Sentencia Nº 20 de Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, 19-04-2023

Fecha19 Abril 2023
Número de expediente22-000730-0064-PE
Número de sentencia20
EmisorTribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago

Res: 2023-148

Exp: 22-000730-0064-PE

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera A las ocho horas con cuarenta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintitrés

Vista la anterior solicitud de prórroga de la prisión preventiva del imputado [Nombre 001]formulada por la licenciada M.V.R.írez, Fiscal auxiliar de Pérez Z.ón, en causa seguida contra [Nombre 001]por el delito de Venta de drogasen daño de La Salud Pública este Tribunal integrado por la jueza I.C.C.; así como los jueces D.F.R. y C.F.ández M. resuelve;

Informa la J.C.C.; y,

CONSIDERANDO

I.- La representante fiscal solicita que se prorrogue la prisión preventiva del acusado [Nombre 003] con el fin de que sea celebrada el juicio oral y público en este asunto, con base en las siguientes razones:

(a) En síntesis, se acusa al encartado que en el espacio temporal comprendido entre el 28 de marzo de 2022 y el 21 de abril de ese mismo año, se dedicó a la venta de droga ilícita a terceras personas, desde su domicilio en [...]. Es así como, los días 29 de marzo, 03 de abril y 06 de abril, todos de 2022, el endilgado vendió al colaborador policial, respectivamente: tres dosis de cocaína y uno de marihuana; dos dosis de marihuana; así como, una dosis de esa misma sustancia y dos de cocaína. Ese mismo día 06 de abril, mediante vigilancia estacionaria en las afueras del domicilio del encartado, se logró observar la afluencia de aparentes consumidores de droga quienes llegaban al sitio, permanecían en el sitio por pocos minutos y se retiraban rápidamente, además de realizar movimientos típicos de venta de droga. Además, se observó al imputado desplazarse a una parada de buses cercana mientras realizó una transacción sospechosa con un tercer sujeto, de nombre [Nombre 002], que poco después fue abordado por Fuerza Pública y se encontró en poder una dosis de marihuana. Finalmente, el 21 de abril de 2022, se realizó una diligencia judicial de allanamiento en la habitación del acusado, en el que ubicaron algunas dosis de drogas, anotaciones, una balanza y dinero en efectivo.

(b) En cuanto al recuento histórico de las resoluciones dictadas en la especie, la fiscal las enuncia e indica que, desde el día de su detención, el Juzgado Penal de Pérez Z.ón impuso al sindicado prisión preventiva y, junto con el Tribunal de Juicio de esa localidad, ha procedido a su prórroga hasta el próximo 21 de abril de 2023. La interesada agrega que el pasado 23 de abril de 2023 se realizó la audiencia preliminar y se elevó esta causa a juicio, que la que se encuentra pendiente el señalamiento a debate oral y público.

(c) Existen suficientes elementos probatorios que determinan la responsabilidad del acusado. La fiscalía indica que fueron realizadas distintas diligencias de investigación por parte de la policía policial y que se han recabado las respectivas pericias criminalísticas sobre la evidencia recolectada en cada oportunidad.

(d) Indica quien gestiona, que el peligro de fuga deriva de la inexistencia de arraigo domiciliar en el tanto, desde el inicio de la investigación, se determinó que el endilgado faltó a la verdad en cuando al lugar en que dijo residir, según él, con una hermana con la que tenía de convivir más de un año. Sin embargo, al momento de ser detenido, de forma espontánea dijo que vivía con un tercero donde trabajaba, pero había abandonado el sitio porque tuvieron diferencias y que por eso se encontraba en el sitio que fue allanado. Esto, cuando la investigación evidenció que vivía en ese lugar. En cuanto al arraigo laboral, el sindicado dijo que labora como ayudante de construcción, en lugares distintos y que precisamente el día de la detención iba a iniciar en una construcción. No obstante, tampoco se acreditó esa actividad durante la intervención policial, en la que se observó que el sindicado se dedicaba a la actividad ilícita que se investiga. Además, en cuanto al oficio que dice tener, debe considerarse que el imputado no tiene un trabajo fijo, no tiene una jornada establecida, un lugar fijo en donde enviar las notificaciones y dicha función la puede realizar tanto en nuestro país como afuera del territorio nacional. De igual forma, en cuanto al arraigo familiar, el acusado no cuenta con ese vínculo afectivo que le motive a estar en la sociedad sin cometer delito alguno y seguir con la actividad delictiva que estaba desarrollando por la cual se encuentra en prisión. Para quien gestiona, debe tomarse en cuenta que el sindicado se expone a una pena alta de prisión, así como, la magnitud del daño social causado con este tipo de delito.

