Sentencia Nº 17-18 de Sala Tercera de la Corte, 03-12-2021

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha03 Diciembre 2021
Número de expedienteExp:
Número de sentencia17-18
Revisión del Documento

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Exp: 21-000237-1092-PE

Res: 2021-01446

SALA DE CASACIÓN PENAL. S.J., a las once horas cuarenta y tres minutos del tres de diciembre de dos mil veintiuno.

Recurso de C.ón interpuesto en la presente causa seguida contra J.F.C.S., costarricense, cédula 1-1374-0119, nacido el 16 de noviembre del 1988, hijo de W.A.C.B. y Flor de M.ía Sierra Delgado; por el delito de desobediencia a la autoridad, cometido en perjuicio de la autoridad pública. Intervienen en la decisión del recurso los Magistrados y la Magistrada, P.S.C., Jesús A.R.írez Q.ós, Álvaro B.M., G.R.én A.V. y R.S.B., el último como Magistrado Suplente. Además, en esta instancia, la licenciada M.ía E.C.S.ís, como defensora del encartado. Se apersonó la representante del Ministerio Público, R.M.ía Q.Q..

Resultando:

1.- Mediante sentencia N° 2021-0943 de las ocho horas con cuarenta minutos del veintitrés de junio del dos mil veintiuno, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, sede G., resolvió: POR TANTO: Se declara con lugar el recurso de apelación incoado por la defensa de J.F.C.S., con las siguientes consecuencias: (1) Se revoca la sentencia en cuanto consideró a J.F.C.S. como no-primario y, en su lugar, se le declara primario. 2) Se anula la resolución impugnada en cuanto denegó otorgar al endilgado Corrales Sierra el beneficio de ejecución condicional de la pena impuesta y se ordena el reenvío de la causa al tribunal de origen, para su nueva sustanciación de ese extremo. 3) Se anula la sentencia respecto de la denegatoria del reemplazo de la pena principal por servicios de utilidad pública, ordenándose nueva discusión con respeto al principio de no reforma en perjuicio. 4) Se reduce el plazo de la medida cautelar a vencer el cinco de agosto de 2021 en que habrá agotado el límite de 2/3 de la pena impuesta y que resulta suficiente para celebrar el juicio de reenvío. En lo demás queda invariable lo resuelto en la sentencia apelada. NOTIFÍQUESE.- K.J.F.-.P.V.G.-.R.C.C. - Juezas de apelación de sentencia penal (sic).

2.- Contra el anterior pronunciamiento la licenciada R.M.ía Q.Q., interpuso recurso de casación.

3.- Verificada la deliberación respectiva, la S. entró a conocer del recurso.

4.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Informa el Magistrado Álvaro B.M.; y,

Considerando:

I. Esta S. mediante resolución número 2021-933, de las catorce horas y un minuto, del cinco de agosto del dos mil veintiuno (cfr. folios 89 a 94 del expediente), admitió para su conocimiento de fondo, el único motivo del recurso de casación interpuesto por la licenciada R.M.Q.Q., F. de Impugnaciones del Ministerio Público, en contra de la sentencia 943-2021, de las 8:40 horas, del 23 de junio de 2021, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de S.J., sede G., (cfr. folios 58 a 66).

