Sentencia de Sala Constitucional, 14-01-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia19-023670-0007-CO
Fecha14 Enero 2020
Revisión del Documento

*190236700007CO*

EXPEDIENTE N° 19-023670-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2020000656

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas cincuenta minutos del catorce de enero de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por J.J.P.C., cédula de identidad 0501830429, contra EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:34 horas del 11 de diciembre de 2019, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Nacional de Seguros, y manifiesta que es usuario del servicio de asistencia Médica, proporcionado a través del Instituto recurrido. Señala que el traslado de los pacientes al Hospital del Trauma, los Centros Referenciales de Salud y demás hospitales y centros médicos, se ha brindado de forma gratuita a los pacientes que cuenten con las pólizas de riesgos de trabajo y seguro obligatorio automotriz, así sea para trasladarlos a citas médicas, intervenciones quirúrgicas, terapias de rehabilitación o cualquier otro acto médico. Indica que se inició un procedimiento de licitación en el año 2014; sin embargo, en el Cartel de Licitación Pública, se estableció la vigencia del contrato por un año, con la posibilidad de tres prórrogas anuales, por lo que su plazo máximo vencería el 14 de diciembre de 2019. Acusa que la autoridad recurrida anunció que no realizaría un nuevo concurso para contratar el servicio de transporte, hasta tanto se aprobara la normativa que regulara claramente las condiciones de dicha operación. Alega que quien realizó la adjudicación fue la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, mientras que la terminación del servicio la realiza un funcionario jerárquicamente inferior. No obstante lo anterior, el 09 de septiembre de 2019, el mismo funcionario remitió el oficio RSS-LO-01370-2019, a una de las principales empresas que brindan el servicio de transporte de pacientes del INS, donde consultaba la posibilidad de continuar asumiendo los servicios de transportes. Indica que el Instituto Nacional de Seguros, como ente público del Estado, debe tutelar el interés público, en la prestación de sus servicios. Además, considera que al no existir regulación en la materia, deben aplicarse los principios generales del Derecho Público. Estima que si se ha prestado el servicio sin problema alguno, por más de ocho años, es un aspecto que debe tomarse en consideración. Por lo expuesto, solicita se acoja el presente recurso de amparo.

2.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala al ser las 17:03 horas del 11 de diciembre de 2019, se apersonan E.C.V., Ellioth Picado Rojas, A.C.A., C.J.S., M.L.C., Y.C.R., G.R., R.O., B.G., V.Z.A., M.Q.C., D.B.R., D.J.P.P., M.A.G., C.P.H., G.A.U., I.R.M., D.C.G., Á.Z.G. y J.G.M., y solicitan se les tenga como coadyuvantes activos en el presente recurso de amparo.

3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala al ser las 14:00 horas del 13 de enero de 2020, E.R.F., representante legal de Innovadora Médica Sociedad Anónima, empresa contratada por el Instituto Nacional de Seguros para el traslado de pacientes, reitera que dicho instituto, de forma intempestiva, dejó sin efecto dicha contratación, afectando a los usuarios del servicio público. Por lo anterior, aporta como prueba documentos del Departamento Jurídico del Consejo de Transporte Público, de fecha 24 de octubre de 2019, donde se conoció sobre el “Permiso Especial Microbuses de Traslado de Pacientes del INS” y el oficio PE-00489-2019, del Presidente Ejecutivo del Consejo de Transporte Público. Indica que el Instituto Nacional de Seguros, solicitó al Consejo de Transporte Público, que para cumplir eficientemente con sus labores, se autorice ese servicio público. Además, indicaron que en lugar de transferir a los asegurados el dinero para que costeen los pasajes en los medios comunes de transporte, se ha optado por suministrar el servicio integral de traslado, a través de la contratación de autobuses. Con dichas contrataciones, se evitan re-procesos en la atención y programación de citas y terapias, a causa de los retrasos producidos por las distancias y el transporte común. Además, se disminuye el abstencionismo de los asegurados en las citas, y permite cumplir con los horarios de atención. Ruega se resuelva el presente recurso, y se suspenda el acuerdo tomado.

4.- El artículo 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

R..e.M....S.A.; y,

CONSIDERANDO:

I.- CUESTIÓN PRELIMINAR. En cuanto al escrito presentado por E.C.V., Ellioth Picado Rojas, A.C.A., C.J.S., M.L.C., Y.C.R., G.R., R.O., B.G., V.Z.A., M.Q.C., D.B.R., D.J.P.P., M.A.G., C.P.H., G.A.U., I.R.M., D.C.G., Á.Z.G. y J.G.M., por medio del cual, se adhieren a este recurso de amparo, se debe indicar que de conformidad con el artículo 34, párrafo tercero, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la figura de la coadyuvancia activa hace referencia a aquella persona que, sin estar sufriendo una lesión actual, puede eventualmente beneficiarse indirectamente de la resolución de un determinado recurso de amparo, razón por la cual se apersona a dicho proceso para asistir o apoyar a la parte recurrente en el caso. De tal forma, en el presente asunto los gestionantes no corresponden a la figura de coadyuvante sino a la de co-recurrente. En consecuencia, los gestionantes se tienen como co-recurrente y se acumula su pretensión a la presente.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que la autoridad recurrida inició un procedimiento de licitación en el año 2014, para el servicio de transporte de pacientes del Instituto Nacional de Seguros; sin embargo, en el Cartel de Licitación Pública, se estableció la vigencia del contrato por un año, con la posibilidad de tres prórrogas anuales, por lo que su plazo máximo vencería el 14 de diciembre de 2019. Acusa que la autoridad recurrida anunció que no realizaría un nuevo concurso para contratar el servicio de transporte, hasta tanto se aprobara la normativa que regulara claramente las condiciones de dicha operación; no obstante, consultó a otra empresa de transportes si podía continuar asumiendo el servicio. Por lo expuesto, solicita la intervención de esta Sala en el asunto.

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Vistos los alegatos y las pretensiones planteados por la parte recurrente, se impone advertirle que la finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como instrumento genérico para garantizar el principio de supremacía constitucional o el principio de legalidad, por medio del cual sea posible accionar contra cualquier otra clase de quebrantos constitucionales o legales. Es preciso indicar que, lo expuesto por la parte recurrente corresponde, en realidad, a una disconformidad con la denegatoria por parte del recurrido, de no extender el contrato de licitación pública, ni de realizar un nuevo concurso para contratar el servicio. Al respecto, se debe aclarar que esta Sala no puede hacer las veces de alzada en la materia expuesta, ni revisar si el proceder de la autoridad recurrida se ajusta a la normativa legal vigente. Tanto la adjudicación de una licitación pública, así como su ulterior desarrollo e impugnaciones, están regulados por disposiciones de orden legal y reglamentario. N., que del escrito de interposición de este recurso, no se desprende que se haya afectado a algún paciente por la falta de transporte. Si persiste en su inconformidad, deberá la parte recurrente plantear sus reclamos ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.

IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se rechaza de plano el recurso.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Alejandro Delgado F.

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 19-023670-0007-CO

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