, el legislador dejó al desarrollo jurisprudencial, los criterios para su fijación, según las circunstancia propias de cada caso y la entidad del incumplimiento. Este Tribunal, siguiendo esa disposición, ha tomado como parámetros objetivo para graduar la sanción que debe imponerse en estos casos: la extensión de la demora demostrada que fue el elemento utilizado por la autoridad de primera instancia, así como la potencia y prueba de las justificaciones que puedan apreciarse en el expediente, que en este caso, ni se invocaron y menos probaron, en consonancia con la importancia del deber conculcado y en este sentido, debe recordarse que las personas notarias solo son depositarias transitorias de los volúmenes protocolares, que son documentos públicos que deben resguardarse en el Archivo Notarial y en el tiempo y forma prevista por la ley. Así, siguiendo lo apuntado lineas arriba, como el numeral 143 dispone un rango de hasta un mes de castigo, para las personas notarias que incumplan las obligaciones ahí señaladas, debe descartarse la posibilidad de estimar la existencia de una falta leve y la imposición de un apercibimiento o de una reprensión, pues el legislador, calificó ese supuesto como falta grave y previó la medida que debe imponerse en esos casos. La fijación de la medida, cuando se trata de supuestos de hecho, como el que trata el asunto, en que la persona infractora, si bien cumplió el deber, lo hizo fuera del plazo de ley para ese efecto, debe graduarse, como fue señalado, según el atraso en el cumplimiento del deber, pues no es de igual entidad, el atraso de un día a más de un año en la presentación del volumen del protocolo que deba depositarse por ley. En este sentido, la autoridad de primera instancia estimó la imposición de ocho días de suspensión en el ejercicio de la función notarial y lo relacionó con un atraso de aproximado de dos meses y varios días, pues si la última escritura fue autorizada el veintiséis de noviembre y la persona notaria tiene un mes para depositar el protocolo, el atraso debe contarse a partir del día veintisiete de diciembre y hasta el ocho de marzo en que fue satisfecha la obligación. Entonces, los ocho días se ajustan al atraso comprobado y no pueden variarse, pues sería injusto imponer una sanción de un día o tres días en el caso, pues la demora...

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