Sentencia de Sala Constitucional, 26-07-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia19-012852-0007-CO
Fecha26 Julio 2019

*190128520007CO*

EXPEDIENTE N° 19-012852-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2019014005

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del veintiseis de julio de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo interpuesto por D.A.R.P., cédula de identidad 0117230309, contra el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las el recurrente interpone recurso de amparo contra el Banco Nacional de Costa Rica. Manifiesta que es cliente de la entidad bancaria recurrida. Indica que el 22 de abril de 2019 mientras utilizaba la aplicación de “Instagram”, observo un anuncio del Banco Nacional respecto al sorteo de un teléfono celular si pagaba servicios por “Internet Banking”. Explica que al abrir la plataforma se le solicitó usuario y contraseña, luego de ingresar lo único que le apareció fue al saldo de $358,93. Acota que ese mismo día acudió a retirar dinero y se percató que no tenía fondos suficientes, motivo por el cual planteó un reclamo en la sucursal bancaria de Moravia. Explica que en el estado de cuenta que se le suministró observó el pago de un servicio a la empresa “Safety Pay”. Agrega que se le entregó un documento que indicaba que su caso sería elevado a la Dirección de Seguridad y que tendría noticias a más tardar en dos meses. Aduce que tiempo después acudió a las oficinas centrales del Banco Nacional para averiguar acerca de su gestión, oportunidad en la cual se le informó que la transacción fue por un pago para una visa americana, la cual nunca solicitó ni autorizó tal transacción. Relata que se apersonó ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a interponer la denuncia, en la sección de fraudes por el delito de estafa, donde le tomaron la declaración y se le indicó que lo mantendrían informado de la continuidad del caso. No obstante, acusa que a la fecha de interposición del recurso no ha recibido ninguna comunicación al respecto de parte del Banco Nacional de Costa Rica ni del OIJ. Alude que el 17 de julio de 2019 recibió una llamada a su casa de habitación de parte del Banco Nacional de Costa Rica, preguntaron por mi papá y luego por mi mamá, al consultar de qué se trataba el asunto, se le informó que tenía relación con la cuenta IBAN. Apunta que se le dijo que, al ser usuario del banco, podían hacer el trámite con su persona. Asevera que la persona que lo contactó se identificó como O.C.S.. Enuncia que durante la llamada se le indicó que le sería enviado un número a su correo electrónico, el cual debía suministrárselo por teléfono, lo cual realizó. Señala que luego le requirió el TOKEN, a lo que finalmente accedió. R. que posteriormente se comunicó con el banco y le informaron que ellos no están realizando ese tipo de gestiones. Afirma que al intentar retirar dinero del cajero su tarjeta fue retenida, por lo que de nuevo contactó al ente bancario, oportunidad en la cual se le explicó que su cuenta había sido bloqueada y que constaba en los registros una transacción de ¢100.000,00 depositados en un cajero automático que fueron trasladados de su cuenta en dólares a la de colones, lo cual no realizó ni autorizó. Narra que con ocasión de lo anterior formuló una nueva denuncia ante el OIJ. Refiere que el 18 julio de 2019 se apersonó a las oficinas centrales del Banco Nacional, a la gerencia, con el fin de gestionar la denuncia del nuevo caso y aprovechó para preguntar respecto al avance del proceso del primer asunto. Sin embargo, la persona que le atendió le manifestó que en el sistema no aparecía su caso y que estaba asignado para la sede de Moravia, por lo que tuvieron que haberle contactado a más tardar 5 días después de haber planteado la denuncia. Estima que lo expuesta ha conculcado sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene a la entidad bancaria recurrida responder por los daños ocasionados, así como proceder con el reintegro del dinero que le fue sustraído.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

R..e.M....D.F.; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El accionante alega que es cliente del Banco Nacional de Costa Rica y ha sido víctima de estafa en dos oportunidades, por lo que planteó los respectivos reclamos ante la propia institución; empero, no se ha resuelto nada al respecto. Alega que acudió también ante el OIJ; sin embargo no se la ha comunicado nada sobre sus casos. Solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene a la entidad bancaria recurrida responder por los daños ocasionados, así como proceder con el reintegro del dinero que le fue sustraído.

II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el presente caso, el reclamo planteado contra el Banco Nacional de Costa Rica hace referencia a un conflicto relacionado con su capacidad de derecho privado, pues aunque éste sea un ente público, lo cierto es que los diferendos referidos a sus operaciones bancarias, son atinentes a su giro comercial propiamente bancario. En el sub lite, lo expuesto atañe a una denuncia contra dicho ente bancario por supuestos movimientos irregulares en las cuentas del petente. No obstante, no solamente no se cumplen los supuestos de admisibilidad del amparo dispuestos en el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -toda vez que la parte recurrida no se encuentra de hecho o de derecho en una posición de poder tal, que no pueda ampararse, oportuna y efectivamente, por medio de otros remedios jurisdiccionales diferentes a la vía Constitucional-, sino que la pretensión en sí misma no puede ser objeto de amparo, puesto que se deriva de un mero problema de orden comercial, que no se relaciona directamente con una eventual vulneración de algún derecho fundamental, lo cual constituye un aspecto de legalidad ordinaria. Por consiguiente, deberá el accionante, si a bien lo tiene, plantear sus reclamos ante la propia institución recurrida o en la vía jurisdiccional ordinaria -como indica haberlo hecho-, sedes en las cuales podrá en forma amplia discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.

Por otra parte, respecto a las denuncias establecidas ante el OIJ, se advierte que, en reiteradas ocasiones, esta Sala ha dicho que en materia penal, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 174 del Código Procesal Penal, si en la tramitación de algún asunto, recurso o gestión se ha producido algún retardo, la parte interesada puede presentar un pronto despacho y, de no obtener respuesta dentro del plazo legalmente establecido, interponer la respectiva denuncia ante la Inspección Judicial, la Inspección Fiscal o la Corte Plena, según corresponda. Por ende, si el tutelado estima que ha habido algún retardo en la resolución de dichas denuncias penales, podrá actuar conforme a lo indicado supra.

E., el recurso se declara inadmisible.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.

Paul Rueda L.

Presidente a.i

Nancy Hernández L.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Alicia Salas T.

Alejandro Delgado F.

Hubert Fernández A.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 19-012852-0007-CO

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