Sentencia Nº 20-013427-0007-CO de Sala Constitucional, 04-08-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia20-013427-0007-CO
Fecha04 Agosto 2020
*200134270007CO*
EXPEDIENTE N° 20-013427-0007-CO
PROCESO: RECURSO DE AMPARO
RESOLUCIÓN Nº 2020014616
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-013427-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] , contra el REGISTRO NACIONAL DE COSTA RICA.
Resultando:
1.- Por escrito incorporado al Sistema de Gestión en Línea de este Despacho el 29 de julio de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el REGISTRO NACIONAL DE COSTA RICA y manifiesta lo siguiente: Que ante la Dirección Inmobiliaria del Registro Nacional de la Propiedad, bajo el número de expediente [Valor 002] (EXPEDIENTE DE ORIGEN [Valor 003]), se tramitó la solicitud de Anotación de una Advertencia Administrativa de fecha 02 de octubre de 2018 sobre la finca del Partido de Puntarenas matrícula 26407, por la posible comisión de un delito de falsedad ideológica y estelionato que se tramitaba dentro del proceso penal [Valor 004]. A la fecha dicho proceso se concilió entre las partes, sin embargo, al realizar una consulta pública de la Base de Datos del Tribunal Registral Administrativo se puede acceder al VOTO 0114-2019 del TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, en el cual se publicita no solo el nombre y las calidades tanto de los gestionantes como también del señor Mejías Rojas sino también la existencia del expediente [Valor 004] y el hecho de que en dicho momento se cuestionó la comisión de sendos delitos. Considera que el hecho de que en una consulta pública (realizada desde Google) se pueda observar el nombre y calidades de las partes y se describa con profundidad los pormenores del expediente judicial PENAL implica una violación al derecho a la privacidad a la imagen.
2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
Redacta la Magistrada Hernández López; y,
CONSIDERANDO:
I.- Objeto del recurso. – Señala el recurrente que el 2 de octubre de 2018, se tramitó ante la Dirección Inmobiliaria del Registro Nacional de la Propiedad, una solicitud de Anotación de una Advertencia Administrativa sobre la finca del Partido de Puntarenas matrícula 26407, por la posible comisión de un delito de falsedad ideológica y estelionato que se tramitaba dentro del proceso penal [Valor 004]. Señala que a la fecha, dicho proceso se concilió entre las partes, sin embargo, al realizar una consulta pública de la Base de Datos del Tribunal Registral Administrativo se puede acceder al VOTO 0114-2019 del TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, en el cual se publicita el nombre de los gestionantes así como también la existencia del expediente penal. Considera que tal situación implica una violación al derecho a la privacidad a la imagen.
II. – Sobre el caso concreto. – El recurrente describe, una posible afectación de los derechos fundamentales del amparado, con motivo de los datos personales recogidos en bases de datos automatizadas de organismos públicos y sobre el uso dado a esa información. Anteriormente, esta Sala conocía de reclamos similares al presente, sin embargo, posteriormente varió su posición ante la promulgación de la Ley Nº 8968 de 7 de julio de 2011, Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, publicada en La Gaceta No. 170 de 05 de setiembre de 2011 y su reglamento, Decreto Ejecutivo No. 37554 de 30 de octubre de 2012, publicado en La Gaceta No. 45 de 05 de marzo de 2013. En dicha normativa se creó la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB), órgano al cual, entre otras funciones, conforme el artículo 16 de la citada ley, le corresponde "Resolver sobre los reclamos por infracción a las normas sobre protección de los datos personales ". (inciso e); "Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación, adición o restricción en la circulación de las informaciones contenidas en los archivos y las bases de datos, cuando estas contravengan las normas sobre protección de los datos personales " (inciso f) e "Imponer las sanciones establecidas, en el artículo 28 de esta ley, a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que infrinjan las normas sobre protección de los datos personales, y dar traslado al Ministerio Público de las que puedan configurar delito" . (Inciso g). Asimismo, en el artículo 58 del Reglamento, se estableció un procedimiento tendiente a verificar si una base de datos, está siendo utilizada o no conforme a la Ley y al reglamento, el cual sería tramitado en la PRODHAB. Bajo este nuevo contexto, esta Sala, bajo una mejor ponderación, estima que ahora los habitantes cuentan con un mecanismo célere, oportuno y especializado para garantizar su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividades privadas y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o bienes (ver artículo 1 de la ley No. 8968). Así las cosas, desde esa fecha, esta Sala remite a esa instancia administrativa los asuntos en donde se alegue la violación del derecho de comentario, reservándose el conocimiento, únicamente, de aquellos asuntos en los que habiendo acudido ante la PRODHAB, no se haya encontrado amparo a ese derecho.
III.- CONCLUSIÓN. En virtud de lo expuesto, lo propio es que el recurrente acuda ante la PRODHAB, eventualmente, ante la jurisdicción común, pues es ante ellos que podrá plantear las quejas, reclamos o demandas que estime pertinentes, para que se resuelva lo que en derecho proceda. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara.
IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI .
Por tanto:
Se rechaza de plano el recurso.
Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo
Documento Firmado Digitalmente
-- Código verificador --
*U0WB43LAVLYY61*
U0WB43LAVLYY61
EXPEDIENTE N° 20-013427-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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