Sentencia de Sala Constitucional, 20-12-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha20 Diciembre 2019
Número de sentencia19-023832-0007-CO
20190007023874-19470660-1.rtf

*190238320007CO*

EXPEDIENTE N° 19-023832-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2019025610

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo interpuesto por K.V.Z.B., cédula de identidad 0111980346, contra EL MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido a las 19:27 horas del 13 de diciembre de 2019, la recurrente interpone recurso de amparo contra EL MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que es propietaria de una casa en la que donde vive, en carácter de nuda propietaria, según disposición inter vivos de su padre V.H.Z.Z., junto con dos hermanos míos, en 1991. A1 disponer en esa forma tan generosa, también se reservó un derecho a la mitad como usufructurario y le dio la otra mitad a quien en aquel tiempo fuera su esposa G.B.S.. El objeto del usufructo era el uso y habitación en la casa familiar, y unos pocos apartamentos que construyó su padre. Ella se divorció de su progenitor, rehízo su vida en Estados Unidos y se casó en el año 2003, sin necesitar ningún respaldo económico porque su vida se resolvió en el extranjero. Desde esa época, lógicamente, no vivió más en la casa familiar y dejó de percibir dinero por los alquileres que en realidad se utilizaban para el mantenimiento, estudios y vestido de los hijos. Ante la muerte del señor Z.Z., ocurrida el 25 de junio pasado, regresó a Costa Rica y a pesar de que su usufructo se encontraba extinguido por no haberlo usado por más de diez años, nombró como su apoderado generalísimo a V.B.Z.B. para que cobrara alquileres a los que no tenía derecho. Igualmente, sin ningún derecho interpuso ante el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) un procedimiento de desalojo administrativo en contra de la accionante, a fin de sacarla de la vivienda en la que habita como propietaria con todos los atributos del dominio, porque con la muerte de su padre, a la nuda propiedad se sumó el usufructo y tengo la propiedad plena. Afirma que en el proceso administrativo de desalojo, se opuso y aportó amplia prueba respecto de su derecho de propiedad y la falta de legitimación de la promovente para plantear el desalojo. Sin embargo, en el expediente administrativo N° 2019-1498, nada de esto se comprendió, no se escucharon las razones de la petente, ni se tomaron en cuenta sus pruebas, con violación del derecho de defensa, contradictorio y debido proceso. Igualmente, con infracción también de su derecho de propiedad han ordenado su lanzamiento por resolución N° 2019-1498 de las 15:45 horas del 18 de noviembre de 2019, sin que existan recursos contra esa disposición, porque el de reconsideración no impide el lanzamiento. Alega que la citada resolución N° 2019-1498 no le ha sido notificada correctamente. Además, el pasado 12 de diciembre, su abogado presentó una gestión escrita indicando que no había recibido ninguna notificación y solicitando la correcta notificación de esa resolución, sin embargo, oralmente le indicaron que no es responsabilidad del MSP el problema en la notificación, que la resolución se encontraba firme y para ser ejecutada el próximo lunes 16 de febrero. Entonces plantea este recurso por serias violaciones a sus derechos constitucionales, y por la urgencia que se ordene la suspensión de la orden de lanzamiento en el desahucio administrativo, porque si se ejecuta esa disposición le será imposible recuperar su propiedad, pues la única forma sería a través de un contencioso administrativo o un proceso ordinario. Solicita la recurrente que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta la Magistrada E.R.; y,

Considerando:

I.- CUESTIÓN PRELIMINAR: PROCEDENCIA DE UN DESALOJO ADMINISTRATIVO, ASUNTO DE LEGALIDAD ORDINARIA. La finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como instrumento de control de la legalidad de los actos de las distintas Administraciones Públicas. Por esa razón, el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo— y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad. Dado lo anterior, esta sede no está llamada a servir como instancia de alzada en los procedimientos de desalojo administrativo que se tramitan ante el MSP; ni tampoco, en lo tocante al debido proceso, puede ser empleado para corregir todos los vicios in procedendo que pudieran haberse producido durante la tramitación de un procedimiento, sino solo a enmendar las infracciones a los elementos esenciales del debido proceso (véase en este sentido la sentencia N° 2001-10198 de las 15:29 horas del 10 de octubre de 2001). Esto significa, para expresarlo de otro modo, que no toda violación a las normas procesales constituye una violación al debido proceso o al derecho de defensa residenciable en esta sede, sino sólo aquéllas que sean de tal magnitud que coloquen al investigado en un estado material de indefensión. En este sentido, en derecho, la noción de indefensión denota la situación en que se deja a la parte litigante a la que se le niegan o limitan, de modo ilegítimo, sus medios procesales de defensa. Por consiguiente, a este Tribunal no le compete pronunciarse, por ejemplo, sobre la admisibilidad, pertinencia, suficiencia y correcta valoración de la prueba que se pretenda evacuar o se rechace admitir en algún procedimiento, ni tampoco sobre la legalidad y procedencia de las resoluciones que se dictaron durante la tramitación o la competencia del órgano que la adoptó, pues todo ello puede ser discutido directamente en la sede de legalidad que corresponda (debido proceso legal).

