Sentencia Nº 20-017002-0007-CO de Sala Constitucional, 22-09-2020

Fecha de Resolución:22 de Septiembre de 2020
Emisor:Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
 

*200170020007CO*

EXPEDIENTE N° 20-017002-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2020018134

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintidos de setiembre de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por BERNABE ZELEDÓN VILLALOBOS, cédula de identidad 0602070086, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE).

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:50 horas del 17 de septiembre de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que, desde el 26 de enero de 2020, la Dirección del Área de Conservación Osa (ACOSA) instruyó a Martha Herra Bonilla, encargada del Departamento de Recursos Humanos de esa Área, que procediera, con carácter prioritario, a hacer el estudio de cambio de especialidad de la plaza vacante Profesional de Servicio Civil 1A PAMAC a Derecho, lo anterior para enviar lo más pronto posible a SE-SINAC, para que se le hiciera un ascenso interino al funcionario Bernabé Zeledón Villalobos en la plaza N° 502114. De esta forma, luego de realizarse numerosas gestiones en ese sentido, finalmente, el 11 agosto del año en curso, la señora María Emireidy Jiménez Sánchez, analista de Recursos Humanos de ACOSA, le notificó al tutelado, por correo electrónico el oficio SINAC-ACOSA-ORDRH-C-162-2020, su nombramiento en la plaza de profesional del Servicio Civil 1-A, especialidad en Derecho, de forma interina. No obstante, el 9 de setiembre del año en curso, la encargada del Departamento de Recursos Humanos de ACOSA le notificó, mediante oficio SINAC-ACOSA-ORDRH-174 2020, la devolución de su trámite de nombramiento interino en el puesto N° 502114 Profesional de Servicio Civil 1 A, debido a que la propuesta de ascenso interino no fue tramitada antes del 28 de julio de 2020. Aduce que existió un incumplimiento de deberes de parte de la Administración que lesionó sus derechos fundamentales y los ordinales 27 y 41 constitucionales. Solicita se resuelva a su favor el amparo, haciendo efectivo su nombramiento en la plaza de profesional 1-A especialidad en Derecho.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

Considerando:

I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE ESTE RECURSO. La finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como instrumento de control de la legalidad de los actos de las distintas Administraciones Públicas. Por esta razón, la Sala no puede hacer las veces de alzada en la materia y revisar si la decisión de devolver el trámite de nombramiento interino del amparado, se ajusta o no a la normativa legal vigente, y tampoco usurpar las atribuciones de la parte recurrida y, previa comprobación de los requisitos legales y reglamentarios del caso, ordenar que se le designe en el puesto N° 502114 Profesional de Servicio Civil 1 A, pues se trata de extremos de legalidad ordinaria que deben dirimirse en la vía común, administrativa o jurisdiccional. Por todo ello, deberá la parte recurrente plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.

II.- Tenga presente el reclamante que, en el tanto el trámite dicho ya fue devuelto, la presunta inobservancia de los deberes inherentes a la función administrativa que apunta y reclama el recurrente, tampoco constituye un supuesto que deba dilucidarse ante esta jurisdicción. Esa inconformidad, más bien, debe ser planteada y resuelta ante las instancias que conocen de tales quejas en el propio MINAE recurrido, ante la Defensoría de los Habitantes, que es el órgano competente para vigilar el grado de eficiencia con que trabajan las instituciones públicas, o inclusive en la vía penal, ante el supuesto de incumplimiento de deberes. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Alicia Salas T.

Ronald Salazar Murillo

Documento Firmado Digitalmente

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