II. Único reclamo de casación. Existencia de precedentes contradictorios del Tribunal de Apelación de Sentencia y la S. de C.ón Penal, respecto a la interpretación y aplicación del artículo 11 de la Ley de Registro y Archivo Judicial (Ley 9361 del 13 de junio de 2016). Sustenta la queja en el artículo 468 inciso a) del Código Procesal Penal. Argumenta que, en el presente asunto, el Tribunal de Alzada resolvió que el artículo 11 de la Ley 6723, reformado mediante Ley 9361, es de naturaleza sustantiva y no de carácter procesal. En ese sentido, señaló que, si el encausado fue condenado el 18 de febrero de 2013 por el Tribunal de Flagrancia de S.J., a la pena de 20 días de prisión, sanción que debió descontar porque le fue denegado el beneficio de ejecución condicional de la pena. No obstante, señala el voto impugnado que, al ser la referida norma (art. 11) de naturaleza sustantiva y no procesal, debe ser aplicada de manera retroactiva por ser más favorable al imputado, lo anterior, de conformidad con el artículo 12 del Código Penal. Además, el fallo recurrido señala que el Transitorio único contenido en la ley número 9361, establece una orden legislativa expresa para que los asientos existentes fueran actualizados en el plazo máximo de seis meses a partir de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Además, refiere que el criterio dado va en la línea de la respuesta que el Archivo Judicial brindara a una de las integrantes del Tribunal, acerca de la reforma del artículo 11 de la Ley de Registro y Archivo Judicial. Al respecto, se indica que la interpretación de la aplicación de los plazos de cancelación de la norma mencionada que realiza el Registro Judicial, es acorde con el criterio externado por la Comisión de Asuntos Penales N° CJP020-18 del 21 de febrero de 2018, conocido por el Consejo Superior en sesión N° 17-18 celebrada el 01 de marzo de 2018, para lo cual emitió la circular N° 60-2018 de la Secretaría General de la Corte del 21 de mayo de 2018, sobre la interpretación de la norma en cuestión y su transitorio único, disponiéndose que es una orden legislativa que ordena al Registro para que en el plazo de seis meses procediera a actualizar los asientos, conforme a los rangos establecidos en el artículo 11 reformado. En ese sentido, afirma el fallo de alzada que, al tratarse de una condena de veinte días de prisión, descontada la pena por el imputado y en aplicación de lo indicado en el numeral 11 inciso a) de la Ley de Registro y Archivo Judicial, se debió cancelar de inmediato el asiento de esa pena, por ser la referida norma de carácter sustantivo. Por lo anterior, el Tribunal ad quem resolvió revocar la sentencia de juicio en cuanto consideró no-primario al imputado J.F.C.S., y dispuso que es delincuente primario, anulando el fallo y ordenando el reenvío para que se conozca lo relativo al beneficio de condena de ejecución condicional y sobre la posibilidad del reemplazo de la pena principal por servicios de utilidad pública. Cita un extracto de la sentencia de apelación que recurre, el cual se opone a lo resuelto por esta S. en el voto número 861-2020, de las 11:00 horas, del 17 de julio de 2020, donde la S. establece que, al tratarse de normativa procesal, la reforma al artículo 11 de la Ley de Registro y Archivo Judicial aplica a partir de su vigencia, no siendo viable darle efectos retroactivos. Con base en este último criterio, la petente sostiene que el imputado no puede tenerse como delincuente primario; consecuentemente, no procedería el otorgamiento del beneficio de ejecución condicional de la pena; tampoco algún tipo de sanción sustitutiva a la pena de prisión. Cita el extracto de interés del voto 861-2020 de la S.: " III.- El recurso debe ser declarado sin lugar. Considera esta Cámara, que el tema central del reclamo interpuesto, radica en la aplicación de la reforma del artículo 11 de la Ley de Registro y Archivos Judiciales, en el entendido que se deben clarificar las posiciones contrapuestas con relación a la naturaleza de la citada reforma. En la resolución recurrida se le da un tratamiento de corte instrumental, por lo que impera el principio de irretroactividad de la ley procesal. Por su parte, para la gestionante, opera lo opuesto es decir, que se trata de una norma penal de carácter sustantivo y por lo tanto, debe aplicarse en forma retroactiva por ser más beneficiosa al imputado. En este sentido, contrario a lo indicado por la impugnante, se aprecia que el ad quem expuso con claridad, en primer término, porqué(sic) no era posible para el órgano jurisdiccional de primera instancia aplicar dicho precepto de manera instrumental, pues para el momento en que éste adoptó la decisión (23 de agosto de 2018), la reforma de cita se encontraba vigente. En este orden de ideas se afirmó: "En el presente asunto la sentencia se dictó en forma oral, por lo que se procedió a hacer un examen integral del registro que la contiene, en el disco versátil digital (DVD) adjunto al expediente, archivo de audio y video de Windows Media 18-342-1092-PE. Tal y como lo afirma la recurrente, al momento en que el Tribunal Penal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de S.J. dictó la sentencia N° 830-2018, específicamente el 23 de agosto de 2018, se encontraba vigente la Ley N ° 9361, misma que fue publicada el día 13 de julio de 2016, fecha en que entró a regir. A través de esta ley, se reformó el artículo 11 de la Ley N° 6723, Ley del Registro y Archivos Judiciales, de 10 de marzo de 1982, al establecerse que "TRANSITORIO ÚNICO.