Sentencia Nº 19-004702-0007-CO de Sala Constitucional, 29-03-2019

Fecha de Resolución:29 de Marzo de 2019
Emisor:Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
 
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*190047020007CO*

EXPEDIENTE N° 19-004702-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2019005837

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve .

              Recurso de amparo interpuesto por PEDRO JOSÉ ARIAS FALLAS, cédula de identidad 0604500753, contra LA SUCURSAL DE QUEPOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Resultando:

              1.- En memorial presentado en la Secretaría de la Sala el 19 de marzo de 2019 el recurrente interpone recurso de amparo contra la Sucursal de Quepos de la Caja Costarricense de Seguro Social, y manifiesta que el 7 de marzo de 2019 presentó ante la Administradora de la Sucursal de Quepos de la CCSS  solicitud para que se le expidiera constancia o certificación de si las señoras Milen de los Ángeles Hernández Duarte, y Lorena de los Ángeles Rojas González se encuentran empadronadas en las planilla obrero patronal de la CCSS como empleadas de los Condominios Villas el Parque. El 13 de marzo de 2019 recibió el oficio SQ-0235-2019 mediante el cual denegó la información solicitada, alegando prohibición legal. Sin embargo, estima que la prohibición legal a la que alude la norma en que se cobija la recurrida no alcanza para denegar la información, pues se trata de información de interés público, como lo es verificar el efectivo empadronamiento de las citadas personas ante la Institución recurrida encargada de velar por que se cumpla el derecho de los ciudadanos a obtener una pensión digna en la tercera edad.

2.- Por resolución de las 15:02 horas del 19 de marzo  de 2019 el Presidente de la Sala previno al recurrente aportar copia de un oficio el oficio N° SQ-0235-2019 mediante el cual señala se le denegó la información solicitada.

3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

              Redacta la Magistrada Hernández López; y,

Considerando:

              I.- El recurrente considera lesionados sus derechos fundamentales porque la autoridad recurrida le denegó la información solicitada el 7 de marzo de 2019, por oficio N° SQ-0235-2019 de 11 de marzo de 2019.  Sin embargo, se aprecia que se le indicaron las razones por las cuales no puede acceder a tal información: que no es el patrono directo de las personas trabajadoras descritas, ni cuenta con su autorización a fin de que se le pueda brindar la información solicitada, todo de conformidad con el artículo 63 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Dicha negativa no lesiona el derecho de acceso a la información tutelado en el numeral 30 de la Constitución Política pues la información es de acceso restringido. Así lo indicó esta Sala al resolver un asunto similar, en los siguientes términos:

“En el caso en estudio, el recurrente cuestiona la prevención que le hiciera la autoridad recurrida, como requisito para otorgarle la información que requiriera con respecto a la señora L.S.A. En su informe, la autoridad recurrida indica que el 23 de abril de 2015, la señora Elisa Durán presentó una gestión supuestamente firmada por el accionante, en la que la autorizaba a obtener una certificación de la fecha a partir de la cual se había empadronado a la señor L.S.A., con la razón social “Consultorio Jurídico López y Asociado S.A.”. Explica, que dado que la información requerida es calificada como de acceso restringido por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, y tomando en cuenta que existían dudas con respecto a la veracidad de la petición antes citada, se requirió al accionante que aportara una copia de su documento de identificación, o indicara el criterio jurídico en que basaba la afirmación que hacía en la gestión antes citada, en el sentido de que no se requería de elemento alguno que acreditara la autenticidad de su firma, tomando en cuenta lo dispuesto por el numeral 36 de los Lineamientos para ejercicio y control de la función notarial, la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, y la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales. Ahora bien, con vista en lo expuesto anteriormente, la Sala considera que en el presente asunto no existe lesión a los derechos del tutelado, pues la medida cuestionada no obedeció a una decisión arbitraria por parte de la accionada, sino a la necesidad de garantizar que la información requerida fuera obtenida solo por personas debidamente autorizadas, tomando en cuenta que por su naturaleza la misma no podía ser catalogada como pública, si no de era de acceso restringido. Por otra parte, el Tribunal estima que determinar si la información aportada por el tutelado en su solicitud resultaba o no suficiente para acceder a los datos de su interés, constituye un asunto de mera legalidad que deberá ser planteado en la vía ordinaria, con el fin de que se resuelva ahí lo que corresponda.“ (sentencia Nº2015-12958  a las 9:20 horas del 21 de agosto de dos mil quince).

De allí que la información de la base de datos solo podrá ser obtenida por autorización de su titular, en atención a un mandamiento judicial, o al acreditarse que será empleada en fines de interés público, sin embargo del oficio impugnado se desprende que no se está en ninguno de tales supuestos, por lo que no existe la lesión reclamada y el recurso debe ser rechazado por el fondo, como se dispone.

II.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

              Se rechaza por el fondo el recurso. 

 

 

Fernando Castillo V.

Presidente

 

Paul Rueda L.

 

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

 

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

 

Mauricio Chacón J.

 

 

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