Sentencia de Sala Constitucional, 04-09-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha04 Septiembre 2020
Número de sentencia20-015698-0007-CO
*200156980007CO*
EXPEDIENTE N° 20-015698-0007-CO
PROCESO: RECURSO DE AMPARO
RESOLUCIÓN Nº 2020016910
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas quince minutos del cuatro de setiembre de dos mil veinte .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], a favor de [Nombre 002], menor de edad, contra LA FISCALÍA ADJUNTA PENAL JUVENIL DE SAN JOSÉ.
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 16:52 horas del 30 de agosto de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, y explica que el amparado tiene quince años de edad, y se inició una causa penal en su contra, por el delito de difusión de pornografía. Señala que el 14 de agosto de 2020, se convocó al abogado defensor -aquí recurrente- a la apertura de evidencia, la cual consiste en un teléfono celular decomisado. Añade que, por la extensión de los datos y el tiempo de duración de descarga de la información, se les indicó que se presentaran, posteriormente, ante la Fiscalía Penal Juvenil de San José con una llave maya, para brindarles un respaldo de la información obtenida, para poder ejercer la defensa técnica del menor amparado. Dicha información fue solicitada el 20 de agosto anterior; sin embargo, se le indicó que no sería entregado, ya que “brindar una copia del disco implicaría hacer circular o difundir nuevamente la información”. Ante la insistencia, mostraron desde la computadora de la Fiscala la información obtenida mediante la apertura de la evidencia. Alega que la constante entrada y salida de funcionarios en la oficina, le impedía la concentración en el análisis de la prueba, por lo que indicó que no entregar la copia del respaldo, implicaba una lesión a los derechos del amparado. Por lo expuesto, solicita se declare con lugar el recurso, y se ordene la entrega del respaldo obtenido en la apertura de evidencia.
2.- El artículo 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL AMPARO. La parte recurrente acusa que la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, no otorga una copia de la información obtenida en el acto de apertura de prueba, dentro de la causa penal por el delito de difusión de pornografía, al considerar que se estaría difundiendo nuevamente la información. Considera que tal omisión, lesiona los derechos fundamentales del menor amparado.

II.- SOBRE EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. Este Tribunal, en las Sentencias N° 93-003173 de las 14:57 horas del 06 de julio de 1993 y N° 96-004205 de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996, dispuso, respecto al Principio de Interés Superior del Niño, lo siguiente:

"VIII.- El interés superior del niño. De igual manera, diferentes instrumentos internacionales reconocen e imponen el deber estatal de prestar particular protección a los derechos de los niños y las niñas; desde instrumentos declarativos como la misma Declaración Universal, y especialmente a partir de la aprobación y vigencia de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se ha dado un impulso determinante en la protección de este grupo especial, procurando que en todo momento se brinde la adecuada asistencia y respeto de los derechos a él reconocidos, dentro de los que sobresalen a efectos del presente recurso, la promoción de las condiciones necesarias para la convivencia familiar, así como el derecho de los niños a permanecer junto a sus padres, particularmente junto a su madre -artículo dieciséis del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo de San Salvador-. La jurisprudencia de la Sala es contundente en reconocer la protección que debe otorgarse a los derechos de los niños y las niñas, reconociendo, igualmente, al interés superior del niño su condición y naturaleza de principio general que, como tal, forma parte del ordenamiento jurídico y debe ser aplicado para que rija y gobierne toda actividad administrativa y judicial relacionada con las personas menores de edad. Ejemplo claro de la protección que la Sala otorga al interés superior del niño, se encuentra en la sentencia número 2006-11262, de las quince horas del 24 de agosto de 2006, en la cual la Sala manifestó: "III.- Sobre el interés superior del niño (a).- En materia de los derechos especiales que tienen los niños se encuentran varias normas de rango constitucional, internacional e infraconstitucional; reconociéndose en todas ellas el interés superior del niño (a) como criterio de toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años. (…) En igual sentido la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (aprobada y ratificada por nuestro país, mediante, la Ley No. 7184 del 18 de julio de 1990, la cual entró en vigencia, a tenor del numeral 2 de ese instrumento legal, el día de su publicación en La Gaceta No. 149 del 9 de agosto de 1990), le establece una serie de derechos a cualquier niño, independientemente, de su raza o nacionalidad (artículo 2°), tales como: el derecho a ser cuidado por sus padres (artículo 7º), el derecho a un "nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social" reconociéndose a los padres como los responsables primordiales de proporcionarles las condiciones de vida necesarias para su desarrollo y el deber del Estado de adoptar "medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho" (artículo 27) y en caso de tratarse además de un niño (a) mental o físicamente impedido el derecho a "disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren dignidad, permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad" además de "recibir cuidados especiales" (artículo 23). Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, precisa en su artículo 16, párrafo 3º, que "La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado" (en idéntico sentido artículo 23, párrafo 1º, del Protocolo Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966). Por su parte, el artículo 25, párrafo 2º, de la supraindicada Declaración señala que "La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales..." y, finalmente, en el artículo 24, párrafo 1º, se establece que "Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna... a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado". De las normas de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos transcritas, resulta, a todas luces, que los Estados tienen como deberes fundamentales la protección del interés superior del niño, evitando la desmembración del núcleo familiar y promover las condiciones necesarias para que gocen de la presencia permanente de la autoridad parental en especial cuando el niño (a) requiere cuidados especiales. Los derechos humanos o fundamentales y las obligaciones correlativas de los poderes públicos, han sido también, desarrollados en el plano infraconstitucional, tenemos así el Código de la Niñez y de la Adolescencia en general y la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, cuando se trate además de un niño (a) con necesidades especiales. Así, el Código de la Niñez y de la Adolescencia (Ley No. 7739) puntualiza que el norte interpretativo de toda acción pública o privada debe ser el interés superior del niño (artículo 5º). El ordinal 12 de ese cuerpo normativo estipula que el Estado deberá garantizar el derecho a la vida "con políticas económicas y sociales que aseguren condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y el desarrollo integral". El numeral 29 establece la obligación del padre, la madre o la persona encargada de "velar por el desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual y social de sus hijos menores de dieciocho años" y de "cumplir con las instrucciones y los controles que se prescriban para velar por la salud de las personas menores de edad bajo su cuidado" (artículo 45). En conclusión, luego de todo lo dicho es claro que a los niños le asisten una serie de derechos especiales y correlativamente al Estado y los padres o encargados de los niños le asisten una serie de obligaciones y deberes para con ellos, todo lo cual tiene respaldo en numerosos instrumentos internacionales, en nuestra Constitución Política y en normas legales. (…).