- En el plazo máximo de seis meses, contado a partir de la publicación en el diario oficial La Gaceta, el Registro Judicial de Delincuentes deber a actualizar los asientos de modo que se adapten a los rangos establecidos en la presente reforma del artículo 11 de la Ley N° 6723, Ley del Registro y Archivos Judiciales, de 10 de marzo de 1982, y sus reformas", de manera que no se incluyó ninguna regulación que expresamente contemplara su aplicación retroactiva. Debe tenerse presente que la reforma del artículo 11 de la Ley N° 6723 no se trata de una norma sustantiva, como sin mayor sustento jurídico lo plantea la defensa, sino más bien de índole procesal, y en tal sentido lo que impera es el principio de irretroactividad de las normas procesales penales y, correlativamente lo que corresponde es su aplicación desde su entrada en vigencia el 13 de julio de 2016." (folios 81 vuelto y 82 frente). "En este caso, el tribunal de juicio denegó el otorgamiento del beneficio de ejecución condicional de la pena al imputado, señalando que tiene un antecedente. Circunstancia que recurrió la defensa letrada. Motivo por el cual, el ad quem, al conocer el recurso de apelación de sentencia, rechazó los argumentos de la recurrente, avalando el criterio del a quo (folios 81 a 85). En este caso, esta Cámara verifica que la sentencia condenatoria anterior, adquiere firmeza el 3 de abril del año 2013 (folio 39), donde se le sentenció a una pena de tres años y cuatro meses de prisión, mientras que, en el caso de la reforma que se realizó al artículo 11 de la Ley de Antecedentes Penales, tiene vigencia el 16 de junio del año 2016. Entre tanto, la sentencia que reclama el acusado, data del año 2013, es decir, no puede aplicarse retroactivamente esta reforma porque la norma es procesal y no es sustantiva, por lo que, en efecto, no se puede otorgar el beneficio de ejecución condicional de la pena, de manera tal, esta S. de C.ón concuerda con las razones efectuadas tanto por el a quo como por el tribunal de Alzada sobre el carácter instrumental de la reforma introducida a la Ley de Registro y Archivos Judiciales. Aunado a ello, el ad quem motivó, conforme a Derecho, el reclamo sustantivo que se le planteó y esto es razón suficiente para denegar los alegatos de la recurrente. Sumado a lo anterior esta Cámara no puede dejar de señalar que desde vieja data, se mantiene el criterio emitido en el voto 2017-0050 de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se indica: "...se tiene por establecido, que el cambio introducido por reforma legislativa, vino a variar considerablemente, el lapso relativo a la publicidad y registro, que se lleva administrativamente respecto de las personas sobre las cuales han recaído sentencias condenatorias en firme, mismo que se debe de llevar a cabo por parte de la Oficina del Registro Judicial. Sobre este punto en particular, tiene por establecida esta S. de C.ón Penal, que la reforma introducida a nuestro ordenamiento jurídico; mediante la promulgación del artículo 11 de la Ley de Registro y Archivos Judiciales, es de carácter procesal. Por consiguiente es a partir de su entrada en vigencia, que debe ser aplicada, sin ostentar una condición retroactiva. Y en este sentido, debe traerse a colación la disposición expresa que el legislador optó por aplicar al respecto y de forma directa con el dictado de la nueva promulgación normativa, ya que una de las consideraciones que referencia esta S. para arribar a tal conjetura, es que la propia reforma introducida mediante el dictado de la ley N° 9361, publicada en La Gaceta N° 135 del 13 de junio de 2016 estableció en su único transitorio, el espacio temporal, sobre el cual recaería el parámetro de su aplicación: "TRANSITORIO ÚNICO. -En el plazo máximo de seis meses, contado a partir de la publicación en el diario oficial La Gaceta, el Registro Judicial de Delincuentes deber á actualizar los asientos de modo que se adapten a los rangos establecidos en la presente reforma del artículo 11 de la Ley N° 6723, Ley del Registro y Archivos Judiciales, de 10 de marzo de 1982, y sus reformas". Por lo que al ser una reforma legislativa, que evidencia una política criminal, no se incluyó el efecto retroactivo que se reseña en la resolución citada por la recurrente como contradictoria. En este orden de ideas, se debe traer a colación lo preceptuado en el artículo 34 de la Constitución Política, el cual señala: A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. En ese sentido, únicamente las leyes sustantivas tienen efectos retroactivos en beneficio del acusado, así se establece en el ordinal 12 del Código Penal, en donde se apunta lo siguiente: "Ley posterior a la comisión de un hecho punible. Si con posterioridad a la comisión de un hecho punible se promulgare una nueva ley, aquél se regirá por la que sea más favorable al reo, en el caso particular que se juzgue.". Caso contrario, en la normativa de naturaleza procesal o instrumental, no se establecen disposiciones expresas sobre la aplicación en el tiempo de las leyes adjetivas. Sin embargo, tratándose de leyes procesales, no rige la que más favorezca al encartado, sino la que se encuentre vigente al momento de su respectiva aplicación dentro del proceso penal en curso. Esto en razón de que las normas de naturaleza procesal o instrumental, obedecen a cuestiones de política criminal y no a un derecho del justiciable, como es el caso de la citada reforma al artículo 11 de la Ley de Registro y Archivos Judiciales, objeto de estudio en la presente resolución." (Magistrados integrantes: C., R., G., A. y L.. En relación con dicho tema, esta S. de C.