Sentencia de Sala Constitucional, 11-08-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia20-014029-0007-CO
Fecha11 Agosto 2020
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*200140290007CO*

EXPEDIENTE N° 20-014029-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2020015062

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas treinta minutos del once de agosto de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por D.C.P., cédula de identidad 0105030380, contra el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Resultando:

1.- En memorial presentado en la Secretaría de la Sala el 6 de agosto de 2020 el recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por haberle eliminado parte de su salario, al quitarle un aumento salarial que rige desde el segundo semestre del año 1994, según ratificado por la Sala Constitucional. Indica que se pensionó a partir del 1 de enero de 2003, según art. 3 Inc. A con la Ley 2248. A partir de esa fecha le eliminaron el salario escolar y cuando lo reclamó, le indicaron que por ser un incentivo, solo se le da a los funcionarios activos. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia constitucional, por tratarse de un aumento salarial, al eliminarlo le están despojando de su patrimonio como trabajador, lo que viola los numerales 33, 34 y 57 de la Constitución Política. Solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene restituirle el salario escolar dejado de percibir desde enero de 2003.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta la M....H.L.; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente manifiesta que se pensionó a partir del 1 de enero de 2003 y dejó de percibir el salario escolar. Sostiene que, como la Sala Constitucional resolvió que es un aumento salarial, debe pagársele. Solicita que se declare con lugar el recurso y se le reconozca ese rubro a partir de la fecha en que se pensionó.

II.- Sobre el caso concreto. En un asunto en el cual se alegó que la falta de pago del salario escolar a los pensionados resulta discriminatorio, en la sentencia N. 2011-000512 de las 16:06 horas del 18 de enero de 2011, dispuso lo siguiente:

“En la especie, el recurrente, en su condición de pensionado, se encuentra inconforme con el actuar de las partes recurridas, toda vez que, a las personas en su condición no se les paga el salario escolar. Al respecto, hay que indicar que no le corresponde a este Tribunal resolver el reclamo que se formula por medio del presente amparo, pues esta instancia no posee, dentro de sus funciones y atribuciones, el poder de determinar, si al recurrente, como pensionado, le corresponde o no percibir el rubro de su interés, por ser un tema de legalidad ordinaria. De ahí que lo que puede hacer el petente -si a bien lo tiene- es presentar las gestiones (…) ante los recurridos, pues, lo pretendido no puede, ni debe ser conocido por esta Sala. Dadas las consideraciones vertidas, el presente recurso es inadmisible y procede su rechazo de plano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.”

II.- Las consideraciones citadas también son aplicables al sub lite, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Así las cosas, deberá el recurrente plantear sus alegatos en la vía jurisdiccional competente, en la cual podrá de forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En razón de lo señalado, el presente recurso es inadmisible, como al efecto se declara.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ronald Salazar Murillo

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 20-014029-0007-CO

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