Sentencia de Sala Constitucional, 21-01-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha21 Enero 2020
Número de sentencia20-000801-0007-CO

*200008010007CO*

EXPEDIENTE N° 20-000801-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2020001282

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas quince minutos del veintiuno de enero de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por J.C.G.M., cédula de identidad 0303130716, contra EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR).

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:39 horas del 16 de enero de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que su derecho de respuesta ha sido violado, por cuanto el 30 de mayo pasado le dirigió le dirigió a la Autoridad recurrida una consulta administrativa —referida al uso debido del símbolo del colón (véase la página 3 del archivo electrónico de este amparo)—. Sin embargo, a la fecha solamente ha recibido un correo en el cual "le repitieron el artículo" (42 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica) y le dijeron que, con respecto al uso de los otros símbolos para representar la moneda nacional, se elevaría la consulta a la División de Asesoría Jurídica. En este sentido, acusa que han transcurrido ocho meses desde que recibió tal contestación. Asimismo, alega que, en su criterio, eso significa que debe tomar como cierta la afirmación "Por lo tanto, los usos de cualquier otro símbolo para representar que son montos de colones están prohibidos por el BCCR y hacen que los documentos con estos vicios no tengan valor legal". Por lo tanto, si cualquier persona representa simbólica y numéricamente "diez mil colones", debe hacerlo así "₡ 10,000.00" y no "¢ 10000,00", porque de optar por la segunda opción, está usando el símbolo de céntimos, violando el artículo 42 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, e incurriendo en una falsedad ideológica. Asimismo, alega que ante la falta de respuesta del BCCR la Sala tiene la potestad para "emitir la legalidad" de sus afirmaciones. Solicita el recurrente que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta la Magistrada E.R.; y,

Considerando:

I.- SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS CONSULTAS Y SOLICITUDES DE CRITERIO. En tratándose de consultas y solicitudes de asesoría, la posición mayoritaria de este Tribunal ha sido la de juzgar que, en estos casos, la falta de respuesta de la Administración no violenta los derechos tutelados en los ordinales 27 y 41 de la Constitución Política, ya que lo requerido no puede encuadrarse en los supuestos de peticiones puras y simples de información tutelados por el artículo 27 constitucional, tomado en su sentido más estricto, ni tampoco en los cubiertos por artículo 41 de esa misma Carta Fundamental, en el tanto esto tipo de gestiones no obliga a la Administración a solucionar algún tipo de reclamo o denuncia, o la conmina a determinar si acoge o no una solicitud. De esta forma, en sentencia N° 2014-019938 de las 09:05 horas del 5 de diciembre de 2014, la Sala declaró lo siguiente:

"De la lectura del oficio CC-JARU-166-11-2014 , que obra en autos, se constata que el recurrente no solicitó información pura y simple en poder de la institución accionada, sino que consultó a la Autoridad accionada si era obligatorio para las instituciones educativas de secundaria que se encontraban bajo su jurisdicción, conformar el Comité Asesor de la Dirección. Por consiguiente, la falta de respuesta de la parte accionada a esta consulta no violenta lo tutelado en los ordinales 27 y 41 de la Constitución Política. Ello es así, por cuanto lo requerido por el petente no puede encuadrarse ni en los supuestos de peticiones puras y simples de información —artículo 27—, ni tampoco persigue mover a la Administración a solucionar algún tipo de reclamo o denuncia —artículo 41— (véase en este sentido, la sentencia N° 2014-017155 de las 09:05 horas del 16 de octubre de 2014). En razón de lo anterior, el presente recurso es improcedente y debe rechazarse por el fondo, como al efecto se declara".

A lo que puede añadirse lo dispuesto en el pronunciamiento citado en la resolución transcrita, a saber:

"El recurrente señala que el dieciocho de setiembre de dos mil catorce, remitió —por medio del sistema de fax— una solicitud al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a efecto de que esa autoridad le informara '…si los profesionales, sin patrono fijo tenemos derecho a cobrar doble el día que es feriado. Lo mismo a cobrar horas extras, después de un horario normal…'. Sin embargo, no ha obtenido respuesta a dicha solicitud, lo que estima lesiona sus derechos fundamentales. En relación con lo expuesto por la parte recurrente, se resuelve de conformidad con lo indicado en los siguientes considerandos.

