Sentencia Nº 20-022275-0007-CO de Sala Constitucional, 15-12-2020

Emisor:Sala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente:20-022275-0007-CO
Número de sentencia:20-022275-0007-CO
Tipo de proceso:ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Revisión del Documento

*200222750007CO*

EXPEDIENTE:

20-022275-0007-CO

PROCESO:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

ACCIONANTE:

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas cincuenta y nueve minutos del quince de diciembre de dos mil veinte.

Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por [Nombre 001], con cédula de identidad [Valor 001], en su condición de Regulador General y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora Servicios Públicos, para que se declare inconstitucional el artículo 2 de la “Ley para el Alivio en el Pago del Marchamo 2021”, n.° 9911, únicamente respecto del último párrafo del transitorio XI incorporado a la ley n.° 7969, por estimarlo contrario al artículo 190 de la Constitución Política, los ordinales 126 y 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, los principios del debido proceso, seguridad jurídica, democrático y de publicidad, del derecho de enmienda, de iniciativa y del principio de conexidad. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República y al Presidente de la Asamblea Legislativa. La norma se impugna en cuanto se indica que, el proyecto legislativo n.° 22085 que dio origen a la norma impugnada no fue debidamente publicada, ni consultada a la Aresep la versión final que incluía el párrafo in fine del Transitorio XI, del artículo 2 de la Ley para el alivio en el pago del marchamo, ya que se incorporó posteriormente al texto publicado y consultado, a pesar de contener una variación esencial o material del citado proyecto. Aduce que en el texto base, ni siquiera se mencionó la posibilidad de aplicar una rebaja porcentual en el pago del canon a la Aresep por parte de los prestadores del transporte público, razón por la cual su representada no se manifestó sobre lo consultado. Indica que la moción de fondo presentada y aprobada en primer debate, mediante la cual se incorporó una rebaja de un 50% en el canon de regulación de la ARESEP para el año 2021, no guarda conexidad con el proyecto original. Por ello, constituye un exceso de poder del Poder Legislativo en el ejercicio del derecho de enmienda e iniciativa, los cuales son la expresión del principio de conexidad. Señala que es imposible establecer la conexidad entre lo consultado y lo finalmente aprobado, porque se tratan de textos diametralmente opuestos, al menos en lo que concierne a la autoridad reguladora. De la exposición de motivos del proyecto, ni siquiera acudiendo a los métodos de interpretación de normativa (literal, teleológica, hermenéutica, etc.), podría desprenderse la intención primigenia del legislador de aplicar un descuento al canon que deben cancelar todos los operadores del transporte público. Precisa que el título “Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021”, y la exposición de motivos del proyecto está relacionada con una rebaja en el pago del marchamo aplicable a todos los propietarios de vehículos automotores, y no del canon de regulación de Aresep. Tampoco tiene relación alguna con la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi (ley n.° 7969), puesto que sus fines y objetivos son totalmente distintos. Esta última ley regula las fuentes de financiamiento del Consejo de Transporte Público (CTP) y del Tribunal Administrativo de Transporte, no regula lo relativo al canon de regulación que cobra la Aresep a los prestadores de los diferentes servicios de transporte público. Esa ley abarca únicamente el sector taxi y no “todos los operadores de transporte público”, como por error finalmente se hizo. Entre la aprobación en primer donde se incorporó vía moción esa norma y el segundo debate del proyecto de ley, únicamente transcurrieron 2 días. Manifiesta que la Aresep, una vez que conoció el texto aprobado en primer debate (27 octubre de 2020), conociendo lo apremiante de la situación, de manera proactiva envió el oficio OF-1018-RG-2020, al día siguiente de la aprobación en primer debate (28 de octubre de 2020); no obstante, este no fue considerado, pues apenas un día después se aprobó en segundo debate la ley de estudio. La Aresep nunca tuvo a su disposición la versión correcta, completa y/o final de la ley n.° 9911, ni tuvo oportunidad de ser escuchada previamente. Por otro lado, para entonces, la Aresep ya había remitido su presupuesto a la Contraloría General de la República. Advierte las serias consecuencias que esa disposición tendrá en su funcionamiento, pues la rebaja en el canon de transporte público en un 50%, representa una disminución de ₡2.411 millones en las fuentes que financian la regulación directa e indirecta del transporte público, lo cual impacta tanto, en la disponibilidad de recursos de la Intendencia de Transporte que regula el sector, como a nivel institucional por el aporte a los recursos del Programa presupuestario 1. Técnicamente, al reducirse el monto del canon, se traduce en una disminución en los ingresos de la Aresep, lo cual genera un incumplimiento automático del principio de equilibrio presupuestario, por cuanto la Aresep formuló y