ón mantiene el criterio antes expuesto, concluyendo que por tratarse de una ordenanza de naturaleza adjetiva cuyas consecuencias jurídicas afectan aspectos de orden administrativo, no resulta de recibo el principio de la aplicación retroactiva favorable de las leyes. En el voto de comentario, esta S. unificó los criterios disímiles que, al respecto, habían sostenido los Tribunales de Apelación de Sentencia. En vista de las razones esbozadas por esta Cámara, en cuanto a que la reforma introducida por el legislador, referente a la modificación de artículo 11 de la Ley de Registro y Archivo Judicial, es de naturaleza procesal, se declara sin lugar el recurso de casación. (integración: S., R., Burgos, Z. y A.)". Refiere que, de dicho extracto, la S. ventiló un caso de idénticas características al que nos ocupa, en la que se dio una solución contraria a la adoptada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de S.J., sede G., que impugna. En concreto, en el voto precedente N° 2020-861, se analizó el caso de un imputado que tiene una sentencia condenatoria anterior que adquirió firmeza el 03 de abril de 2013, donde se le sentenció a una pena de tres años y cuatro meses de prisión, siendo que, cuando fue sentenciado el 23 de agosto de 2018, ya se encontraba vigente la reforma y el transitorio de la Ley 9361 que se realizó al artículo 11 de la ley de Registro y Archivo Judicial. Al tratarse dicha ordenanza de naturaleza adjetiva y no sustantiva según el precedente, no podría aplicarse de forma retroactiva, razón por la cual, se resolvió en ese caso que se debía mantener el registro de la condena anterior, además, al no ostentar el acusado la condición de delincuente primario no se le otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena. Señala que lo indicado en la precedente resulta aplicable al caso concreto, en el entendido de que tampoco se podía aplicar la reforma legal del artículo 11 de la ley de Registro y Archivo Judicial a la condena anterior que tiene el encausado J.C., que data del 18 de febrero de 2013, que es anterior a la fecha en que entró en vigencia la referida reforma procesal. No obstante, pese a tratarse de un caso de idénticas características al contenido en el precedente citado, el Tribunal de Alzada realiza una interpretación que es contraria a la dada por la S. de C.ón Penal, al señalar que en virtud del inciso a) del numeral 11 que ordena actualizar los asientos "inmediatamente después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea inferior a tres años o por delitos culposos", se debió eliminar el juzgamiento que registraba el imputado en su hoja de antecedentes penales, por considerar que la normativa de la reforma es sustantiva, considerando al encartado Corrales Sierra un delincuente primario. Refiere que el pronunciamiento del Tribunal de Juicio es conforme con la posición sostenida por la S. de C.ón Penal, que considera que siendo el artículo 11 de la Ley N° 6723 de carácter procesal, se aplica la norma procesal que se encontraba vigente al momento del acto, lo cual significa que en los casos como el presente, en el cual el antecedente penal se dictó con antelación al 13 de julio de 2016, fecha en la que entró en vigencia la reforma de la ley 9361, se debe aplicar la norma vigente antes de la reforma. En síntesis, el fallo impugnado desconoció el criterio emitido por esta S. y asumió un criterio distinto y una posición contrapuesta respecto al voto 861-2020 de esta S.. Como agravio, señala que la decisión del Tribunal de Apelación de Sentencia de determinar que el imputado es delincuente primario, contraviene lo ya expuesto en el precedente citado de la S. de C.ón Penal, afectando la pretensión punitiva del Ministerio Público, puesto que se anula la sentencia de juicio y se ordena un reenvío, delimitando el ejercicio de la acción penal pública al ente fiscal, obligándole a discutir sobre la aplicación del beneficio de ejecución condicional de la pena. Además, se violenta el principio de igualdad jurídica al aplicarse una solución jurídica distinta al criterio que sostuvo la S. de C.ón Penal en un asunto igual al caso de estudio, generándose desigualdad en la aplicación del derecho e inseguridad jurídica. Solicita se declare con lugar el recurso de casación incoado, al igual que la ineficacia del fallo dejándose incólume la resolución del Tribunal Penal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de S.J., sede G..