II.- Una vez analizadas las manifestaciones vertidas por el tutelado dentro del escrito de interposición del presente recurso, así como los elementos probatorios aportados al expediente, se infiere que lo pretendido por él es que el Ministro recurrido le solucione algunas dudas en torno al pago del ejercicio profesional liberal en días feriados y el cobro de horas extras que explica, resultan de su interés. En ese sentido, como lo que requiere el recurrente es que se le brinde una asesoría sobre un supuesto en particular, la falta de respuesta de la parte accionada a este respecto no violenta lo tutelado en los ordinales 27 y 41, de la Constitución Política. Ello es así, por cuanto lo requerido por el petente no puede encuadrarse ni en los supuestos de peticiones puras y simples de información -artículo 27-, ni tampoco, con su misiva obliga a la Administración a solucionar algún tipo de reclamo o denuncia, tan siquiera, la conmina a determinar si acoge o no su solicitud -artículo 41-. En razón de lo señalado, el presente recurso es improcedente y procede su rechazo por el fondo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, como al efecto se declara". (Sentencia N° 2014-017155 de las 09:05 horas del 16 de octubre de 2014; véase en el mismo sentido la resolución N° 2016011396 de las 09:45 horas del 12 de agosto de 2016).

Y, por último, puede citarse lo resuelto en la resolución N° 2016011396 de las 09:45 horas del 12 de agosto de 2016:

"Según se desprende del memorial de interposición del recurso, así como del oficio SINAE-DLM-018-2016, lo pretendido por la petente es que '(…) me brinde un criterio técnico con base a las siguientes vicisitudes, relacionadas con las licencias con goce de salario, establecidas en el artículo 46 de la Normativa de Relaciones Laborales de la Caja Costarricense de Seguro Social, por cuanto es un tema de preocupación para nuestra organización sindical, en aras de la protección de los deberes y derechos de nuestros afiliados y afiliadas.' . Si bien la recurrente emplea el término 'solicitud de información' para caracterizar su gestión, lo cierto es que lo pretendido por la recurrente es que la entidad accionada emita un criterio jurídico o legal sobre las licencias con goce de salario respecto a la normativa aplicable: la Normativa de Relaciones Laborales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto, indudablemente, significa que la Caja Costarricense de Seguro Social, en las personas de los funcionarios recurridos, debe emitir un pronunciamiento técnico-jurídico a fin de resolver la cuestión planteada por la petente. Tal y como se expuso en el considerando anterior, una solicitud hecha por un administrado a efectos de que se evacue una consulta técnico-jurídica no es un supuesto residenciable en esta sede, pues esta no se ajusta a ninguno de los supuestos previstos por las normas constitucionales que regulan lo relativo a los trámites que son presentados por los particulares para conocimiento de la Administración Pública lato sensu. En todo caso, los accionados reiteran que a la consultante se le mantuvo informada oportunamente del trámite y seguimiento que se le estaba dando a su gestión. En consecuencia, lo procedente es desestimar el recurso planteado, como en efecto se hace".

A la luz de las razones expuestas en el considerando anterior, se evidencia que el derecho a formular una consulta ante el órgano recurrido, a lo sumo, es de mero rango legal, por lo que la omisión en emitir los criterios solicitados, en sí misma, no puede ser relacionada directamente con una eventual violación de un derecho fundamental. Por lo tanto, el determinar si las Autoridades accionadas cumplen o no los plazos pautados por la normativa que pueda resultar aplicable a la materia, es una cuestión de legalidad ordinaria que debe ser discutida y resuelta ante las propias Autoridades recurridas, ante la Defensoría de los Habitantes —que es el órgano competente para vigilar el grado de eficiencia con que trabajan las instituciones públicas—, o eventualmente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, de la lectura del oficio del 30 de mayo de 2019, que el recurrente aporta a los autos (véase la página 3 del archivo electrónico de este amparo), se constata que éste le formuló lo que denominó una "consulta administrativa" al BCCR, en la cual adujo expresamente que el ordinal 42 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica era my tajante al indicar que el símbolo del colón será la letra C, cruzada por dos líneas paralelas verticales, por lo que utilizar cualquier otro símbolo para representar montos en colones estaba prohibido y haría que los documentos con esos vicios carecieran de cualquier valor legal. De esta forma, solicitó que se le aclarara si el BCCR había autorizado no usar ese símbolo, en los términos del citado numeral, y si era así, a partir de qué fecha y por medio de qué ley. Así las cosas, al no haber recibido todavía el criterio de la División de Asesoría Jurídica que le fue prometido para aclararle lo relativo al uso de otros símbolos para representar la moneda nacional, denuncia que esa Autoridad todavía no la ha evacuado el fondo de su petición. Definido eso, a la luz de lo expuesto en el considerando anterior, la Sala concluye que la falta de respuesta a esa consulta debe ser acusada ante las Autoridades de esa División, ante la Defensoría de los Habitantes o ante la jurisdicción contencioso-administrativa. De esta suerte, deberá la parte recurrente plantear su inconformidad o reclamo ante la vía de legalidad que corresponda, ya que es en dicha sede en la cual podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Alejandro Delgado F.

Documento Firmado Digitalmente

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