Sentencia Nº 20-022711-0007-CO de Sala Constitucional, 15-12-2020

Emisor:Sala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia:20-022711-0007-CO

*200227110007CO*

EXPEDIENTE N° 20-022711-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2020024156

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas treinta minutos del quince de diciembre de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUTUAL ALAJUELA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:20 horas del 10 de diciembre de 2020, la recurrente interpone recurso de amparo. Indica que después de siete años de estar en un proyecto de vivienda de la Mutual Alajuela, se le comunicó que había excluida. Posteriormente, se le manifestó que había una casa disponible, y para ello debía llevar una constancia de sus ingresos, con lo cual tal vez podrían reintegrarla en el proyecto. Es decir, no le correspondería la misma casa que se le había asignado antes. Arguye que ha hecho pagos por concepto de ese proyecto, como visitas de trabajo social. Solicita una ayuda a la Sala.
2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Hernandez Gutierrez; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente indica que después de siete años de estar en un proyecto de vivienda de la Mutual Alajuela, se le comunicó que había excluida. Posteriormente, se le manifestó que había una casa disponible, y para ello debía llevar una constancia de sus ingresos, con lo cual tal vez podrían reintegrarla en el proyecto. Es decir, no le correspondería la misma casa que se le había asignado antes. Arguye que ha hecho pagos por concepto de ese proyecto, como visitas de trabajo social. Solicita una ayuda a la Sala.
II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En un asunto similar al planteado, la Sala, mediante sentencia 2020-000777 de las 9:50 horas del 14 de enero de 2020, dispuso lo siguiente:
I.- Objeto del recurso. La recurrente acusa que requiere la obtención de una vivienda. Precisa que se encontraba en un proyecto para obtener una casa en Los Guidos; sin embargo, no pudo acudir a una cita con la Mutual Alajuela, razón por la cual se le eliminó como beneficiaria. Por lo anterior, considera violentados sus derechos fundamentales.
II.- Sobre el caso concreto. El planteamiento de la accionante se dirige contra un sujeto de derecho privado, por lo que resulta aplicable lo dispuesto por la Ley de la Jurisdicción Constitucional en su artículo 57. Se ha señalado que en relación con tales sujetos se debe verificar -como parte de las condiciones procesales formales- el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el citado artículo, de modo que no solamente debe determinarse un riesgo real e inminente de afectación directa y palmaria de un derecho fundamental, sino además se impone la demostraci ón de una situación de poder que permita mantener unilateralmente la afectación, así como la insuficiencia y demora de los remedios jurisdiccionales ordinarios para revertir el abuso. En relación con el alegato y pretensión expuesta por la accionante, se impone advertir que no corresponde a esta Sala sustituir a FUPROVI o a la Junta Directiva del Proyecto Las Anas, a efectos de determinar si se le otorga o no el bono de vivienda a la recurrente, pues ello hace referencia a un conflicto de legalidad ordinaria cuyo conocimiento y resolución es ajeno al ámbito de competencia de este Tribunal. Este Tribunal no debe fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica -ya sea ésta última de derecho público o privado-, para interceder por una tercera persona a fin de que se le conceda lo que ella pretende, tal y como así solicita la gestionante que se proceda en este caso. Por otra parte, no existe situación de poder entre las partes, y para cuya resolución existen mecanismos jurisdiccionales y procesales ordinarios. Así, la gestión de la recurrente no se relaciona directamente con una eventual vulneración de algún derecho fundamental. En consecuencia, el recurso es inadmisible”.
Las consideraciones citadas son también aplicables al sub lite, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Así las cosas, deberá la recurrente acudir a la vía de legalidad respectiva a plantear sus reclamos en torno a su exclusión del proyecto de vivienda aludido. Ergo, se declara inadmisible el recurso.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI .

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.

Nancy Hernández L.
Presidenta a.i.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Ana María Picado B.
Alicia Salas T.
Documento Firmado Digitalmente
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