Sentencia de Sala Constitucional, 22-05-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha22 Mayo 2020
Número de sentencia20-008571-0007-CO
20200007008614-20131695-1.rtf

*200085710007CO*

EXPEDIENTE N° 20-008571-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2020009479

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas quince minutos del veintidos de mayo de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por R.L.V.P., cédula de identidad 0110050549, contra el DECRETO EJECUTIVO N° 42305 - MTSS - MDHIS "CREACIÓN DEL BONO PROTEGER".

Resultando:

1.- Por escrito recibido a las 17:17 horas del 18 de mayo de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra el DECRETO EJECUTIVO N° 42305 - MTSS - MDHIS "CREACIÓN DEL BONO PROTEGER", y manifiesta lo siguiente, en resumen: que recibe una pensión de la Caja Costarricense de Seguro Social porque su antigua esposa, K.Q.S., falleció hace unos 17 años en un accidente de tránsito. Indica que actualmente percibe 85,000 mensuales de pensión, lo cual, a su juicio, es un derecho y no un beneficio. Menciona, además, que en el presente se encuentra casado con J.B.S., con quien tiene tres hijas menores de edad a las cuales debe dar sustento. Por lo tanto, afirma laborar para la empresa Prodex como bodeguero, en donde recibe un salario neto de 182,000 mensuales. Sin embargo, menciona que en razón de que su jornada laboral fue reducida en un 50%, solicitó el “B.P., informando de la existencia de dicha pensión. Agrega que el monto respectivo le fue depositado el 18 de abril. Sin embargo, el 17 de mayo le fue comunicado que debía devolver esa cantidad por causa de la pensión que recibe, bajo penal de iniciar un proceso judicial. Así las cosas, objeta que el Decreto Ejecutivo N° 42305 “Creación del B.P. MTSS-MDHIS del 17 de abril de 2020 excluya, en su criterio, sin parámetro alguno, a quien reciba una pensión del Estado, sin tomar en consideración el monto tan bajo que recibe. Considera que la anterior exclusión resulta odiosa, abusiva y discriminatoria, pues debe existir un parámetro entre pensiones tan bajas como la suya, algunas normales y otras de lujo, como actualmente existen. Solicita el recurrente que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta la Magistrada G.V.; y,

Considerando:

I.- SOBRE LOS RECURSOS DE AMPARO INTERPUESTOS CONTRA DISPOSICIONES NORMATIVAS. Vistos los alegatos del recurrente, se le hace ver que, en relación con la posibilidad de interponer un recurso de amparo contra una disposición normativa, la Sala, mediante sentencia N°2017-008320 de las 9:15 horas del 2 de junio de 2017, dispuso lo siguiente:

La finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no la de servir como un instrumento genérico para garantizar el principio de supremacía constitucional o el principio de legalidad. Lo anterior determina que la Sala no pueda erigirse por su medio en un contralor en abstracto de la constitucionalidad de las normas infraconstitucionales y que, conforme al numeral 30 inciso a) de la Ley que rige esta jurisdicción, el amparo no proceda contra leyes u otras disposiciones normativas, salvo cuando éstas se impugnan conjuntamente con los actos de aplicación individual de aquéllas, o cuando se trata de normas de acción automática, en cuyo caso debe acudirse al procedimiento regulado en los numerales 73 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por esa razón, aunque el artículo 75 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional abra la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad sobre la base de un recurso de amparo o de hábeas corpus pendiente ante ella, también es absolutamente necesario que tales recursos sean admisibles; es decir, que persigan tutelar derechos fundamentales. Un amparo o hábeas corpus manifiestamente improcedente, no constituye medio razonable de amparar ningún derecho o interés, y por ese motivo no puede pretenderse dentro de aquél una declaratoria de inconstitucionalidad, puesto que semejante cosa implicaría reconocer, por esa vía, la existencia en nuestro ordenamiento de una acción popular como presupuesto de legitimación para el acceso al control de constitucionalidad de las normas, situación que en reiteradas oportunidades ha sido rechazada, tanto en la doctrina especializada, como la propia jurisprudencia de esta Sala.

II.- ACERCA DEL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN. Asimismo, el principio de igualdad, establecido en el artículo el artículo 33 de la Constitución Política, no tiene un carácter absoluto, pues no concede propiamente un derecho a ser equiparado a cualquier individuo sin distinción de circunstancias, sino que más bien permite exigir que no se hagan diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, sin que pueda pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales. Por esa razón, la discriminación, entendida desde un punto de vista jurídico, significa otorgar un trato diferente con base en características particulares que resultan injustas, arbitrarias o irrazonables. De esta suerte, la prohibición de discriminar implica una imposibilidad de invocar ciertos elementos personales o sociales para dar un trato diferenciado, si éstos no constituyen una justificación objetiva y razonable para fundar el proceder en cuestión. Por ejemplo, son contrarias al principio de no discriminación, aquellas desigualdades de tratamiento que se funden, exclusivamente, en razones de género, raza, condición social o creencias religiosas, entre otras. Sin embargo, la Sala ha entendido que la discriminación también puede darse cuando se somete a una persona, por ese mismo tipo de razones, a un trato que resulta denigrante, abusivo o, en general, violatorio de su dignidad humana. En virtud de ello, en la sentencia N° 2013003090 de las 16:10 horas del 6 de marzo de 2013, la Sala dispuso lo siguiente:

“[…] se debe advertir que un acto discriminatorio puede darse cuando entre dos sujetos existe una diferencia de trato injustificado y arbitrario, en cuyo caso se requiere de un parámetro de comparación para determinar si hay desigualdad dentro de una relación normativa. Empero, la discriminación también se puede dar cuando a una persona se le califica con criterios denigrantes claramente contrarios a la opinión científica mayoritaria, como sería considerar que una persona por su color, género, etnia u orientación sexual (entre otros) sea un individuo de menor valía o bien una persona enferma. En tal caso, el solo hecho de propiciar tal tipo de calificativo implica per se un acto discriminatorio y lesivo a la dignidad humana, como tristemente ha ocurrido a lo largo de la historia en regímenes totalitarios e intolerantes, en los que incluso científicos (racialismo) han sostenido que ciertas razas o naciones, por su color, rasgos físicos o costumbres religiosas, corresponden a clases inferiores o de menor valía”.

Sin embargo, cuando el trato distinto no se basa en criterios intrínsecamente violatorios de la dignidad humana, el poder determinar cuándo una diferencia tiene —o no tiene— la trascendencia jurídica que haga razonable y justificable el trato diverso, requiere encontrar algún elemento que permita precisar esa cuestión; razón por la cual quien alega ese tipo de quebranto está obligado a aportar elementos que permitan establecer la veracidad de sus alegatos, puesto que no todo tratamiento diferente, en sí mismo, constituye una violación al artículo 33 de la Constitución Política.

III.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE ESTE RECURSO. En el sub lite, el recurrente alega que las disposiciones del Decreto Ejecutivo N° 42305 - MTSS - MDHIS son discriminatorias y violatorias del derecho a la igualdad, pero no expone ningún elemento jurídico de carácter objetivo que, prima facie, permita establecer, al menos en grado de probabilidad, que ese sea el caso. En este sentido, la mera inconformidad de orden subjetivo que aquél pueda albergar porque debe restituir las sumas que le giraron por ese concepto, no significa que se le haya discriminado, tal y como lo ejemplifica la sentencia N° 017014494 de las 09:30 horas del 8 de setiembre de 2017:

“… una vez analizados los alegatos del recurrente, se evidencia que aunque aquél invoque una violación al principio de no discriminación, en realidad no expone ninguna razón de peso para considerar que las actuaciones de los personeros de la CCSS hayan sido discriminatorias. Por el contrario, lo que sus manifestaciones denotan, más bien, es que está inconforme con lo resuelto porque, a su juicio, está basado en una mala valoración de los hechos y en razonamientos cuestionables. De esta manera, pretende que la Sala declare, por la vía del amparo, que su solicitud de inscripción sí cumplía los requisitos legales y reglamentarios para ser aprobada. Lo anterior, francamente, significaría reconducir a la vía del amparo una discusión propia de la legalidad ordinaria, que no está relacionada directamente con una eventual vulneración de algún derecho fundamental. Tome en cuenta el recurrente que cualquier pronunciamiento administrativo puede rechazar válidamente un trámite o gestión formulada por un administrado, sin que ello violente derecho fundamental alguno. Lo que es de interés para esta jurisdicción, exclusivamente, es que los procedimientos seguidos no sean, objetivamente hablando, manifiestamente injustos, subjetivos, arbitrarios o irrazonables, puesto que la discriminación, entendida desde un punto de vista jurídico, significa otorgar un trato diferente con base en características particulares que resultan inaceptables de cara al Derecho de la Constitución. En este sentido, el petente no aporta elementos que den credibilidad a su afirmación de que el rechazo de su solicitud se debió a que la señora… es nicaragüense. Así las cosas, como no le corresponde a este Tribunal hacer las veces de alzada en la materia y determinar —de acuerdo con los hechos y la normativa infraconstitucional que resulte aplicable— si en este caso existe o no una relación obrero patronal, lo propio es que el reclamante presente esa inconformidad o reclamo ante las autoridades competentes de la CCSS, o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara. (El resaltado con subrayado no es del original).

En este sentido, el petente no tiene un derecho constitucional a recibir el "B.P., y la regulación del mismo le corresponde hacerla al Poder Ejecutivo conforme a los criterios legales, técnicos y de oportunidad y conveniencia aplicables; situación contra la cual, en tesis de principio, la Sala no puede intervenir. Por ello, deberá la parte recurrente acudir ante la vía de legalidad respectiva, a fin de plantear allí las solicitudes y demás gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho corresponda. En consecuencia, el recurso es inadmisible, no puede servir como asunto base para una acción de inconstitucionalidad y así debe ser declarado.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Jose Paulino Hernández G.

Documento Firmado Digitalmente

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