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. La parte recurrente estima lesionado el derecho de defensa del amparado, debido a que la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil de San José, no le permitió reproducir el contenido que le fue mostrado el 20 de agosto de 2020, en un dispositivo de almacenamiento. Al respecto, es menester indicar, de conformidad con el Considerando supra , que los despachos judiciales cuentas con la obligación de proteger los derechos e intereses de la ofendida -que según se desprende de la prueba aportada al expediente, es una persona menor de edad-. Efectivamente, la “Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño”, ratificada en Costa Rica, estipula el deber del Estado de proteger siempre el interés superior del menor. Sobre este punto en particular, dispone el artículo 3, inciso 1), de la Convención de Derechos del Niño:

"En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".

Asimismo, el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 5, dispone:

“Artículo 5.- Interés superior Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal. La determinación del interés superior deberá considerar:

a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades.

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales.

c) las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve.

d) La correspondencia entre el interés individual y el social”.

Además, los numerales 104, 112 y120, de ese cuerpo normativo, así como los artículos 16, 26 inciso 8), y 10, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, imponen a la Fiscalía la obligación de velar por el respeto de los derechos de los menores. Específicamente, el numeral 27, establece:

"Artículo 27. Derecho a la imagen. Prohíbese publicar, reproducir, exponer, vender o utilizar, en cualquier forma, imágenes o fotografías de personas menores de edad para ilustrar informaciones referentes a acciones u omisiones que se les atribuyan sean de carácter delictivo o de contravención o riñan con la moral o las buenas costumbres; asimismo, cuando de algún modo hayan participado o hayan sido testigos o víctimas de esos hechos, si se afecta su dignidad. Queda prohibida la publicación del nombre o cualquier dato personal que permita identificar a una persona menor de edad autora o víctima de un hecho delictivo, salvo autorización judicial fundada en razones de seguridad pública”.

De allí, que esta Sala estima que no se ha vulnerado el derecho de acceso al expediente o el derecho de defensa del imputado, por la imposibilidad de reproducir los datos que consisten en imágenes de la menor ofendida, ya que las normas y principios constitucionales citadas así lo exigen, en tutela del derecho a la imagen y la integridad de la menor, quien es presunta víctima en la causa penal. N., que la parte recurrente tuvo acceso a la totalidad de la prueba, e inclusive, fue citado al acto de apertura de evidencia. En mérito de lo expuesto, el recurso es inadmisible y así se declara.
IV.- EL MAGISTRADO RUEDA LEAL SALVA EL VOTO Y ORDENA DAR CURSO AL AMPARO. En el sub lite, el recurrente, defensor del tutelado -persona menor de edad- dentro de un proceso penal que se tramita por el delito de difusión de pornografía, acusa que la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil se niega a otorgarle un respaldo de la información que anteriormente se le permitió revisar en el acto de apertura de prueba, al considerar que se estaría difundiendo nuevamente la información. En este sentido, el recurrente reclama que la revisión somera de esa información desde la computadora de una funcionaria de la Fiscalía, no le permite crear la teoría del caso para ejercer la defensa del amparado, motivo por el cual requiere el respaldo de la misma. A partir de lo anterior, considero que se requiere de mayores elementos de conocimiento a fin de acreditar o descartar la vulneración a los derechos fundamentales del amparado. Así las cosas, estimo que debe continuarse con la tramitación de este recurso.
V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se rechaza por el fondo el recurso. El Magistrado Rueda Leal salva el voto y ordena dar curso al amparo.-
Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Ronald Salazar Murillo
Documento Firmado Digitalmente
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