III. Se declara con lugar el recurso de casación del Ministerio. La representante fiscal alega la existencia de precedentes contradictorios, por cuanto, a su criterio, el fallo impugnado se opone a la resolución de la S. de C.ón Penal, propiamente la N° 861-2020. Afirma que el ad quem consideró que el numeral 11 de la Ley de Registro y Archivo Judicial es de naturaleza sustantiva y que por tal razón sus efectos son retroactivos, lo que se opone a la posición externada por la S. de C.ón Penal en los fallos anteriormente citados. De previo a conocer el reclamo efectuado por el representante fiscal se debe de hacer un repaso por diversos aspectos que resultan de interés en el presente caso. A) Resolución del a quo: Mediante sentencia 290-2011, de las 18:45 horas del 29 de abril de 2021, el Tribunal Penal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de S.J., sede G., declaró al acusado J.F.C.S., autor responsable de un delito de desobediencia a la autoridad, por el cual se le impuso la pena de seis meses de prisión. En la indicada sentencia se consideró que el justiciable no cumplía con los requisitos para la libertad condicional, al tener antecedentes penales. B) Recurso de apelación de sentencia: Contra el anterior pronunciamiento, la defensa técnica del acusado, recurrió en apelación, señalando una inconformidad con la fundamentación jurídica de la sentencia, al estimar que no se aplicaron los artículos 56 bis, 59 y 60 del Código Penal. Considera errónea las razones del a quo para denegar el beneficio, fundado en que el acusado tiene antecedentes penales. Señala el recurrente que, en el contador horario 00:13:25 de la sentencia oral, se dijo que no se le concedía al imputado el beneficio porque tiene un antecedente penal y que los únicos casos de sentencias previas al año 2016 que podrían eliminarse eran aquellos en las que la condena se cumple después de la entrada en vigencia de la Ley de Registro y Archivo Judicial, N° 6723 y su reforma al artículo 11. Además, que tanto la sentencia como el cumplimiento ocurrieron en el año 2013 y, por lo tanto, ese hecho delictivo queda anotado conforme a las reglas procesales para ese momento (prescripción decenal). Aduce la defensa que la denegatoria del beneficio de ejecución condicional al imputado va en detrimento de lo establecido en el artículo 2 del Código Procesal Penal (respecto las reglas de interpretación) y que se prohíbe la interpretación extensiva y la analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento. C) Resolución ad quem: Mediante pronunciamiento 943-21 de las 08:40 horas del 23 de junio de 2021, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito de S.J., sede G., declaró con lugar el recurso de la defensa técnica, con base en las siguientes consideraciones: Según se alega y extrae de la certificación de antecedentes penales visible en folio 28 del principal, el imputado J.C.F.C.S. fue condenado el 18 de febrero de 2013 por el Tribunal Penal de Flagrancia de S.J., a 20 días de prisión que debió descontar porque le fue denegado el beneficio de ejecución condicional de la pena. Contrario a la posición fiscal (en el sentido de que el artículo 11 de la Ley de Registro y Archivos Judiciales, N° 6723, es de naturaleza adjetiva o procedimental y en razón de ello no es retroactiva, por lo que, tras el cumplimiento de la pena, debían transcurrir diez años para que se cancelase el antecedente penal), esta cámara, con idéntica integración a la actual, ha interpretado que la referida norma es de carácter sustantivo y, por ende, de conformidad con el artículo 12 del Código Penal, debe ser aplicada de manera retroactiva en tanto sea más favorable al imputado (Ver voto número 2020-0936, de las 11:35 horas del 10 de junio de 2020). En esa misma resolución se consideró importante reproducir una sentencia de este mismo tribunal, con distinta integración (G.A., C.M. y Corrales Pampillo) en relación con este tema y que expone, con amplitud, las razones de este criterio: resolución número 2019-0755 de las 8:10 horas del 9 de mayo de 2019, los destacados son del original o suplidos)." (folio 59 frente y vuelto). Agregando más adelante que: “Además, al margen del carácter procesal o sustantivo que pueda otorgarse a esta normativa, el transitorio único contenido en la ley número 9361, contiene una orden legislativa expresa para que los asientos existentes sean actualizados con las nuevas reglas: En el plazo máximo de seis meses, contado a partir de la publicación en el diario oficial La Gaceta, el Registro Judicial de Delincuentes deberá actualizar los asientos de modo que se adapten a los rangos establecidos en la presente reforma del artículo 11 de la Ley N.