Sentencia de Sala Constitucional, 08-11-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha08 Noviembre 2019
Número de sentencia19-020880-0007-CO
Revisión del Documento

*190208800007CO*

EXPEDIENTE N° 19-020880-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2019022190

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo interpuesto por GERARDO ROJAS SOLANO, cédula de identidad 0103450462, a favor de IVANNIA DE LOS ÁNGELES SÁENZ CASTILLO, cédula de identidad 0108960892; contra SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA.

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 14:34 horas del 4 de noviembre de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo a favor de Ivannia de los Ángeles Sáenz Castillo contra Servicios Públicos de Heredia. Señala que el 1 de noviembre de 2019 algunos representantes del recurrido le manifestaron que a partir de ese día ya no laboraba más para la empresa accionada. Agrega que el recurrido le indicó que llevaba una acción de personal en la que la tutelada señalaba que había renunciado a su puesto. Alega que la amparada no recibió la acción de personal, dado que en ningún momento había manifestado que renunciaba a su cargo. Explica que unos abogados del recurrido revisaron un intercambio de correos y llegaron a tal conclusión. Sostiene que como la tutelada no firmó la acción de personal se levantó un acta al respecto. Acusa que la empresa accionada no le permitió tomar una copia de dicha acta ni de la acción de personal. Indica que la amparada no pudo plantear ante la Gestión de Recursos Humanos los recursos de revocatoria, nulidad y apelación en subsidio, lo que lesiona su derecho al debido proceso. Expone que la tutelada no renunció a su trabajo, solo les informó a los recurridos que en virtud de su estado de salud estaba dispuesta a renunciar, pues no debía soportar la coacción que estaba viviendo. Asimismo, la amparada le comunicó al Departamento de Recursos Humanos que con lo anteriormente expuesto no estaba renunciando a su cargo, dado que todo fue una mala interpretación a sus palabras. Requiere que este Tribunal anule la acción de personal de renuncia al cargo y ordene a los recurridos la reinstalación inmediata de la tutelada.

2.- El artículo 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente estima lesionados los derechos fundamentales de la tutelada, toda vez que se le despidió de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, sin seguir el debido proceso.

II.- Sobre el caso en concreto. La finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como un instrumento genérico para canalizar peticiones de todo tipo. En el presente caso, en cambio, una vez analizadas los alegatos de la recurrente, la Sala observa que el recurrido es un sujeto de derecho privado, que si bien ejerce algunas funciones públicas, el problema expuesto se relaciona, con un despido. Por consiguiente, este recurso no solamente no cumple los supuestos de admisibilidad del amparo establecidos en el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -toda vez que la parte recurrida no se encuentra de hecho o de derecho en una posición de poder tal, que no pueda ampararse, oportuna y efectivamente, por medio de otros remedios jurisdiccionales diferentes a la vía Constitucional-, sino que tampoco tiene ningún nexo con la materia que este Tribunal controla por la vía del amparo, puesto que no se relaciona directamente con una eventual vulneración de algún derecho fundamental. En consecuencia, lo procedente es que la amparada acuda ante la jurisdicción competente, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinente para que se resuelva lo que en derecho proceda. Ergo, el recurso deviene inadmisible.

III.- Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 19-020880-0007-CO

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