Sentencia de Sala Constitucional, 31-07-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia20-013373-0007-CO
Fecha31 Julio 2020

*200133730007CO*

EXPEDIENTE N° 20-013373-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2020014537

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del treinta y uno de julio de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por M.A.P.B., cédula de identidad 0104360319, contra LA CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 09:09 horas del 29 de julio de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Dirección del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica y la “Corte Institucional”, y manifiesta que presentó una consulta ante la recurrida, el 13 de julio del año en curso, a efectos de que se resuelva de conformidad con lo estipulado en el artículo 13, inciso b), del Reglamento Interno por dicha “Corte” según su competencia, sobre los requisitos de admisibilidad del Contrato Privado de Arrendamiento y Cláusula Arbitral en cuanto a la cancelación de especies fiscales que deben cumplirse en los documentos privados que fueron omitidos, exigidos por el artículo 286, del Código Fiscal, y que se relacionen directamente con la tramitación de un proceso arbitral determinado. No obstante, a la fecha de interposición de este recurso, no se ha brindado una resolución a la gestión planteada. Por lo expuesto, solicita se declare con lugar el recurso.

2.- El artículo 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

R..e.M....S.A.; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL AMPARO. La parte recurrente considera violentado el derecho de petición y pronta respuesta, debido a que el 13 de julio de 2020, presentó una gestión ante la Dirección del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, sin que a la fecha de interposición de este recurso, se haya brindado respuesta.

II.- SOBRE LOS CONFLICTOS ENTRE SUJETOS DE DERECHO PRIVADO. Analizado el libelo de interposición de este recurso, se desprende que lo expuesto corresponde a un conflicto entre dos sujetos de Derecho Privado, por lo que no se cumplen los supuestos de admisibilidad establecidos en el artículo 57, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que la parte recurrida no se encuentra, de hecho o derecho, en una posición de poder tal, que impida a la tutelada ampararse oportuna y efectivamente por medio de otros remedios jurisdiccionales, diferentes a la vía Constitucional. Además, se debe indicar, respecto a las gestiones presentadas que, presuntamente, no han recibido respuesta, que no le resultan aplicables las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 27 y 30, de la Constitución Política, que están referidas al derecho de información de interés público que ostentan las personas frente a entidades públicas, entendidas como aquéllas que actúan en ejercicio de potestades de imperio y que por esa razón pueden -y deben- ser sometidas al necesario escrutinio público. Por lo expuesto, de persistir el recurrente en su disconformidad, deberá acudir ante la propia recurrida, a fin de plantear allí las gestiones que estimen pertinentes para que se resuelva lo que en derecho corresponda. En mérito de lo expuesto, el recurso es inadmisible, tal y como se indica en la parte dispositiva de esta resolución.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se rechaza de plano el recurso.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Jose Paulino Hernández G.

Hubert Fernández A.

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 20-013373-0007-CO

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