º 6723, Ley del Registro y Archivos Judiciales, de 10 de marzo de 1982, y sus reformas. Entonces, si la ley procesal es de tipo instrumental y su propósito es regular los actos frente a la aplicación de la ley sustantiva y, por otro lado, la ley de fondo pretende definir la situación jurídica en sí, propiamente, las reglas o consecuencias que se derivarán de ella, es claro que el numeral 11 de la Ley del Registro y Archivos Judiciales no regula ningún procedimiento tendiente a la aplicación de una norma de fondo, sino que plantea las reglas sustantivas que determinan en qué casos (según el monto y tipo de pena) se tendrá por cancelado un antecedente penal, la naturaleza de la disposición es sustantiva y no procesal. Adicionalmente, ante una consulta realizada por una jueza, en la que solicitó explicar por qué un imputado no registra antecedentes penales, a pesar de que esa sanción la cumplió antes de la reforma a la Ley de Registro y Archivos Judiciales, el Archivo Judicial se pronunció en los siguientes términos: [] las cancelaciones de las anotaciones de juzgamientos las realiza el Registro Judicial en cumplimiento de los plazos contemplados en la reforma del artículo 11 de la Ley del Registro y Archivos Judiciales, emitida mediante Ley N° 9361, publicada en La Gaceta N° 135 del 13 de julio de 2016. A su vez, se indica que la interpretación de la aplicación de los plazos de cancelación del citado numeral que viene aplicando el Registro Judicial, es acorde con el criterio que emitió la Comisión de Asuntos Penales No. CJP020-18 del 21 de febrero de 2018, conocido por el Consejo Superior en sesión No. 17-18 celebrada el 1 de marzo de 2018, artículo LXXIII, para lo cual se emitió la Circular No. 60-2018 de la Secretaría General de la Corte del 21 de mayo de 2018, referente al "Alcance de interpretación del artículo 11 de la Ley de Registro y Archivos Judiciales, reformado mediante Ley No. 9361 y su Transitorio Único, en relación a lo resuelto por la S. de C.ón Penal en sentencia número 2017-000050 de las 9:45 horas del 27 de enero de 2017; lo anterior, dado a varias interpretaciones que se presentaron por diferentes autoridades penales del país, con la entrada en vigencia del artículo 11 de la Ley de Registro y Archivos Judiciales reformado mediante Ley No. 9361 y su Transitorio Único, la cual en lo que interesa dispuso: "(...) En opinión de esta Comisión lo dispuesto en el artículo Transitorio Único constituye una orden legislativa expresa dirigida al Registro para que en un plazo máximo de seis meses procediera a actualizar los asientos, de modo tal que estos se adaptasen a los rangos establecidos en el artículo 11 reformado. Sobra decir que este mandato del legislador solo puede referirse a los asientos ya inscritos en el Registro hasta el momento de publicarse la Ley 9361, pues solo aquellos son susceptibles de poder ser "actualizados" como lo indica la norma (). Así las cosas, en el caso particular, al tratarse el antecedente penal de una condena a veinte días de prisión que el imputado debió descontar de manera inmediata porque le fue denegado el beneficio de ejecución de la pena, con el texto vigente y las reflexiones señaladas, resultaba de aplicación la ley N° 9361, del 16 de junio del 2016 que, en lo que interesa dispone Artículo 11.- El Registro Judicial cancelará los asientos de las personas sentenciadas luego del cumplimiento de la pena, atendiendo los siguientes parámetros: a) Inmediatamente después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea inferior a tres años o por delitos culposos. Por lo expuesto, se acoge el reclamo, con las siguientes consecuencias: 1) se reafirma el criterio de que la reforma al artículo 11 de la Ley del Registro y Archivos Judiciales es sustantiva. 2) Se revoca la sentencia en cuanto no consideró a J.F.C.S. como primario y en su lugar, así se le declara. 3) Se anula la resolución impugnada en cuanto denegó otorgar al endilgado Corrales Sierra el beneficio de ejecución condicional de la pena impuesta. Al respecto [y sobre la base de lo dispuesto en el punto 2) recién indicado], se ordena el reenvío de la causa al tribunal de origen para nueva discusión sobre la procedencia o no de otorgar el beneficio de ejecución de la pena (el cual no es automático a pesar de la condición de primario), con respeto al principio de prohibición de reforma en perjuicio. [] (sic. folios 63 vuelto a 64 vuelto). D) Precedentes jurisprudenciales: La recurrente estima que el anterior pronunciamiento resulta opuesto con el precedente dictado por la S. de C.ón Penal, a saber: 1) Resolución 861-2020, de las 11:00 horas del 17 de julio de 2020, en el cual, esta Cámara, con su integración titular, determinó mantener el criterio unificado que previamente se había establecido en el voto 50-2017 de las 09:45 horas del 27 de enero de 2017, el cual señaló: “[] Sobre este punto en particular, tiene por establecida esta S. de C.ón Penal, que la reforma introducida a nuestro ordenamiento jurídico, mediante la promulgación del artículo 11 de la Ley de Registro y Archivos Judiciales, es de carácter procesal. Por consiguiente, es a partir de su entrada en vigencia, que debe ser aplicada, sin ostentar una condición retroactiva. Y en este sentido, debe traerse a colación la disposición expresa que el legislador optó por aplicar al respecto y de forma directa con el dictado de la nueva promulgación normativa, ya que una de las consideraciones que referencia esta S. para arribar a tal conjetura, es que la propia reforma introducida mediante el dictado de la ley N° 9361, publicada en La Gaceta N° 135 del 13 de junio de 2016 estableció en su único transitorio, el espacio temporal, sobre el cual recaería el parámetro de su aplicación: TRANSITORIO ÚNICO.