planificó el presupuesto del año 2021, con base en las reglas y principios que regulan la materia, y en apego a la ciencia y la técnica. La reducción del 50% del canon de transporte público tiene incidencia no solo en la regulación directa del sector, sino también en la regulación indirecta a saber: generación de instrumentos regulatorios, atención al usuario, asesoría jurídica y regulatoria; la fiscalización y el apoyo administrativo. Esto impacta en forma directa en el cumplimiento de los objetivos estratégicos trazados por la institución en el PEI 2017-2022, y por tanto en las funciones confiadas en la ley. Los requerimientos presupuestarios para llevar a cabo la operación de la Intendencia de Transporte de Aresep se establecieron en un monto de ₡3.316.5 millones, si se considera la reducción del 50% que establece la ley impugnada, significa una reducción por un monto de 2.411.539.105, que equivale al 73% del presupuesto de la Intendencia de Transporte. Adicionalmente, indica que se debe considerar que, de acuerdo con la metodología de costos y de cánones, las intendencias de la Aresep (Transporte, Energía y Agua) financian los costos del programa 1, en proporción a las horas de regulación registradas por los funcionarios en el sistema de horas, como parte de la identificación del costeo institucional (exigido por la CGR para dar cumplimiento al principio de servicio al costo). Para el año 2021, al sector Transporte le corresponde cubrir la suma de ₡5.005 millones del programa 1 (costo indirecto). La entrada en vigencia de la ley n.° 9911, genera una reducción en el financiamiento de los proyectos y actividades estratégicas cuya fuente es el canon de transporte. La propuesta aprobada en el expediente n.° 22085, significaría una reducción adicional a los esfuerzos ya indicados de ¢2400 millones que afectaría significativamente la operación institucional, ya que significaría una reducción del 70% en los recursos presupuestados para el sector transporte en su conjunto e imposibilitaría la operatividad regulatoria en ese sector, afectando la fiscalización de los servicios públicos, la continuidad y cantidad en la prestación. Esto pone en un alto riesgo el cumplimiento del mandato de ley y las acciones estratégicas para el fortalecimiento del sector transporte y de los servicios que reciben los ciudadanos que utilizan el transporte público en Costa Rica. Aduce que debe tenerse en cuenta que, dado el principio de servicio al costo y el origen específico del financiamiento de la actividad reguladora de la Aresep, esta disminución afecta sustancialmente a la actividad de transporte, no pudiendo ser cubierta por los demás sectores regulados y prácticamente dejan en inactividad las acciones de regulación correspondiente al sector. Al reducir el canon de transporte público en un 50% en relación con el que ya había estimado la Aresep, en el caso de buses, este se reduce en un 74% por unidad, en relación con el canon del 2020, pasando de un canon por unidad de ₡1.358.266 millones a ₡358.802 mil en el 2021. En el caso de taxis, pasaría de ₡113.701 en el 2020 a ₡54.036 por unidad en el año 2021, lo que equivale a un 53% menos, en relación con el canon del 2020. Por su parte, en ferrocarril se reduce en un 93%, pasando de pagar en el 2020 la suma de ₡160.1 millones, a ₡10.5 millones en el 2021. Considerando todo lo anteriormente expuesto, señala que, el aplicar una reducción del 50% al canon del sector de transporte público (₡2.411,6), adicional a la realizada por la Aresep con anticipación a la aprobación de la ley n.° 9911, definitivamente, tiene serias afectaciones presupuestarias y, por ende, en los planes institucionales, que coloca a la Autoridad Reguladora, en un potencial riesgo de incumplimiento en la función de regulación establecida en la ley n.° 7593. Aresep ya había atendido los efectos económicos de la pandemia sobre el sector de transporte público, con una rebaja en términos absolutos en el canon de regulación del sector transporte de ₡ 3.261.177.666, para una variación relativa respecto del canon del año 2020 de menos 37.26%. Si a ese esfuerzo de ahorro, se le suman los ₡2.411.539.105 del efecto de la reducción del 50 % establecido en la ley n.° 9911, sería una reducción acumulada de ₡5.673 millones, equivalente a un 65% de reducción del canon del año 2021, en relación con el canon del año 2020, aspecto que ignoraba la Asamblea Legislativa, al no haber consultado tal disposición a la Aresep. Como se observa, la reducción adicional del 50% del canon pone a la institución en el dilema de despedir personal y en general paralizar la actividad regulatoria respecto de ese sector, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la ley 7593, cada sector financia la regulación de ese sector, con las graves consecuencias para el país y la institucionalidad democrática y social que ello conlleva. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación al accionante proviene de la referida afectación a la autonomía institucional, para lo cual no existe otra vía o instancia donde pueda el accionante acudir a plantear su reclamo, según lo ha indicado este Tribunal en las sentencias 1997-4717, 2005-6864, y 2010-7778 en casos similares. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese.

EXPEDIENTE N° 20-022275-0007-CO