II.- En cumplimiento de lo establecido por la Sala Constitucional y normativa procesal penal, en el presente asunto, mediante resolución de las., se confirió audiencia de la presente solicitud a la defensa pública del imputado, L.D.án S., quien manifestó que se opone a la misma. Al respecto, se indica que se ha excedido de manera injustificada la duración en cuanto a la tramitación y resolución de la presente causa, generando esto que a la fecha al imputado no se le haya resuelto su situación jurídica dentro de un plazo razonable y que la causa a la fecha ni siquiera cuente con señalamiento a debate, siendo esto contrario a los intereses de su representado. Agrega que no existen los peligros procesales alegados por el Ministerio Público y que a su cliente podrían imponérseles medidas menos gravosas. Finalmente, solicita que de accederse a la petición fiscal, sea por el plazo de un mes a efecto de que se proceda con brevedad con el señalamiento a debate.

III- Sobre la competencia de este órgano. Tal y como lo hace ver la fiscalía, consta en autos que el endilgado fue detenido desde el 21 de abril de 2022, fecha desde la cual efectivamente el Juzgado Penal de Pérez Z.ón primero, y el Tribunal de Juicio después, han venido ordenando su prórroga por espacio de un año calendario, con lo que se ha puesto fin al período ordinario previsto en el artículo 258 del Código Procesal Penal. De ahí, que esta autoridad adquiere competencia funcional para conocer de la petición planteada, como parte del período extraordinario de prisión preventiva que contempla esa misma norma.

IV. La gestión se acoge. En cuanto a la necesaria vigencia de los presupuestos procesales, el estudio de los antecedentes de la causa evidencia que ciertamente una autoridad judicial distinta a esta ha ordenado la elevación a juicio, a partir de la encuesta probatoria que fue recabada en la etapa preparatoria. En ese sentido, aunque la quejosa no profundiza ni realiza mayor detalle al respecto, se tiene que una autoridad judicial distinta a esta decretó la existencia de probabilidad suficiente en la participación ilícita del encartado. Al punto, se aprecia que la fiscalía ofreció en su pieza acusatoria, abundante prueba documental en cuanto a las diligencias policiales que tuvieron lugar antes de la detención del justiciable. Dichas probanzas mantienen coherencia con la declaración de los oficiales actuantes, así como, las fotografías que fueron tomadas en cada caso y con las respectivas pericias criminalísticas que fueron recabadas con posterioridad. Así, al margen de si los hallazgos encontrados a raíz del allanamiento logren vincularse válidamente con la conducta del sindicado -tomando en cuenta que se acreditó que en la misma vivienda vivían otras personas incluso otro acusado contra el que se emitió un testimonio de piezas en esta causa-, se tiene que existe prueba adicional que deberá ser valorada en la etapa de juicio y que, a esta altura, señalan al justiciable con probabilidad suficiente como autor de los hechos que se investigan.

En cuanto a los peligros procesales que se alegan, es cierto que desde el inicio de las investigaciones el Juzgado Penal ha venido determinando que, en particular, el acusado faltó a la verdad en cuanto al lugar de su domicilio. Se tomó en cuenta, que justo durante el momento de su detención sobre la vía pública, dijo a la policía judicial que recién vivía en otro sitio y que solo desde la noche anterior se quedó en la vivienda allanada. La persona juzgadora calificó esa manifestación como de naturaleza espontánea a fin de introducirla al análisis. Sin embargo, es evidente que, una vez detenido [Nombre 003] tenía la condición de acusado por lo que sus palabras no podían considerarse. No obstante ello, como también entendió el juzgador, no puede soslayarse que el acusado aportó información falsa durante su declaración indagatoria al indicar una dirección distinta a aquella, según la cual, durante la investigación figuró como su casa de habitación, precisamente, el lugar destinado a la venta de droga, puesto que dijo que tenía alrededor de un año y medio de vivir con su hermana. Además, y esto es lo más importante, se consideró que, de nueva cuenta y ante la fiscalía, el acusado aportó una dirección distinta para afirmar que en adelante viviría con su madre. De modo que la circunstancia persiste, en el tanto, como se entendió también entonces, no sólo se evidencia la inconsistencia mencionada sino la facilidad que ostentaba el imputado para cambiar de lugar para vivir. De igual forma, se concluyó que el oficio reportado por [Nombre 003] como actividad laboral, se presenta como inestable para garantizar su sujeción al proceso, amén de que, no es fijo y dijo que trabajaba usualmente como ayudante de construcción o en fincas ganaderas y ninguna de esas dos ocupaciones se puso de relieve durante el tiempo que fue observado por la policía judicial a raíz de las pesquisas. Se trata de razonamientos que se comparten en la medida en que ha podido constatarse que se derivan de las probanzas mismas y que, conforme el artículo 240 inciso a) la falsedad en el domicilio constituye presunción de fuga. Asimismo, no se informa de modificación alguna en los presupuestos en cuestión. Por lo demás, en cuanto a la falta de arraigo familiar, este ha venido siendo escasamente considerado. Frente a lo que debe aclararse...

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