- En el plazo máximo de seis meses, contado a partir de la publicación en el diado oficial La Gaceta, el Registro Judicial de Delincuentes deberá actualizar los asientos de modo que se adapten a los rangos establecidos en la presente reforma del art ículo 11 de la Ley N° 6723, Ley del Registro y Archivos Judiciales, de 10 de marzo de 1982, y sus reformas. Por lo que al ser una reforma legislativa, que evidencia una polí tica criminal, no se incluyó el efecto retroactivo que se reseña en la resolución citada por la recurrente como contradictoria. [] En éste orden de ideas, se debe traer a colación lo preceptuado en el artículo 34 de la Constitución Política, el cual señala: A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.. En ese sentido, únicamente las leyes sustantivas tienen efectos retroactivos en beneficio del acusado, así se establece en el ordinal 12 del Código Penal, en donde se apunta lo siguiente: Ley posterior a la comisión de un hecho punible. Si con posterioridad a la comisión de un hecho punible se promulgare una nueva ley, aquél se regirá por la que sea más favorable al reo, en el caso particular que se juzgue.. Caso contrario, en la normativa de naturaleza procesal o instrumental, no se establecen disposiciones expresas sobre la aplicación en el tiempo de las leyes adjetivas. Sin embargo, tratándose de leyes procesales, no rige la que más favorezca al encartado, sino la que se encuentre vigente al momento de su respectiva aplicación dentro del proceso penal en curso. Esto en razón de que las normas de naturaleza procesal o instrumental, obedecen a cuestiones de política criminal y no a un derecho del justiciable, como es el caso de la citada reforma al artí culo 11 de la Ley de Registro y Archivos Judiciales, objeto de estudio en la presente resolución. (S. Tercera, resolución 50-2017, de las 09:45 horas del 27 de enero de 2017, integrada por los Magistrados y M.: C., R., A., G. y L.. E) Análisis del caso concreto: Lo primero que esta Cámara observa es que, tal y como lo señala la representante fiscal, existe contradicción entre la resolución recurrida, sea la 2021-0943, de las 08:40 horas del 23 de junio de 2021, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de S.J., sede G., con el fallo 2020-861 de las 11:00 horas del 17 de julio de 2020 dictada por esta S. de C.ón. En la resolución se analiza la naturaleza jurídica del ordinal 11 de la Ley de Registro y Archivo Judicial, no obstante, existe divergencia en la conclusión, por cuanto el fallo impugnado señala que es de naturaleza sustantiva, mientras el precedente citado detalla que es de corte procesal. Esta Cámara considera que el análisis efectuado en la resolución 2017-0050, de las 09:45 horas del 27 de enero de 2017, el cual es receptado en el precedente que se invoca -861-2020-, es el adecuado para resolver el tema de interés, con base en las consideraciones que a continuación se exponen: La ley N° 9361, del 16 de junio del 2016, introdujo una reforma del artículo 11 de la Ley de Registro y Archivo Judicial, con la cual se redujo el tiempo de la inscripción de los asientos de las personas sentenciadas en el Registro Judicial. En la actualidad el texto señala: El Registro Judicial cancelará los asientos de las personas sentenciadas luego del cumplimiento de la pena, atendiendo los siguientes parámetros: a) Inmediatamente después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea inferior a tres años o por delitos culposos. b) Un año después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea entre tres y cinco años. c) Tres años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea entre cinco y diez años. d) Cinco años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea de diez años en adelante. e) Diez años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea por delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado, según el artículo 2 de la Ley N.° 8754, Ley contra la Delincuencia Organizada, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública. f) En los casos de delitos cometidos por una persona en condición de vulnerabilidad y con familiares dependientes, el juez o la jueza de ejecución de la pena valorará la cancelación de los asientos una vez cumplida la pena impuesta, con excepción de los delitos tramitados o bajo la tramitación del procedimiento especial de crimen organizado, según los términos de la Ley contrala Delincuencia Organizada, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública. Si la solicitud de certificación de juzgamientos se hace para fines laborales, de conformidad con los incisos e) y ñ) del artículo 13 de esta ley, el Registro Judicial de Delincuentes del Poder Judicial únicamente consignará en dicha certificación las existencias de los juzgamientos referidos en el inciso e) del presente artículo.. La mencionada reforma entró en vigencia el 13 de julio de 2016, fecha en que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Como se indicó, el punto de discusión en torno a la norma está en su naturaleza procesal o sustantiva, por cuanto de ello depende la posibilidad de darle o no una aplicación retroactiva a sus efectos. Lo primero que se debe indicar es que la clasificación de una norma como procesal o sustantiva, no viene dada por su ubicación dentro de un determinado cuerpo legal, sino que lo determinante será su contenido y alcances. En ese sentido, el derecho penal sustantivo es aquel conjunto de normas que regulan la tipificación de las conductas consideradas prohibidas, así como las consecuencias penales que se derivan de estas, es decir las penas y medidas de seguridad. De lo dicho se infiere que la norma de carácter sustantiva es aquella que se refiere al fondo de la cuestión, reconociendo