Sentencia Nº 20-022708-0007-CO de Sala Constitucional, 15-12-2020

Emisor:Sala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia:20-022708-0007-CO

*200227080007CO*

EXPEDIENTE N° 20-022708-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2020024155

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas treinta minutos del quince de diciembre de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA y el PODER JUDICIAL.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:13 horas del 10 de diciembre de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo. Indica que fue denunciado por violencia doméstica ante el Juzgado Contravencional de Aserrí, expediente [Valor 002] . Arguye que nunca fue notificado del día del juicio por parte del juzgado y, pese a ello, la sentencia quedó en firme. A partir de lo anterior y, en virtud de ser funcionario del Ministerio de Seguridad Pública, fue trasladado al Disciplinario Legal. Apunta que fue notificado por el órgano para una audiencia. Luego se estableció una nueva para el 13 de diciembre de 2018, a la cual acudió la denunciante, e indicó que él era una persona drogadicta, entre otros alegatos. Discrepa de estos. Acota que fue despedido sin responsabilidad patronal en el 2019, dándole validez a lo dicho por la denunciante y el Juzgado Contravencional de Aserrí (que resolvió sin haberle notificado). Solicita la intervención de la Sala a fin de que se anule la sentencia y se le reintegre al Ministerio de Seguridad Pública.
2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Hernandez Gutierrez; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente indica que fue denunciado por violencia doméstica ante el Juzgado Contravencional de Aserrí, expediente [Valor 002] . Arguye que nunca fue notificado del día del juicio por parte del juzgado y, pese a ello, la sentencia quedó en firme. Comenta que, en virtud de lo anterior, así como de los alegatos de la denunciante, en el 2019 fue despedido sin responsabilidad patronal por parte del Ministerio de Seguridad Pública. Solicita la intervención de la Sala a fin de que se anule la sentencia y se le reintegre al Ministerio de Seguridad Pública.
II.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. En relación con los reclamos del recurrente en torno al dictado de una sentencia en firme, sin haber sido notificado, se advierte que lo acusado está referido a las decisiones tomadas por un órgano jurisdiccional dentro del proceso que le compete; por ello, es improcedente que esta Sala se pronuncie al respecto, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esos actos no están sometidos al control de constitucionalidad por vía de amparo y, además, legalmente no está prevista una situación de excepción al respecto.
Por otro lado, las disconformidades que tenga el recurrente respecto al despido aplicado en su contra en el 2019, son propios de discutirse en la vía de legalidad ordinaria y no ante este Tribunal Constitucional. En efecto, esta Sala no es una contralora de legalidad ni una instancia más de la Administración, de modo que no le corresponde revisar, de conformidad con los supuestos fácticos y el marco normativo, lo resuelto por el recurrido respecto a ese despido y los motivos para ello.
Incluso, si el petente considera que, a los efectos del despido, no se siguió el debido proceso respectivo por parte del Ministerio de Seguridad Pública, esta Sala, a partir de la sentencia 2017-017948 de las 9:15 horas del 8 de noviembre de 2017, ha dispuesto lo siguiente:

“II.- EL CASO CONCRETO. Ciertamente, la tutela de la Sala Constitucional, en tratándose de la materia laboral, deriva de la aplicación del Título V, Capítulo Único, de la Constitución Política, denominado Derechos y Garantías Sociales. Es allí, donde encuentran protecci ón constitucional, por medio del recurso de amparo, el derecho al trabajo, al salario mínimo, a la jornada laboral, al descanso semanal, a vacaciones anuales remuneradas, a la libre sindicalización, al derecho de huelga, a la celebración de convenciones colectivas de trabajo, entre otros; todo ello, con ocasión del trabajo. Sin embargo, bajo una nueva ponderación, dada la promulgación de la Reforma Procesal Laboral, Ley N° 9343 de 25 de enero de 2016, vigente desde el 25 de julio de 2017, esta Sala considera que ahora todos los reclamos relacionados con esos derechos laborales, derivados de un fuero especial (por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica, así como cualquier otra causal discriminatoria contraria a la dignidad humana), tienen un cauce procesal expedito y célere, por medio de un proceso sumarísimo y una jurisdicción plenaria y universal, para su correcto conocimiento y resolución, en procura de una adecuada protección de esos derechos y situaciones jurídicas sustanciales, con asidero en el ordenamiento jurídico infra constitucional, que tiene una relación indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Iguales razones caben aplicar para las personas servidoras del Estado, respecto del procedimiento ante el Tribunal de Servicio Civil que les garantiza el ordenamiento jurídico, así como las demás personas trabajadoras del Sector Público para la tutela del debido proceso o fueros semejantes a que tengan derecho de acuerdo con el ordenamiento constitucional o legal. En fin, el proceso sumarísimo será de aplicación, tanto del sector público como del privado, en virtud de un fuero especial, con goce de estabilidad en el empleo o de procedimientos especiales para su tutela, con motivo del despido o de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, por violación de fueros especiales de protección o de procedimientos, autorizaciones y formalidades a que tienen derecho, las mujeres en estado de embarazo o periodo de lactancia, las personas trabajadoras adolescentes, las personas cubiertas por el artículo 367, del Código de Trabajo, las personas denunciantes de hostigamiento sexual, las personas trabajadoras indicadas en el artículo 620, y en fin, de quienes gocen de algún fuero semejante mediante ley, normas especiales o instrumentos colectivos de trabajo. Esta nueva legislación incorpora, en el ordenamiento jurídico, una serie de novedosos mecanismos procesales: como plazos más cortos para la realizaci ón de los actos procesales, una tutela jurisdiccional más eficaz, asistencia legal gratuita, implementa la oralidad en los procedimientos; y, como consecuencia, incluye los sub-principios de concentración, inmediación y celeridad, tasa de forma expresa las situaciones en las que cabe ejercer los medios de impugnación, entre otros institutos, todo lo cual tiende a la realización de una eficaz tutela judicial en materia laboral, como garantía de protección de los derechos laborales constitucionales, dadas las nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud de los procesos laborales, lo que constituye una mayor garantía para la efectiva protección de las situaciones jur ídicas sustanciales que involucren aspectos laborales y en las que, para su debida tutela, se requiera recabar elementos probatorios o zanjar cuestiones de mera legalidad. De modo, que las pretensiones deducidas en este recurso de amparo, son propias de ser conocidas a través de los nuevos mecanismos procesales que prevé la citada Reforma Procesal Laboral o, en su caso, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con lo resuelto por esta Sala en la Sentencia N° 2008-002545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, motivo por el cual, lo procedente es rechazar de plano el recurso y remitir a la parte interesada a la jurisdicción competente, para que sea allí donde reciba, en forma plena, la tutela judicial que pretende.”

En mérito de lo expuesto, se declara inadmisible el recurso.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI .

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.

Nancy Hernández L.
Presidenta a.i.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Ana María Picado B.
Alicia Salas T.
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