De allí que, evidentemente, la Sala carezca de atribuciones para ocuparse de lo que el MSP resuelva en la vía administrativa, a fin de determinar quién tiene mejor derecho a ocupar un bien inmueble disputado. Tan así es, que en sentencia N° 2011-000162 de las 14:44 horas del 12 de enero de 2011, se dijo:

Sobre la procedencia o no del desahucio planteado contra la recurrente, hay que indicar que no compete a esta Sala sustituir a la Administración o actuar como una instancia más en el respectivo procedimiento de desahucio administrativo planteado en contra de la parte recurrente, con el propósito de determinar si este procede o no, en atención a la correcta valoración del material probatorio existente y la adecuada aplicación de la normativa infraconstitucional que rige la materia, pues ello constituye un conflicto de legalidad ordinaria que no procede dilucidarse en esta jurisdicción. Si la parte accionante está disconforme con la orden de desalojo dispuesta y considera que no procede, así deberán alegarlo en las sedes administrativa o jurisdiccional ordinaria, por ser éstas las competentes para conocer de tales extremos (ver en este sentido sentencias número 2002-10313 de las 12:13 del 25 de octubre de 2001, 2003-10563 de las 16:50 horas del 23 de septiembre de 2003, y 2005-00855 de las 14:35 horas del 31 de enero de 2005).

A lo que puede añadírsele lo dicho en la sentencia N° 2016012128 de las 09:30 horas del 26 de agosto de 2016, a saber:

[...] sobre los desahucios administrativos, este Tribunal ha establecido lo siguiente:

'IV.- Parámetro de análisis del desahucio administrativo en el caso concreto. Tres son los aspectos principales que destacan del alegato planteado y que obligan a este Tribunal a establecer como premisas, para delimitar el marco de análisis y así resolver con apego a su (sic) propios pronunciamientos sobre el tema. Lo primero que debe asumirse es que la Sala Constitucional no tiene la competencia para desvirtuar los argumentos en los que se basó el Ministerio de Seguridad Pública para ordenar el desalojo impugnado y en consecuencia, no es procedente determinar en esta vía, si el reclamante tiene o no derecho a permanecer en el inmueble objeto del conflicto, o si el actor posee legitimación para incoar el procedimiento de desalojo administrativo, pues tales extremos corresponden dilucidarse ante la propia Administración recurrida o en la vía jurisdiccional respectiva, pues ello es propio de la función del órgano contralor de legalidad, en el tanto su análisis en esta sede desborda la naturaleza sumaria o sumarísima del recurso de amparo”. (El resaltado y subrayado no es del original).

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE ESTE RECURSO. En el sub judice, lo primero que debe decirse es que definir si una notificación contiene algún defecto o vicio que apareja su nulidad, es una labor que atañe al debido proceso legal y no al constitucional, puesto que puede y debe ser efectuada en la instancia administrativa o judicial competente. Tan así es, que en el pronunciamiento N° 2006-001818 de las 08:33 horas del 17 de febrero de 2006, la Sala declaró lo siguiente:

En efecto, si estima que la resolución aquí impugnada, con base en la cual se dispuso el cierre del local comercial que representa, no le fue notificada en forma personal o adolece de algún vicio tal actuación, ello es un asunto que debe plantearse, analizarse y resolverse en la instancia administrativa correspondiente, a través del incidente de nulidad de notificación, por ser esa sede la competente para pronunciarse al respecto. Cabe agregar además que como el acto de clausura del negocio comercial del recurrente por parte de la Corporación Municipal recurrida, como tal es un acto administrativo, susceptible de impugnarse a través de los recursos ordinarios en esa sede, en cuya tramitación se le debe garantizar al particular la más amplia posibilidad de defensa. Por lo expuesto, se le debe indicar al recurrente que es ante la autoridad recurrida donde podrá alegar sus inconformidades respecto a los hechos en que fundamenta este recurso, pero no ante este Tribunal, por ser un aspecto ajeno a su competencia, como se indicó supra. (Ver en similar sentido resolución número 2004-08074, de las nueve horas con veintiséis minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro).

Igualmente, en la sentencia N° 2009014991 de las 16:28 horas del 22 de septiembre de 2009, al conocer de un amparo similar, la Sala afirmó lo siguiente:

... la recurrente reclama que habiendo señalado dentro del procedimiento administrativo seguido en su contra, medio para recibir notificaciones, se notificó a una serie de patronos –incluido su persona- mediante edicto publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 243 del 18 de diciembre del 2007, el plazo de cinco días hábiles para presentarse a normalizar su situación. Visto lo anterior, el amparo resulta inadmisible. En efecto, estima la Sala que el determinar en este caso si existe o no la nulidad de la notificación en los supuestos que el accionante esgrime, es un asunto que, por su naturaleza, excede en todo la competencia de este Tribunal. De ahí que lo pertinente es que acuda ante la propia autoridad recurrida y plantee ahí los recursos que la legislación le provee a fin de que discuta en esa sede la nulidad de la notificación de interés, o en su defecto, presente la demanda correspondiente en la vía jurisdiccional ordinaria contencioso administrativa para que ahí se defina lo que en derecho proceda. En todo caso, nótese que la notificación que reclama el gestionante pretendía prevenir a los diferentes interesados sobre el pago de sus deudas a la Caja, para lo cual debían presentarse en tiempo con el fin de llegar a un acuerdo de pago respecto a tales deudas”.

Estos precedentes son aplicables al caso en estudio, pues este Tribunal ciertamente no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta en la situación planteada.

Zanjado esto, es evidente que la parte recurrente pretende discutir la procedencia y legalidad del desalojo promovido en su contra, objetando la valoración de la prueba efectuada por el MSP, pues desea demostrar su derecho a permanecer en el inmueble del que se la expulsa, acreditando la nuda propiedad que dice detentar y la presunta falta de derecho de la persona que promueve su lanzamiento. Estos extremos, por las razones apuntadas en el considerando anterior, evidentemente no pueden ser discutidos por la vía del amparo. Por ello, deberá la parte recurrente acudir ante la vía de legalidad que corresponda, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho proceda. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.

Paul Rueda L.

Presidente a.i

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Alejandro Delgado F.

Lucila Monge P.

Documento Firmado Digitalmente

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