derechos o imponiendo obligaciones. Por su parte, el derecho penal de corte procesal, corresponde a un conjunto de normas que regulan la actividad de los distintos órganos encargados de la administración de justicia, mientras se lleva a cabo la persecución penal contra el imputado. Hace referencia a la forma en que deben aplicarse las normas sustantivas, para que estas puedan surtir sus efectos. La norma procesal o adjetiva entonces regula los requisitos, etapas y efectos del proceso penal. Esta precisión resulta necesaria, por cuanto nuestro ordenamiento jurídico dispone que en materia penal solo las normas de carácter sustantivo tienen aplicación retroactiva. Dicha conclusión se deriva de lo dispuesto en el ordinal 34 de la Constitución Política, a saber: “ A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”, en relación con el artículo 12 del Código Penal, que dispone: Si con posterioridad a la comisión de un hecho punible se promulgare una nueva ley, aquél se regirá por la que sea más favorable al reo, en el caso particular que se juzgue.. La conjunción de los dos preceptos aludidos permite derivar que la norma sustantiva puede ser aplicada de forma retroactiva cuando resulte más beneficiosa para el acusado. No existe ninguna disposición legal en ese sentido para las normas de tipo procesal, razón por la cual debe entenderse que la aplicable será la vigente al momento de su utilización dentro del proceso penal. En ese sentido, esta S. considera que el numeral 11 de la Ley de Registro y Archivo Judicial tiene una naturaleza procesal, debido a que lo regulado es el lapso de publicidad y registro que se lleva de las personas sobre las que ha recaído una sentencia condenatoria firme y cuyo control corresponde a un órgano administrativo, como lo es la Oficina de Registro Judicial. Por tal razón, la ley surtió efectos a partir de su entrada en vigencia, sin que exista posibilidad de darle efectos retroactivos, por cuanto, como ya se indicó, esta particularidad se encuentra reservada para las normas de carácter sustantivo. Precisamente en este contexto es que debe ser entendido el transitorio dispuesto en la Ley N° 9361, el cual dispone: En el plazo máximo de seis meses, contado a partir de la publicación en el diario oficial La Gaceta, el Registro Judicial de Delincuentes deberá actualizar los asientos de modo que se adapten a los rangos establecidos en la presente reforma del artículo 11 de la Ley N.º 6723, Ley del Registro y Archivos Judiciales, de 10 de marzo de 1982, y sus reformas.. El indicado transitorio no puede ser interpretado de manera independiente al numeral 11 de la Ley del Registro y Archivo Judicial, por cuanto hace referencia directa al contenido de la esa norma, la cual como ya se indicó es de orden procesal, razón por la cual no es posible darle efectos retroactivos. Incluso nótese que el propio transitorio establece un mandato que no va dirigido al juez, sino a una instancia administrativa, propiamente el Registro Judicial de Delincuentes, lo que deja claro la naturaleza instrumental de la disposición. En ese sentido, el transitorio lo que impone es la obligación a la autoridad administrativa, para que en el plazo de seis meses se hagan las adaptaciones necesarias para que los asientos que deban ser inscritos, se adapten a los parámetros fijados por el legislador en la Ley N° 9361. Dichos efectos no pueden extrapolarse a los asientos anteriores, por cuanto la inscripción de estos se llevó a cabo conforme a la norma vigente al momento de la inscripción. Con base en las consideraciones expuestas, esta S. estima que lo procedente es declarar con lugar el recurso de casación de la representante fiscal y reiterar lo dispuesto en la resolución 2020-861, de las 11:00 horas del 17 de julio de 2020, de la S. de C.ón, propiamente que el artículo 11 de la Ley de Registro y Archivo Judicial es de naturaleza procesal. Por resultar opuesta al indicado precedente, se revoca la resolución recurrida, en cuanto declaró que el artículo 11 de la Ley de Registro y Archivo Judicial es de naturaleza sustantiva. Se revoca la sentencia 943-2021 de las 8:40 horas del 23 de junio de 2021, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de S.J., sede G., y en su lugar, se mantiene, en su totalidad, lo resuelto por el Tribunal Penal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de S.J., sede G., en el fallo N° 290-2021 de las 18:45 horas del 29 de abril de 2021.

Por Tanto:

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la licenciada A.R.Q.Q., en calidad de representante del Ministerio Público. Se reitera lo dispuesto en la resolución 2020-861, de las 11:00 horas del 17 de julio de 2020, de la S. de C.ón, en el sentido de que el artículo 11 de la Ley de Registro y Archivos Judiciales es de naturaleza procesal. Por resultar opuesta a los indicados precedentes, se revoca la resolución 2021-0943, de las 08:40 horas del 23 de junio de 2021, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de S.J. y en su lugar, se mantiene, en su totalidad, lo resuelto por el Tribunal Penal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de S.J., en el fallo N° 290-2021 de las 18:45 horas del 29 de abril de 2021. N..

Patricia S. C.

Jesús A.R.írez Q.

Álvaro Burgos M.

G.R.én A. V.

Rafael Segura B.

Magistrado Suplente.

Roleon

Int: 0785-3/8-3-21

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